Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 56112
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).
Causa Nº C9-56112
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "COMPAÑIA FINANCIERA ARGENTINA S.A. C/ PEREZ RICARDO Y OTRO S/ COBRO EJECUTIVO Causa N º C9-56112" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO - CUNTO, resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la resolución del 23 de febrero de 2023 se alzó la ejecutante quien interpuso recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el escrito del 2 de marzo, replicado el día 15 del mismo mes y año.
2. Llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Los agravios se direccionan claramente hacia el plazo de prescripción que la jueza ha tomado para rechazar la demanda, basándose para ello en la aplicación de la ley de defensa al consumidor.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
A fin de dar respuesta a la cuestión planteada, es necesario señalar, para poner las cosas en contexto, que nos hallamos ante un proceso de ejecución que fue iniciado en el año 2001 , por un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria que data del año 1996 .
Con todo, el expediente se encontró paralizado por un tiempo considerable y el ejecutado recién fue traído a proceso en el año 2022 y es allí donde opone la defensa de prescripción.
Pues bien, para seguir capitalizando elementos relevantes, vemos que el quejoso no discute, en su memorial, que se trate de una relación de consumo.
Pues bien, la jueza de grado enmarco el proceso bajo la normativa de la ley de defensa al consumidor y, así, hizo lugar a la prescripción opuesta por el ejecutado.
Señala la sentenciante de grado en el fallo en crisis que el art. 50 de la LDC en su redacción original establecía que las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años.
Expone la fecha del certificado de saldo deudor aquel articulo era de aplicación a estos obrados pues recién en el año 2008 se sancionó la ley 26.361.
Partimos de la base que la protección a los consumidores, deriva del imperativo constitucional del art. 42, inserto ni mas ni menos que en nuestra ley fundamental.
Con tal premisa, a mi entender resulta de aplicación el art.50 de Ley 24.240 (ley 26.361), toda vez que ella no sólo era la vigente a la expedición del certificado de cuenta corriente bancaria, sino que también resulta ser la más favorable para el consumidor.
El Anexo II punto 3.4 de la ley 26.994 modificó el art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor, dispone que las sanciones que emergen de la ley 24.240 prescriben en el término de tres años.
De tal modo, la norma quedó acotada a las sanciones, dejando de lado la referencia a las acciones judiciales.
En cambio el art. 50, modificado por la citada ley 26.361, contenía una solución legal expresa respecto de las acciones judiciales derivadas de relaciones de consumo, fijando el plazo de prescripción en tres años .
Además, se incluyó una cláusula pro consumidor, para cuando por otras leyes se fijaran plazos diferentes, de modo que funcionara de piso mínimo estándose siempre al plazo más favorable para aquél. Refiere el citado artículo que las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario (Cám.Civ.Com. Sala1 San Isidro, Causa 38433 R.S. 316/16).
Claramente es ésta la que resulta más favorable al consumidor.
Por todo ello, siendo de aplicación el plazo previsto de tres años (conforme ley 26.361) y toda vez que ha sido en el año 1996 el cierre de las operaciones, conforme se desprende del certificado que adjunta el ejecutante, al momento de iniciar la demanda, la deuda se encontraba prescripta.
El quejoso menciona jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no trae una cita precisa y, por mi parte, tampoco he podido ubicarla en el buscador oficial.
No es dato menor, por otro lado, que el caso no queda atrapado en ninguna norma expresa, sino que se pretende aplicar, por analogía, el plazo de la cuenta corriente mercantil.
Pero, he aquí una gran diferencia: la cuenta corriente mercantil presupone una operatoria entre dos comerciantes, y aquí la cuestión es distinta, porque se da entre un banco y un consumidor .
Por ello, entiendo acertado el razonamiento de la sentenciante.
Amén de lo cual, y no es dato menor, estamos hablando de un certificado de cuenta corriente que data del año 1996 .
O, sea, 27 años atrás.
El deudor fue traído a proceso recién en 2022 , luego de varias paralizaciones del proceso.
En tal contexto, admitir la defensa de prescripción, desde mi punto de vista, no es solamente legal, sino también justo, frente a la irrazonable situación que se genera ante la iniciación de un proceso, y su subsistencia, en estado latente, por mas de un cuarto de siglo, hasta que el ejecutante decide impulsarlo.
En definitiva, el texto del art. 50 de la ley 24.240, en la redacción anterior, atrapaba el caso y, por mas que el quejoso cite antecedentes de la C. Nac. Com., ello no modifica la interpretación que, desde mi punto de vista, cabe realizar del asunto en clave constitucional y de la mas elemental razonabilidad.
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas atento el carácter de la resolución (arg. art. 68 segunda parte del CPCC)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas atento el carácter de la resolución (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:07:31 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:26:29 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/04/2023 12:30:44 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE REGULACIONES DE HONORARIOS el 27/04/2023 12:30:45 hs. bajo el número RH-126-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia