Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 124340
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de apelación deducido a fs. 42 y se confirma la resolución de fs. 41, debiendo la parte actora acreditar la personería invocada por Maximiliano Casal y Javier Sá en el certificado de saldo deudor. Costas a la actora.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 42 la parte actora dedujo recurso de apelación contra el auto de fs. 41 a través del cual se dispuso que previo al dictado de la sentencia debía acreditarse la personería invocada por Maximiliano Casal y Javier Sá en el certificado deudor de cuenta corriente, base de la presente ejecución.
El recurrente hizo su crítica de la resolución a través de los agravios de fs. 44/46; dijo que el art. 1406 del Código Civil y Comercial en ninguna parte de su texto establece que deba justificarse la condición de apoderados con ningún documento externo al título. Que sería suficiente que se acompañe el certificado del saldo deudor y que el cumplimiento de todas las exigencias legales no puede depender de la verificación de circunstancias ajenas, que están fuera y más allá de aquél. Agregó que el certificado de saldo deudor es título abstracto y autónomo, que cumple acabadamente todos y cada uno de los recaudos exigidos por la ley, en el caso, ha sido suscripto por dos apoderados del banco actor.
El Fiscal de Cámaras emitió dictamen a fs. 53 propiciando la confirmación de la resolución recurrida.
II. Como hubo de verse, no llega cuestionada a esta instancia la facultad asumida por el a quo de evaluar de oficio la habilidad del título. En resumidas cuentas, el agravio se centra en la innecesariedad de acreditar la condición de apoderados de quienes suscriben -en condición de tales- el certificado de saldo deudor.
En este sentido corresponde recordar que el art. 1406 del Código Civil y Comercial implicó la modificación del art. 793 del Código de Comercio que, sobre la materia, exigía que el certificado del saldo deudor estuviera suscripto por el contador y el gerente del Banco. Durante su vigencia, nuestro Máximo Tribunal provincial entendió que el vocablo "contador" estaba referido a la función desempeñada por el funcionario y no al título profesional universitario y que, cuando aquél que suscribía el certificado era una persona distinta -por caso, el "Jefe Operativo"- pero que cumplía en los hechos la función de contador, ello no podía considerarse un hecho público y notorio, por lo que debía resultar de las constancias de la causa. Que por tanto, si tal acreditación no existía, la ejecución sustentada en dicho título debía rechazarse (doct. Ac. 45.522 "Banco de la Provincia de Buenos Aires c/ Alfonsín, Dora María s/ ejecución", sent. del 2/06/92).
La norma vigente modificó aquella exigencia, de manera que ahora se requiere la firma de dos personas que deben haber sido apoderados del banco por escritura pública. Importante doctrina ha señalado que si bien el art. 1406 no exige la certificación de firmas de los apoderados, sería conveniente que los bancos cumplan con este recaudo, ya que evitará la interposición de excepciones tendientes a cuestionar la autenticidad de firmas y las facultades de los firmantes y con ello la habilidad del certificado como título ejecutivo. De la literalidad del texto normativo tampoco surge que en éste deban constar los datos necesarios para identificar la o las escrituras por la que el banco otorgó poder a los firmantes (número de escritura, fecha, nombre completo del escribano autorizante, número y jurisdicción del registro notarial), pero dicho recaudo resultaría exigible porque es la forma en que -tanto el juez como el propio deudor- podrán cerciorarse de que los presuntos apoderados realmente lo son y que cuentan con facultades suficientes para el acto (ALTERINI, Jorge H., "Código Civil y Comercial Comentado" - Tratado Exegético, t. VII, Thomson Reuters - La Ley, págs. 145/146).
En sentido contrario al expuesto por el recurrente, no puede considerarse que la acreditación de la personería invocada en el título ejecutivo constituya una formalidad extrínseca al documento. Tal es así que la propia norma en cuestión, al enumerar los requisitos que debe contener el certificado ha impuesto la firma de dos apoderados del banco, constituidos como tales mediante escritura pública. En el título acompañado solo se señala que Máximo Casal -Jefe de Recuperos Especiales del Banco Macro SA- y Javier Sá son apoderados del banco actor, con facultades suficientes a los efectos del art. 1406 del CCyC; las firmas no han sido certificadas ni se indica tampoco cual ha sido el instrumento público que los ha revestido de tal carácter. Es decir que no consta de ningún elemento de la causa la condición de apoderados del banco, por escritura pública, con facultades suficientes (arts. 361, 362, 375 y 1406 del Código Civil y Comercial).
Corresponde entonces rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución de fs. 41, debiendo la parte actora acreditar la personería invocada por Maximiliano Casal y Javier Sá en el certificado de saldo deudor.
III. Las costas se imponen a la actora (art. 68 del CPCC).
POR ELLO, se rechaza el recurso de apelación deducido a fs. 42 y se confirma la resolución de fs. 41, debiendo la parte actora acreditar la personería invocada por Maximiliano Casal y Javier Sá en el certificado de saldo deudor. Costas a la actora. Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia