Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 39737
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-39737-2018 R.S.: 264/2020
Con fecha 08 de Septiembre de 2020, celebrando Acuerdo telemático en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA -teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 1º apartado b.1.1. de la Res. 10/2020, 7 de la Res. 14/2020 y 4 a.2. y b de la Res. 18/2020 como así también el hecho de encontrarse los suscriptos incluidos dentro de las previsiones de la Res. 165/2020, todas de la SCBA- los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Roberto Camilo Jorda , con la presencia virtual del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir remotamente la presente sus certificados de firma digital, almacenados en los dispositivos que han sido conectados -para este acto- por el personal de guardia en los equipos informáticos obrantes en la sede del tribunal (Morón, Provincia de Buenos Aires), para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: “ KASE SA C/ MUÑOZ MIGUEL ANGEL S/ COBRO EJECUTIVO ” Causa Nº MO-39737-2018 , habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: : JORDA-GALLO , resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JORDA dijo:
1. Mediante el auto que llega apelado, se resolvió desestimar la excepción de inhabilidad de título opuesta a fs.18/19 por el ejecutado Miguel Angel Muñoz y consecuentemente, mandó llevar adelante la ejecución hasta que el ejecutado Miguel Angel Muñoz haga al acreedor Kase S.A. íntegro pago del capital reclamado de $ 37.200 con más las tasas que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación desde la fecha de mora, que se tiene por acaecida el día 27/03/2018 hasta el efectivo pago. Impuso las costas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
2. Contra tal forma de decidir se alzó el ejecutado interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación el día 3 de junio de 2019 y se fundó con el memorial del 16 de junio de aquel 2019 que no mereció réplica alguna.
Pretende el ejecutado en lo medular, la aplicación en el caso concreto de autos de la LDC y, para ello, esgrime una serie de argumentos que en homenaje a la brevedad me remito.-
3. Llegados los autos a esta Sala , desde la Presidencia se llamo "AUTOS" , el día 13 de Agosto de 2020, providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.-
En primer lugar para dar respuesta al ejecutado, quien pretende la aplicación de la ley de Defensa del Cosnumidor en las presentes actuaciones, diré que no obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
" Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes ".-
Destacando que:
" la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
IV.5.c.iii. De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
IV.5.c.iv. Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
IV.5.d. En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción ".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a resolver el caso, en el que no llega controvertida la existencia de una relación de consumo.
En primer lugar, debo señalar que esta Sala ha dicho en reiteradas oportunidades que la ejecución no puede continuar solo en base a un pagaré, teniéndose que integrar el título con la base que dió origen al mismo.
Entonces, de la simple compulsa de estos obrados surge que el ejecutante acompañó, junto con el pagaré, el mutuo génesis de aquella relación, justamente haciendo invocación a la LDC.
Entonces, se estaría cumpliendo los requisitos exigidos por el art. 36 de la ley 24.240 y a efectos de la integración dentro del mismo proceso ejecutivo del pagaré de consumo con documentación adicional al mismo .
Amén de ello, y de la lectura del memorial, se advierten una serie de generalidades, pero no que el quejoso se haga cargo, específicamente, de las circunstancias que vengo señalando, específicas de este proceso donde, insisto, desde el comienzo (y adecuadamente) el ejecutante trajo no solo el pagaré, sino también la documentación respaldatoria correspondiente.
Por tales razones soy de la idea que se deberá rechazar las quejas expuestas por el recurrente y confirmar el auto apelado, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor GALLO , por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor JORDA .-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede , SE CONFIRMA el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios, con costas al apelante (art. 68 del CPCC).
REGISTRESE. REMITASE encomendándose a la Instancia de Origen las pertinentes notificaciones
Firmas
Funcionario Firmante: 08/09/2020 11:15:58 - JORDÁ Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/09/2020 11:19:56 - GALLO José Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/09/2020 11:20:27 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia