Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 11025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-11025-2019 R.S. 150 /2020
Con fecha 25 de Junio de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ HSBC BANK ARGENTINA S.A. C/ ORELLANA CARLOS SERGIO S/ COBRO EJECUTIVO ” , Causa Nº MO-11025-2019 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA , dijo:
1. Contra la resolucion de fecha 1 de Noviembre de 2019, interpone recurso de apelación la ejecutante, el cual se concede en relación y se funda con el escrito de fecha 25 de Noviembre de ese mismo año, al cual cabe remitirse en homenaje a la brevedad.
Con fecha 12 de Marzo de 2020 dictaminó el Sr. Agente Fiscal.
Llegadas las actuaciones a la Sala, con fecha 2 de Junio de 2020, se llamó "autos" quedando los obrados en condición de ser resueltos.
2. Circunscripto así el tema, y planteada como viene la cuestión, es bueno -desde mi punto de vista- traer a colación la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Esta doctrina se reafirma en el, reciente, precedente de la casación local dictado en la causa C. 122.128, autos "Trust Funds S.A. C/ Romero Liliana Emilce S/ Cobro Ejecutivo" (fallo del 8 de Mayo de 2020, cfe. art. 7 Ac. 3975).
El fallo en cuestión ha sido evocado en el auto apelado y, a su respecto, la quejosa NO DICE ABSOLUTAMENTE NADA , con lo cual su recurso roza, en el punto, la insuficiencia (art. 260 del CPCC).
Expuesto ello, cabe señalar que el artículo en cuestión no veda la ejecución en base a pagarés, en la medida en que los mismos cumplan -de manera autónoma- las exigencias del art. 36 de la LDC.
La otra variante, es la posibilidad de que (traída por la parte, o requerida por el magistrado) se aporte documentación que venga a integrar el título.
Y ello es justamente lo apuntado por la sentenciante de grado en el auto hoy apelado.
Por otra parte, y en cuanto al análisis que el juez ha efectuado del título en esta oportunidad procesal, debemos señalar que siendo múltiples las ocasiones que el magistrado tiene en ese sentido (esta Sala en causa nro. 43.907, R.S. 248/02; 50.996 R.S. 799/04; entre otras) lo que, incluso, debe hacerse con mayor elasticidad si la cuestión involucra derecho del consumo.
Agrego que el hecho de que la haya ejercitado antes de llegar al momento de dictar sentencia en modo alguno implica un temperamento inadecuado, en tanto si podía hacerlo al sentenciar, es razonable reconocerle también la posibilidad de hacerlo antes.-
Tampoco son atendibles, por otro lado, las quejas vinculadas con la inexistencia de una relación de consumo; ello por la sencilla razón de que tal circunstancia puede colegirse de elementos que, razonablemente, autoricen a presumirla.
Y, en el caso, tenemos que se trata de una entidad bancaria por un lado, tratándose el ejecutado (de acuerdo con lo que sostiene la propia ejecutante) de un particular (persona física), que se desempeñaba como empleado (al menos al momento de promoverse la ejecución), no surgiendo de las constancias de autos ningún elemento (objetivo) que esboce, siquiera, la posibilidad de que aquí no se trate de una relación consumeril.
Es mas, en los agravios, se argumenta sobre el tema de manera genérica, y sin mayores consideraciones específicas.
De este modo, y por los fundamentos expuestos, considero que habrá de confirmarse la resolución apelada.
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. JORDA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio.
Sin costas, atento el carácter de la resolución y la ausencia de contradicción (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE, encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/06/2020 11:22:01 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 25/06/2020 11:22:13 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 25/06/2020 11:22:26 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia