Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 25881
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada y SE MANDA a proseguir la ejecución, en los términos aquí indicados debiendo al momento de sentenciar y con la documental aportada, determinar si se cumple con las exigencias del art. 36 de la LDC.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-25881-2013 R.S.308/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 10 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO BICENTENARIA LTDA C/ ACOSTA JOSIAS ALBERTO S/COBRO EJECUTIVO", Causa N º MO-25881-2013 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 10 Departamental a fs. 91/3 resolvió rechazar la ejecución promovida sin imponer las costas atento lo novedoso de la cuestión.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el ejecutante interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 94 y se fundó con el irreplicado memorial de fecha 18 de Julio de 2019, a cuyos términos cabe remitirse.-
Planteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a resolver el caso.-
En primer lugar, es claro que -a la luz de lo expuesto- la ejecución no puede continuar solo en base al pagaré.-
Es clara, en tal sentido, la postura del Alto Tribunal local, que incluso la propia ejecutante referencia a fs. 102.-
Por otro lado, no lleva razón en sus agravios en cuanto objeta la intervención del Sr. Agente Fiscal, pues la misma no se da -a diferencia de lo que indica el recurrente- solo en supuestos de la jurisdicción penal (cfe. art. 29 inc. 4 ley 14.442) lo cual armoniza con el rol asignado al fiscal en el ámbito del art. 52 de la ley 24.240.-
Pero -aún así- creo que decidir de la manera que lo hizo la sentenciante colisiona con lo dicho por el Superior Tribunal Provincial en la sentencia precedentemente citada.-
Llegado este punto, tengo para mi que la resolución del tema pasa por otro lugar, pues entiendo que le asiste razón a lo que la quejosa plantea -muy someramente pero se plantea en fin- en la cuestión vinculada con la integración del pagaré.-
Entiendo que aquí le asiste razón, y que en el citado fallo de la Suprema Corte quedan plenamente abiertas esas posibilidades.-
Creo que decidir de la manera que lo hizo la sentenciante colisiona con lo dicho por el Superior Tribunal Provincial en la sentencia precedentemente citada, adoptando -incluso- un temperamento sorpresivo, luego de haber mandado a tramitar la ejecución sin haber dado, siquiera, al ejecutante la posibilidad de completar su título, mas aun cuando -como surge del propio fallo de la Suprema Corte- el tema del pagaré de consumo era tema harto controvertido en doctrina y jurisprudencia.-
De este modo, estimo que no cabe adoptar rigideces -en cuanto al momento del aporte de la documentación respectiva- frente a lo controvertido de la cuestión, y el trámite que -inicialmente- se le había impreso a este procedimiento.-
Por ello, y en ese contexto, entiendo que lo que hubiera correspondido no era la repulsa de la ejecución sino disponer lo conducente para la integración del título; y solo en caso de no hacérselo, allí sí entrar a analizar la cuestión del temperamento que correspondía adoptar.-
Siendo este, por lo demás, el temperamento que nos indica el art. 34 inc. 5 ap. b) del CPCC.-
Incluso es lo que debe hacerse por elementales razones de economía, celeridad y concentración procesal: el expediente ya está iniciado y no tiene ningún sentido duplicar la actividad procedimental mandando a promover otro, cuando -en lugar de ello- puede aprovecharse (y capitalizarse) lo que ya se obró, aunque cuidando de resguardar -paralelamente- los derechos de todos los involucrados.-
Por lo demás, el tránsito (obligado) por un proceso de conocimiento cuando la cuestión puede ventilarse en uno de ejecución, puede llegar a encarecer la tramitación (véase, por ejemplo, la diferencia entre los honorarios en los primeros y en los segundos) incluso con desmedro para el propio consumidor (si la ejecución prosperara).-
De este modo, y teniendo en cuenta la documentación que la ejecutante ha aportado (con su escrito electrónico de fecha 18/7/2019 y luego en soporte papel -ver fs. 102-), entiendo que corresponde seguir el trámite a la ejecución y, al momento de sentenciar, abordar las cuestiones que pudiera llegar a plantear el accionado, como así también determinar si, con la documental aportada (cuya copia deberá adjuntarse al momento de diligenciar el mandamiento de intimación de pago), se cumple con las exigencias del art. 36 de la LDC.-
Así las cosas, y por todo lo que llevo dicho, soy de la idea que se habrá de revocar la resolución apelada y mandar a proseguir la ejecución, en los términos aquí indicados debiendo al momento de sentenciar y con la documental aportada, determinar si se cumple con las exigencias del art. 36 de la LDC.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución apelada y SE MANDA a proseguir la ejecución, en los términos aquí indicados debiendo al momento de sentenciar y con la documental aportada, determinar si se cumple con las exigencias del art. 36 de la LDC.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE, conjuntamente con la documental reservada en Secretaría, encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
si////
////gue una firma.-
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia