Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 34195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada: al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Causa Nº C11-34195 R.S. /2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 11 de Febrero de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "J D GARCIA DURAN C/JALIL JUAN S/ COBRO EJECUTIVO", Causa Nº C11-34195, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental a fs. 99/100 resolvió decretar la caducidad de instancia de los presentes obrados.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó a fs. 107 la parte actora interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación a fs. 108 y se fundó con el memorial de fs. 111/2.-
Se agravia el recurrente del auto de caducidad manifestando que por conducto de la ley 14625 el trámite se encontraba suspendido resultando improcedente la solución adoptada por la juez.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae.-
3. A fs. 121vta., se llamó "AUTOS", providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Liminarmente, debo señalar que solo el criterio elástico que este tribunal tiene formado para ponderar la convergencia de los recaudos exigidos por el art. 260 del CPCC es el que nos autoriza a ingresar en el fondo del asunto, pues el memorial cumple muy ajustadamente con las exigencias de crítica concreta y razonada aludidas por tal precepto legal.-
Zanjada tal cuestión previa y planteado como viene el recurso, considero necesario comenzar realizando una breve introducción conceptual sobre la caducidad de instancia, la cual sabemos que se encuentra legislada en nuestra Provincia de Buenos Aires por los arts. 310 y cc del C.P.C.C.-
La caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".-
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
El tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
E incluso con el derecho a ser juzgado en plazo razonable (art. 15 Const. Pcial.), siendo la caducidad de instancia un mecanismo idóneo para resguardar la plena vigencia de este derecho en contextos dispositivos, cuando las partes (especialmente la actora) se desinteresa del impulso del proceso.-
Ahora bien.-
Es menester para un prolijo estudio del tema poner de resalto la letra del art. 315 del cuerpo normativo procedimental (según Ley 12.357), en tanto el mismo establece que "La petición... se sustanciará previa intimación a las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de la instancia"; en el caso de caducidad de oficio, el art. 316 remite a la aludida intimación.-
La intimación se realiza a efectos de que la parte conminada realice dos actos, por un lado, manifestar su deseo de continuar adelante con el proceso y, por otro, impulsar el proceso en forma adecuada, esto es, producir actividad útil a los fines de su prosecución.-
Y es fundamental poner de resalto que luego de la reforma operada en el rito local por ley 13.986, la intimación previa se efectúa una única vez en cada instancia (art. 315) -esta Sala en causa nro. 68.142 R.S. 101/12- (esta Sala en causa nro. MO 22721 RSI-267-15 S 29-12-2015, entre muchas otras).-
Ahora bien.-
El quejoso sostiene en su defensa que la presente causa se encontraba suspendida por conducto de la ley 14625 cuando la sentenciante decretó la caducidad.-
Veamos que dice la aludida ley.-
En su articulo 1 "Prorrógase por el plazo de dos (2) años la vigencia de la Ley Nº 14.376, que dispone la suspensión del trámite de los juicios a partir de la sentencia de trance y remate o la ejecución de la sentencia, derivados de la realización de obras de infraestructura urbana, en especial de gas, agua corriente, desagües cloacales y pavimentos, adjudicadas a empresas particulares por aplicación de la Ordenanza General 165 y sus modificatorias, quedando exceptuados de dicha suspensión los procesos judiciales por los que se reclamen créditos provenientes de obras realizadas en el marco de emprendimientos participativos o planes de unidades generadoras de empleo".
La norma es clara.-
Se suspende el trámite a partir de la sentencia de trance y remate o su ejecución; estadios procesales que en estos obrados no se han alcanzado.-
Amén de lo cual, la imposibilidad de impulsar no ha sido tal: de hecho, cuando fue intimada a activar el proceso, la recurrente llevó a cabo actividad procesal (fs. 93/4) y posteriormente volvió a desentenderse de la tramitación.-
Por ello y no habiéndose activado el trámite de la causa desde su último acto impulsorio (documentado a fs. 98) y del simple cálculo cronológico se desprende que ha transcurrido en exceso el plazo indicado en la letra del art. 310 del código de rito, corresponderá confirmar la resolución en crisis. Con costas al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. GALLO.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada: al apelante en su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSE LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia