Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 74646
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de agravio, debiendo los autos continuar según su estado.
2Imponer las costas de Alzada en el orden causado.
3Diferir la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
En General San Martín, a los días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario las señoras jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada en esta oportunidad con la Señora Presidente de esta Excma. Cámara, Dra. María Silvina Pérez, con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 74.646, caratulada “HSBC BANCK ARGENTINA S.A. C/ GONZALEZ, OMAR ARNALDO S/ COBRO EJECUTIVO”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Pérez, Scarpati.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar la siguiente
¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
A la cuestión propuesta, la señora juez Dra. Pérez dijo:
I. El pronunciamiento de fs. 106/108, que rechaza la vía ejecutiva para el reclamo de una deuda por tarjeta de crédito en virtud de lo normado por el art 36 de la LDC, es apelado por el ejecutante a fs. 109. El recurso es sostenido con la memoria de fs. 111/113, que recibe réplica del Fiscal Adjunto Departamental a fs. 116/117.
II. El agraviado controvierte, en lo sustancial, la inhabilidad del título decidida por el judicante con base en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Aduce que el presente proceso tiene como objeto la ejecución de un saldo deudor por la falta de pago de los consumos efectuados a raíz de la emisión y utilización de una tarjeta de crédito por parte de la accionada, , no siendo de aplicación automática las disposiciones establecidas en la LDC. Además, considera que en este tipo de proceso está vedado el análisis de la causa de la obligación.
Por último entiende que los requisitos exigidos por el art. 36 antes mencionado se encuentran garantizados por la legislación especial (Ley 25.065).
Solicita, por ello, que se revoque la decisión apelada continuando los autos según su estado.
III. Conferida la correspondiente vista (fs. 121), el señor Fiscal Departamental ratifica los fundamentos que desarrollara en la pieza de fs. 116/117, en los que dictamina que la solución recurrida debe mantenerse.
IV. Anticipo que, a mi criterio, el recurso debe prosperar.
La cuestión traída a la Alzada en torno a la inhabilidad de título debe ser dirimida a la luz de la Ley especial sobre Tarjetas de Crédito (Ley 25.065 - LTC) y de las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240- LDC).
Es que, resulta necesario precisar que la ejecución que aquí se promueve (deuda derivada del sistema de tarjetas de crédito), se enmarca bajo las específicas previsiones de la Ley 25.065, observando que, en lo que no se oponga al régimen tuitivo del consumidor, deben ser aplicadas, en tanto se trata de un marco normativo especial en cuyo ámbito el Banco ejecutante (emisor en los términos de la LTC y proveedor en orden a la LDC), desarrolla su actividad profesional de prestación del servicio financiero en cuestión (arts. 3 in fine de la LDC; 2 y 3 de la Ley 25.065; 1, 2, 1093, 1094 y 1095 del Cód. Civil y Comercial).
En efecto, los principios que regulan el tuitivo derecho de los consumidores (vgr. pauta de interpretación normativa -art. 3°-; deber de información cierta, clara y detallada –art. 4°-; protección y trato digno del consumidor –arts. 5° y 8° bis-; contenido del documento de venta, en el caso, contrato de adhesión y sus ejemplares –art. 10°-; requisitos en las operaciones de financiación o en las de crédito para el consumo –art. 36°-; nulidad e ineficacia de cláusulas abusivas o que importen la vulneración de los derechos del consumidor y pauta interpretativa, en caso de duda, en cuanto al alcance de la obligación asumida por el usuario o consumidor –art. 37°-, todos de la ley 24.240), también se encuentran reconocidos y previstos en el régimen especial sobre Tarjetas de Crédito en lo pertinente, siendo insoslayable la protección que brinda al usuario de ese instrumento la normativa específica.
Así, en el caso de una tarjeta de crédito, la ley exige al emisor, y en favor del usuario: contenido y requisitos del contrato de emisión -art. 6°-; modo de redacción –art. 7°-; perfeccionamiento de la relación –art. 8°-; nulidad de cláusulas que importen la renuncia por parte del titular a cualquiera de los derechos reconocidos en la LTC –art. 14°-; límite y modo de computar intereses –arts. 16° a 20°-; contenido y requisitos del resumen mensual de las operaciones –arts. 22° y 23°-; cuestionamiento e impugnación de los resúmenes –art. 27°-; competencia de los jueces del domicilio del titular –art. 52° inc. “a”, todos de la Ley 25.065 (LTC).
Todas las consideraciones apuntadas, si bien de modo ejemplificativo, demuestran que de ningún modo los regímenes, del consumidor y de tarjetas de crédito resultan contrapuestos o incompatibles entre sí, sino, muy por el contrario, ambos marcos normativos convergen de modo armónico y concordante con la plataforma y principios protectorios sobre los que se erige el derecho del consumo.
En esa inteligencia, resulta infundado sostener que la falta de cumplimiento lisa y llana de los requisitos enumerados en el artículo 36 de la LDC, traiga aparejada por sí sola la inhabilidad de la vía ejecutiva pues, en lo pertinente (por la especial naturaleza del sistema de tarjetas de crédito), esas exigencias informativas, circunstanciadas y precisas se encuentran garantizadas frente al usuario de ese instrumento, generando la transparencia necesaria como para que el consumidor cuente con todos los datos necesarios para controlar la operatoria (u operaciones), destacando, además, el derecho del usuario de cuestionar o impugnar los resúmenes elaborados por el Banco emisor bajo las disposiciones de los artículos 27 y siguientes de la Ley de Tarjetas de Crédito.
Todo ello, me lleva a considerar que el titular de una tarjeta de crédito tiene específicamente garantizados mecanismos de protección y de defensa de sus derechos, de igual modo que los posee desde su condición de “consumidor”, lo que se traduce en la efectiva tutela de los derechos y el restablecimiento del equilibrio en las relaciones jurídicas o contratos subsumibles en el ámbito del consumo.
En consecuencia, aprecio que la sola referencia de la Ley de Defensa del Consumidor es insuficiente para fundar la sentencia impugnada, pues no se advierte que la normativa específica, esto es, la Ley 25.065, vulnere o restrinja algún derecho reconocido al consumidor y menos aun cuando ponderando los fines buscados por ambas Leyes (24.240 y 25.065), nos encontramos de modo coincidente, reitero, frente a una finalidad protectoria en favor del usuario y/o consumidor (arts. 1, 2, 3 del Cód. Civil y Comercial; 3 in fine de la LDC; 3 de la LTC; arts. 163 incs. 5° y 6° ccdte. art. 384 del CPCC).
En función de lo expuesto, estimo que la ejecución aquí promovida con base en una deuda por el uso de tarjeta de crédito no puede ser considerada inhábil exclusivamente con fundamento en el artículo 36 de la LDC, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 39 de la LTC y 523, 524 y ccdtes. del ritual.
Por ello, propongo, revocar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de agravio, debiendo los autos continuar según su estado. En cuanto a las costas de Alzada, postulo imponerlas por su orden, habida cuenta de la ausencia de contradicción (art. 68 segundo párrafo del Cód. Procesal), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 del Dto. Ley 8904/77).
Voto por la NEGATIVA.
La señora juez Dra. Scarpati, por las mismas razones, adhiere al voto que antecede.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) REVOCAR el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de agravio, debiendo los autos continuar según su estado. 2°) IMPONER las costas de Alzada en el orden causado. 3°) DIFERIR la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Pasen las presentes actuaciones a la Fiscalía de Cámaras Departamental y oportunamente DEVUELVASE.
Fin de la sentencia