Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 1468
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA) Confirmar la resolución de fs. 261.
B) Imponer las costas de Alzada a Jose Vicenti Finelli.
San Isidro, 12 de Noviembre de 2019.
I. Mediante resolución de fs. 261 el Juez de Primera Instancia suspendió el trámite del proceso, se inhibió de seguir entendiendo en las actuaciones y dispuso remitirlas al Juzgado en lo Civil y Comercial n°8 del Departamento Judicial de San Martín, donde tramita el concurso preventivo del ejecutado.
Jorge Vicenti Finelli interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra dicho pronunciamiento, expresando en el mismo escrito los fundamentos de su embate (fs. 267).
Manifiesta que, si bien es correcto que el demandado inició su concurso preventivo, se soslayó que en dichas actuaciones, con fecha 13-3-2019, se resolvió tenerlo por desistido del referido proceso.
Afirma que, aunque dicha resolución no se encuentre firme, resulta prematura la remisión al Juzgado aludido.
El Magistrado rechazó la revocatoria interpuesta argumentando que el pronunciamiento recurrido no resulta susceptible de ser atacado mediante dicho recurso y concedió la apelación subsidiaria (proveído del 15-7-2019).
II. El artículo 21 LCQ regula los efectos del concurso preventivo respecto de los juicios seguidos contra el concursado.
En dicha norma se establece el denominado fuero de atracción, el cual es una forma de desplazar la competencia de los jueces naturales a favor de los juicios universales.
La razón de dicho instituto radica en evitar que acreedores del deudor puedan agredir el patrimonio insolvente en beneficio propio, en desmedro de los acreedores concurrentes que participan del concurso en situación de igualdad. Es decir, constituye una manifestación del principio de universalidad, que procura mantener la unidad del patrimonio, incluso en sentido procesal.
En razón de ello, concita la remisión de todos los juicios contra el deudor al juzgado del concurso, salvo excepciones taxativamente establecidas, lo cual conlleva un desplazamiento de las reglas de la competencia originaria, atrayendo al juicio universal todas las causas de contenido patrimonial iniciadas en contra del presunto deudor por título anterior a su presentación en concurso preventivo (Graziabile, Dario y otros, Régimen Concursal, Primera Ed., Abeledo Perrot, pág 620).
Si bien lo expuesto constituye la regla general, la citada norma establece una extensa serie de excepciones al mentado fuero de atracción, quedando excluidos, principalmente, los procesos de expropiación, los de conocimiento de contenido patrimonial contra el concursado, los que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales.
En definitiva, el campo de aplicación del principio rector queda reducido a lo que la ley no dice, pues lo que no se puede hacer después de la publicación de edictos de la apertura concursal es ejecutar los bienes del concursado, no afectados a garantías reales. Las restantes ejecuciones, en cambio, por no estar dentro de las excepciones, no pueden iniciarse ni proseguirse (conf. Adolfo Rouillon, Regimen de Concursos y Quiebras, Ed. Astrea, pág 89/90).
III. En la especie, resulta oportuno poner de relieve que, conforme surge de las constancias de la Mesa de Entradas Virtual de la SCBA (https://mev.scba.gov.ar), con fecha 1-10-2018, Daniel Packebusch inició su concurso preventivo (Expte. n° 80.336), el cual quedó radicado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial n°8 del departamento judicial de San Martín.
Si bien el 13-3-2019 se tuvo por desistido al presunto deudor del referido proceso, en forma posterior se hizo lugar a la revocatoria presentada por aquel (proveído del 5-7-2019), dictándose el 19-9-2019 la resolución de apertura concursal.
Conforme lo expuesto, ponderando que el concurso preventivo aludido se encuentra en trámite, que la acción ejecutiva aquí promovida no está alcanzada por las excepciones que establece el artículo 21 LCQ y que su causa es anterior a la presentación concursal del ejecutado (fs. 4/6, 5-3-2012), resulta acertado el criterio adoptado en cuanto dispuso suspender las actuaciones y remitirlas al Juzgado donde tramita el concurso del demandado.
Cabe destacar que, si bien se ha dictado sentencia de remate contra el deudor (fs. 71), ello no obsta a la radicación de la causa ante el Juzgado donde tramita el proceso universal, pues las actuaciones atraídas serán la razón y fundamento de la pretensión verificatoria que pueda llegar a ejercer el acreedor. (CnCom, Sala A, Causa n° 56690/07, sent. del 15-3-2016).
Conforme lo expuesto, teniendo en cuenta el carácter de orden público de las disposiciones que rigen la materia, corresponde confirmar la resolución de fs. 261, con costas al actor por resultar vencido (art. 21 LCQ; art. 68 del CPCC).
IV. Por todo ello este Tribunal, Resuelve:
a) Confirmar la resolución de fs. 261.
b) Imponer las costas de Alzada a Jose Vicenti Finelli.
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Diego E. Bulnes
Secretario Adjunto
Fin de la sentencia