Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 1272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-1272-2019 R.S. 109 /2020
Con fecha 28 de Mayo de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020 y 3 de la Res. 480/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda, con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO CASH LTDA C/ TORRILLA LEONARDO JAVIER S/COBRO EJECUTIVO”, Causa Nº MO-1272-2019 habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. La Sra. Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3 Departamental resolvió dejar sin efecto la intimación de pago ordenada a fs. 15 y consecuentemente, cító al ejecutado TORRILLA LEONARDO JAVIER para que en el término de cinco días comparezca personalmente a reconocer la firma del instrumento agregado en autos a fs. 115, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 523, 524 y 525 del CPCC.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el ejecutante interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial del 6/11/2019 que no mereció replica alguna.-
3. A fs. 134 vta., se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Varios son los agravios que el recurrente nos trae a estudio.
En primer lugar se agravia de la aplicación retroactiva por parte de la jueza de la LDC; también direcciona sus quejas hacia la preclusión pues a su entender la cuestión relativa al examen del título para habilitar su ejecución fue resulta en la providencia del 7 de Mayo de 2.013, la cual se encuentra firme; luego hace hincapié en la falta de sustento legar de la providencia apelada, la cual manda a preparar la vía ejecutiva terminando por la citación del ejecutado a reconocer la firma.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse brevitatis causae .-
De todo comienzo debo señalar que me abocare al estudio del primer agravio relativo a la aplicación de manera retroactiva de la ley de defensa al consumidor.
Pero antes que nada debemos efectuar un breve recorrido por estos obrados en lo que al recurso respecta a fin de dar solución al tema a decidir.
Luego de iniciadas las actuaciones en el año 2013, el 28/8/2018 el por entonces juez de la causa y en base a los documentos aportados por el ejecutante determinó la aplicación de la ley 24240.
El 4/9/2018 el ejecutante pide que se dicte sentencia haciendo saber que el titulo base de la ejecución es anterior a la modificación del art. 36 de la LDC. Que ello se tenga presente al momento de sentenciar.
Así las cosas el 14/12 de aquel 2018 y tal lo adelantara en el proveído mencionado precedentemente, el juez determino que existe entre las partes una clara relación de consumo en los términos de la ley 24.240 y sus modificatorias.-
Por tanto, aplicó a los presentes el régimen emergente de la ley 24240, remarcando que su aplicabilidad no depende del silencio de una de las partes sino que su régimen tuitivo es de orden público, y como lógica consecuencia de dicho carácter los jueces deben aplicar la ley 24.240 y sus modificatorias de oficio, eso es, aun cuando no hubiera sido peticionada. Y agrego que las circunstancias personales de las partes, permiten presumir que se trata de una operación de crédito para consumo, y por ende amparable por la ley que rige la materia, la que amen de ser orden público, encuentra suficiente amparo constitucional (cf. arts42 CN y 38 Const. Pcial.). Encuadró a la actora es encuadrable en la definición de "proveedor" contenida en el art. 2 de la LDC, y la ejecutada en una persona física con las características que el art.1 de la citada ley, por lo que se esta en presencia de un "consumidor o usuario"."...cuando la pretensión ejecutiva reconoce arraigo en una relación de financiación para el consumo, es posible y necesario interpretar la aludida regla procesal, de modo compatible con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). Y ello a fin de poder arribar a la solución que proteja del modo más eficiente posible la finalidad tuitiva de grupos tradicionalmente postergados y particularmente vulnerables, como ocurre con los usuarios y consumidores.
Es así que aplicando la LDC el juez se declaró incompetente y remitió estos obrados al Juzgado en turno de este Departamento judicial.
Entonces, ¿el ejecutante ha interpuesto algún remedio procesal ante la aplicación de la ley de defensa al consumidor?
No.
Consintió la misma.
Frente a lo expuesto no queda otra cosa que desestimar el recurso de apelación articulado por el ejecutante; es que mal puede este ahora impugnar la normativa aplicada por el Sr. Juez de grado en el proveído en crisis cuando consintió tanto el auto del 28/8/2018 como la resolución del 14/12/2018 en las cuales expresamente y con anterioridad al decisorio aquí recurrido ya se había dispuesto su aplicación; pues el principio de preclusión procesal se lo impide (arg. art. 155 del C.P.C.C.).-
Ahora bien.
En atención a los demás agravios y Planteada como viene la cuestión y no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, e indiscutida aquí la existencia de una relación de consumo, cabe señalar que el artículo en cuestión no veda la ejecución en base a pagarés, en la medida en que los mismos cumplan -de manera autónoma- las exigencias del art. 36 de la LDC.-
La otra variante, es la posibilidad de que (traída por la parte, o requerida por el magistrado) se aporte documentación que venga a integrar el título.-
Así situados la cuestión pasa por determinar si, respecto de la documentación traída, corresponde un paso previo (la preparación de la vía ejecutiva) o no.-
En tal sentido, la casación local ha señalado en sendos precedentes que la decisión cuestionada -que había dispuesto la preparación de la vía- guardaba estricta correspondencia con la doctrina sentada en el precedente "Asociación Mutual Asis" antes mencionado (Sup. Corte Bs. As., 18/09/2019, "Recupero On Line S.A. C/ Vera Jose Roberto S/ Cobro Ejecutivo" y 16/10/2019, "Banco Columbia S.A. C/ Barreto Juan Manuel S/ Cobro Ejecutivo").-
Luego, con tal interpretación, encuentra respuesta el planteo de la recurrente, mediante el cual pretende objetar la decisión de mandar a preparar la vía en relación a la documentación traída.-
Y, a consecuencia de ello, es claro que no puede disponerse el libramiento del mandamiento, como se lo pretende.-
Por otra parte, en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal y las cuestiones vinculadas con el principio de preclusión procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene para el análisis del título (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo y media un dictamen del Sr. Agente Fiscal, el hecho de que la haya ejercitado antes de llegar al momento de dictar sentencia en modo alguno implica un temperamento inadecuado, en tanto si podía hacerlo al sentenciar, es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
Tampoco son atendibles, entonces, las quejas vinculadas con el principio de preclusión en tanto, por lo que llevo dicho, la posibilidad de contralor (aun oficioso) del título no había fenecido al momento de dictar el primer despacho en la causa.-
Complementando ello por el hecho de que, con la ya evocada doctrina del superior tribunal, resulta correcta la interpretación que conlleva la orden de preparar la vía ejecutiva en base a la documentación complementaria traída.-
De este modo, y por los fundamentos expuestos, considero que habrá de confirmarse la resolución apelada.-
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. Jorda.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2020 11:28:22 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 11:28:42 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 28/05/2020 11:29:01 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia