Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 54390
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el auto apelado en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
“ BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ DE LA CRUZ RAUL ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO ”
Causa Nº MO-54390-2018 R.S. 66/2020
Con fecha 21 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires),
para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES C/ DE LA CRUZ RAUL ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO", Causa N º MO-54390-2018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SR. JUEZ DR. GALLO DIJO
1. La Sra. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental en providencia del 22 de Agosto de 2019, resolvió citar al ejecutado para que dentro de cinco días comparezca personalmente a reconocer la firma del contrato acompañado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 523, 524 y 525 del CPCC.-
2. Contra tal forma de decidir se alza el ejecutante, interponiendo recurso de apelación (subsidiario a la revocatoria) el que fue concedido en relación y se tuvo por fundado con la presentación de fecha 29 de Agosto de 2019 a cuyos términos cabe remitirse en homenaje a la brevedad.-
3. A fs. 42vta. se llamaron "autos" quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas.-
P lanteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019, que justamente evoca la sentenciante en su resolución.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a abordar el asunto.-
Lo primero que debe destacarse es que, en el caso, el juzgado ya requirió la documentación respaldatoria de la cambial traída originalmente y la ejecutante la aportó.-
Lo que ahora se cuestiona es la decisión de citar al ejecutado a reconocerla.-
En cuanto al principio de preclusión, debemos señalar que son múltiples las ocasiones que el magistrado tiene para el análisis del título (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo; de este modo, si el juez podía reanalizar el título al sentenciar es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
No son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa y así lo hemos resuelto en la causa nro. 25.799 (R.S. 272/19).-
Tampoco enervaba la posibilidad de futuro contralor (es decir, al sentenciar) el hecho de que el ejecutado no se hubiera presentado.-
Ahora bien, llegado este punto, mal podría fallarse en base a documentación (instrumentos privados) acerca de los cuales no había sido oído el ejecutado y no se le había dado ninguna oportunidad en tal sentido.-
Viene cierto que aquí el mandamiento ya se diligenció, pero no menos cierto es que el mismo no llevaba adjuntos tales documentos, pues se los requirió y aportó con posterioridad.-
Por lo demás, hay otra reflexión: si los documentos existían y se trataba de una relación de consumo (sobre ello no había duda, pues se trata de un banco), el ejecutante tenía la posibilidad de haberlos traído con anterioridad (pues la discusión en torno al pagaré de consumo no es novedosa).-
No lo hizo; y los aportó recién cuando el juzgado se los requirió.-
Con lo cual, siendo que se trata de instrumentos privados (con lo cual, de por sí, no podemos predicar su autenticidad) y en orden a resguardar el derecho de defensa del ejecutado, entiendo que el auto apelado -en cuanto lo cita a reconocerlos- se ajusta a derecho.-
Es, incluso, el temperamento que puede entreverse en el precedente dictado por la Suprema Corte de Justicia local en la causa Rc 122124 "Recupero on line S.A. c/ Vera, José Roberto s/ Cobro ejecutivo", fallo del 18/09/2019, en la cual se rechazó el recurso interpuesto contra la sentencia de Cámara que había mandado a preparar la vía ejecutiva en relación a la documentación respaldatoria del pagaré.-
Digo, finalmente, que no veo que aquí se haya violentado el principio de congruencia, desde que el mismo se vincula con el alcance de las potestades del magistrado al momento de decidir (resumidamente: debe atenderse a los términos de lo pretendido y discutido en la controversia -arts. 34 inc. 4º y 163 inc. 6º CPCC-), y la decisión adoptada en el auto apelado se vincula -directamente- con las obligaciones cuyo cumplimiento aquí se pretende, sin desbordar -para nada- los términos de la pretensión liminar.-
Por todo lo que llevo dicho, entiendo que el recurso no es atendible y el auto apelado ha de confirmarse.-
Todo ello sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta
POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. GALLO.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el auto apelado en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y lo novedoso de la cuestión (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. OPORTUNAMENTE, REMITASE , encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 21/04/2020 11:07:34 - JORDÁ Roberto Camilo -
Funcionario Firmante: 21/04/2020 11:10:39 - GALLO José Luis -
Funcionario Firmante: 21/04/2020 11:17:40 - QUADRI Gabriel Hernan -
Fin de la sentencia