Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 39616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio cuestionado en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de Alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
Causa Nº MO-39616-2013
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "CADABAL CARINA LORENA C/ FERREIRA ALEJANDRA NOEMI S/COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-39616-2013" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio dictado el 1 de agosto del 2022, se alzó la representación letrada de Mercado Libre, interponiendo el 11 de agosto, recurso de apelación, el cual siendo concedido en relación, fuera fundado mediante el memorial del 29 de agosto del 2022, confiriéndose traslado del mismo el 31 de agosto, mereció la réplica del 12 de septiembre del 2022.
2. El 4 de octubre del 2022, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Preliminarmente, y luego de advertir en la lectura del mencionado memorial, la transcripción literal de varios de los argumentos ya oportunamente traídos por el apelante al presentar el escrito del 4 de julio del 2022, debo señalar que solo llevando al límite el elástico criterio del Tribunal para la apreciación de los recaudos enunciados prescindiré de proponer al Acuerdo la dinamización de la sanción de deserción.
Así más allá de algún aspecto puntual que resaltaré en el desarrollo del presente he de abordar el análisis del caso.
Y lo primero que diré, como introducción, es que la efectividad de la tutela jurisdiccional es un valor resguardado constitucionalmente (art. 15 Const. Pcial.)
Obviamente, para que los magistrados podamos dispensar tutela judicial efectiva, nuestros mandatos deben ser acatados.
De nada serviría emitir órdenes que, luego, las diversas personas que intervienen en el desenvolvimiento de la vida social, no los cumplen.
En este contexto, cobran especial relevancia aquellos mandatos que tienen que ver con la adopción de medidas que posibilitan la satisfacción de las condenas u órdenes de naturaleza económica o pecuniaria en los distintos procesos.
Así, cuando se le ordena algo a alguien (por ejemplo, un embargo de cuentas) es importante que lo cumpla efectivamente o que, si no está en condiciones de cumplir lo dispuesto, por alguna razón, así lo haga saber a la jurisdicción, en tiempo propio.
Si esto no sucede, la efectividad de la tutela se va diluyendo e, incluso, deben reiterarse actos procesales, que recargan la labor de abogados y tribunales.
Desde esta perspectiva, está fuera de discusión que, en su momento, la apelante no cumplió en tiempo propio con el primer embargo y tuvo que ordenarse un oficio reiteratorio, este ya con apercibimiento de astreintes (ver resolución del 15 de Junio de 2021).
Como allí tampoco cumplió, el 1 de Octubre de 2021 se dispuso hacer efectivo el apercibimiento e imponer la multa en favor de la actora.
Así posicionados, y visto el tenor de los agravios, es bueno recordar que esta Sala en la causa 45.050, (RSI-479-1) ha sostenido que: "Si bien las normas rituales no constituyen un fin en sí mismas posibilitan aquella aplicación del derecho de fondo dentro de las garantías del debido proceso que hace al efectivo ejercicio del derecho de defensa -arts. 18 y cc de la C.N.-; y dentro del debido proceso el mismo no se constituya en un "aquellarre" de presentaciones que pretendan volver sobre temas ya resueltos" .-
También este Tribunal en materia de preclusión ha argumentado que: "La preclusión, que consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio, nace cuando media conocimiento y silencio, y opera como un impedimento o una imposibilidad de reeditar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (...)" (causa nº 41707, RSD-32-00, el subrayado es de mi autoría).
El Superior Tribunal provincial ha definido a la preclusión procesal como "un instituto que garantiza uno de los principios que debe privar en toda causa judicial, estos es, la seguridad y consiste en la perdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio" (Ac. 73412 S 22-11-2000, "Boschetti, Rubén Dario c/Mario Medida Construcciones y/o Medina, Mario s/Cobro de pesos y daños").
Conforme tales argumentos y tal como esta Sala lo sostuviera en la causa 34.283 (RS-409-95) se puede concluir que la preclusión es de orden público, toda vez que lo que ella persigue es que los actos procesales queden firmes y no pueda volverse sobre ellos prolongando indefinidamente la duración de las causas.
A lo que debemos añadir que se llegaría a una disvaliosa situación si se permitiera volver indiscriminadamente sobre cuestiones precluídas en tanto una misma cuestión sería susceptible de ser resuelta en diversas oportunidades y -lo que es más grave- en sentido sustancialmente diverso.
Aplicando tales conceptos al caso de autos, frente a los agravios traídos por el recurrente, no puedo más que proponer la confirmación del decisorio cuestionado, toda vez que lo que realmente pretende el apelante es cuestionar la aplicación de las astreintes a Mercado Libre, cuestión, tal como lo remarca la magistrada de la instancia de origen -y pese al esfuerzo recursivo- se encuentra precluída.
El mismo quejoso, reconoce que el 1 de octubre del 2021, el juzgado de origen hizo efectivo el apercibimiento determinando en el auto de fecha 14 de junio del 2021, imponiéndose en consecuencia la multa de 2 Ius por cada día de retraso, a favor de la parte actora, computándose el devengamiento de la multa a partir del décimo día en que Mercado Libre SRL recepcionó el oficio electrónico de fecha del 30 de agosto del 2021, Mercado Libre fue notificado de esta resolución el 21 de octubre del 2021.
Esa era la oportunidad procesal de cuestionar la aplicación de astreintes y no ya en la etapa de liquidación de los mismos, tal como pretende el apelante, mediante los cuatro primeros agravios traídos.
Esto es bien expresado en el auto apelado y el quejoso no hace demasiado para demostrar, por qué, debería darse, ahora, la posibilidad de reabrir este debate cuando, en su momento, no objetó la resolución que había dispuesto la aplicación de las astreintes.
Es mas, en lugar de cuestionar la aplicación de dichas sanciones conminatorias, y luego de mas de un año de retraso en cumplir, quien hoy apela vino al proceso -como si nada hubiera sucedido- a efectuar la presentación del 18 de Noviembre de 2021.
Ciertamente, ese era el momento si tenía algo por decir, u objetar, en cuanto a la aplicación de las astreintes, y no uno posterior.
Ahora, en relación al quinto agravio el cual hace referencia al computo de días, solo cabe destacar que mas allá de algunas manifestaciones, los conceptos allí traídos son copia textual de los argumentos expuestos en el mismo sentido en la presentación del 4 de julio 2022.
En este sentido vale recordar el precepto contenido en el principio del segundo párrafo del artículo 260 del ritual, que al determinar las características que debe poseer una expresión de agravios -o memorial en su caso- expresamente dice " no bastará remitirse a presentaciones anteriores ".
Diré, finalmente, que no estoy perdiendo de vista el monto al que asciende la liquidación, pero la liquidación ascendió a ese monto, como fruto del incumplimiento (y no fue el primero), de la quejosa.
Por lo demás, el que no haya existido daño para la recurrente es una apreciación que debería ameritar un análisis mas profundo, si se tiene en cuenta la fecha en que se dispuso originariamente la cautelar (comunicada a la apelante en Noviembre de 2020 ) y el hecho de que, recién en Noviembre de 2021 , viene a decir que revisó 6 meses para atrás , y no encontró movimientos; lo cual nos deja una ventana de tiempo en la cual no es del todo claro si la demandad tuvo, o no, fondos depositados.
En definitiva, las astreintes pueden escindirse del monto del proceso y, en general, se fijan en relación a las circunstancias que rodean al destinatario de la orden.
Luego, si la apelante es una empresa de gran envergadura, que dejó sin contestar un requerimiento judicial por casi un año, y no ha quedado del todo claro, incluso, que dicho incumplimiento no le haya generado daños a la actora, mal deberíamos -ahora- reducir o morigerar la conminación, pues ello le restaría efectividad y diluiría la entidad del incumplimiento de la quejosa en relación a una orden que se le impartió judicialmente, y -como se viene diciendo- no cumplió (si hubiera cumplido, hoy no estaríamos discutiendo esto).
Así, la próxima vez que reciba una orden como la aquí emitida sabrá que, al menos en esta jurisdicción, deberá responderla en término, o asumir las consecuencias que de ello se deriven.
En virtud de lo expuesto, y por las razones ya indicadas, considero que se deberá confirmar el decisorio recurrido en todo cuanto fue materia de agravios, con costas al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA el decisorio cuestionado en todo cuanto fue materia de agravios.
Costas de Alzada , a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:29:37 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:41:37 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/02/2023 09:43:21 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 28/02/2023 09:43:22 hs. bajo el número RS-33-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia