Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 62868
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Causa Nº MO-62868-2016
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "FISCHER ELIBERTO ALCIDES C/ RODRIGUEZ MARIA LUCIA S/ COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-62868-2016" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra la resolución de la Señora Jueza titular del Juzgado Civil y Comercial nro. 2 departamental del día 25 de noviembre de 2022 se alzaron tanto la parte ejecutante como la ejecutada quienes interpusieron recurso de apelación; los mismos fueron concedidos en relación y se fundaron con los memoriales presentados los días 5 y 7 de diciembre de aquel 2022 que ha sido replicado el 9 de enero de 2023.
2. Llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Mientras que el ejecutante se agravia de la manera que la jueza aplicó los intereses, la ejecutada trae varias quejas en su escrito de fundamentación que apuntan a las costas impuestas a su cargo, a la manera en que se debe dar cumplimiento con la obligación asumida y por ultimo por la interpretación que realiza la jueza de grado de la letra del art. 765 del codigo de fondo.
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
En primer lugar me abocaré a las quejas traídas en relación a la imposición de las costas al ejecutado.
Así diré que las costas son las erogaciones que necesariamente deben hacer los sujetos del proceso, para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden, siendo principio general en la materia que el objetivamente derrotado debe resarcir íntegramente las mismas al vencedor (el sobresaltado me pertenece) (Cfr. Morello-sosa-Berizonce "Códigos Procesales", Tº II-B, pág. 59).-
Su objetivo está direccionado a que el vencedor, que obtiene que su derecho controvertido sea reconocido en su integridad, sea resarcido de los gastos que le originó el proceso.-
O sea que el carácter de vencido requiere contradicción contienda, ejecución forzada.-
En suma, el condenado en costas ha de sufragar la totalidad de los gastos que su contraria haya afrontado para la defensa de su derecho en el juicio más no los de otras partes no vinculadas procesalmente con la quien no ha habido contradicción o contienda sino que también ha sido condenada al pago de las costas en atención al resultado del litigio principal.-
Ahora bien.-
Y ya abocándome al caso concreto de autos ha dicho la doctrina, incluso la legal de la Casación provincial y la jurisprudencia, que: " el allanamiento a la demanda no exime de las costas si fue tardío por encontrarse el accionado en mora, o cuando con su conducta hubiere originado la necesidad de incoar el proceso a fin de obtener el reconocimiento judicial de los derechos o el cumplimiento de las prestaciones prometidas (PODETTI, Tratado de los derechos procesales, p. 390: PECACH, "El allanamiento a la demanda, a los dichos o pedidos de la contraparte: sus efectos jurídicos procesales", en La Ley v. 7, p. 58; JOFRÉ-HALPERIN Manual, 5° ed., v. IV, p. 106; SCBA, DJBA, v. 66, p. 145; Ac. y Sent., 1969-208, y varios fallos de cámaras de apelaciones en lo civil y comercial de esta provincia; Conf. MORELLO Y OTROS "Códigos...", T. II-B pág. 200, énfasis agregado).-
En esa línea argumental esta Sala ha dicho que "...tiene dicho la jurisprudencia bonaerense respecto del allanamiento, en posición que comparto, que este último, así sea real, incondicionado, oportuno, total y efectivo a la pretensión de quien peticionó no es causal suficiente de eximición, cuando por culpa de quien se allanó tuvo lugar la incidencia (Conf. CC0102, L.P., Causas nº 204914 RSI-42-92, Nº 215294, RSI-464-93; Sumario JUBA B150320). En igual sentido, se ha resuelto que la única posibilidad de que quien se allana obtenga la eximición de costas es que su reconocimiento reúna los requisitos del artículo 70 del CPCC y que su proceder anterior no hubiera dado motivo a la promoción del incidente (Conf. CC0102 MP, Causas Nº 94258, RSI-507-95; Nº 99352, RSI-1159-97; Nº 101152, RSI-548-97; Nº 106388, RSI-402-98; Sumario JUBA B1401243)"(esta Sala en causa nro. 27407 R.S. 230/12).
Vemos que en modo alguno el temperamento adoptado por la ejecutada en autos lejos está de eximirla de las costas del proceso pues su actitud ha sido la que impulso al actor a iniciar estos obrados, desestimándose los agravios en tal sentido.
En relación a las quejas relativas a la forma de dar fin a la obligación por parte de la ejecutada, debemos señalar que la posibilidad de pagar con el equivalente es en rigor una excepción sobre el orden legal de entregar la misma moneda pactada (identidad del pago, art. 867 y 868 CCC).
El modo de expresión que el art. 765 CCC utiliza para conferir la opción al deudor, confirma la ausencia de imperatividad, tratándose de un simple permiso y no de una obligación, ni de una prohibición. Cada uno sigue adeudando en su moneda (pesos o dólares) hasta el momento del pago (arg. 772 CCC) Cám.Civ.Com.2 Sala1 La PLata, causa 121411 RSD 21/19 S 26/02/2019).
La doctrina también coincide con tal criterio y así se ha manifestado al señalar que "...el art. 765 faculte al deudor a cancelar la obligación en moneda extranjera mediante la entrega de moneda nacional no implica necesaria y forzosamente que esa conversión deba realizarse al tipo de cambio oficial. No sólo eso no está previsto en la norma en cuestión, sino que además sería arbitrario y confiscatorio de los derechos del acreedor.
La realidad es que hoy en la Argentina conviven varios tipos de cambio diferentes, algunos de los cuales son plenamente legales y distan mucho de coincidir con el llamado tipo de cambio "oficial", existiendo la posibilidad de pagar las obligaciones en moneda extranjera utilizando la moneda nacional, pero calculada a un tipo de cambio real y que refleje verdaderamente el valor de la moneda extranjera pactada voluntariamente al contraer la obligación.
Es decir, el pago se realizará en moneda de curso legal, pero a un tipo de cambio que permita al acreedor mantener el poder adquisitivo de su crédito, en base a variables económicas reales y transparentes, y no artificiales y meramente hipotéticas" (conf. Mazzinghi, Marcos "El cepo cambiario y las obligaciones de pago en moneda extranjera", Publicado en: RCCyC 2015 (agosto), 17/08/2015, 202, Cita Online: AR/DOC/2603/2015).(Cám.Civ.Com. Quilmes, Sala 2 causa 21818 RS-67-2022 S 17/05/2022)
En la actualidad se observa una importante brecha entre el tipo de cambio oficial y el resto de los tipos de cambios legales (dólar MEP, dólar contado con liquidación, dólar PAIS).
Esta brecha pone en evidencia que la conversión de los dólares a pagar, a la cotización oficial publicada por el Banco de la Nación Argentina, que está completamente alejada del valor real de dicha moneda extranjera, no arroja una suma en pesos que satisfaga el interés del accionante, ya que con esa cantidad de pesos no podría adquirir en el mercado de cambios la cantidad de dólares a la que es acreedor.
Por ello, la facultad conferida en el mencionado artículo 765 debe ejercerse adoptando para la conversión, otros tipos de cambio que reflejen un valor del dólar cercano al real.
Considero apropiado adoptar al dólar MEP como tipo de cambio para convertir a pesos la obligación asumida en el mutuo en ejecución, dado que es un mecanismo que permite la adquisición legal y sin límites del dólar, consistente en la compra de un bono que cotiza en pesos, pero que es convertible en dólares y puede ser vendido en esa moneda.
Amén de lo cual, es el que mas se acerca a la suma, en moneda local, que permitiría al acreedor contar con la cantidad de monedad extranjera a la cual el deudor está obligado.
Mismo temperamento ha adoptado la Sala 3 de esta Excma. Cámara de Apelación Civil y Comercial cuando sostuvo que "De este modo entendemos que más allá de que la condena sea en dólares estadounidenses por ser la moneda en la cual se pactó la obligación, en caso de pretender cancelar -capital e intereses- en moneda de curso legal -pesos-, deberá hacerlo tomando como valor de referencia la cotización de la moneda norteamericana conforme la operatoria detallada (dólar M.E.P.) (Causa mo-23533-2017 R.S. 74/22)
Ahora me ocuparé de las quejas de la ejecutante quien ataca los intereses aplicados por la jueza de grado.
Cabe señalar en cuanto a la tasa de interés a aplicar que con fecha 12 de septiembre de 2002 mediante Acuerdo extraordinario Nº 543, esta Cámara modificó el Acuerdo Nº 367/94 y el fallo plenario recaído en los autos "Alves da Costa C/ D'Almeida Rubén Ricardo S/ Cobro Ejecutivo", Causa Nº 40.104, R.S. 237/98, estableciendo que en las ejecuciones individuales con o sin garantía real, en las que la suma comprometida se hubiere expresado en dólares estadounidenses, en función de lo dispuesto por el art. 617 del Código Civil, los accesorios del capital, sean estos de origen legal o convencional, se calcularán a la tasa del 2% anual desde la fecha de mora, procediendo la morigeración de las acrecidas de oficio o a petición de parte, siempre que en la convención no se estipulen porcentajes menores. Tal modificación obedeció a la especial situación económica por la que atraviesa el país dadas las constantes modificaciones legislativas en la mentada materia.
En consonancia con lo expuesto, y sin perder de vista el contexto económico del momento en que estamos resolviendo, corresponderá aplicar la tasa de interés "ut supra" mencionada -2% anual- desde la fecha de mora fijada en la sentencia de trance y remate y hasta el efectivo pago, confirmándose -en tal sentido- la decisión en crisis.
Y no obsta a lo expuesto las consideraciones que la parte actora recurrente esboza en su memorial.
Ello en base a que, todo lo relativo a los intereses está indisolublemente ligado al orden público, la moral y las buenas costumbres.
Así, es indiscutible la facultad que posee la jurisdicción de morigerar los intereses excesivos, inclusive de oficio.
Sin perjuicio de hacer notar lo expreso del texto del Acuerdo Extraordinario nº 543 al que vengo refiriéndome, viene al caso también recordar que los jueces pueden revisar los criterios establecidos para la fijación de los intereses, adaptándolos a las nuevas realidades económicas, no pudiéndose hablar de cosa juzgada que impida su revisión (conf. Morello, Augusto Mario; Sosa, Gualberto Lucas; Berizonce, Roberto Omar; “Códigos Procesales...” T VI C, pág. 306; en igual lineamiento puede verse Fana sumario 5011, Cam. Nac. Civ. Sala M, 24-5-1995, autos "Cons. Corrientes 4815 c/ Domb"; Fana sumario 14400, Cám. Nac. Civ. Sala A, 7-12-1999, autos "Díaz, Oscar R. y otro c/ Quintana, Miguel A."; Fana sumario 19831, Cám. Nac. Civ. Sala K, 9-9-2002, autos "Silberstein, Eduardo c/ Ovejero, Eduardo").-
No se trata ya aquí de mantener la sustancia de la obligación originariamente contraída sino de disponer las pautas para cuantificar -adecuadamente y sin transgredir el orden público, la moral y las buenas costumbres- las acrecidas de dicho capital.-
Bajo tales premisas, he de señalar que no comparto la línea argumental de la parte apelante y considero que -en razón de las circunstancias sobrevinientes, que son de público y notorio conocimiento- los intereses deberán calcularse a la tasa a la que más arriba me he referido y en la forma a la que allí hiciera referencia.
En tal contexto, corresponde desestimar las quejas de la parte apelante.
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar el fallo apelado en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Las costas serán impuestas en el orden causado atento a que ningún agravio ha tenido acogida (arg.art.68 segunda parte del C.P.C.C.)
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor Gallo.-
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Costas de Alzada en el orden causado (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2023 12:04:05 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 12:21:04 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2023 12:23:08 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 11/05/2023 12:23:09 hs. bajo el número RS-154-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia