Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala III · Causa 84795
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, este Tribunal RESUELVE POR MAYORIA: 1) revocar la resolución de fecha 23/08/2024, y declarar la inhabilidad del título en ejecución, debiendo canalizarse el proceso por la vía de conocimiento. 2) imponer las costas en el orden causado atento a la naturaleza interpretativa de la cuestión (arts. 68 y ssgtes del CPCC). 3) diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley arancelaria).
En General San Martín, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín, Dres. María Silvina Pérez Cuervo y Carlos Ramón Lami, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ CORREA ANA JENNIFER S/ COBRO EJECUTIVO", y habiéndose practicado oportunamente el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código Procesal, resultó que la votación debía realizarse en el orden siguiente: Doctor Lami y Doctora Pérez Cuervo. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a) ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2a) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Señor Juez Doctor Lami dijo:
I. Contra la resolución dictada en la instancia de origen con fecha 23/08/2024 en la cual la Sra. Magistrada de Grado dio por cumplidos "prima facie" con los requisitos establecidos por el art. 36 de la ley 24.240, interpuso recurso de apelación en Sr. Fiscal General Adjunto (28/08/2024), concedido el día 10/09/2024 y fundado mediante incontestdo memorial de fecha 10/09/2024.
II. En su memorial, expresa que del análisis del título en ejecución (contrato de mutuo celebrado el 11/06/2018), no se encuentran cumplidos los recaudos del art. 36 de la ley consumeril, en especial, “el monto total de los intereses a pagar o el costo financiero total” (inc. e), la “cancelación de los intereses” (inc. f), y “el monto de los pagos a realizar” (inc. g).
Señala que se trata de un mutuo con tasa fija con sistema "francés" de amortización de capital, donde en cada cuota, el porcentaje de capital va variando, aumentando mes a mes, aplicando así la tasa de interés sobre el saldo del capital adeudado.
Indica que se desprende que el préstamo es otorgado por la suma de $ 220.000 equivalentes en 9.190 UVAs, que será abonado en 48 cuotas mensuales y consecutivas comprensivas de capital e intereses calculados conforme el sistema de amortización francés, donde el capital correspondiente a cada cuota, se actualizará mediante la aplicación del CER que se expresara en UVA, pero que con dicha información, no resultaría una operación aritmética simple que posibilite determinar el monto de cada cuota, y que si bien la ejecutante manifiesta que acompaña el desarrollo del préstamo con el cuatro tarifario suscripto por ambas partes, dicha documentación no se desprende de la acompañada en autos, sino que la planilla anejada, se encuentra suscripta únicamente por representantes de la entidad bancaria.
Por tales razones solicita se revoque la resolución atacada en cuanto fuera materia de agravio, y se declare inhábil el título en ejecución.
III. Delimitada así la cuestión a resolver (art.373 del CPCC) y dado que la cuestión ha quedado zanjada con respecto a la relación de consumo existente entre las partes, corresponde analizar las constancias de la causa con el fin de dilucidar si se han cumplido los recaudos que emanan del art.36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
La accionante aportó dos contratos de mutuo (19/06/2024), por un lado un préstamo personal por la suma de $220.000, equivalente a 9.190 unidades de valor adquisitivo, de cuya cláusula tercera surge la cancelación de los intereses, cuotas y monto de los pagos a realizar, habiéndose plasmado en la cláusula cuarta la tasa de interés fija y el costo financiero total; y por otro lado un préstamo personal por la suma de $ 81.000, de cuya cláusula segunda surge la cancelación de los intereses, cuotas y conformación de los pagos a realizar, esableciéndose en la cláusula tercera la tasa de interés fija y el costo financiero total.
Asimismo, acompañó planilla conteniendo los montos de los pagos a realizar (inc. g) del art. 36 de la ley 24240), la que ha sido entregada al ejecutado el momento de realizarse las operaciones, conforme lo indicara la actora.
Sin perjuicio de ello, señala el apelante que no resultaría una operación aritmética simple que posibilite determinar el monto de cada cuota, y que no se acompañó el desarrollo del préstamo con el cuatro tarifario suscripto por ambas partes, sino sólo por la ejecutante.
IV. Adelanto que - en mi opinión - el recurso no puede prosperar.
En efecto, del sinalagma acompañado en autos advierto que no se encuentra discriminado cuál es el monto de los pagos a realizar (inc. g) del art. 36 de la ley 24240).
Si bien está especificado en autos cuál es el CFT y el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses, no se brindan razones de entidad suficiente por las cuales no se pudo discriminar el monto del capital y de interes de cada cuota.
Tales enunciados deben evaluarse no sólo en el marco de la ley 24.240 sino además, en virtud de tratarse de un contrato de mutuo (art. 1535 del CCyC), el que ha sido suscripto bajo la modalidad de contratación por Adhesión, para la cual la ley manda que sus cláusulas deben ser comprensibles y su redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible (arts. 984, 985, 987 y ccdtes. del CCyC).
La información que el actor debe suministrar al consumidor o usuario debe ser clara y detallada desde su origen (artículo 4, ley 24.240-t.o. 26.361), con el fin que el segundo pueda tener cabal previsión sobre la situación de los rubros que integran la deuda de cara al futuro y sus imputaciones al momento del pago.
Esta deficiencia, en el caso concreto, viene a impactar sobre el carácter líquido o parcialmente liquidable de la deuda, y, en consecuencia, entiendo que estamos frente a una práctica contractual desprovista de información precisa, clara y suficiente, por lo cual concluyo que no se encuentran corroborados los recaudos establecidos el art. 36 de la ley 24.240.
En consecuencia, debe revocarse la resolución apelada de fecha 23/08/2024, y declarar la inhabilidad del título en ejecución, debiendo canalizarse el proceso por la vía de conocimiento.
Por todo lo expuesto, a la primera cuestión, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión propuesta, la Señora Jueza Doctora Pérez Cuervo, dijo:
Difiero con lo resuelto por mi colega preopinante, ya que, conforme ha sostenido esta Sala Tercera en causas n°80045 y 76314, entre otras, es factible llevar adelante el proceso ejecutivo en la manera en que se pueda integrar el título base de la ejecución con aquella documentación que cumpla con los requisitos del art. 36 de la Ley 24240 (criterio reafirmado conforme doctrina legal de la SCBA sentada en la causa de la Sala Tercera: “Asociación Mutual Asís c Cubilla, María Ester s cobro ejecutivo” n°121.684 del 14/8/19).
Esta Sala Tercera en causa N° 72.504 ha sostenido que: "El artículo 36 de la Ley N° 24.240 dispone que en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para el consumo deberán consignarse los requisitos del artículo 36 de la Ley Consumeril. Se trata de propiciar una suerte de “consentimiento informado”, donde el consumidor conozca el crédito que se le ofrece (su composición, sus características, etc.), y las condiciones del negocio que se le presente (su precio, forma de satisfacerlo, los gastos adicionales que la operación irrogue, las garantías que le corresponden, etc.). Por cierto que por aplicación del principio general que impone el deber de informar en cabeza del profesional proveedor del crédito, será éste el sujeto destinatario de la previsión legal.
Con el objeto de cumplir con el fin que inspira la norma, la información consignada debe ser ofrecida al consumidor cuando éste solicita el crédito – antes de celebrar el contrato respectivo - a fin de decidir su concreción o no (conf. “Ley de Defensa del Consumidor Ley 24.240”; Autores: Jorge Mosset Iturraspe-Javier H. Wajntraub; Ed. Rubinzal Culzoni; Año: 2010; pág. 199).
En autos, los contratos de mutuo establecen los términos y condiciones correspondientes a los créditos otorgados conforme lo ha expresado el propio apelante en su memorial, y las planillas acompañadas con el detalle de las cuotas fueron emitidas con fecha 18/07/2023 a efectos de ser acompañadas a la demanda, razón por la cual mal podrían encontrarse suscriptas por el ejecutado. Por otro lado, considero que - sin perjuicio de la complejidad aritmética que pudiera contener, y que resulta propia de las operaciones realizadas entre las partes, dicha información ha sido proporcionada al consumidor con la claridad necesaria que permite su comprensión (art. 4 ley 24.240, 1100 y 1101 del CCyC) sin haberse vulnerado el derecho del demandado, conforme las pautas protectivas de la Ley 24.240 para un préstamo de consumo.
Es por ello que - en mi opinión - el recurso no puede prosperar, toda vez que se le ha suministrado al consumidor aquella información requerida en los términos del art. 4 de la Ley de Defensa de Consumidor, y por ello considero que “prima facie” se encuentran reunidos - en los instrumentos traídos a ejecución - los requisitos del art. 36 de la Ley N° 24.240 (esta Sala Tercera en causa n° 81.003 del 02/02/2023; 84.210 del 28/11/2024),
Por los fundamentos expuestos, a la primera cuestión, voto por la AFIRMATIVA.
En función de la disidencia de opiniones habida entre los Sres. Jueces, Dres. Perez Cuervo y Lami, se procedió a integrar el Tribunal con la Dra. Valdi (conf.arts. 35 y 36 de la Ley 5827; Ac. Extraordinario n°666 de este tribunal).
A la primera cuestión propuesta, la Señora Jueza Doctora Valdi dijo:
Respecto de la disidencia de opiniones habida entre los colegas votantes, por compartir sus fundamentos, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Carlos Ramón Lami.
En consecuencia voto por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión, el Señor Juez Doctor Lami dijo:
Visto el resultado de la votación a la cuestión precedente, corresponde - por mayoría - revocar la resolución dictada el 23/8/2024; y declarar la inhabilidad del título en ejecución, debiendo canalizarse el proceso por la vía de conocimiento; imponer las costas en el orden causado atento a la naturaleza interpretativa de la cuestión (art. 68 y ssgtes CPCC), y diferir la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la Ley Arancelaria).
Así lo voto.
Los Dres. Pérez Cuervo y Valdi votaron en el mismo sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE POR MAYORIA: 1) REVOCAR la resolución de fecha 23/08/2024, y declarar la inhabilidad del título en ejecución, debiendo canalizarse el proceso por la vía de conocimiento. 2) IMPONER las costas en el orden causado atento a la naturaleza interpretativa de la cuestión (arts. 68 y ssgtes del CPCC). 3) DIFERIR la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna (art. 31 de la ley arancelaria). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia