Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 3896
Registro N° /2020
Fojas
En la ciudad de Pergamino, el Julio de 2020, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 3896-20 caratulada "Pardo S.A. C/ Mazor, Walter Daniel s/ Cobro ejecutivo" , Expte. N° 75.047 del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia, Roberto Degleue y Bernardo Louise, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia en la providencia de fs. 33, punto II) intimó al ejecutado Mazor Walter Daniel para que dentro del término de TRES (3) días comparezca personalmente ante el Infrascripto a efectuar el reconocimiento que determina el Art. 523 Inc. 1º del C.P.C., bajo apercibimiento de lo dispuesto por el Art. 524 del mismo Código. Ordenó notificar con transcripción del Art. 524 del C.P.C.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la actora en el escrito electrónico de fecha 04/05/2020, concedido en relación y con ambos efectos el 18/05/2020.
Con fecha 09/06/2020 se llama autos para dictar sentencia, providencia que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
El caso traído a examen pone nuevamente en evidencia la controversia legal y su consecuente interpretación jurisprudencial y doctrinaria, en el supuesto de ejercicio de una pretensión ejecutiva fundada en un título de crédito -pagaré-, derivado de un negocio jurídico para el consumo.
He tenido oportunidad de expedirme en la materia, en causas anteriores -N° 3646 RSD 111/2019 y 3654 RSD 112/2019-, partiendo de la debida armonización que es menester procurar entre los ordenamientos que rigen la materia cambiaria y consumeril. Así, cuando es comprobada la relación de consumo en que se da el libramiento de un instrumento abstracto de crédito, en su ejecución habrán de compatibilizarse la regla que veda el análisis y discusión causal, con el sistema de protección al consumidor previsto en la LDC. Es decir, que el análisis del negocio en cuyo marco se librare, ha de ser necesario para verificar el cumplimiento del art. 36 de la ley 24.240.
Hice referencia en aquellas ocasiones al criterio de la Cámara de Apelación de Azul, que en el acuerdo plenario de fecha 9/3/17 -autos “HSBC Bank Argentina c/Pardo Cristian D. s/Cobro Ejecutivo“-, expresó por mayoría que “El pagaré de consumo puede integrarse con documentación adicional relativa al negocio causal, dentro del mismo juicio ejecutivo, conformando un título complejo que deberá contener información clara y veraz y además cumplir con los requisitos previstos en el art. 36 de la LDC para las operaciones de financiación o crédito para el consumo...En lo que respecta a su oportunidad procesal, la integración de la cartular debe realizarse respetando el derecho de defensa del consumidor, la bilateralidad del proceso y el principio de congruencia (arts. 15 de la Const. provincial; 34 inc. 5, 163 inc. 6, 529, 542 ss. y cdtes. del Código Procesal). Por ello, la documental adicional debe acompañarse en Primera Instancia teniendo como límite el dictado de la sentencia definitiva, oportunidad en que el Juez debe analizar la habilidad del título, sin que se admita su integración en la alzada." y de la Cámara Segunda de Apelación de la Plata, Sala 1, causa N°120271 RSD 221/16: “El pagaré de consumo debe integrarse con la información requerida por el art. 36 ya que ello hace a la habilidad del título. La aptitud ejecutiva del título con el cual se deduce la ejecución debe ser analizada por el juez como director del proceso al despachar la ejecución (primer despacho, lo cual hace a la eficacia de su labor), sin perjuicio de que lo puede hacer hasta el dictado de sentencia, lo cual impone permitir que el ejecutante integre el título con la documentación respectiva, ello en virtud de la falta de regulación legislativa expresa y en aras del principio de seguridad jurídica (art. 42 C.N., 38 Const. Prov.; 1.2.36 y 65 LDC; 34 inc. 5, 384, 529 y 549 del CPCC).”
Y resulta decisivo en la tarea de arribar a una solución armonizante de las normativas aplicables, que permita la compatibilización de los derechos del consumidor pero asimismo la tutela del crédito, el reciente fallo de la SCBA, citado por esta Alzada en los precedentes arriba mencionados y al que alude el apelante en su memorial, en el que el Superior Tribunal expresó: "En ese plano de congruencia sistemática es claro que la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. nac.; 15, Const. prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC). Como también lo es que en situaciones como las ventiladas en esta causa la indagación en los aspectos sustanciales (del negocio jurídico extracambiario) se corresponde con el postulado señalado y pone a resguardo los derechos informativos que amparan al consumidor (art. 42, Const. nac.). De tal suerte, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante. Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autonómamente, satisface las exigencias legales previstas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción." (Causa C. 121.684, "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" de fecha 14/08/19).
Debo acotar que el Tribunal Superior rechazó en tal caso el recurso de inaplicabilidad interpuesto por el Fiscal General actuante contra el decisorio de Cámara que revocaba el de primera instancia en cuanto resolvía que el pagaré no era ejecutable dado el contrato que le había servido de causa- préstamo para consumo- pues no aparecían satisfechos en el mismo los requisitos de la LDC y mandaba a tramitar proceso sumario. La Alzada entendió que el contrato de solicitud de préstamo que lo complementa, establecía los términos y condiciones correspondientes al crédito, y tuvo por cumplidos los recaudos de la mencionada ley, disponiendo la preparación de la vía ejecutiva, tal como resolvió en la especie el Juzgador primero.
Entiendo que dado el alcance de los agravios expuestos en la instancia extraordinaria desde la óptica del ejecutado -que partían de considerar vulnerado el régimen que ampara a los consumidores y afirmaba que de tal modo se creaba pretorianamente un título ejecutivo complejo no previsto en la regulación procesal (art. 521 COCC), criticando que a los fines de la habilidad del título, se haya integrado el pagaré de consumo con el contrato que le sirvió de causa-, el Superior Tribunal se expidió a ese respecto, partiendo de la necesidad de sopesar la concurrencia de distintos textos normativos, armonizando sus reglas y principios, concluyendo que el pagaré, cuando tiene su raíz en un vínculo jurídico alcanzado por el art. 36 de la ley 24.240, puede ser integrado con los documentos que instrumentan el negocio causal.
El fallo de la Corte sienta doctrina legal en ese orden al rechazar el recurso extraordinario del Ministerio Público. El Tribunal expresamente señaló que ello era menester dadas las diferencias interpretativas existentes entre los distintos órganos jurisdiccionales de alzada de la Provincia (punto IV.4.c).
Pero soy de opinión que tal doctrina no se extiende a la exigencia de preparación de la vía ejecutiva dispuesta en ese caso pues ello se enrola ya en la forma que el Juez puede escoger para efectivizar la constatación del cumplimiento de la LDC, cuestión no tratada expresamente por el Superior luego de concluir, frente al agravio fiscal centrado en la improcedencia de la mentada integración, que ésta corresponde, no habiendo mediado por lo demás, recurso del ejecutante.
Y apuntalo mi interpretación, en la consideración efectuada en el fallo (últ. párr. punto IV.6.a.) al referir a lo decidido por la Cámara, "Ese modo de obrar, que cabe juzgar aquí en el marco de lo resuelto por el a quo y de los agravios articulados ante esta Corte, no contraviene los parámetros interpretativos antes mencionados."
Analizado lo anterior, he de proponer al acuerdo que el recurso en tratamiento sea recibido y se revoque la decisión del Juez primero en la que intima al ejecutado a efectuar el reconocimiento que determina el art. 523 inc. 1 del CPCC.
El art. 36 de la ley de defensa al consumidor impone la exigencia de que en las respectivas operaciones se consignen expresa y claramente determinados datos que tienen por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales en tanto de resultar abusivas, pueden ser declaradas ineficaces (art. 37). El ejecutante acompañó la documentación complementaria dirigida a satisfacer lo dispuesto en la normativa de consumo y corresponde entonces verificar tal extremo -sin que ello importe la necesidad de requerir reconocimiento de firma de la ejecutada en la documental accesoria traída-, para, en su caso, dar curso a la ejecución librando el correspondiente mandamiento de intimación de pago y citación de venta.
Con dicho criterio ha decidido la Sala Primera de la Cámara Segunda de La Plata, causa 123337 RSD 74/2018, voto del Dr. Sosa Aubone, "...corresponde que en la instancia de origen se decida acerca de la suficiencia de la documentación accesoria adjuntada y en su caso dar curso a la ejecución librando el correspondiente mandamiento de intimación al pago y citación de venta, o en su caso declarar la inhabilidad del título y consecuente rechazo de la acción intentada, resultando innecesario citar a la ejecutada a reconocer la firma inserta en la misma, pues -como se dijo- lo que aquí se pretende ejecutar es el pagaré -título ejecutivo conforme lo normado por el art. 521 inc. 5to del CPCC- y no el contrato de mutuo.".
Finalmente, considero apropiado remarcar que esta tesitura no ha sido modificada por la sentencia dictada por la Corte Provincial en la causa "Recupero On Line S.A. C/ Vera Jose Roberto S/ Cobro Ejecutivo" de fecha 18/09/2019. De la resolución aludida no se desprende la necesaria exigibilidad de la preparación de la vía ejecutiva en orden a la ejecución del pagaré de consumo, sino simplemente la facultad judicial de requerir el acompañamiento de la documentación a través de la vía procesal pertinente en caso de que hubiese sido omitida (cuestión que no ha ocurrido en autos toda vez que la documentación ha sido oportunamente acompañada). Y aún cuando ello no fuera así, el aludido requerimiento previo está sujeto a la estimación judicial del magistrado, de manera que esta Cámara como instancia revisora bien podría diferir respecto de la valoración efectuada por el aquo. En virtud de ello, entiendo que del citado fallo no puede inferirse que la preparación de la vía ejecutiva en el supuesto del pagaré de consumo integrado constituya una condición de cumplimiento inexcusable para dar trámite a la pretensión ejecutiva.
Por las razones dadas, citas legales y jurisprudenciales, con el alcance indicado.
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión el señor Jueces Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
A la misma cuestión el señor Bernardo Louise votó en disidencia y dijo:
Disiento respecto a la solución conferida a la presente causa por mis colegas preopinantes.
Reconsiderando la cuestión, es preciso comenzar recordando que esta Cámara resolvió en la causa N° 3741-19 caratulada "Pardo S.A. C/ Battellini s/ Cobro Ejecutivo" que correspondía revocar la decisión del Juez primero en la que intimó al ejecutado a efectuar el reconocimiento que determina el art. 523 inc. 1 del CPCC con carácter previo a dar trámite a la pretensión ejecutiva del pagaré de consumo, con base en que el ejecutante había acompañado la documentación complementaria a fs. 16 y 19 (solicitudes de crédito), dirigida a satisfacer lo dispuesto en la normativa de consumo y por tanto correspondía proceder a verificar tal extremo sin que ello importe la necesidad de requerir reconocimiento de firma de la ejecutada en la documental accesoria traída.
En sustento de la innecesariedad de la preparación de la vía, este Tribunal había citado un precedente de la Sala Primera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata (causa 123337 RSD 74/2018) en el que se decidió que "...corresponde que en la instancia de origen se decida acerca de la suficiencia de la documentación accesoria adjuntada y en su caso dar curso a la ejecución librando el correspondiente mandamiento de intimación al pago y citación de venta, o en su caso declarar la inhabilidad del título y consecuente rechazo de la acción intentada, resultando innecesario citar a la ejecutada a reconocer la firma inserta en la misma, pues -como se dijo- lo que aquí se pretende ejecutar es el pagaré -título ejecutivo conforme lo normado por el art. 521 inc. 5to del CPCC- y no el contrato de mutuo".
Sin embargo, con posterioridad al fallo de referencia, la Casación Provincial tuvo oportunidad de pronunciarse específicamente sobre esta cuestión en la causa "Recupero On Line S.A. C/ Vera Jose Roberto S/ Cobro Ejecutivo" de fecha 18/09/2019, en la que el objeto de la ejecución era precisamente un pagaré de consumo. En el citado precedente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires reconoció ampliamente la facultad de los jueces para examinar si los papeles cambiarios acompañados reúnen los recaudos previstos por el art. 36 y, en lo que aquí interesa, para ordenar si lo juzga necesario su acompañamiento a través de la vía procesal pertinente (art. 523 CPCC) en el supuesto de que hubiesen sido admitidos: "...los jueces se encuentran habilitados para examinar si los papeles cambiarios abastecen los recaudos exigidos por el mentado art. 36, pudiendo valorar aquellos instrumentos complementarios que se hubieran acompañado en la demanda y/u ordenar su acompañamiento en el supuesto que se hubiesen omitido, a través de la vía procesal pertinente (arts. 34 inc. 5, apdo. "b", 36 inc. 2 y 523, CPCC)". Este criterio fue ratificado con fecha 16 de Octubre de 2019 en la causa n° 122155 caratulada "Banco Columbia S.A. C/ Barreto Juan Manuel S/ Cobro Ejecutivo".
