Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II · Causa 77090
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la sentencia dictada en autos el 26 de marzo de 2018, debiendo en la instancia de grado, mediante juez hábil, dictarse un nuevo pronunciamiento.
2No imponer costas de Alzada.
Causa Nº 77.090/7 Reg. Int. Nº D- 243 /20.
Expte.Nº SM 3593/2018 Sala Segunda.
En General San Martín, a los 18 días del mes de noviembre del año dos mil veinte, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Martín, Sala Segunda, integrada con el Sr. Presidente de esta Excma. Cámara, Dr. Carlos Ramón Lami (Ac. Ext. 842 del Tribunal), de conformidad con lo normado por los artículos 3 y 4 de la Res. 480/20 de la S.C.B.A., y con la presencia del Secretario actuante, se trajo al Acuerdo para dictar sentencia la causa Nº 77.090, caratulada: “OCHOA, SUSANA ANDREA C/ OLIVERA, DAVID GABRIEL S/ COBRO EJECUTIVO”, habiéndose establecido el siguiente orden de votación: jueces Valdi, Lami.
Conforme lo establecido por los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, se resolvió plantear y votar las siguientes
1. ¿Es ajustada a derecho la resolución apelada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión propuesta, la señora juez Valdi dijo:
I. Mediante pronunciamiento del 26 de marzo de 2018, el señor juez “a quo” declaró inhábil el título traído para su cobro por la vía ejecutiva.
El ejecutante se alza contra tal decisorio el 11 de abril de 2018, fundando su recurso con la memoria electrónica de fecha 15 de abril del mismo año, que viene replicada electrónicamente por la Señora Fiscal Adjunto departamental con fecha 17 de julio de 2020.
II. El agraviado controvierte, en lo sustancial, la inhabilidad del título decidida por el judicante manifestando que la evaluación del a-quo se limita a verificar la validez del título como instrumento ejecutivo, habiéndose excedido en la resolución recurrida. Agrega que no debe presumirse la calidad de consumidor, como lo hace la instancia de origen.
El a-quo introdujo oficiosamente cuestiones ajenas al proceso ejecutivo,
Solicita, finalmente, que se revoque la decisión apelada continuando los autos según su estado.
III. Al contestar la vista conferida, la Sra. Fiscal Departamental Adjunto solicita un pronunciamiento confirmatorio.
IV. Sin perjuicio de la breve reseña de los agravios vertidos por la apelante, anticipo que, a mi criterio, la resolución recurrida deberá declararse nula, desde que adolece de consideraciones específicas sobre los elementos aportados por la accionante al instar la acción, configurándose así una omisión esencial que impide el normal funcionamiento de la apelación interpuesta y vulnera directamente la garantía constitucional del debido proceso.-
En efecto, la ejecutante inició este reclamo ejecutivo con base a un pagaré (ver fs. 5), dictándose luego la resolución atacada donde se declaró inhábil el título que se pretende ejecutar, sin hacer referencia ni evaluar sus estipulaciones, así como tampoco el cumplimiento o no, en su caso, de las previsiones contenidas en el artículo 36 de la ley 24.240, en que se funda la decisión.-
Por ello estamos frente a un pronunciamiento que, al omitir realizar los señalamientos que merecen las constancias de autos, esto es atender al contexto fáctico habilitado, se muestra carente de la certeza que es propia de toda decisión judicial (arg. art. 163 inc. 6 CPCC y 3° del C.C.C.).-
Es que, cabe exigir al judicante la identificación de las cuestiones que le son sometidas, lo cual hace a la garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva (arts. 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Constitución Provincial).-
Es allí donde radica el vicio invalidante y queda patentizado el criterio nulificante que anticipara, dado que el juzgador ha dejado de observar las exigencias de: 1º) considerar las pretensiones que constituyen el objeto del proceso y que fueron sometidas a su decisión, y 2º) expedirse en forma clara y precisa a su respecto, habiéndose pronunciándose de modo global con déficit en la consideración de los puntuales reclamos articulados (arg. arts. 34 inc. 4° ccdte. arts. 161 y 163 incs. 4° y 6° del CPCC; Fenochietto, Carlos Eduardo: “Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires – Comentado, anotado y concordado”, Ed. Astrea, págs. 48, 207 y sgtes.).-
Esa falta de tratamiento preciso de las cuestiones articuladas en autos configura, a mi modo de ver, una omisión grave, esencial y estructural que no puede ser remediada mediante la apelación en este estadio revisor (doct. art. 273 a “contrario sensu”, CPCC).-
La carencia de una respuesta adecuada y concreta impide que la sentencia –como acto jurisdiccional que materializa la decisión en cada caso particular- logre la finalidad a la que está destinada y, su inobservancia, vulnera en forma evidente el debido proceso legal y afecta de modo directo el pleno ejercicio del derecho de defensa que le asiste a la apelante, por cuya protección y garantía debe velar este órgano jurisdiccional (arts. 18 de la Constitución Nacional; 15 y doct. arts. 168 de la Constitución Provincial; 265, 267, 386, 387, 389, 390 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; doct. arts. 169, 172 del CPCC).-
En la medida en que en la decisión no se considera siquiera mínimamente los elementos aportados, termina desentendiéndose de su principal función y se llega a un estado de incertidumbre e inseguridad en la que se desconoce con exactitud lo que el juzgador ha querido resolver.-
Por todo ello, los interesados quedan privados de ejercer adecuadamente los remedios legales previstos por el ordenamiento jurídico que tienden a resguardar el derecho de defensa en juicio, pilar fundamental de la garantía del debido proceso legal.-
Considero entonces que el pronunciamiento recurrido debe ser invalidado, ya que adolece de vicios graves que lo descalifican como acto jurisdiccional válido, lo que me lleva a postular, como adelantara, su nulidad (arts. 168 de la Constitución Provincial; 265, 267, 386, 387, 389, 390 y ccdtes. del Código Civil y Comercial; doct. arts. 34 inc. 4° ccdte. arts. 161 y 163 incs. 4° y 6°, 169, 172 y ccdtes. del CPCC).-
La solución aquí postulada asegura el dictado de un nuevo pronunciamiento, con la debida observancia del derecho de defensa en juicio y demás garantías constitucionales relativas al acceso a la justicia, como así también, en su caso, la posibilidad de una instancia revisora.-
Corresponde agregar a ello que las descalificaciones genéricas conllevan ostensible perjuicio al consumidor, al alejarlo de las posibilidades crediticias y concurrir a potenciar la acreencia del proveedor frente a la adversa consideración dogmática de los títulos (doct. arts. 1727 del Código Civil y Comercial y 384 del CPCC).-
Por ello es que debe procurarse preservar las relaciones crediticias en cuanto medulares en el desenvolvimiento económico, con lo que la inhabilidad a priori que se arbitra contraría los intereses del consumidor y de la comunidad toda, pues se trata de indagar las concordancias del título a los recaudos que impone la LDC, orientando la interpretación a la preservación del vínculo que exterioriza.-
V. Por todo ello postulo declarar la nulidad de la sentencia dictada a el 26 de marzo de 2018., debiendo en la instancia de grado, mediante juez hábil, dictarse un nuevo pronunciamiento. En función de la solución propiciada, corresponderá no imponer costas de Alzada (art. 68 segundo párrafo del CPCC).-
Por los fundamentos dados, voto por la NEGATIVA.-
A esta primera cuestión, por los mismos fundamentos, el señor juez Lami, adhiere.
A la segunda cuestión propuesta, la señora juez Valdi dijo:
En función del resultado que arroja la votación a la cuestión anterior, corresponde, declarar la nulidad del fallo apelado, mandando a que continúe el trámite ejecutivo según su estado, sin imponer las costas de Alzada (art. 68 segundo párrafo del Cód. Procesal).
Así lo voto.
A esta segunda cuestión, el señor juez Lami, por compartir sus fundamentos, adhiere.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos dados en el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1°) DECLARAR la nulidad de la sentencia dictada en autos el 26 de marzo de 2018, debiendo en la instancia de grado, mediante juez hábil, dictarse un nuevo pronunciamiento. 2°) NO IMPONER costas de Alzada. REGISTRESE. NOTIFIQUESE. Pasen las actuaciones Ministerio Público Fiscal a esos fines y, oportunamente, DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia