Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124057
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 47 no es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 242, 246, 263, 266, 270, 307, 68 del Cód. Procesal; 2, 3, 12, 1094, 1095 del Cód. Civil y Comercial; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se revoca la resolución de fs. 47, debiendo en la instancia de origen dictar la sentencia pedida. 2) Se imponen por su orden las costas por la intervención en la alzada; ello atento a la ausencia de contradicción y la particular situación que se juzga en autos. 3) Se posterga para su oportunidad la regulación de honorarios. 4)
En la ciudad de La Plata, a los 23 días del mes de Octubre de dos mil dieciocho reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “REINA CHRISTIAN ARIEL C/ MEDINA MARIANO MARCELO S/ COBRO EJECUTIVO", (causa nº 124057), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término el doctor Soto.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 47?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
I. La Sra. Juez de la primera instancia dispuso que, previo a proveer lo que en derecho corresponda, y en consonancia con el dictamen de la Sra. Agente Fiscal, se acompañe la documentación pertinente con el fin de dar cumplimiento con el artículo 36 de la ley 24.240 (fs. 47).
Contra esa decisión apeló la parte actora. Su recurso le fue concedido en relación y lo fundó oportunamente. Del memorial de agravios se corrió traslado sin que haya tenido respuesta (fs. 53, 54, 55 y vta., 56).
El Sr. Fiscal de Cámaras emitió su dictamen a fs. 60.
II. En síntesis, el apelante cuestiona el proveído de fs. 47 con fundamento en que el accionado no solo se allanó, sino que también efectuó un depósito y dación en pago. Señala que la a quo obvió el dictado de la sentencia y actuó por encima de la voluntad expresada por la contraparte, que reconoció la deuda y expreso voluntad de pago. Acota que no reconoce como válido el cálculo de la deuda ya realizado por la contraria.
Destaca que toda dilación obra en contra de la demandada, ya que encarece el crédito ante el incremento de intereses por el transcurso del tiempo.
Solicita que se dicte sentencia conforme al allanamiento efectuado y su contestación.
III. En este caso, el Sr. Medina, con fecha 5 de diciembre de 2017, se allanó a la pretensión de su contrario y dio en pago las sumas que le fueron retenidas por su empleador, petición que fue sustanciada oportunamente (fs. 40 y vta., 42 y vta.).
Ante el pedido de la actora de fs. 44 de llevar adelante la ejecución, la Sra. Juez a quo dictó el auto de fs. 45 y vta., en el cual, por aplicación de la normativa del consumidor y previo a dictar sentencia, remitió los autos al Sr. Agente Fiscal.
La Sra. Agente Fiscal emitió el dictamen de fs. 46 y vta., en el cual dijo, sin perjuicio del allanamiento formulado, que estimaba necesario que sea arrimada la documentación causal; ello en los términos del artículo 36 de la ley 24.240.
En concordancia con ese dictamen, se dictó el auto atacado.
Con posterioridad, el Sr. Medina efectuó la presentación del 9 de abril de 2018, en la que acompañó saldo bancario, practicó liquidación y depositó un saldo que consideró insoluto (fs. 51 y vta.).
Por su lado, el actor dedujo el recurso en tratamiento.
IV. Ha dicho esta Sala, siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia, que "La finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el artículo 42 de la Constitución Nacional."
En reiterados casos, ante la existencia de un vínculo de consumo, y teniendo en cuenta la facultad de examinar de oficio el documento que se pretende ejecutar, ha dispuesto que el instrumento acompañado sea complementado siguiendo los presupuestos indicados en la ley 24.240 (esta Sala, causas 123.517, RSI 107/18, 123.234, RSI 63/18, e.o.).
Por otro lado, se ha dicho: "Tratándose de un régimen tuitivo o protectorio, el carácter de orden público de sus normas es fundamental y determinante para su efectividad, y determina la nulidad de los actos que se hubieran celebrado en contravención." Y que "El contenido imperativo de las normas de la ley de defensa del consumidor se impone sobre la autonomía de la voluntad". (conf. Sánchez Herrero, Andrés (Director), Sánchez Herrero, Pedro (Coordinador). "Tratado de Derecho Civil y Comercial". Ed. La Ley, Avellaneda, Bs. As., 2016. Tomo II, págs. 943/944, autor: Carlos Eduardo Tambussi). La vigencia del orden público ha sido reconocida por esta alzada en otros pronunciamientos (conf. Causa 121.450, RSD 133/17).
V. La particular situación que se da en autos, motivada por el allanamiento del accionado, exige ponderar cuidadosamente los criterios que viene aplicando esta Sala, conforme a la normativa legal, y que se recordaron en el considerando anterior.
En efecto, no puede decidirse en abstracto, sino examinar si razonablemente la aplicación lisa y llana de los mismos protege los derechos del consumidor que pretenden asegurarse.
A lo que agrego que la aplicación de la normativa protectoria citada no supone la no aplicación sin más de otros institutos, como el que generó la situación de autos, sino su más exacta apreciación, calibrando su incidencia y efectividad en la relación jurídica concreta a juzgar.
Sumo que en sentido concordante esta Sala, con anterior integración, ha dicho: " … tal como también lo estableciera el Máximo Tribunal Provincial, si a través de un proceso de deducción canalizado "more geométrica" a partir de un principio general y abstracto, el intérprete llega a una solución injusta, antifuncional y reñida con las exigencias que fluyen de los intereses sociales en juego, ha de revisar su actitud y proceder, no ya sobre la base de deducciones formuladas a partir de un principio general, sino a la inversa: partiendo del problema se esforzará en arribar dialécticamente a la solución mediante el despliegue de una técnica de pensar sobre los problemas mismos (tópica), que apunta al descubrimiento o selección de las premisas que definan la solución del caso de manera justa (v. "Acuerdos y Sentencias", 1971-II-539)". (conf. esta Sala, causa B 83.583, RSI 330/96).
En el contexto generado por este razonamiento, entiendo que el allanamiento del accionado -asistido por su letrado-, la dación en pago de las sumas embargadas y una posterior presentación integrando el saldo que consideró insoluto impone del órgano jurisdiccional una respuesta adecuada a sus intereses. Ello pues la tesitura de aquél trasunta la voluntad de desobligarse rápidamente de la deuda reclamada.
En esa respuesta a la actitud activa desarrollada por el ejecutado se encuentran imbricados los derechos del apelante, pues la sumisión a su pretensión motivada por el allanamiento ha abierto una expectativa que también merece la solución jurisdiccional que pretende.
Por estas consideraciones, propondré a mi distinguida colega de Sala, hacer lugar a la apelación del actor (arts. 242, 246, 270, 307 del Cód. Procesal; 2, 3, 12, 1094, 1095 del Cód. Civil y Comercial).
VI. Las costas por la intervención en la alzada, atento a la ausencia de contradicción y la particular situación que se juzga en autos, se imponen por su orden (art. 68 del Cód. Procesal).
Voto por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos la doctora LARUMBE votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR SOTO DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde: 1) Revocar la resolución de fs. 47, debiendo en la instancia de origen dictar la sentencia pedida. 2) Imponer por su orden las costas por la intervención en la alzada; ello atento a la ausencia de contradicción y la particular situación que se juzga en autos. 3) Postergar para su oportunidad la regulación de honorarios.
ASÍ LO VOTO.
La doctora LARUMBE adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 23 de Octubre de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 47 no es justo (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 242, 246, 263, 266, 270, 307, 68 del Cód. Procesal; 2, 3, 12, 1094, 1095 del Cód. Civil y Comercial; jurisprudencia citada).
POR ELLO: 1) Se revoca la resolución de fs. 47, debiendo en la instancia de origen dictar la sentencia pedida. 2) Se imponen por su orden las costas por la intervención en la alzada; ello atento a la ausencia de contradicción y la particular situación que se juzga en autos. 3) Se posterga para su oportunidad la regulación de honorarios. 4) Regístrese. Notifíquese. Notifíquese al Sr. Fiscal de Cámaras atento a la intervención asumida a fs. 60. Devuélvase.
Fin de la sentencia