Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5422
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5422-24 caratulada "CREDITOS DEL INTERIOR S.R.L C/ GOMEZ ARIEL ALEJANDRO S/ COBRO EJECUTIVO", Expte. 89.312 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 2, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia en lo apelado?.
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia en esta causa de trance y remate, mandó llevar adelante la ejecución hasta tanto Ariel Alejandro Gomez haga al acreedor Créditos del Interior S.R.L., íntegro pago del capital reclamado, de pesos cuatrocientos setenta mil con 0/100 ($470.000,00), con más los intereses pactados, a partir de la fecha de la mora 10/06/2023. Asimismo, dejo a salvo la facultad del suscripto de morigerar intereses al momento de la liquidación en los términos del art. 771 del Código Civil y Comercial de la Nación. Finalmente, impuso las costas a los perdidosos y difirió la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta que obre en autos liquidación firme.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 14-8-2024, fundado en el momento de interposición, concedido en relación, no habiendo la parte demandada evacuado el traslado conferido.
Elevados los autos a esta Alzada, en fecha 26-9-2024 se llamó autos para resolver, providencia que, firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
En sustento de su crítica recursiva, el apelante se queja de que no ha sido tratado su pedido de inconstitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria establecida en el art. 7 de la ley 23.928, argumentando que el contexto inflacionario genera una pérdida desproporcionada del valor del crédito reclamado, en desmedro del derecho de propiedad y del debido proceso de su mandante. Solicita que se contemple el ajuste del capital adeudado mediante índices como el IPC, CER o RIPTE, para asegurar la integridad económica del crédito al momento de dictarse sentencia.-
Entrando a resolver, es dable advertir que el núcleo de la disconformidad expresada por el apelante se centra en la falta de tratamiento del planteo de constitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 en tanto fundamento del pedido de actualización que fuera oportunamente formulado.-
En virtud de ello, corresponde a esta Alzada verificar si en efecto la cuestión invocada ha quedado pendiente de resolución y, en su caso, determinar si corresponde expedirse sobre la misma definiendo -si así fuese- la respuesta jurídica aplicable al caso.-
En este sentido, puedo advertir que la parte actora ha introducido la cuestión denunciada como omitida en su presentación electrónica de fecha 13/06/2023. Sin embargo, la sentencia dictada en fecha 13/8/2024 no se ha pronunciado sobre la temática de referencia.-
Advirtiendo tal omisión, como así también la pertinencia de la cuestión introducida en tanto planteo jurídico con virtualidad para incidir en la entidad y extensión del crédito judicialmente reclamado -independientemente de lo que finalmente se decida-, procederé a resolver el punto en cuestión.-
Ello así con fundamento en el art. 273 del CPCC que habilita al tribunal a decidir sobre los puntos omitidos en la sentencia de primera instancia, aunque no se hubiese pedido aclaratoria, y siempre que se solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, causa N° 4849-23 caratulada "MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO C/ NUEVA CHEVALLIER S.A. S/ APREMIO", 11/4/23).-
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe advertir al Juzgado de origen para que en lo sucesivo arbitre los medios conducentes para prevenir la omisión de tratamiento de todas aquellas cuestiones sometidas a decisión, toda vez que un proceder judicial como el observado en la especie opera en detrimento del máximo rendimiento de la doble instancia como manifestación específica del derecho a recurrir en tanto garantía constitucional comprendida en el debido proceso (art. 18 y 75 inc. 22 de la CN).-
Sobre el materia impugnada, anticipo que el agravio formulado no resulta de recibo.-
Como primera cuestión, corresponde ponderar que el presupuesto fundamental de procedencia del pedido de inconstitucionalidad no ha sido debidamente justificado en el caso concreto. Puntualmente, el apelante no ha demostrado acabadamente la afectación grave del derecho de propiedad (art. 17 de la CN) patentizada en la brecha sustancial entre el sistema tradicional (capital histórico con más intereses convenidos) y el sistema reformado introducido a partir del precedente "Barrios" (capital indexado con más tasa de interés puro).-
En efecto, del juego armónico del art. 330 del CPCCBA que establece la carga del actor de explicar claramente los hechos en que se funde la demanda y el art. 375 del aludido cuerpo normativo que impone la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido que el juez no tenga el deber de conocer como de los presupuestos de hecho que invocare como fundamento de su pretensión, puede inferirse lógicamente que la carga argumentativa y probatoria tendiente a demostrar los presupuestos fácticos fundantes del pedido realizado corresponde a quien lo realiza.-
Y si bien es cierto que este Tribunal ha relevado en otros pronunciamientos anteriores a la parte actora del cumplimiento de la mentada carga probatoria (vgr. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, 5284-24 caratulada "VISKOVICH ELBA ADRIANA Y OTRO/A C/ DEMINICIS GIAN FRANCO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", 29/8/2024), un doble orden de circunstancias me disuaden aquí de mantener idéntica tesitura.
En primer lugar, los intereses convenidos entre las partes (tasa de interés resarcitorio del 10% mensual y tasa de interés punitorio del 5% mensual) son sensiblemente superiores a la tasa de referencia adoptada para la determinación de los accesorios en materia resarcitoria, razón por la cual la determinación de la brecha justificativa del vicio constitucional no deviene tan clara, categórica ni inequívoca como en aquel supuesto.-
En segundo término, la perceptible disminución de la tasa de inflación en el último año dificulta acudir a la teoría del hechos público y notorio para eximir a las partes de la prueba de la depreciación monetaria en tanto aspecto fáctico ineludible para evidenciar la insuficiencia grave del método de actualización vigente y consecuente configuración del vicio de inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.-
Tal razonamiento se halla en línea con el considerando del V.16.e. de la doctrina legal sentada en "Barrios" (SCBA, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", causa C. 124.096, 12/4/2024), de cuyo tenor se desprende implícitamente que cuando el órgano jurisdiccional carezca de elementos para definir, con la certeza necesaria, la entidad del gravamen experimentado por el acreedor, no habrá base cierta suficiente para llevar a cabo el escrutinio constitucional.-
Por otra parte, es dable referir que el proceso ejecutivo presenta un cauce procesal limitado que en principio cercena la posibilidad de discutir cuestiones de constitucionalidad que de ordinario reclaman un amplio marco de debate y prueba. Sobre tal aspecto, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes ha dicho que: "Que el control de constitucionalidad de las leyes y normas que incumbe a la judicatura, no importa la posibilidad de que los jueces sustituyan el criterio de los órganos de gobierno, en cuanto a la conveniencia o eficacia que los mismos efectúan en ejercicio de facultades que, en principio, le son privativas; razón por la cual, la inconstitucionalidad de aquellas solo corresponde que sea declarada cuando la repugnancia a la cláusula constitucional que se invoca sea manifiesta; y la incompatibilidad inconciliable. Ello, por tratarse de un acto de suma gravedad institucional, considerado como última "ratio" del orden jurídico (cf. esta Sala, causa n° 5277, RSI-67-02; causa n° 5261, RSI-72-02; causa n° 5305, RSI-74-02; causa n° 5362, RSI-76-02; causa nro. 5462, RSD-118/2002 entre otras). Requiere, por lo tanto, un amplio debate y pruebas que posibiliten un análisis integral de la totalidad de cuestiones de hecho y de derecho que sean trascendentes y conducentes para la resolución del caso, que no puede darse en los procesos ejecutivos, pues su ámbito cognoscitivo se halla especialmente acotado (arg. arts. 542 y 551 CPCC). De allí, que la jurisprudencia y doctrina predominante -a la que ésta Sala adhiere- encuentra particularmente inviable el planteamiento y análisis de cuestiones vinculadas a la inconstitucionalidad de las normas; por exceder el acotado y ya referenciado margen de conocimiento que en el juicio ejecutivo se permite" (Conf. ALSINA Hugo, "Tratado..." T° V, págs. 270/271; BUSTOS BERRONDO H. "Juicio Ejecutivo", pág. 312 y sgtes.; ver fallos en DONATO Jorge E. "Juicio Ejecutivo", págs. 643 y sgtes.).-
Lo expuesto asume particular relevancia en relación a la materia impugnada, habida cuenta de que la Corte Provincial ha delineado un complejo método de control de constitucionalidad cuando el escrutinio normativo recae sobre la prohibición de indexar prevista en los arts. 7 y 10 de la ley 23.298. En este aspecto, lejos de habilitar una invalidación automática o genérica de la disposición en cuestión, la Casación Provincial propicia un test de procedencia e instrumentación de la pretensión constitucional que debe meritar múltiples factores: "El juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio (a la luz, v.gr., de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial)". Todas estas adecuaciones de la relación jurídica controvertida que resultan necesarias para asegurar la incolumnidad del crédito, reclaman a las claras un amplio marco de debate y prueba que exceden a priori los límites de conocimiento del juicio ejecutivo.-
Por último, es menester reconsiderar el marco sustancial y procesal dentro del cual se pretende la aplicación de la doctrina "Barrios" en el presente juicio ejecutivo.-
En efecto, estamos ante una ejecución cuyo título tiene como base una relación de consumo. Consecuentemente, el Juez en tanto director del proceso, tiene el deber de determinar con un criterio de eficacia (arts. 18, 31 y 42 de la Constitución Nacional; 15 y 38, Const. Prov.; 518, 521 y 529, CPCC), la aptitud ejecutiva del título y, además, que el proceso garantice el derecho de defensa en juicio - v.gr. que el consumidor sea demandado ante el juez de su domicilio - y se cumplan las normas imperativas que imponen consignar en la operación que vincula a las partes los requisitos previstos en el art. 36 LDC, cuya omisión se sanciona con la nulidad (arts. 18 y 42, Const. Nac.; 15 y 38, Const. Prov.; 518, 521 y 529, C.P.C.C.).-
De allí entonces que, superada la oportunidad que tiene el accionante a fin de acreditar que no se trata de una relación de consumo y el cumplimiento del deber de información que imperativamente impone el art. 36 bajo pena de nulidad (aunque el sentenciante de grado no lo haya así dispuesto técnicamente), si el instrumento con el cual se deduce la ejecución (pagaré de consumo) no reúne los recaudos esenciales que emergen de la interpretación armónica de la legislación cambiaría (arts. 101 a 104, dec. ley 5965/63) y la normativa consumeril (art. 36 LDC), que han transformado al pagaré en un título complejo, ya que si es librado en una relación de consumo y no contiene en su cuerpo las referencias causales que hacen a la operación base y del cual surja el cumplimiento imperativo requerido en el art. 36 LDC “bajo pena de nulidad”, se debe integrar con el contrato en virtud del cual se libró el mismo - que deberá cumplir con lo normado bajo pena de nulidad por el precitado artículo -.-
Frente a la ausencia de tales recaudos, que hacen a la habilidad del instrumento y al carácter de “buena fe” del portador legitimado, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y el consecuente rechazo de la ejecución, sin perjuicio de la posibilidad de accionar por la vía ordinaria, donde el consumidor no encontrará las limitaciones defensivas que emergen del juicio ejecutivo (arts. 163, 164, 384, 529 y 549, C.P.C.C.; 36, LDC; 101 y 102, dec. ley 5965/63; 1 y 2, CCCN).-
Es que en las operaciones de crédito para consumo, los instrumentos en los que se las formalicen, deben consignar expresa y claramente los siguientes datos: descripción del bien o servicio contratado; precio de al contado del mismo; pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; tasa de interés efectiva anual; costo financiero total; sistema de amortización del capital y de los intereses; cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y gastos extras que hubiere. Y ello, bajo pena de nulidad. El cumplimiento de tal normativa hace al carácter de buena fe del portador legitimado (art. 36 de la LDC).-
A la luz del derecho que tiene el consumidor de ser informado (art. 4 LDC), es el proveedor quien está obligado a suministrar la información de la operación en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. El artículo citado agrega que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión.-
En ese sentido se ha destacado que el consumidor que pide un préstamo no debe en el mismo acto de contratar realizar ningún tipo de operación matemática para conocer el capital que devuelve en cada cuota, su tasa de interés y/o el importe total a devolver (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240) -Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala I "CABANCHICK GASTON C/ GATICA GUILLERMO CIRILO S/COBRO EJECUTIVO " (causa: 135595), 22/2/2024).-
Por otra parte, no debe olvidarse que precisamente la ley pone en cabeza del que reviste la noción de "proveedor" (art. 2, ley 24.240) el cumplimiento de los requisitos en análisis por ser precisamente quien está en mejores condiciones de acercar los elementos necesarios, imponiéndose en caso contrario la sanción de la nulidad.-
Como consecuencia lógica de lo expuesto, resulta fácil advertir que la aplicación de la doctrina "Barrios" en la especie devendría incompatible con las prescripciones instituidas en el art 36 de la ley 24.240 degradando la virtualidad del deber de información que la legislación consumeril procura garantizar a los consumidores financieros. En particular, la información del "monto financiado" (inc. c) y del "monto de los pagos a realizar" quedaría pulverizada si se dispusiese una vez celebrada la relación de consumo, la ulterior actualización de los montos sobre la base de la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928.-
Dicho de otro modo, el caso sometido a juzgamiento pone de relieve la existencia de un pagaré debidamente integrado con la documentación complementaria que da cuenta del cumplimiento de los requisitos informativos exigibles a los proveedores financieros (ver condiciones generales de préstamos en documentación adjunta al escrito electrónico de fecha 13/6/2024). Ahora bien, si se procediese de conformidad con la doctrina "Barrios", la información que ad initio resultó suficiente para garantizar la observancia de tales recaudos, devendría a la postre ineficaz para justificar la trasmutación del sinalagma contractual. De donde se sigue la imposibilidad jurídica de aplicar la doctrina "Barrios" a la situación analizada.-
Se podrá replicar rápidamente que la Constitución Nacional debe prevalecer por sobre las prescripciones establecidas en una norma legal. Sin embargo, la objeción se desvanece a poco que se considera que el deber de información agravado previsto en el art. 36 de la ley 24.240 trasunta una regla legal constitucionalizada ya que reconoce raigambre constitucional en la protección de los intereses económicos de los consumidores consagrada en el art. 42 de la Constitución Nacional.-
La Corte Suprema de la Nación ha dado claras señales en este sentido al vindicar la preeminencia de las normas de protección del consumidor cuando su aplicación deviene necesaria para garantizar la especial protección que el artículo 42 de la Constitución Nacional le confiere al consumidor (CSJN, 11/6/19, "Recurso de hecho deducido por la Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en la causa HSBC Bank Argentina S.A. c/ Martínez, Ramón Vicente s/ secuestro prendario").-
Téngase presente que la información a la que hace referencia el art. 36 no sólo concierne a un aspecto meramente formal de la relación de consumo financiero, sino que se halla íntimamente vinculada a la posibilidad del consumidor de prestar un consentimiento plenamente válido, toda vez que el contenido informativo tiende a suplir el estado de inferioridad cognoscitiva en tanto condición constituyente para el ejercicio de la autonomía de la voluntad.-
Sobre la relación entre el deber de información y el consentimiento válido del consumidor y su particular relevancia en procesos ejecutivos, se ha dicho que: "La existencia de una relación de consumo tiene significativas implicancias en tanto la ley 24.240 consagra un sistema protectorio de los consumidores de raigambre constitucional (art. 42 C.N, y art. 38 Const. Pcia. Bs. As.) que atraviesa los vínculos de derecho privado que deben, cuando entran dentro de su esfera de aplicación, adaptarse a aquél. La existencia de éste ordenamiento de orden público conlleva, en el caso particular de las operaciones financieras para consumo la necesidad no solo de cumplir determinados recaudos que apuntan a la correcta información al consumidor -con el objeto de lograr un consentimiento informado del contratante- de las condiciones del compromiso al que se está sometiendo (conf. Art. 1100 CCyC) -en particular, al art. 36 de la ley 24.240-, sino también la necesidad de brindar al consumidor una adecuada protección de sus derechos e intereses, lo que impone que sus defensas a la hora de ser parte en el procedimiento jurisdiccional no se vean cercenadas, lo que ciertamente ocurre con motivo del rigor procesal que impone el juicio ejecutivo, que establece una tramitación que prioriza la celeridad por sobre la amplitud de debate, postergando esto último a la realización del denominado juicio ordinario posterior" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, "Favacard S.A. c/Leguizamon, María Soledad s/cobro ejecutivo", 30/08/16).-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. No hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirmando en un todo lo decidido en el
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.