Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124743
La Plata, 13 de noviembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación incoado por la accionante el 26/6/18, contra el resolutorio que luce a fs. 34/36 vta., en cuanto desestima el embargo sobre los haberes que la ejecutada percibe en su condición de empleada del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El 5/7/18 se concedió el recurso de apelación, el cual fue fundado el 10/7/18, no mereciendo réplica de la contraria.
II. Esta Sala se expidió en cuanto a que si bien es cierto que la inembargabilidad de los sueldos y jubilaciones y pensiones de los obreros y empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, queda limitada al supuesto de préstamo de dinero y compra de mercaderías, de modo que las obligaciones que no tengan los señalados orígenes quedan sujetas a la escala de embargabilidad general establecida en la ley 14.443, según prescribe el art. 11 inc. “a” del decreto ley 6.754/43, no debe perderse de vista que, tratándose de un proceso ejecutivo, la abstracción causal del título base de la acción no puede tornar procedente el embargo (esta Sala, causa 115477, sent. del 19-10-2012, e/o).
En ese sentido, este Tribunal ha sostenido que, aun cuando en el texto del pagaré, base de la ejecución, se encuentre especificado que la deuda obedece a prestación de servicios -causal que se dijo que no está alcanzada por la inembargabilidad, consagrada por el artículo 11 inciso "a" del decreto ley 6754/43-, también se afirmó que tal circunstancia no podía ser debatida en el reducido marco de cognición que ofrece el juicio ejecutivo, por cuanto se tropieza con la prohibición de discutir la causa de la obligación (conf. artículo 542 inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial, su doctrina y jurisprudencia; esta Sala, causa 103846, sent. int. del 23-9-04, RSI 332/04; causa 106781, sent. int. del 18-7-06, RSI 164/06; causa 106728, sent. int. del 18-7-06, RSI 165/06; causa 114.614, sent. int. del 3-2-12, RSI 4/12, causa 115.477, sent. del 19-10-2012, RSD 220/12, e/o).
Es que el principio general de inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de empleados y obreros de la administración pública nacional, provincial y municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compras de mercaderías que recepta el decreto ley 6754, ratificado por la ley 13.894 (art. 1º), admite ciertas excepciones, entre las que se encuentra la existencia de una sentencia firme, dictada en un proceso ordinario o plenario abreviado, circunstancia que no se verifica en la especie, claro está, por tratarse de un juicio ejecutivo (arts. 11 inc. "b"; 12, dec. ley 6754/43; esta Sala, causa 116.002, RSI 95/13, sent. int. del 21-5-13).
Por otro lado, dable es destacar que las presentes limitaciones no vulneran los principios constitucionales que la accionante manifiesta en su memorial, dado que no la priva de obtener lo que le es debido, existiendo diversos mecanismos que posibilitan el cobro de su crédito.
III. Ahora bien, en el juicio ejecutivo se ha analizado si corresponde aplicar la Ley de Defensa del Consumidor –ley 24.240-, normativa de orden público que impone acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en su artículo 36 con la documentación respaldatoria (arts. 36, 65, ley 24.240).
Así, esta Sala ha establecido en innumerables precedentes que cuando existen elementos para presumir que entre las partes hay una relación de consumo, corresponde intimar al actor a que acompañe la documentación que hace a la causa de la obligación a fin de integrar el título y satisfacer lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 (doct. causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, entre otras).
Si bien se propone entonces un análisis de los elementos que permitan definir algunos alcances de la obligación, ello lo es al solo efecto de controlar en el marco de una ejecución las particularidades de la relación jurídica sostenida entre las partes, sin ingresar a un estudio de la causa del título. La exigencia referida no habilita a una discusión amplia de relaciones extracartulares que importen adentrarse en cuestiones causales que, como se estableció, resulta vedada dentro del estrecho marco cognoscitivo del proceso ejecutivo (art. 542, inc. 4, del C.P.C.C.).
En la hipótesis, el accionante pretende demostrar en base al título de la presente ejecución, a los fines de la medida cautelar solicitada, que el origen del crédito responde a la prestación de servicios, que habilitaría, a su criterio, el dictado del embargo peticionado, surgiendo de la instrumental respaldatoria -acompañada por el aquí recurrente a fs. 27/28 (art. 375, C.P.C.C.)- que el cobro que se persigue devendría de un préstamo personal.
No obstante ello, como se refiriera anteriormente, el requerimiento de completar cierto aspecto de la relación jurídica no implica el conocimiento amplio de la relación que habilitaría a trabar el embargo que se pide.
Por consiguiente, deviene ajustado a derecho el resolutorio de fs. 34/36 vta. y, consecuentemente, corresponde confirmarlo (arts. 1, 11 dec. ley 6754/43, ratificado por ley 13.894; 219, inc. 3, C.P.C.C.). Con costas (art. 68, CPCC).
Fin de la sentencia