Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 64883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-64883-2017 R.S.323/2019
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 17 de Diciembre de 2019, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ BRITOS ARTURO RAMON S/ COBRO EJECUTIVO", Causa N º MO-64883-2017 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 5 Departamental a fs. 277 resolvió citar al ejecutado a fin de que comparezca a reconocer la documental aportada, bajo el apercibimiento allí indicado, desestimando el pedido de libramiento de nuevo mandamiento.-
Contra tal forma de decidir se alzó el ejecutante interponiendo recurso de apelación (escrito electrónico del 5 de Septiembre de 2019); el mismo fue concedido en relación a fs. 278/279 y se lo tuvo por fundado con el escrito mediante el cual se lo interpuso, a cuyos términos cabe remitirse.-
2. Planteada como viene la cuestión, es bueno -desde mi punto de vista- traer a colación la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, e indiscutida aquí la existencia de una relación de consumo, cabe señalar que el artículo en cuestión no veda la ejecución en base a pagarés, en la medida en que los mismos cumplan -de manera autónoma- las exigencias del art. 36 de la LDC.-
La otra variante, es la posibilidad de que (traída por la parte, o requerida por el magistrado) se aporte documentación que venga a integrar el título.-
Ahora, y de acuerdo con las cuestiones que aquí se han planteado, es del caso analizar cuál es el temperamento que correspondería adoptar frente a la "integración" aludida.-
Pues en el caso, y ante la evidencia de que el pagaré por si solo no satisfacía los recaudos de la norma citada, fue requerida la documentación complementaria (ver fs. 134/5), la ejecutante vino y la adjuntó.-
Y es en ese momento cuando se dicta el auto apelado.-
Así situados la cuestión pasa por determinar si, respecto de la documentación traída, corresponde un paso previo (la preparación de la vía ejecutiva) o no.-
En tal sentido, la casación local ha señalado en sendos precedentes que la decisión cuestionada -que había dispuesto la preparación de la vía- guardaba estricta correspondencia con la doctrina sentada en el precedente "Asociación Mutual Asis" antes mencionado (Sup. Corte Bs. As., 18/09/2019, "Recupero On Line S.A. C/ Vera Jose Roberto S/ Cobro Ejecutivo" y 16/10/2019, "Banco Columbia S.A. C/ Barreto Juan Manuel S/ Cobro Ejecutivo").-
Luego, con tal interpretación, encuentra respuesta el planteo de la recurrente, mediante el cual pretende objetar la decisión de mandar a preparar la vía en relación a la documentación traída.-
Y, a consecuencia de ello, es claro que no puede disponerse el libramiento del mandamiento, como se lo pretende.-
Por otra parte, en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal y las cuestiones vinculadas con el principio de preclusión procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene para el análisis del título (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo y media un dictamen del Sr. Agente Fiscal, el hecho de que la haya ejercitado antes de llegar al momento de dictar sentencia en modo alguno implica un temperamento inadecuado, en tanto si podía hacerlo al sentenciar, es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
Tampoco son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa.-
Complementando ello por el hecho de que, con la ya evocada doctrina del superior tribunal, resulta correcta la interpretación que conlleva la orden de preparar la vía ejecutiva en base a la documentación complementaria traída.-
3. De este modo, y por los fundamentos expuestos, considero que habrá de confirmarse la resolución apelada.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE, encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia