Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 36298
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución apelada, debiendo en la primera instancia disponerse lo necesario para preparar la vía ejecutiva en los términos del artículo 523 del CPCC.
Remitir las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes para el sorteo de un nuevo Juzgado en lo Civil y Comercial departamental, con comunicación por oficio de lo aquí resuelto al Juzgado de Paz Letrado de Pilar
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado.
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 7 días del mes Noviembre del año Dos mil diecinueve se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “NORTH RENT A CAR S.A. C/ MIGUENS MATIAS DANIEL S/ COBRO EJECUTIVO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada el señor juez doctor Llobera dijo:
I. El Juez de Primera Instancia declaró inhábil el pagaré obrante a fs. 2 por entender que, instrumentando una relación de consumo, debieron agregarse los documentos que demuestran el negocio causal, en los términos del artículo 36 de la ley 24.240. En consecuencia rechazó la ejecución y ordenó su archivo, con costas al ejecutante.
Esta resolución fue apelada por la actora (23-9-2019), quien fundó su recurso en el escrito de fecha 4-10-2019.
Manifiesta que en el caso de autos no se encuentra configurada una relación de consumo, ya que no se dedica a otorgar servicios financieros. Al respecto, expresa que alquila automóviles y que el pagaré que intenta ejecutar corresponde a la operatoria comercial normal a los fines de resguardar créditos respecto a diferentes deudores.
II. En primer lugar, es preciso indicar que no se aprecia, en principio y en este estado de las actuaciones, la verificación de una relación de consumo entre las partes, pues el hecho de que la demanda se haya entablado por una persona jurídica no hace presumirlo, dado que no obra en la causa constancia alguna mediante la cual se puede determinar que la ejecutante se dedica al otorgamiento de servicios financieros; ello sin perjuicio de lo que en su momento pueda alegar y acreditar el accionado. Tampoco puede inferirse tal circunstancia de la denominación de la actora (arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240 –según ley 26.361- y 1092 y 1094 del CCCN); criterio que coincide con la opinión brindada por el Fiscal en el dictamen de fs. 27/28.
En consecuencia, propongo que se revoque lo decidido al respecto, dejándose sin efecto la declaración de inhabilidad con fundamento en que el título que se ejecuta instrumentaría una relación de consumo.
III. Sin perjuicio de ello, se advierte que el Juez de Primera Instancia expresó en los considerandos de la resolución cuestionada, que el título que sirve de base a la presente acción no cumple con los requisitos del artículo 101 del decreto ley 5.965/63, ya que carece de lugar de creación (fs. 31 vta., primer párrafo).
Más allá que no se haya mencionado esta cuestión en la parte dispositiva al desestimar la ejecución, entiendo que, conforme a las facultades otorgadas por el artículo 529 del CPCC, corresponde que me expida al respecto.
En efecto, este Tribunal que integro ha resuelto que por imperativo legal, el Juez, previo a intimar de pago y citar de remate al demandado, debe examinar cuidadosamente el título que sirve de base a la ejecución (art. 529 CPCC). Así "el examen que debe realizar el juzgador transcurre por los recaudos que se han visto al analizar los requisitos para poder proceder ejecutivamente" (Arazi Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires anotado y comentado, Rubinzal - Culzoni, 2° ed., T° II, pág. 324; causa n° SI-23780-2015, reg. 609 del 13-12-2017).
Lo que hace a los requisitos formales y sustanciales que debe reunir el pagaré, se encuentran reglados en el Decreto-ley 5.965/63.
El artículo 101 de dicha norma dispone que los vales o pagarés deberán contener:
-La cláusula "a la orden" o la denominación del título inserta en el texto del mismo y expresada en el idioma empleado para su redacción.
-La promesa pura y simple de pagar una suma determinada.
-El plazo de pago.
-La indicación del lugar del pago.
-El nombre de aquel al cual o a cuya orden debe efectuarse el pago.
-Indicación del lugar y de la fecha en que el vale o el pagaré han sido firmados.
-La firma del que ha creado el título (suscriptor).
A su vez, el artículo 102 del decreto ley citado, dispone que el título al cual le falte alguno de los requisitos indicados no es válido como pagaré; salvo en los casos en que no se haya indicado el plazo para el pago, en donde se lo considera pagable a la vista o cuando, a falta de indicación especial, el lugar de creación se tome como lugar de pago y se fije como domicilio del suscriptor (esta Sala, causa n° SI-38472-2014 r.i. 249/2016).
