Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Isidro, Sala I · Causa 44141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma la resolución de fecha 29-8-2019, en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Las costas se imponen a la ejecutante vencida (68 CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los 4 días del mes Marzo del año Dos mil veinte se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres Hugo O.H. Llobera y Analía Inés Sánchez, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: “DOMENIANNI YANINA TAMARA C/ OCARANZA LUIS ORLANDO S/ COBRO EJECUTIVO” y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Doctores Llobera y Sánchez, resolviéndose, plantear y votar la siguiente:
C u e s t ió n
¿ Es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, el señor juez doctor Llobera dijo:
I. El juez interviniente, encuadrando el caso en la Ley de Defensa del Consumidor, dispuso que el actor debía cumplir con lo normado por el artículo 36 de la referida norma en el término de cinco días (resolución de fecha 29-8-2019).
Dicho pronunciamiento fue apelado por Yanina Tamara Domenianni (24-9-2019), quien fundo su recurso en el escrito de interposición.
En primer lugar, expresa que el demandado nunca negó la deuda y que incluso tiene parte de su salario embargado desde hace dos años y nunca objetó dicha circunstancia.
Por otra parte, cita antecedentes jurisprudenciales de esta Alzada que hacen a su derecho, en los cuales se resolvió que "en el marco de juicios ejecutivos, el examen cuidadoso del título que debe hacer el magistrado sólo debe limitarse a comprobar si éste se halla comprendido en los artículos 521 y 522 del mismo plexo normativo o en otra disposición legal, y si se encuentran cumplidos los presupuestos procesales, no debiendo extremarse aquél hasta incursionar en derechos reservados al deudor, que podrá ejercerlos o no por vía de las excepciones pertinentes".
En función de lo expuesto, considera que la resolución recurrida debe dejarse sin efecto.
Al tomar intervención el Agente Fiscal, en los términos de los artículos 29 de la Ley 14.442 y 1°, inc. "b", de la Resolución del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires n° 315/18, dictaminó que el cartular de autos fue suscripto en el marco de una operación de crédito para el consumo, motivo por el cual, además de los requisitos previstos por el Decreto Ley 5.965/63 y el artículo 521 del CPCC para dar curso a la acción ejecutiva, debe cumplir con los establecidos por la Ley 24.240 y por el CCCN para las relaciones de consumo (fs. 87/88).
II. Preliminarmente, cabe destacar que esta Sala en casos sustancialmente análogos al presente ha resuelto la cuestión estableciendo como regla que la discusión sobre la composición del título y la causa de la obligación, encuentra una valla en la naturaleza misma del juicio ejecutivo y que precisamente por ello si bien el Magistrado tiene el deber de examinar el título al presentarse la demanda con el objeto de evitar un proceso inútil, tal facultad debía extenderse sólo a controlar que aquel contenga los elementos formales que posibiliten el ejercicio de la acción ejecutiva, sin que ese examen deba ir más allá hasta incursionar en derechos reservados al deudor (CACC, San Isidro, Sala I, Causas n° 30.947/2017, sent. del 3-12-2018, n° 33.105/2018, sent. del 30-10-2018, entre otras).
Sin embargo, el 14-8-2019 en los autos "Asociación Mutual Asís c/ Cubilla, María Ester s/ Cobro ejecutivo" (SCBA, C. 121.684) la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se expidió en relación a los denominados "pagarés de consumo", estableciendo una nueva doctrina legal a su respecto.
En dicho precedente, el Superior Provincial ponderó que la aplicabilidad de la Ley 24.240 flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs. del CPCC).
En función de ello, consideró que si el vínculo que subyace a la relación cambiaria encuadra en los términos de la Ley 24.240, el Magistrado puede indagar en los aspectos sustanciales y solicitar que, a los fines de dar cumplimiento con el artículo 36 de la norma citada, se integre el título ejecutivo con los documentos que instrumentan el negocio causal.
En consecuencia, resolvió que "Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante" (SCBA, C. 121.684, sent. del 14-8-2019).
Más allá si se comparten o no los criterios mencionados, por el principio de seguimiento de los tribunales inferiores respecto de las decisiones adoptadas por la SCBA, y en resguardo de los principios de economía y celeridad procesal, corresponde estar a lo analizado y decidido por el Superior Tribunal Provincial (conf. CACC San Isidro, Sala I, Causa n° 43310, sent. del 26-9-2017).
Esto no significa propiciar un ciego seguimiento a los pronunciamientos de la Corte provincial, ni un menoscabo del deber de los jueces de fallar según su ciencia y conciencia, pues le basta, llegado el caso, dejar a salvo sus opiniones personales (conf. SCBA Ac. 52.258, sent. del 2-8-1994).