En función de lo expuesto, entiendo que el Alto Tribunal ha hecho una especificación concreta de la doctrina legal sentada en la causa "Asociación Mutual Asís" (sent. de 14-VIII-2019, n° n° 121.684) en el sentido de legitimar la preparación de la vía como una medida ordenatoria válida (no necesariamente obligatoria) dentro del marco de atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere al juez para controlar la habilidad del pagaré de consumo.
Asimismo, considero que no concurren razones objetivas, determinantes y suficientes que me autoricen a evadirme de lo dicho por la Casación Provincial, toda vez que la decisión de convalidar la exigencia de la preparación de la vía ejecutiva constituye una opción hermenéutica posible dentro del marco de alternativas interpretativas jurídicamente válidas, aún cuando no haya sido la opción estimada como preferible a la que originariamente suscribió esta Cámara en oportunidad de pronunciarse sobre la cuestión debatida.
Como consecuencia lógica de lo dicho hasta aquí, entiendo que no media contradicción entre el fallo recurrido y la doctrina legal de la Casación provincial, sino por el contrario hay más bien adecuación objetiva entre lo decidido y los alcances específicos del criterio sentado por la Corte, tal como se desprende de los pronunciamientos referidos.
A mayor abundamiento, he de recordar que nuestra Corte Provincial ha dicho que: "El acatamiento que los tribunales hacen a la doctrina legal de esta Corte responde al objetivo del recurso extraordinario de inaplicabidad de ley, esto es procurar y mantener la unidad en la jurisprudencia, y este propósito se frustaría si los tribunales de grado, apartándose del criterio de la Corte, insistieran en propugnar soluciones que irremisiblemente habrían de ser casadas. Ello no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de esta Corte, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues les basta -llegado el caso- dejar a salvo sus opiniones personales " (cfr. SCBA, Ac.42965, S 27-11-90 Ac. 48428 S 17-2-98, entre otros, JUBA Sum B 21335, CAP, Causa Nº 6554/08 RSD Nº 19/09 del 9/3/09). A partir de ello, he de propiciar dejar de lado el criterio seguido hasta aquí y ajustando la postura a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia provincial en el precedente citado ut supra, confirmar lo decidido por el Juez de grado (CAP Causa 551 RSD N° 104/10 del 20/9/10-Fojas 561/7).
Desde una perspectiva sistémica, no es ocioso referir también que la solución propiciada por la Casación Provincial se halla en línea con el régimen jurídico aplicable a los instrumentos privados de acuerdo al cual el reconocimiento de la firma es condición necesaria para hacer valer un documento de esta naturaleza en juicio. Al respecto, el art. 314 del CCyC dispone: "Reconocimiento de la firma. Todo aquel contra quien se presente un instrumento cuya firma se le atribuye debe manifestar si ésta le pertenece". Así pues, la norma recoge idéntica solución que la que propicia el art. 1028 CC. Lo que la ley ha previsto es una especie de inescindibilidad entre el reconocimiento de la firma y el reconocimiento del cuerpo del instrumento.
Finalmente, entiendo que tratándose de un proceso concerniente a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores conforme lo advierte en este acto, antes del dictado de sentencia que resuelve sobre el fondo del asunto, corresponde dar vista al Ministerio Fiscal de acuerdo con los argumentos que fueran expresados en su voto en la causa N° 3852-20 caratulada "Salituri, Esteban Nicolás c/ Telecom Personal S.A. S/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)".
En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar la decisión adoptada en la instancia de origen y rechazar la apelación subsidiaria.
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Jueces Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido que la señora Jueza Graciela Scaraffía.
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar por mayoría es:
1. Hacer lugar al recurso interpuesto y en su mérito revocar la providencia apelada, debiendo el Juzgador de origen decidir respecto de la suficiencia o no de la documentación adjuntada a los fines del cumplimiento de la LDC y en su caso dar curso a la ejecución librando el correspondiente mandamiento de intimación de pago y citación de venta o declarar la inhabilidad de los títulos cuya ejecución se pretende y el consecuente rechazo de la acción intentada (arts. 521 inc. 5 y ccs. CPCC; 36 y ccs. ley 24.240).
2. Sin costas por no mediar oposición y resultar ajeno el motivo de la apelación respecto del obrar de la contraria (conf. arts. 68 2da parte, 289 y arg. art. 298 del C.P.C.C. y SCBA, "B. , M. V. contra D. , J.M. . Incidente de alimentos", causa C. 117.807, 1 de abril de 2015).
ASI LO
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.