Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 20795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución cuestionada en cuanto le otorga al demandado el beneficio de litigar sin gastos, dejando el mismo sin efecto, confirmándose , tal resolución en todo lo demás que fuera motivo de agravios.
Sin costas de alzada, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2°p. del C.P.C.C.).
Se difiere la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
Causa Nº MO-9761-2020
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO BICENTENARIA LIMITADA C (5)/ SALAS, HECTOR AMADO S/COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-9761-2020" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
1. Contra el decisorio del 2 de febrero del 2023, se alzó la parte actora el mismo día, interponiendo recurso de apelación; siendo el mismo concedido en relación, se presentó el 7 de febrero del 2023 el respectivo memorial, del cual se confirió traslado.
2. El 23 de febrero del 2023 se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Planteada así la cuestión considero necesario en primer lugar, abordar los agravios relativos al capital reclamado.
En relación a ello el apelante resalta que "...la sentencia no hace lugar al capital reclamado pese a haberse demostrado que el pagaré contiene las cuotas a cuyo pago se comprometió el deudor y no abonó. Por ello el capital reclamado es de 152.099 y no 63.000 referenciada en el contrato de mutuo antecedente".
Veamos, concretamente, qué dice la resolución cuestionada. en este punto:
"Teniendo en cuenta que conforme lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal AGENTE FISCAL - PRESENTA DICTAMEN (234300436021071428) respecto del capital puro, el capital reclamado en el escrito de inicio ($152.099 ), no coincide con el monto a financiar que surge de la documentación anexa ($63.000.-), de lo que se desprende que en el pagaré de consumo objeto de los presentes se han incorporado los intereses compensatorios pactados.
Considero que la pretensión del actor debe prosperar por el monto del capital puro efectivamente adeudado de $ 63.000.- , con más los intereses compensatorios y punitorios, los que deberán calcularse conforme lo dispuesto seguidamente (arts. 7, 729, 1094 y 1095 del CCCN), lo que así resuelvo".
Tal como cita en dicha resolución el 1 de febrero del 2023 el Agente fiscal, presento el mencionado dictamen, señalando:
"...estimo que se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el art. 36 de la ley 24240. En virtud de ello, estimo que en el momento procesal oportuno se deberá tener presente al Derecho del Consumidor, como una disciplina tuitiva que pretende equilibrar la dispar relación de fuerzas...."
En este punto, he de recordar lo sostenido por esta alzada en la causa 1272, R.S. 159/21:
" si el documento base de la ejecución, es un pagaré, el pacto de intereses compensatorios debe considerarse no escrito, porque son estos los que se presumen incluídos en el monto del pagaré (art. 5 dec. ley 5965/63, su doctr.), no así los moratorios, que sí pueden ser convenidos por las partes como sanción por retardo en el cumplimiento de la obligación, pues se trata de una cláusula no prevista por el régimen legal del dec. ley 5965/63 y, por ende permitida, y que en función del principio de autonomía de la voluntad, naturaleza de los derechos disponibles de que se trata y las exigencias del rigor cambiario de tender a la puntualidad del cumplimiento de las obligaciones, deben tenerse como válidamente formuladas, sin otra limitación que la correspondiente al ejercicio de las facultades morigeradoras del órgano judicial en el ámbito de lo dispuesto en el art. 656 del CC, si fuera del caso (arts. 52 inc. 2, 100, 103 DL 5965/63; 508, 509, 511, 512, 621, 622 del CC)".
Adentrándonos al caso concreto de autos vemos que el mutuo agregado al incoar la acción -génesis del pagaré- lo es por el monto de $63.000 , y aquel documento lo es por $152.099 .
Queda claro -entonces- que el pagaré ya contiene los intereses dentro del monto al que alude en concepto de capital, como lo señala el juez de grado.
Aquí nos detenemos para señalar que, cuando se requiere la documentación respaldatoria del título que se ejecuta, a los fines del art. 36 de la ley 24.240, lo razonable es que la documentación respaldatoria coincida con el título, y no otra cosa.
Por ello, encontrándonos en el ámbito del derecho del consumo -tal como lo enfatiza el agente fiscal- entiendo que los deberes de contralor por parte de la magistratura en cuanto a los títulos que se traen, se acrecientan.
Mas aun, teniendo en cuenta lo que indica el art. 36 de la ley 24.240 en cuanto a las indicaciones que se han de consignar en las operaciones financieras para el consumo.
En este contexto, tampoco podemos perder de vista que el temperamento de introducir, dentro de lo que sería el capital, montos por intereses diluye, totalmente, la posibilidad de contralor judicial de dichos intereses, de acuerdo con lo previsto por el art. 771 del CCyCN.
Posibilidad que, insisto, se intensifica cuando la cuestión queda atravesada por el derecho del consumo, atravesada por el orden público.
Además de consagrar un supuesto de capitalización que no está previsto en el art. 770 del mismo Código.
Por consiguiente, y pese al esfuerzo recursivo, no resulta atendible el agravio traído en este punto por la parte actora, debiéndose confirmar el decisorio cuestionada en este punto.
Analicemos, ahora, el agravio traído respecto a los intereses aplicados.
