Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 13205
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio cuestionado en todo cuanto fue materia de agravios.
Sin costas de alzada , atento a la ausencia de bilateralización (art. 68, 2p. del C.P.C.C.).
Causa Nº MO-13205-2021
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "KASE S.A C/ VARGAS RAUL BENIGNO S/ COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-13205-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO dijo:
1. Contra el decisorio del 26 de agosto del 2022, se alzó el 30 del mismo mes y año, la letrada apoderada de la parte actora, interponiendo recurso de apelación; el cual fue concedido en relación y se fundó con el memorial presentado el 5 de septiembre del 2022.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
2. El 14 de septiembre del 2022, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, he de recordar mi voto en los autos “KASE SA C/ ROJAS RICARDO ALFREDO S/ COBRO EJECUTIVO", sentencia del 4 de Octubre de 2022, que tramitaron por ante la Sala III del Tribunal.
Dije allí que
" 1 °) La actora se agravia por cuanto, según afirma, no existe en autos ningún elemento que “pruebe“ que el ejecutado haya destinado el “igual valor recibido en efectivo“ a adquirir bienes o contratar servicios para beneficio propio o de su grupo familiar o social, lo que le impediría sostener que el pagaré en ejecución se encontrara inserto en una relación de consumo en los términos de la ley 24.240.
En efecto, el art. 1 de la ley 24.240, modificado por la le ley 26.361, requiere, para ser encuadrado como consumidor, que la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa bienes o servicios, lo haga “…como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”, en tanto que el art.3 define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre “…el proveedor y el consumidor o usuario…”. Por lo que, según el tenor de la ley, para poder definir el concepto de relación de consumo es necesario valerse de los conceptos de proveedor y de consumidor o usuario.
MONTI Eduardo Jorge, por una parte, define el contrato de consumo como aquél que se celebra entre un proveedor y el adquirente a título oneroso o gratuito sobre bienes o servicios para su uso o consumo propio, de su grupo familiar o social (siendo indiferente su concreción o no) mediante condiciones generalmente predispuestas (“Derecho de Usuarios y Consumidores”, segunda edición, pág.55, Cathedra Jurídica); y LORENZETTI Ricardo L., por la otra, dice que la finalidad (destino final del bien) no es considerada por alguna doctrina como elemento decisivo mientras haya agotamiento de uso por consumidores no profesionales, lo que considera un error, señalando que aunque existiera consumo final, si el bien es integrado en procesos productivos, queda excluido de la relación de consumo (“Consumidores”, págs.103, 104 y siguientes, Rubinzal-Culzoni, segunda edición actualizada, año 2009).
LORENZETTI sostiene que la relación de consumo es elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, y por esa razón entiende que debe comprender todas las situaciones posibles (op. cit., pág.85).
Este criterio normativo de la relación de consumo se mantiene en el art.1092 del CCyCN, y el concepto de consumidor “…se califica en función del destino que le asigna…” a los bienes o servicios que adquiere o utiliza, según expresa el mismo autor en el “Código Civil y Comercial de la Nación” comentado, Tomo VI, pág.232.
Bajo esta perspectiva, a mi juicio, resulta claro que asiste razón al apelante cuando se agravia por la inexistencia de prueba en autos sobre el destino final del “igual valor recibido en efectivo“ por parte del ejecutado.
A lo que por mi parte agrego que el ejecutado, en su presentación de fecha 19/12/201 no sólo no ofreció ni produjo prueba sobre este aspecto de la cuestión, tan importante para el encuadramiento y la decisión del caso, sino que ni siquiera afirmó que tal fuera el destino de aquel valor recibido en efectivo.
Esta ausencia de afirmación y prueba impide también la aplicación del art.1095 del CCyCN porque la interpretación más favorable al consumidor tiene como antecedente lógico la determinación de ese carácter. Es decir, en mi inteligencia, primero hay que probar que estamos ante una relación de consumo y luego aplicar la legislación consumeril.
No se me oculta que en “Cuevas“ la SCBA (voto del juez Hitters punto 2 “d”), al igual que en la sentencia recurrida, se ha tenido por acreditada la relación de consumo sobre la base inferencias extraídas de las condiciones particulares de las partes, la actividad principal desarrollada por la actora, el monto reclamado, el número de ejecuciones similares en el departamento judicial y la calidad de persona física de la parte ejecutada, todas la cuales sin embargo nada dicen sobre aquel destino final requerido por la norma.
Por mi parte, y como dijera el juez Vassallo en su voto minoritario en el plenario autoconvocado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 29/6/2011, descarto absolutamente que por la sola calidad de las partes pueda inferirse, sin más, una relación de consumo.
Mucho menos aun comparto la idea de que monto del juicio o la cantidad de juicios similares en el mismo departamento judicial constituyan indicios de una relación de consumo en este caso concreto, sujeto a decisión; más bien me parece una conclusión forzada la de sostener que porque una sociedad tramita muchos juicios ejecutivos entonces el nuestro responde a una relación de consumo.
Primero, porque de la cantidad de juicios no se deriva lógicamente la conclusión de que este sea un proceso de consumo; segundo, porque de aquellos otros juicios sólo conoceríamos sus carátulas sin saber hasta ahora qué sucede en ellos ni cuáles son sus montos, ni si versan sobre relaciones de consumo; y tercero porque, en todo caso, ello sólo nos daría la idea de que estaríamos ante un proveedor en los términos de la ley consumeril, sin que estuviera acreditado en éste, como no lo está, que el ejecutado sea un consumidor
Y aquí vuelvo al voto minoritario del plenario de la CNAC en cuanto a que si bien la empresa prestadora de un servicio financiero desarrollado de manera profesional encuadra indudablemente en el concepto de proveedor, no siempre el cliente de esa operación financiera es el destinatario final de la prestación efectuada, por lo que no necesariamente encuadra en el concepto de consumidor.
Concluyendo, en este caso concreto, no encuentro acreditado el carácter de consumidor del ejecutado, y con ello no resulta probada la relación de consumo.
2. Ahora bien, sabemos que el título que se ejecuta en este proceso es un pagaré librado por el ejecutado y que, como tales, es un título abstracto, literal, completo, necesario, y en los que cada transmisión por endoso produce una adquisición originaria del título con las importantes consecuencias que ello importa.
Conforme estos principios básicos de los títulos circulatorios, que surgen del decreto ley 5965/63, el crédito del portador legitimado del título surge del mismo pagaré, y por definición y conforme sus propias reglas, no necesita ser completado ni integrado con otros elementos.
Por eso es que, a mi juicio, toda vez que a un pagaré se le quite la abstracción, la literalidad y la completividad estaremos en presencia de un instrumento diferente que no será un pagaré, sino un novum genum, pero nunca un pagaré.
Y toda vez que le apliquemos al endosatario las normas del derecho del consumo, estaremos transformado el endoso en la cesión de créditos del derecho civil, no obstante las diferencias importantes y sustanciales que existen entre ambas formas de transmisión (conforme surge del voto del juez Pettigiani en “Cuevas”).
Sin embargo, son ampliamente mayoritarias la jurisprudencia y la doctrina contrarias a lo que aquí he expuesto.
En efecto, en lo que concierne a la provincia de Buenos Aires, la SCBA ha sentado doctrina legal reiterada en sentido contrario a lo que hasta aquí he expresado, pero a la que se ajusta el fallo de primera instancia, conforme resulta las sentencias dictadas en “Cuevas“ (C.109.193 del 11/8/2010), “Asís” (C.121.684 del 14/8/2019 ), “Crédito para Todos S.A. c/ Eslanga s/ Cobro Ejecutivo“ (C.117.245 del 3/9/2014), “Credil SRL c/ Rodríguez Gisela Soledad s/ Cobro Ejecutivo” (C.123.660 del 29/10/2021), entre muchos otros.
Por lo tanto, conforme resulta de la doctrina legal, corresponde tener por acreditado que las partes estaban vinculadas por una relación de consumo, por lo que debió cumplirse con las normas de orden público que rigen sobre la materia.
En estas condiciones, y dejando a salvo mi opinión personal ya expuesta, corresponde rechazar la ejecución porque, como bien expresara la juez de primera instancia, no aparecen cumplidos los recaudos el art.36 de la ley 24.240 en el pagaré que se ejecuta, ni en la documentación complementaria surgen cumplidos aquellos recaudos.
Por lo expuesto, por razones de economía procesal, y en razón del acatamiento que debo a los fallos de la SCBA que han sentado la doctrina legal aplicable para casos análogos (art.161 inc. 3° “a” de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 279 y 289 del CPCC; MORELLO-SOSA-BERIZONCE, “Códigos Procesales…”, Tomo IV, cuarta edición ampliada y actualizada, pág.378, Abeledo-Perrot, año 2016; SCBA, causa 123.271, autos “Brizuela Rubén Matías c/ Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I.", del 30/3/2021, apartado III.4.a del voto del juez Soria, al que adhirieron los restantes jueces), propongo que se confirme la sentencia recurrida en todas sus partes, las costas por su orden atento lo novedoso de la cuestión resuelta (art. 68 pár. 2°, C.P.C.C.)".
Si bien aquí no está en juego la viabilidad de la ejecución, sino la competencia, tales fundamentos devienen también de aplicación a este caso, y de acuerdo con lo previsto por el art. 36 de la ley 24.240, voy a proponer la confirmación del decisorio apelado.
Veamos.
Más allá que el domicilio consignado por el ejecutado en el documento base del presente lo era en la localidad de Merlo, ante infructuosos intentos de diligenciamiento del respectivo mandamiento en autos, el RENAPER (19 de agosto del 2022) informa que el domicilio del Sr. Raúl Vargas es en Cosquin 23651, Lomas De Zamora.
Ello también surge de la constancia del 13 de octubre del 2021.
La propia recurrente, el 14 de octubre del 2021 solicita el diligenciamiento del mandamiento a dicho domicilio.
Por todas estas razones, y por aplicación de lo previsto por el art. 36 de la ley 24.240 (mas allá de dejar a salvo mi opinión al respecto) considero que se deberá rechazar los agravios traídos y confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fuera materia de agravios, ello sin costas atento a la ausencia de bilateralizacion (art. 68,2° p. del C.P.C.C.).
Consecuentemente, a la primera cuestión propuesta doy mi voto por
LA AFIRMATIVA
A LA MISMA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO dijo:
Adhiero al voto que antecede.
En primer lugar debo destacar que los argumentos recursivos traídos por la parte actora no logran enervar el decisorio cuestionado en cuanto cuestiona la aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor, al caso de autos.
Veamos.
El magistrado de la instancia de origen, en el decisorio hoy cuestionado, sostuvo:
"... el hecho de que existan varios procesos iniciados por la parte actora (causas de este juzgado nros MO28454/2019, Mo27995/2018, MO27305/2021, entre muchas otras radicadas en esta departamental: v. MEV, www.scba.gov.ar), la circunstancia de que aqu élla sea una persona jurídica y también el hecho de ser persona física la accionada destinataria de ése crédito, nos hace inferir la existencia de una relación de consumo; por lo que le resultaría aplicable la aludida doctrina legal, debiéndose remitir los presentes actuados al departamento judicial que por domicilio del demandado".
Recordemos la letra del artículo 3 de la ley 24.240 , el cual establece:
"Relación de consumo es el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario.
Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en particular la Ley Nº 25.156 de Defensa de la Competencia y la Ley Nº 22.802 de Lealtad Comercial o las que en el futuro las reemplacen. En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.
Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica" .
Ahora bien, más allá de la acertada conclusión del magistrado en cuanto a la valoración de las demandas incoadas por el mismo ejecutante en dicho juzgado (causas de este juzgado nros MO28454/2019, MO27995/2018, MO27305/2021), sumado a los distintos carácteres de las personas involucrados en el documento base del presente (persona jurídica y persona física), cabe destacar que, el ejecutante no aportó ningún elemento demostrativo de que el pagaré sirvió para instrumentar la garantía de un crédito no vinculado a una relación de consumo.
Se vislumbra que la deuda que instrumenta el pagaré en cuestión, se origina en una operación de crédito o financiación para el consumo (art. 36 Ley 24.240).
Así las cosas, interpretando el caso bajo la letra de los arts. 3 y 36 de la ley 24.240, considero ajustado a derecho el decisorio recurrido en cuanto aplica la ley 24.240 al presente.
Pasemos al tema de la incompetencia.
En este punto, entiendo oportuno recordar lo sostenido por esta alzada en la causa 8069, R.S. 23/18.
Allí señalamos:
" Según se aprecia, no obstante la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, C.P.C.C.), la obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio.
En la hipótesis de constatar -en base a la ponderación de extremos serios y justificados- la existencia de una relación sustancial de consumo subyacente en la ejecución, deben los mismos resolver -aún de oficio- en concordancia con la solución establecida en el art. 36 de la mencionada Ley de Defensa de Usuarios y Consumidores. Caso contrario, corresponderá remitirse a los restantes preceptos generales o especiales concernientes a la materia.
En pocas palabras, la doctrina que fluye del citado precedente no se cristaliza en una solución establecida por esta Corte para fijar a priori el organismo que deberá conocer en la causa. Diversamente, emplaza al juez en la situación de analizar, en cada proceso en particular, la eventual existencia de una relación sustancial de consumo. De allí que la respectiva competencia territorial queda sujeta, en principio, al resultado de tal evaluación.
En línea con lo expuesto, cabe señalar que la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó (despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto el libramiento del correspondiente mandamientos -diligencia que se cumpliera- Y SENTENCIA MANDANDO LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN -NO HABIÉNDOSE PRESENTADO EN AUTOS EL EJECUTADO- ), no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio, en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C. 109.305 "Cuevas", resol. del 1-IX-2010 (conf. C. 119.166, resol. del 11-II-2016; C. 121.020, resol. del 26-X-2016; C. 121.285, resol. del 28-XII-2016)" .
Aplicando tales conceptos al caso concretos de autos me llevan, también a proponer la confirmación del decisorio cuestionado en este aspecto.
Por todas estas razones, e interpretando, ante duda, la situación en favor al consumidor (art. 3 de la ley 24.240) considero que se deberá rechazar los agravios traídos y confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fuera materia de agravios, ello sin costas atento a la ausencia de bilateralizacion (art. 68,2° p. del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio cuestionado en todo cuanto fue materia de agravios.
Sin costas de alzada , atento a la ausencia de bilateralización (art. 68, 2p. del C.P.C.C.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 02/02/2023 09:54:50 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2023 11:24:53 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/02/2023 11:27:12 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 02/02/2023 11:27:13 hs. bajo el número RS-1-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia