Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 40933
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.-
Costas de alzada , al accionante atento a su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
“ BONANNO ERNESTO C/VIAMONTE SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO ”
Causa Nº C11-40933 R.S. 54/2020
Con fecha 14 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BONANNO ERNESTO C/VIAMONTE SOCIEDAD ANONIMA Y OTROS S/ COBRO EJECUTIVO" , Causa N º C11-40933 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio de fs. 67/8, dictado la Sra. Jueza titular del Juzgado de primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 Departamental, se alzó la parte actora interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación a fs. 81, presentando el recurrente el respectivo memorial a fs. 82/3.-
2. Llegado el expediente a esta Sala, a fs. 95vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Es del caso referirnos, previo a proponer la solución que consideramos adecuada, a la institución procesal de la caducidad de instancia legislada por los Arts. 310 y cc del C.P.C.C.-
La caducidad de la instancia, que es uno de los modos anormales de terminación del proceso, apunta a objetivos en los cuales está interesado el servicio de justicia a través del principio de economía procesal (Arts. 34 inc, 5 e del C.P.C.C.) y la paz social a través del interés particular de quien está encartado en un litigio y que viene asistido del legítimo derecho de ver finiquitada la incertidumbre que todo reclamo implica.-
Hace a los principiosínsitos en la economía procesal el descongestionamiento del servicio de justicia cuando quien ha promovido una acción exterioriza desinterés en su prosecución a través de la falta de impulso procesal por el plazo que la ley fija, plazo que tiene carácter de presunción "iuris et de iure".-
Y hace a la paz social en tanto la subsistencia de litigios individuales atenta contra la misma existiendo asimismo un tutelable interés de los individuos en ver dirimidos sus conflictos de intereses.-
Como bien dicen Morello-Sosa-Berizonce (Códigos Procesales IV A, pág. 24) citando a Lascano "la caducidad se funda menos en la presunta voluntad de las partes de abandonar el juicio, que en la necesidad pública o social de que las acciones ante la justicia no se demoren indebidamente en su tramitación; más que una sanción para con el litigante remiso, la caducidad se propone dar fin a la situación patológica que supone la litis o apurar la realización de los efectos jurídicos que se persiguen con el proceso".-
Y el tema se emparenta también con el principio dispositivo que inspira nuestro sistema procesal civil en el cual los titulares del interés litigioso asumen no sólo la carga de la afirmación y de la prueba sino también de la activación del proceso (Cfe. Morello, obra citada página 23).-
Precisado así el concepto de la Institución que nos ocupa es de resaltar que en su aplicación se debe utilizar un criterio estricto y restrictivo (Cfe. Morello, obra citada, pág. 29); no se trata de "matar" procesos "vivos" sino de certificar la "defunción" de aquellos que por abandono de sus interesados han dejado virtualmente de existir.-
Sentado ello, analicemos el caso concreto.-
El recurrente considera al cuestionar tal decisorio que el yerro del mismo radica que en el periodo en cuestión encontraba suspendidos los plazos conforme lo dispuesto por la ley provincial 14.625, como así los actos impulsorios.-
Ahora bien, vayamos al texto de la normativa citada por el apelante.-
Así vemos, que la ley 14.625, en su artículo 1° establece que: “ Prorrógase por el plazo de dos (2) años la vigencia de la Ley Nº 14.376, que dispone la suspensión del trámite de los juicios a partir de la sentencia de trance y remate o la ejecución de la sentencia , derivados de la realización de obras de infraestructura urbana, en especial de gas, agua corriente, desagües cloacales y pavimentos, adjudicadas a empresas particulares por aplicación de la Ordenanza General 165 y sus modificatorias, quedando exceptuados de dicha suspensión los procesos judiciales por los que se reclamen créditos provenientes de obras realizadas en el marco de emprendimientos participativos o planes de unidades generadoras de empleo” .el subrayado claro está, me pertenece.-
La letra es clara, y me lleva a considerar que la suspensión allí declarada no alcanza a las presentes actuaciones dado que en las mismas, pese haberse iniciado en el año 1998, aún no se ha dictado sentencia de trance y remate ni menos, y lejos -en definitiva- nos encontramos cerca de la etapa de ejecución de sentencia alguna.-
Tampoco escapa a nuestro análisis, que el decisorio recurrido data del año 2016 y recién en el 2019 arriba a nuestra Sala, para tratar el recurso de apelación interpuesto, ello demuestra claramente la poca intención en el impulso del expediente.-
Tales dilaciones nos ilustran la falta de actividad en el proceso, sumado a que ya en 2014 se había intimado a la parte actora a manifestar su voluntad de impulsar las actuaciones.-
Consecuentemente, considero ajustada a derecho la resolución apelada (art. 310 del C.P.C.C.) habiendo transcurrido el lapso idóneo para operar la caducidad, debiéndose en definitiva confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.-
Ello con costas al accionante atento a su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO, por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. JORDA.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios.-
Costas de alzada , al accionante atento a su calidad de vencido (art. 68 del C.P.C.C.).-
REGISTRESE. OPORTUNAMENTE, REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 14/04/2020 10:38:20 - GALLO José Luis -
Funcionario Firmante: 14/04/2020 10:43:56 - JORDÁ Roberto Camilo -
Funcionario Firmante: 14/04/2020 13:34:07 - QUADRI Gabriel Hernan -
Fin de la sentencia