En el caso de autos, la demanda ha sido entablada por Yanina Tamara Domenianni, quien conforme surge de las impresiones de pantallas de la Receptoría General de Expedientes agregadas a fs. 68/69, es parte actora en numerosos juicios ejecutivos en este departamento judicial.
Dicha circunstancia, así como lo manifestado en el escrito electrónico de fecha 24-9-2019 en el cual la recurrente no negó categóricamente la relación de consumo sino que se limitó a expresar "que está a cargo del demandado probar en su caso que se estaría en un contrato de consumo y que se le prestó dinero para una compra", permiten presumir con razonable certeza que la actora y el demandado se encuentran vinculados mediante una relación de consumo, pues acorde a los artículos 1 y 2 de la Ley n° 24.240 el primero es considerado proveedor y el segundo consumidor (art. 3, ley citada; arts. 1092 y 1094 CCCN).
Ello así, de acuerdo a lo reseñado en forma precedente, considero que corresponde resolver la cuestión planteada conforme el criterio adoptado por la SCBA. Por otra parte, aprecio que la decisión adoptada por el Máximo provincial es la que mejor se compadece con el régimen protectorio de los consumidores de raigambre constitucional (art. 42 Const. Nac; art. 38 Const. Provincial), razón por la cual, la comparto plenamente.
III. A la luz de tales lineamientos, resulta oportuno poner de relieve que mediante el artículo 36 de la ley citada, el legislador trató de propiciar una suerte de consentimiento informado, donde el consumidor conozca el crédito que se le ofrece (su composición, sus características) y las condiciones del negocio que se le presenta (su precio, su forma de satisfacerlo, los gastos adicionales que la operación irrogue y las garantías que correspondan). Dicha información debe ser completa, clara, accesible y adecuada, conforme a las pautas interpretativas del microsistema (arts. 3, 4 y 36 a 39, ley citada).
De este modo se busca suplir la ausencia de conocimientos jurídicos específicos y la falta de experiencia en la contratación que colocan al consumidor en una situación de vulnerabilidad (conf. Ricardo Luis Lorenzetti, “Consumidores”, 2da ed., Rubinzal Culzoni, 2009).
En efecto, la abstracción cambiaria debe ceder cuando, como ocurre en autos, ello sea necesario para hacer efectiva la defensa de un derecho constitucional o el cumplimiento de leyes dictadas en ejercicio de la Constitución Nacional (conf. Francisco Juyent Bas, “Cuestiones claves del derecho del consumidor, a la luz del Código Civil y Comercial”, primera ed., Advocatus, 2016).
Por lo expuesto, considero que la resolución mediante la cual el Juez interviniente dispuso que el actor debía cumplir con lo normado por el artículo 36 de la Ley 24.240 en el término de cinco días resulta congruente con la doctrina legal de la SCBA y se condice con la necesaria integración armónica entre los institutos del derecho mercantil y del consumo involucrados en este conflicto normativo, toda vez que los caracteres de necesidad, formalidad, literalidad, completitud, autonomía y abstracción del título, que posibilitan de ordinario el cumplimiento de sus funciones propias, económicas, jurídicas e incluso su rigor cambiario procesal, deben ser armonizados con las exigencias del interés público en la defensa del consumidor (conf. voto Eduardo Julio Petiggiani en Causas SCBA Ac. 116507; Ac. 116.088; Ac. 117.393; entre otras).
Por último, no debe soslayarse que la calificación del estatuto del consumidor como de orden público (art. 65, ley citada) hace que su aplicación resulte imperativa y que como consecuencia de ello, las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos ejecutivos no puedan utilizarse como herramienta para eludir la protección.
De conformidad con los argumentos vertidos, postulo al Acuerdo que se confirme la resolución apelada, con costas a la ejecutante por resultar vencida (arts. 1, 2, 3, 4, 36, 37, 65 y cdtes. LDC; arts. 1092 y 1094 CCCN; arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs. del CPCC).
Por todo lo cual y fundamentos expuestos, voto por la afirmativa.
La señora Jueza Dra. Sánchez por los mismos fundamentos votó por la afirmativa.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se confirma la resolución de fecha 29-8-2019, en todo cuanto ha sido materia de agravios.
Las costas se imponen a la ejecutante vencida (68 CPCC).
Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad en que se fijen los correspondientes a la instancia de origen (arts. 31 y 51 de la ley 14.967; art. 7 CCCN).
Regístrese y devuélvase.
Analía Inés Sánchez Hugo O. H. Llobera
Juez Juez
Santiago Juan Lucero Saá
Secretario
Fin de la sentencia