Sobre el particular, tiene dicho nuestro mas alto tribunal en causa 102.958 (fallo del 1/06/2011) que el art. 621 del Código Civil establece que " la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre deudor y acreedor. A su vez, el art. 622 del citado ordenamiento, refiriéndose a los intereses moratorios, prevé que el deudor moroso debe los interés que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses pactados, debe los intereses legales que las leyes especiales hubieren determinado. Si no hubiere fijado el interés legal, los jueces determinaran el interés que debe abonar".
De las normas jurídicas transcriptas surge con claridad que nuestro derecho admite por regla, la aplicación de los intereses tanto compensatorios como moratorios o punitorios a la tasa que las partes hubieren acordado.
Rige, entonces, el principio de la autonomía de la voluntad en virtud del cual las partes pueden pactar entre otros rubros, los accesorios, como así también las tasas a aplicar en concepto de intereses compensatorios y moratorios o punitorios (art. 621, 622 y 197 del C.Civ.) .
Ahora bien, como es sabido los jueces cuentan con la facultad de morigerar la tasa de interés convenida en los negocios privados cuando fuere abusiva, usuraria o confiscatoria , solución adoptada por numerosa jurisprudencia con base en lo preceptuado por el art. 21, 953, 954, 1071, 1198 y cctes. del Código Civil derogado.
Hoy, el art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación indica que " los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos ".
Cabe además memorar que desde esta Sala se ha dicho que " en varias ocasiones se ha venido disponiendo la aplicación de la tasa activa ante cuestiones de índole comercial -esta Sala en causa nro. 46.734, R.S. 37/02; 52.993, R.S. 107/07; 19.875, R.S. 72/12; entre infinidad de otras-.
Por lo expuesto precedentemente y siendo que en el caso de autos se pretende ejecutar un pagaré, teniendo incluso en cuenta lo que surge del art. 52 del Dec. Ley 5965, corresponderá la aplicación de la "tasa activa"".
Consecuentemente, del estudio de las constancias de las presentes actuaciones, lo peticionado al incoar la presente acción (art. 272 del C.P.C.C.) y teniendo en cuenta que el único recurrente es la parte actora, considero que la sentencia cuestionada se encuentra ajustada a derecho en cuanto a lo dispuesto respectos a los intereses que allí manda a aplicar.
Por último, he de tratar los agravios referidos al beneficio de litigar sin gastos, otorgado al consumidor en la sentencia.
Me remito a lo sostenido recientemente, por esta alzada en la causa en la causa 24.914, donde sostuvimos:
"...Vale entonces recordar para analizar el tema la letra de dichas normas.
Recordemos la letra de dichas normas.
El art. 53 de la ley 24.240 , dispone:
"Normas del proceso. En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio" .
Mientras que el art. 25 de la ley 13.133 destaca
" Las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. El juez al momento de dictar la sentencia impondrá las costas evaluando la proporcionalidad del monto de la pretensión y los costos del proceso con la capacidad económica de las partes".
Ahora bien, cabe destacar que en el presente caso la "consumidora" es la ejecutada, quien no se ha presentado en las presentes actuaciones, ni obviamente opuesto excepciones, dándosele, en la sentencia cuestionada, por perdido el derecho dejado de usar.
A tenor de tal circunstancias no considero ajustado a derecho el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos a la ejecutada, dado que tal decisión no respeta ni la letra ni el espíritu de los citados artículos (53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133), toda vez que no solo la consumidora no promovió la presente acción, sino, no compareció ante la misma y por ende no requirió el mentado beneficio ni solicitó nada al respecto.
Una cosa es la protección de los derechos de los consumidores y otra avalar, directamente, que una persona que contrae una deuda no la abone, no se presente en el proceso judicial que se inicie y, posteriormente, no pague las costas que correspondan, como derivación de todo esto".
Aplicando tal antecedente al caso concreto de autos, no habiendo el ejecutado solicitado el mencionado instituto en análisis, considero -en definitiva- que se deberá revocar el decisorio recurrido dejándose sin efecto el beneficio de litigar sin gastos otorgado.
En conclusión: de ser compartida mi postura por el colega de integración se deberá revocar la resolución cuestionada en cuanto le otorga al demandado el beneficio de litigar sin gastos, dejando el mismo sin efecto, confirmándose, tal resolución en todo lo demás que fuera motivo de agravios.
Ello, sin costas de alzada, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2°p. del C.P.C.C.).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE REVOCA la resolución cuestionada en cuanto le otorga al demandado el beneficio de litigar sin gastos, dejando el mismo sin efecto, CONFIRMÁNDOSE , tal resolución en todo lo demás que fuera motivo de agravios.
Sin costas de alzada, atento la ausencia de contradicción (art. 68 2°p. del C.P.C.C.).
SE DIFIERE la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, remitiendo copia de la presente a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN, DEJANDO CONSTANCIA DE QUE, PARA EL CASO DE SER NECESARIA LA ELEVACION DE LAS ACTUACIONES FRENTE A ALGUNA PRESENTACION DE LAS PARTES, LAS MISMAS SERÁN REQUERIDAS POR ESTE TRIBUNAL.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/06/2023 11:55:07 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2023 12:17:58 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2023 12:20:07 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/06/2023 12:20:07 hs. bajo el número RS-230-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia