Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 2786
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
“MARTIN GABRIEL JULIO C/ BENEDINI LEONARDO RODRIGO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO”
Causa Nº MO-2786-2019 R.S.306/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 10 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "MARTIN GABRIEL JULIO C/ BENEDINI LEONARDO RODRIGO Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO", Causa Nº MO-2786-2019 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental a fs. 24/5, dejando sin efecto la resolución de fs. 21/vta., dispuso que deberá el ejecutante adjuntar la documentación que diera origen al negocio causal y que permita analizar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley de Defensa al Consumidor.-
2. Contra tal forma de decidir se alzaron tanto la ejecutante como el Sr. Agente Fiscal, interponiendo sendos recursos de apelación.-
El primero fue concedido, en relación, a fs. 26/vta. y lo tuvo por fundado con el escrito electrónico mediante el cual se lo interpuso (de fecha 22 de Mayo del corriente año).-
Mientras que el del Sr. Agente Fiscal fue desistido (ver fs. 28).-
En cuanto a sus fundamentos, la ejecutante habla de la violación al principio de preclusión y de la inexistencia de una relación de consumo; al escrito respectivo debemos remitirnos en homenaje a la brevedad.-
3. A fs. 30vta. se llamaron "autos" quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.-
P lanteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a abordar el asunto.-
En primer lugar, vemos que se traen algunas quejas vinculadas con la forma en que se tuvo por comprobada la relación de consumo.-
Se dice al respecto que no toda entrega de dinero (tal lo que surge de la cambial) configuraría una relación de consumo.-
Pero se soslaya (y esto era fundamental, en los términos del art. 260 del CPCC) el otro postulado del auto apelado (fs. 24vta.) que capitalizaba la cantidad de procesos ejecutivos que tiene iniciado el reclamante.-
Al respecto, ha considerado la casación local que correcto el temperamento en el cual " el magistrado, comprobando que el ejecutante es una persona física con multiplicidad de procesos idénticos iniciados en ese departamento judicial, presume mediante elementos fehacientes y justificados que éste desarrolla la actividad de forma profesional, hasta encuadrarlo en la noción de "proveedor" (art. 2, ley 24.240) y ubica al demandado como consumidor final " (SCBA Rc 123383 fallo del 14/08/2019, "Febre, Ezequiel Faustino c/ Serrano, Juan Marcelo s/ Cobro ejecutivo").-
Pues bien: en el caso, se trata de una persona física, estamos ante una entrega de dinero y el auto apelado nos habla de la cantidad de procesos iniciados, en postulado que el quejoso omite rebatir.-
Nótese, finalmente, que el precedente que se evoca de la Suprema Corte, no es una postura mayoritaria del fallo sino la opinion personal de uno de los votantes (OP).-
Con lo cual, los agravios vinculados con la inexistencia de una relación de consumo no son de recibo.-
Tampoco lo son los vinculados con el principio de preclusión.-
Al respecto, cabe decir que -a la luz de lo expuesto y el criterio de la Suprema Corte de Justicia local- la ejecución no puede continuar solo en base al pagaré.-
Y en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene en ese sentido (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo; de este modo, si el juez podía reanalizar el título al sentenciar es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
No son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa y así lo hemos resuelto en la causa nro. 25.799 (R.S. 272/19).-
Por todo ello, entiendo que ha de confirmarse el auto apelado.-
Y sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. GALLO.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE , encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia