Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 33355
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
“MAIOLINO OLGA BEATRIZ C/ MARTIGNAGO WALTER ARIEL S/COBRO EJECUTIVO”
Causa Nº MO-33355-2015 R.S. 70/2020
Con fecha 23 de Abril de 2020, celebrando Acuerdo telemático -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020, las pautas dadas por la Res. 2135/18, la directiva de economización de los medios materiales contenida en la Res. 14/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia interlocutoria en los autos caratulados: "MAIOLINO OLGA BEATRIZ C/ MARTIGNAGO WALTER ARIEL S/COBRO EJECUTIVO", Causa Nº MO-33355-2015 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 11 Departamental en resolución de fecha 4 del mes de Septiembre de 2019 decidió intimar a la ejecutante para que dentro del término de cinco días adjunte en autos la documentación que diera origen al negocio causal y que permita analizar el cumplimiento de los requisitos previstos por la Ley de Defensa del Consumidor, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de tenerlo por desistido de la demanda.-
2. Contra tal forma de decidir se alzó la ejecutante interponiendo recurso de apelación, el cual fue concedido en relación y se lo fundó con el escrito electrónico de fojas 184/7, que fue digitalizado por secretaría.-
A los términos la fundamentación recursiva cabe remitirse en homenaje a la brevedad procesal.-
Planteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019, que fuera expresamente citado por la Sra. Juez de Grado en la providencia apelada y la recurrente soslaya, de manera total, en su fundamentación recursiva .-
En esencia, en dicho fallo se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas (en las cuales encuentran respuesta la mayoría de los planteos recursivos traídos en este caso y que se vinculan con la convivencia entre la reglamentación legal del pagaré y las normas vinculadas al derecho del consumo), pasamos a abordar el asunto.-
En primer lugar, vemos que no se traen críticas suficientes (al margen de las generalidades) en orden a demostrar que, en el caso, no existe una relación de consumo.-
Ahora bien, llegado este punto, cabe decir que -a la luz de lo expuesto y el criterio de la Suprema Corte de Justicia local- la ejecución no puede continuar solo en base al pagaré, como se lo pretende en los agravios de la ejecutante.-
Por otra parte, y en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene en ese sentido (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo, el hecho de que la haya ejercitado antes de llegar al momento de dictar sentencia en modo alguno implica un temperamento inadecuado, en tanto si podía hacerlo al sentenciar, es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
Tampoco son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa.-
De este modo, la ejecución no puede proseguir solo en base al pagaré, como lo pretende la ejecutante.-
En otro cuadrante, son inatendibles sus quejas vinculadas con la regla del art. 7 del CCyCN y la aplicación de dicho cuerpo normativo, desde que la apoyatura fundamental de la decisión no está dada en las reglas de dicho cuerpo normativo, sino en las de la ley de defensa al consumidor, vigente al momento de librarse el pagaré de autos.-
Por lo demás, también es inatendible la protesta que gira en rededor a una virtual denegación de la ejecución, pues ello no fue lo dispuesto en el caso, sino que solo se cursó una intimación.-
Luego, y por todo lo que llevo expuesto, no asistiendo razón a la quejosa en sus agravios, entiendo que el fallo apelado ha de confirmarse.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. JORDA.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada, en todo cuanto ha sido materia de agravio.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. OPORTUNAMENTE, REMITASE , encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 23/04/2020 11:37:48 - JORDÁ Roberto Camilo -
Funcionario Firmante: 23/04/2020 11:39:12 - GALLO José Luis -
Funcionario Firmante: 23/04/2020 11:41:22 - QUADRI Gabriel Hernan -
Fin de la sentencia