Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 75316
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada, en función de los fundamentos en que ella se asienta, debiendo el trámite de la causa continuar según su estado y sin mengua de lo que corresponda decidir en oportunidad de dictar sentencia.
2Disponer que, una vez devueltas las actuaciones a la instancia anterior, se cumpla con la medida indicada en el considerando “IV.f)” de la presente, bajo el apercibimiento allí consignado en caso de silencio.
3Imponer las costas de Alzada en el orden causado, habida cuenta de la ausencia de contradicción.
4Diferir la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna.
En General San Martín, a los días del mes de agosto del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 75.316, caratulada “BANCO SANTANDER S.A. C/ CRISTOPHER, SOFIA PABLO S/ COBRO EJECUTIVO”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Scarpati, Valdi.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Scarpati dijo:
I. El pronunciamiento de fs. 22/26, que declara la inhabilidad del título para acudir a la vía ejecutiva, es apelado por el Banco ejecutante con la presentación electrónica de fecha 28/02/2019. El recurso es sostenido con la memoria de fecha 11/03/2019, que no recibe réplica de su contraria.
II. El agraviado controvierte, en lo sustancial, la inhabilidad del título decidida por el judicante con base en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
Sostiene que en este tipo de procesos se encuentra vedada la indagación o análisis de la causa de la obligación que subyace al instrumento y que el título está sujeto a los principios de literalidad, abstracción y autonomía.
Señala que la ejecución del título sólo está supeditada al cumplimiento de los requisitos formales enumerados taxativamente en el artículo 1406 del Código Civil y que, en el caso, se hallan cumplidos, por lo que el instrumento goza de la eficacia ejecutiva que la ley le confiere, no estando contemplada en la Ley de Defensa del Consumidor la inejecutabilidad del título en cuestión.
Cita extensa jurisprudencia que avala su postura y solicita que se revoque el fallo apelado.
III. Al contestar la vista conferida a fs. 35, el Fiscal Departamental Adjunto ratifica lo dictaminado oportunamente (27/03/2019).
En aquella actuación, expresó que la relación jurídica originante de la obligación encuadra dentro de las de consumo. Entiende que el hecho de tratarse de un certificado de saldo deudor en cuenta corriente bancaria no permite excluir la aplicabilidad de la disposición del artículo 36 de la LDC, que rige en los contratos bancarios en general.
Objeta que exista posibilidad de integrar el título ejecutivo mediante el aporte de contratos que puedan esclarecer la causa de la relación.
Entiende que debe confirmarse la resolución que declara inhábil el certificado de deuda acompañado.
IV. Anticipo que, a mi criterio, el recurso debe prosperar, mas con la modulación que se propone.
a) La deuda reclamada en autos se origina en un saldo deudor en cuenta corriente bancaria (ver escrito de fs. 7/9 pto. III). La supuesta obligación proviene, pues, de una relación típica, ínsita en la contratación bancaria, que el ordenamiento regula en muy distintos aspectos (artículos 791 y siguientes, Código de Comercio derogado; 1393 y siguientes del Código Civil y Comercial). A través de ella, el banco canaliza la prestación de los más variados servicios, bajo la urdimbre de un contrato normativo, que, por ese carácter, sirve para disciplinar jurídicamente relaciones futuras y contingentes.
En esa figura contractual matriz se concentran y asientan, a través de créditos y débitos, los resultados de las distintas operaciones entre el banco y el cliente (artículos 793, Código de Comercio derogado; 1395, 1396 y ccdtes., Código Civil y Comercial).
La cobranza judicial de las obligaciones a cargo del cuentacorrentista que se derivan de esa relación se implementa mediante la emisión de un documento por parte de un Banco autorizado a operar en la República, al que el ordenamiento otorga eficacia ejecutiva (artículos 793, Código de Comercio; 1406, Código Civil y Comercial).
Los requisitos formales y de contenido se encuentran regulados por las disposiciones aludidas. A ellas debe atenerse, exclusivamente, la evaluación de los recaudos para apreciar la aptitud ejecutiva de los instrumentos emitidos por la legitimada para impeler el reclamo judicial de los créditos derivados del aludido saldo.
b) Es que, la especificidad de la relación en cuestión y la variedad de fuentes que pueden originar las debitaciones y acreditaciones que generan la deuda (artículo 1395 incisos “a” y “b”, Código Civil y Comercial), cuyas condiciones pueden diferir entre sí en función de las operaciones diferentes aglutinadas en la relación matriz, tornan virtualmente impracticable la consignación en el certificado de saldo deudor los recaudos de información previstos en el artículo 36 de la ley 24.240 para contratos que instrumenten operaciones financieras de consumo y de crédito para consumo.
En este sentido, se inscriba o no en la órbita de las relaciones del consumo, la habilidad ejecutiva del certificado en cuestión sólo admite ser apreciada mediante el cumplimiento de las formalidades y contenidos que le son específicos. En todo caso, los recaudos del citado artículo 36, en cuanto resulten pertinentes, deberán constar en el contrato de cuenta corriente bancaria que origina la relación y en aquéllos de los que se deriven operaciones de las que resulten créditos y débitos en cuenta.
c) Así, la hipotética configuración de una relación de consumo entre el banco y el cuentacorrentista no es óbice ni valladar para esgrimir ejecutivamente el certificado de saldo de deudor con los requisitos formales que exige la normativa aplicable. En casos como el presente, no cabe disponer la inhabilidad del documento por el solo hecho de afincarse él en un contrato de esas características.
No debe perderse de vista, en este sentido, que el Código Civil y Comercial contiene normas especiales sobre contratos con consumidores o usuarios (artículos 1394 y siguientes, Código Civil y Comercial), que abarcan distintas órbitas de protección: la publicidad de los servicios bancarios, obligaciones precontractuales, contenido y aspectos formales del contrato, entre otros puntos.
De este modo, la previsión del artículo 1406 del Código Civil y Comercial que regula los requisitos de oportunidad, forma y contenido que debe tener el título ejecutivo se amalgama con el régimen tuitivo propio de las relaciones de consumo, al cual el ordenamiento dedica numerosas disposiciones, que no modifican ni alteran el precepto relativo a la ejecución de saldo deudor que contiene el ordenamiento.
d) Es que no cabe extender el criterio relativo al pagaré de consumo a la relación jurídica del tipo de autos, esto es, la cuenta corriente bancaria, cuyas notas distintivas la perfilan con una estructura jurídica diversa en composición y naturaleza, por lo que la asimilación interpretativa intentada resulta cuestionable.
Y vale también apuntar la notoria trascendencia de ella como herramienta contractual con marcada proyección en la fluidez cadena de pagos, extremo que demanda una interpretación previsora de las consecuencias que se derivan de una indiscriminada y excesiva protección que, usualmente termina minando la eficiencia tutelar, privando al consumidor financiero del acceso a productos y servicios que le permitan una adecuada planificación del ahorro y la cobertura de necesidades económicas futuras. De allí la necesidad de evitar la utilización de conceptos jurídicos puros, con prescindencia de las circunstancias de hecho a las que han de ser aplicados, ello cuando contradicen las razones y fines que las normas, precisamente, han querido resguardar. Se trata así de discernir la télesis de la ley, debiendo optarse siempre por las alternativas más convincentes, más razonables, o, si se quiere, más justas (SCBA 6-4-2016 voto juez de Lázzari fallo “Ocampo” - ver LL ejemplar 24-5-2017 pags. 8/10 “Transversalidad del Derecho del Consumo. Un fallo señero”).
e) Más rescatando el tutelable interés que campea en la resolución en crisis, admito que él habilita un acotado designio develador orientado a una indagación preventiva, sustentada en los textos de los arts. 14 inc. h) y 42 de la ley de 25.065 en conjunción con la previsión del art. 53 y 65 de la ley 24.240 (texto ley 26.361).
Se trata, a modo de acción oficiosa, de impedir la alteración de la vía procesal que se establece en la LTC en beneficio del usuario, lo que se muestra ciertamente pertinente antes que el ejecutado haya tomado intervención o esgrimido posturas defensivas (LL ejemplar 28-8-2014 mencionado por Alejandro Drucaroff Aguiar “La ejecución de saldo deudor de cuenta corriente y un fallo esclarecedor” LL 2010-F-113 CNCom. Sala F 18-5-2010 “Banco Santander S.A. c. González, Pedro Miguel s/ Ejecutivo).
f) En tal contexto propongo que se ordene a la actora denunciar si la deuda ejecutada tiene su origen total o parcial en saldo de tarjeta de crédito, en cuyo caso deberá acompañar los certificados que contengan la mención expresa de que se han incluido débitos de tarjeta, precisando los montos correspondientes a la cuenta bancaria propiamente dicha y aquéllos correspondientes a resúmenes provenientes del uso del plástico (arg. arts. 26, 28, 32 ley 25.065 y 36 de la ley 24240; art. 10 C.C.C.; C.N.Com Sala C “Banco Itaú Buen Ayre c. Cisco, Hugo Orlando s/ejecutivo” 17-6-2009 LL 2009-F-81 – LL ejemplar 20-7-2016 Miguel A. Romero “Saldo deudor de cuentas corrientes bancarias y deudas de tarjetas de crédito” comentario fallo C.N.Com Sala B del 21.6.2016 “Banco Credicoop Coop. Ltdo. C. Tantera, Héctor Alejandro y otro”).
Ello bajo el apercibimiento de estimar la actitud silente de la requerida como una aceptación fáctica de la inclusive en el saldo de débito ejecutados en el uso de la aludida tarjeta (art. 263, Código Civil y Comercial).
V. Por todo ello, propongo: 1º) revocar la resolución apelada, en función de los fundamentos en que ella se asienta, debiendo el trámite de la causa continuar según su estado y sin mengua de lo que corresponda decidir en oportunidad de dictar sentencia; 2º) disponer que, una vez devueltas las actuaciones a la instancia anterior, se cumpla con la medida indicada en el considerando “IV.f)” de las presentes, bajo el apercibimiento allí consignado en caso de silencio; 3°) imponer las costas de Alzada en el orden causado, habida cuenta de la ausencia de contradicción (artículo 68 segundo párrafo, CPCC), y 4º) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (artículo 31, decreto ley 8.904/77).
Voto por la NEGATIVA.
La señora juez Dra. Valdi, por compartir sus fundamentos, adhirió al voto que antecede.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1º) REVOCAR la resolución apelada, en función de los fundamentos en que ella se asienta, debiendo el trámite de la causa continuar según su estado y sin mengua de lo que corresponda decidir en oportunidad de dictar sentencia. 2°) DISPONER que, una vez devueltas las actuaciones a la instancia anterior, se cumpla con la medida indicada en el considerando “IV.f)” de la presente, bajo el apercibimiento allí consignado en caso de silencio. 3°) IMPONER las costas de Alzada en el orden causado, habida cuenta de la ausencia de contradicción. 4°) DIFERIR la regulación de honorarios profesionales para la etapa procesal oportuna. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia