Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 5973
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución cuestionada, debiéndose -en la instancia de origen- intimar a la actora para que dentro del término de cinco días proceda a acompañar el documento que da cuenta del negocio causal y que permita analizar si se cumple debidamente con lo normado por el art. 36 de la Ley 24.240.-
Asimismo, se declara abstracto el análisis del recurso de la parte actora.-
Sin costas de alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Causa Nº MO-5973-2018 R.S.: 206 /2020
Con fecha 04 de Agosto de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “BANCO COLUMBIA SA C/ VILLAGRAN NANCY MABEL S/ COBRO EJECUTIVO ” Causa Nº MO-5973-2018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-JORDA, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la sentencia de trance y remate dictada el 27 de noviembre del 2018, por la Sra. Jueza Titular del Juzgado de Primera instancia en lo Civil y Comercial N°3 Departamental se alzaron tanto el ejecutante como el Agente Fiscal, interponiendo sendos recursos de apelación -el de la parte actora en subsidio de la reposición intentada-; siendo los mismos concedidos en relación los días 18 de diciembre del 2018 y 25 de octubre del 2019, teniéndose por fundado el primero con la misma presentación recursiva del 4 de diciembre del 2018 y el de la fiscalía con el memorial del 4 de noviembre del 2019 -a cuyas lecturas me remito- confiriéndose el respectivo traslado el día 14 de noviembre del 2019, mereciendo la réplica del 25 del mismo mes y año.-
2. El 10 de marzo del corriente año, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
Tal como viene presentada la cuestión, debemos abordar preliminarmente los agravios traídos por el Sr. Agente Fiscal.
Y en tal sentido, considero oportuno rercordar lo sostenido por esta alzada en la causa Nº MO-31730-2018, R.S. 21 /2020.-
En dicha oportunidad se ha señalado que:
" no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a abordar el asunto.
En primer lugar vale destacar que en autos, como vimos al comienzo de la presente, quienes recurren la sentencia de trance y remate son la actora, por los accesorios fijados por la magistrada de origen y el Sr. Agente Fiscal quien solicitó aplicar al caso de autos lo dispuesto por la ley 24.240.-
Aclaro, inicialmente, que -desde mi punto de vista- el Agente Fiscal está plenamente legitimado a impetrar este pedido, en los términos del art. 52 de la ley 24.240.
Llegado este punto, cabe decir que -a la luz de lo expuesto y el criterio de la Suprema Corte de Justicia local- teniendo en cuenta que la presente ha sido instaurada por una entidad bancaria contra un particular, la sentencia de trance y remate se vislumbra prematura, dado que aplicando al caso la ley 24.240, la ejecución no podría continuar solo en base al pagaré acompañado por la ejecutante.
Lo expuesto me lleva, sin más, a receptar el embate recursivo del Sr. Agente Fiscal y considerar prematura la resolución cuestionada, debiéndose -en la instancia de origen- intímar a la actora para que dentro del término de cinco días proceda a acompañar el documento que da cuenta del negocio causal y que permita analizar si se cumple debidamente con lo normado por el art. 36 de la Ley 24.240.-
A tenor de lo cual, se deberá declarar abstracto el tratamiento del recurso de la actora.-
Ello sin costas, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA NEGATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor JORDA , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Dr. GALLO-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución cuestionada, debiéndose -en la instancia de origen- intimar a la actora para que dentro del término de cinco días proceda a acompañar el documento que da cuenta del negocio causal y que permita analizar si se cumple debidamente con lo normado por el art. 36 de la Ley 24.240.-
Asimismo, SE DECLARA ABSTRACTO el análisis del recurso de la parte actora.-
Sin costas de alzada, atento el carácter de la resolución (art. 68 2° p. CPCC).-
REGISTRESE. REMITASE , encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones.-
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:35:07 - JORDÁ Roberto Camilo ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:35:19 - GALLO José Luis ([email protected]) -
Funcionario Firmante: 04/08/2020 12:35:32 - QUADRI Gabriel Hernan ([email protected]) -
Fin de la sentencia