Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 28012
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas atento lo novedoso de la cuestión (arto. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
Causa Nº MO-28012-2018
En la fecha indicada al pie, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "KASE SA C/ QUIROGA FLORENCIA GISELA S/ COBRO EJECUTIVO Causa N º MO-28012-2018" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: CUNTO-GALLO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR CUNTO, dijo:
1. Contra la resolución del 5 de mayo de 2023 se alzó el ejecutante interponiendo recurso de apelación; el mismo fue concedido en relación y se fundó con el memorial del 12 del mismo mes y año y que no mereció réplica alguna.
2. Llegados estos obrados a la Sala Segunda, desde la Presidencia de la misma y previo informe del Actuario, se llamó "AUTOS" , providencia que al presente se encuentra consentida dejando las actuaciones en condición de ser resueltas.
Claramente los agravios se direccionan hacia el rechazo de la ejecución por considerar el titulo inhábil.-
A los términos de la fundamentación recursiva cabe remitirse.
Que, planteada como viene la cuestión es menester decir que el art. 1 de la ley 24.240, modificado por la le ley 26.361, requiere, para ser encuadrado como consumidor, que la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa bienes o servicios, lo haga “…como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”, en tanto que el art.3 define la relación de consumo como el vínculo jurídico entre “…el proveedor y el consumidor o usuario…”. Por lo que, según el tenor de la ley, para poder definir el concepto de relación de consumo es necesario valerse de los conceptos de proveedor y de consumidor o usuario.
MONTI Eduardo Jorge, por una parte, define el contrato de consumo como aquél que se celebra entre un proveedor y el adquirente a título oneroso o gratuito sobre bienes o servicios para su uso o consumo propio, de su grupo familiar o social (siendo indiferente su concreción o no) mediante condiciones generalmente predispuestas (“Derecho de Usuarios y Consumidores”, segunda edición, pág.55, Cathedra Jurídica); y LORENZETTI Ricardo L., por la otra, dice que la finalidad (destino final del bien) no es considerada por alguna doctrina como elemento decisivo mientras haya agotamiento de uso por consumidores no profesionales, lo que considera un error, señalando que aunque existiera consumo final, si el bien es integrado en procesos productivos, queda excluido de la relación de consumo (“Consumidores”, págs.103, 104 y siguientes, Rubinzal-Culzoni, segunda edición actualizada, año 2009).
LORENZETTI sostiene que la relación de consumo es elemento que decide el ámbito de aplicación del derecho del consumidor, y por esa razón entiende que debe comprender todas las situaciones posibles (op. cit., pág.85).
Este criterio normativo de la relación de consumo se mantiene en el art.1092 del CCyCN, y el concepto de consumidor “…se califica en función del destino que le asigna…” a los bienes o servicios que adquiere o utiliza, según expresa el mismo autor en el “Código Civil y Comercial de la Nación” comentado, Tomo VI, pág.232.
Bajo esta perspectiva, a mi juicio, resulta claro que asiste razón al apelante cuando se agravia por la inexistencia de prueba en autos sobre el destino final del “igual valor recibido en efectivo“ por parte del ejecutado.
Esta ausencia de afirmación y prueba impide también la aplicación del art.1095 del CCyCN porque la interpretación más favorable al consumidor tiene como antecedente lógico la determinación de ese carácter. Es decir, en mi inteligencia, primero hay que probar que estamos ante una relación de consumo y luego aplicar la legislación consumeril.
No se me oculta que en “Cuevas“ la SCBA (voto del juez Hitters punto 2 “d”), al igual que en la sentencia recurrida, se ha tenido por acreditada la relación de consumo sobre la base inferencias extraídas de las condiciones particulares de las partes, la actividad principal desarrollada por la actora, el monto reclamado, el número de ejecuciones similares en el departamento judicial y la calidad de persona física de la parte ejecutada, todas la cuales sin embargo nada dicen sobre aquel destino final requerido por la norma.
Por mi parte, y como dijera el juez Vassallo en su voto minoritario en el plenario autoconvocado de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial del 29/6/2011, descarto absolutamente que por la sola calidad de las partes pueda inferirse, sin más, una relación de consumo.
Mucho menos aun comparto la idea de que monto del juicio o la cantidad de juicios similares en el mismo departamento judicial constituyan indicios de una relación de consumo en este caso concreto, sujeto a decisión; más bien me parece una conclusión forzada la de sostener que porque una sociedad tramita muchos juicios ejecutivos entonces el nuestro responde a una relación de consumo.
