Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 16593
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-16593-2019 R.S. 17 /2020
///la Ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, el 20 de Febrero de 2020, reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores Jose Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BANCO HIPOTECARIO S.A. C/ GOMEZ MARIA LUJAN S/ COBRO EJECUTIVO", Causa Nº MO-16593-2019, habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA, dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 12 Departamental a fs. 28/9 resolvió intimar a la actora a acompañar el documento que de cuenta del negocio causal y permita analizar si se cumple debidamente con lo normado por el art. 36 de la ley 24.240.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó la ejecutante interponiendo recurso de revocatoria con apelación en subsidio (presentación electrónica del 6 de Septiembre de 2019), el primero fue desestimado y la apelación fue concedida en relación a fs. 31/2, teniéndosela por fundada con el escrito mediante el cual se la interpuso, a cuyos términos cabe remitirse.-
Planteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
"Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes".-
Destacando que:
"la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas (en las cuales encuentran respuesta la mayoría de los planteos recursivos traídos en este caso y que se vinculan con la convivencia entre la reglamentación legal del pagaré y las normas vinculadas al derecho del consumo), pasamos a abordar el asunto.-
Destaco, de todo comienzo, que dicho fallo fue expresamente mencionado en el auto apelado y, a su respecto, el apelante no dice siquiera una palabra: lo soslaya totalmente.-
Por lo demás, contamos con un dictamen del Sr. Agente Fiscal que se notificó y consintió lo resuelto en la decisión apelada.-
Llegado este punto, cabe decir que -a la luz de lo expuesto y el criterio de la Suprema Corte de Justicia local (desatendido totalmente por quien recurre)- la ejecución no podría continuar solo en base al pagaré, como se lo pretende en los agravios.-
Por otra parte, y en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene en ese sentido (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo, el hecho de que la haya ejercitado antes de llegar al momento de dictar sentencia en modo alguno implica un temperamento inadecuado, en tanto si podía hacerlo al sentenciar, es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
Tampoco son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa.-
Por lo demás, desde que la Sra. Juez de Grado está mandando a integrar el título y no desestimando la ejecución, es razonable que lo haya hecho antes de convocar al proceso al ejecutado; es que, de ese modo, se posibilita un mejor ordenamiento procesal, ya que -al notificarlo- se lo hará con todas las constancias que resulten menester.-
En otro orden de ideas, vemos que algunas quejas se traen en cuanto a la falta de análisis de la situación del ejecutado para considerar existente una relación de consumo en los términos de los arts. 1 y 2 de la LDC.-
Pues bien, abordando el asunto, tenemos que ha sido la propia ejecutante quien -al venir al proceso- sostuvo que la ejecutada era una persona física, que se desempeñaba bajo relación de dependencia (ver fs. 18vta.).-
En tal contexto, la vinculación de un particular (que trabaja en relación de dependencia) con una entidad bancaria (que brinda servicios financieros) goza, desde mi punto de vista, de suficiente virtualidad para considerar -al menos prima facie- existente una relación de consumo, sin que obren en el proceso (ni tampoco los haya aportado la quejosa -cosa que podía haber hecho incluso al interponer la revocatoria-) elementos objetivos que denoten lo contrario.-
Luego, y por todo lo que llevo expuesto (donde encuentran respuesta los fundamentos esenciales del recurso), entiendo que el fallo apelado ha de confirmarse.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. JORDA.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE, encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Dr. JOSÉ LUIS GALLO Dr. ROBERTO CAMILO JORDA
Juez Juez
Ante mí: Dr. GABRIEL HERNAN QUADRI
Secretario de la Sala Segunda de la
Excma. Cámara de Apelación en lo Civil
y Comercial del Departamento Judicial
de Morón
Fin de la sentencia