Respecto a la mención del lugar de creación, se ha sostenido que "al indicar el artículo 101 del Dec/Ley 5965/63 cuáles son los requisitos que debe contener un pagaré, se señala, en su inc. 6°, que debe indicarse el lugar y fecha en que el documento ha sido firmado y, si ese recaudo es omitido, ello hace caer al cartular como tal. En ese sentido el artículo 103 del mismo plexo, que remite al régimen de la letra de cambio como aplicable al pagaré, en ningún momento incluye a la disposición del artículo 2° del mismo cuerpo que sí permite remediar la falta de consignación del lugar de emisión del instrumento en la forma allí expuesta, con lo cual, siendo el artículo 102 citado un precepto especial y específico aplicable al caso, la omisión en cuestión quita al documento virtualidad como pagaré" (CACC San Martín, "Banco Finansur S.A. c/ Genes, Santiago Claudio s/ Cobro Ejecutivo", 69759, RSD-210/15 del 03-09-2015).
En el mismo sentido, se dijo que "no es válido como pagaré el documento en que se haya omitido mencionar el lugar en que se lo firmó" (Ignacio A. Escuti, Títulos de crédito. Letra de cambio, pagaré y cheque, Editorial Astrea, 9° ed., 2006, págs. 70 y 72 respectivamente).
Este requisito, entonces, surge como esencial, por lo que no puede faltar en el título denominado "pagaré" (arts. 60, 101, 102 y 103 Decreto-ley 5.965/63).
Del documento obrante a fs. 2, que en original tengo a mi vista, surge efectivamente que carece de lugar de creación.
Ahora bien, esta Sala ha sostenido que, aunque el título carezca de lugar de emisión, no será válido como pagaré, pero sí como “instrumento privado” puesto que contiene un reconocimiento de una suma líquida exigible, resultando viable la acción ejecutiva de conformidad con los artículos 518, 521 -inc. 2º- y 523 -inc. 1º- del CPCC (causas nº 77.083, r.i. 382/98 y n° SI-44055-2011 r.i. 55/2012, entre otras).
En el mismo sentido se dijo que, si en el documento no se enuncia el lugar de creación, la falta de este requisito lo invalida como pagaré, resultando inaplicable al caso la solución prevista por el artículo 2 -párrafo cuarto- del decreto 5.965/63 para la letra de cambio, pues esa norma no es supletoria del régimen del pagaré. Empero, aunque no valga como pagaré por carecer del referido lugar de creación, si el documento contiene los presupuestos relativos a la obligación exigible de dar una suma de dinero líquida, aquello no importa restarle fuerza ejecutiva (art. 521, inc. 2, del CPCC). Es que el documento carente de indicación de lugar de emisión puede servir como título en la vía ejecutiva y opera la apertura de tal procedimiento cuando es invocado como instrumento privado continente de una promesa de dar una suma de dinero, o es hábil para fundar la sentencia ejecutiva, cuando luego de despachada la ejecución quien le imputa la omisión de esa mención no acompaña su argumento defensivo con una explicación sobre el motivo por el cual esa ausencia debiera obstar a su cobro (CACC, La Plata, Sala I, “Canonico c/ Zampetti s/ Cobro ejecutivo”, 9-4-02, r.s.d. 45, esta Sala causas citadas).
Ello así, si bien el documento privado agregado a fs. 2 contiene una obligación de dar una suma de dinero liquida y exigible, no consta con la certificación de sus firmas, por lo cual en forma previa a proveerse la ejecución deberá, en la instancia de origen, prepararse la vía ejecutiva en los términos del artículo 523 del CPCC.
En consecuencia, propongo que se revoque en este sentido la resolución apelada.
IV. Habiendo emitido opinión la Juez de Primera Instancia respecto de las cuestiones apeladas, deberán remitirse las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes para el sorteo de un nuevo Juzgado en lo Civil y Comercial departamental, con comunicación por oficio de lo aquí resuelto al Juzgado de Paz Letrado de Pilar (doc. arts. 28 y cc. del CPCC).
V. Atento a la forma en que se proponen resolver las cuestiones planteadas, las costas de ambas instancias deberán soportarse en el orden causado (art. 68 del CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Juez doctora Sánchez, por los mismos fundamentos, votó por la negativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la resolución apelada, debiendo en la primera instancia disponerse lo necesario para preparar la vía ejecutiva en los términos del artículo 523 del CPCC.
Remitir las presentes actuaciones a la Receptoría General de Expedientes para el sorteo de un nuevo Juzgado en lo Civil y Comercial departamental, con comunicación por oficio de lo aquí resuelto al Juzgado de Paz Letrado de Pilar
Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado.
Regístrese, ofíciese y remítase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Diego E. Bulnes
Secretario Adjunto
Fin de la sentencia