Primero, porque de la cantidad de juicios no se deriva lógicamente la conclusión de que este sea un proceso de consumo; segundo, porque de aquellos otros juicios sólo conoceríamos sus carátulas sin saber hasta ahora qué sucede en ellos ni cuáles son sus montos, ni si versan sobre relaciones de consumo; y tercero porque, en todo caso, ello sólo nos daría la idea de que estaríamos ante un proveedor en los términos de la ley consumeril, sin que estuviera acreditado en éste, como no lo está, que el ejecutado sea un consumidor
Y aquí vuelvo al voto minoritario del plenario de la CNAC en cuanto a que si bien la empresa prestadora de un servicio financiero desarrollado de manera profesional encuadra indudablemente en el concepto de proveedor, no siempre el cliente de esa operación financiera es el destinatario final de la prestación efectuada, por lo que no necesariamente encuadra en el concepto de consumidor.
Concluyendo, en este caso concreto, no encuentro acreditado el carácter de consumidor del ejecutado, y con ello no resulta probada la relación de consumo.
2. Ahora bien, sabemos que el título que se ejecuta en este proceso es un pagaré librado por el ejecutado y que, como tales, es un título abstracto, literal, completo, necesario, y en los que cada transmisión por endoso produce una adquisición originaria del título con las importantes consecuencias que ello importa.
Conforme estos principios básicos de los títulos circulatorios, que surgen del decreto ley 5965/63, el crédito del portador legitimado del título surge del mismo pagaré, y por definición y conforme sus propias reglas, no necesita ser completado ni integrado con otros elementos.
Por eso es que, a mi juicio, toda vez que a un pagaré se le quite la abstracción, la literalidad y la completividad estaremos en presencia de un instrumento diferente que no será un pagaré, sino un novum genum, pero nunca un pagaré.
Y toda vez que le apliquemos al endosatario las normas del derecho del consumo, estaremos transformado el endoso en la cesión de créditos del derecho civil, no obstante las diferencias importantes y sustanciales que existen entre ambas formas de transmisión (conforme surge del voto del juez Pettigiani en “Cuevas”).
Sin embargo, son ampliamente mayoritarias la jurisprudencia y la doctrina contrarias a lo que aquí he expuesto.
En efecto, en lo que concierne a la provincia de Buenos Aires, la SCBA ha sentado doctrina legal reiterada en sentido contrario a lo que hasta aquí he expresado, pero a la que se ajusta el fallo de primera instancia, conforme resulta las sentencias dictadas en “Cuevas“ (C.109.193 del 11/8/2010), “Asís” (C.121.684 del 14/8/2019 ), “Crédito para Todos S.A. c/ Eslanga s/ Cobro Ejecutivo“ (C.117.245 del 3/9/2014), “Credil SRL c/ Rodríguez Gisela Soledad s/ Cobro Ejecutivo” (C.123.660 del 29/10/2021), entre muchos otros.
Por lo tanto, conforme resulta de la doctrina legal, corresponde tener por acreditado que las partes estaban vinculadas por una relación de consumo, por lo que debió cumplirse con las normas de orden público que rigen sobre la materia.
En estas condiciones, y dejando a salvo mi opinión personal ya expuesta, corresponde rechazar la ejecución porque, como bien expresara la juez de primera instancia, no aparecen cumplidos los recaudos el art.36 de la ley 24.240 en el pagaré que se ejecuta, ni en la documentación complementaria surgen cumplidos aquellos recaudos.
Por lo expuesto, por razones de economía procesal, y en razón del acatamiento que debo a los fallos de la SCBA que han sentado la doctrina legal aplicable para casos análogos (art.161 inc. 3° “a” de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, arts. 279 y 289 del CPCC; MORELLO-SOSA-BERIZONCE, “Códigos Procesales…”, Tomo IV, cuarta edición ampliada y actualizada, pág.378, Abeledo-Perrot, año 2016; SCBA, causa 123.271, autos “Brizuela Rubén Matías c/ Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I.E.I.", del 30/3/2021, apartado III.4.a del voto del juez Soria, al que adhirieron los restantes jueces), propongo que se confirme la sentencia recurrida en todas sus partes, las costas por su orden atento lo novedoso de la cuestión resuelta (art. 68 pár. 2°, C.P.C.C.).-
IV. CONCLUSION:
Si mi propuesta es compartida se deberá confirmar el fallo apelado. Costas por su orden atento lo novedoso de la cuestión resuelta (art. 68 pár. 2°, C.P.C.C.).-
Voto entonces por
LA AFIRMATIVA
A LA CUESTION PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO , dijo:
No obstante las discusiones y controversias doctrinarias y jurisprudenciales que hasta el momento se han verificado, la temática traída encuentra respuesta en la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, dictada en la causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" del 14 de Agosto de 2019.-
En esencia, allí se ponía de resalto que:
"Por mucho que las notas relativas a la creación, circulación y ejecución de los papeles de comercio, así como sus caracteres primordiales de autonomía y abstracción, abrevan en el marco de relaciones jurídicas que se refieren a derechos disponibles configuradas en un ordenamiento de fondo específico (dec. ley. 5.965/63), es inocultable que la consagración de reglas protectoras del consumidor se aplican e imponen modulaciones relevantes".-
Destacando que: "la búsqueda de un balance racional entre las determinaciones consagradas en la LDC y las disposiciones reguladoras del pagaré –que obviamente deben ser cumplidas (v. art. 101, dec. ley 5.965/63)- así como las de los procesos de ejecución, en orden al alcance de la restricción para adentrarse en los aspectos causales de la obligación (causas C. 91.162 y C. 117.939, cits.), constituye un empeño, más que plausible, necesario. Pues a poco andar se advierte que la aplicación excluyente de estas últimas enervaría la fuerza normativa de la LDC, con la consiguiente frustración del derecho de quien se obliga por medio de un pagaré de consumo a la información precisa, detallada, clara y veraz que prescribe su art. 36, derecho que recién podría ser invocado, de manera tardía y probablemente ilusoria en el juicio ordinario posterior.
De todas formas el rechazo de la postura que desconsidera la operatividad de la LDC no ha de conducir a abrogar por completo el marco jurídico de la ejecución cambiaria, ni necesariamente hace intransitable la vía del cobro ejecutivo del pagaré. Si la documentación acompañada por el ejecutante permite comprobar el cumplimiento del art. 36 de la LDC no parece excesivo, al menos en casos como el de autos, permitir el uso de aquella vía.
Lo expuesto pone en evidencia que la recta comprensión del asunto supone avanzar por el sendero de la confluencia o consideración integradora de las normas en juego, en la inteligencia de que el examen que el derecho promueve consiste en indagar en lo que aquéllas dicen jurídicamente, tanto como en consultar su sentido, de manera que guarden congruencia con los principios de la Constitución (Fallos: 334:13; 336:760) y hagan posible el desenvolvimiento normativo armonioso por sobre el conflicto o la antinomia (Fallos: 286:301; 307:360; entre otros; B. 60.788, "Marra", sent. de 10-IX-2014; con cita de CSJN Fallos: 327:1507 y 329:2876). Por ello, cabe procurar un entendimiento coherente y sistemático de los textos (v. mi voto en C. 110.848, "Lombardo", sent. de 26-VI-2013, entre muchas), descartando lecturas rígidas o aisladas.
En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción".-
Expuesto ello, y bajo tales premisas, pasamos a resolver el caso.-
Aquí la Sra. Juez de Grado requiere que se aporte determinada documentación a los fines de analizar el cumplimiento de los recaudos previstos por la LDC.-
En cuanto al recurso de la ejecutante, el mismo no es de recibo; es que, en verdad, son pocos los argumentos que se traen allí que impliquen un embate directo contra los postulados de la sentenciante, siendo mayormente cuestionamientos de índole subjetiva y vinculados con el desarrollo de su propia actividad para sumar a ello la solicitud de préstamo, de la cual no se encuentra cumplido con los recaudos tal como los intereses como lo remarco el Agente Fiscal.
Así -a la luz de lo expuesto y el criterio de la Suprema Corte de Justicia local- la ejecución no puede continuar solo en base al pagaré, como se lo pretende en los agravios.
Por lo demás, la LDC era normativa vigente al momento de librarse la cambial que pretende ejecutarse; luego, si existía una relación de consumo y el proveedor del servicio no se ajustó a sus normas (de orden público) ello no puede tener aptitud para colocarlo en una mejor situación procesal.-
Frente a ello, y con el aludido criterio de la Suprema Corte, estimo que -como lo decía- la ejecución no puede proseguir solo en base al pagaré.-
Consecuentemente, y por tales razones, entiendo que el recurso no es atendible, mereciendo la resolución apelada nuestra confirmación.
Por tales razones adhiero a la propuesta del Dr. CUNTO.
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE CONFIRMA la resolución apelada en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Sin costas atento lo novedoso de la cuestión (arto. 68 segunda parte del C.P.C.C.)
REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del Acuerdo 4013/21 de la S.C.J.B.A., mediante resolución autonotificable, a los siguientes domicilios electrónicos:
DEVUELVASE SIN MAS TRAMITE AL JUZGADO DE ORIGEN
Firmas
Funcionario Firmante: 26/10/2023 12:11:50 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2023 12:52:41 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/10/2023 12:53:29 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 26/10/2023 12:53:30 hs. bajo el número RS-449-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia