Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124722
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma el decisorio apelado de fecha 3/8/18. Con costas (art. 68, 69, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXIV
Causa N° 124722; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº17 - LA PLATA
MEJOR CREDITO S.R.L. C/ LUPA JORGE GUSTAVO S/ COBRO EJECUTIVO
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 4 de diciembre de 2018.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la letrada apoderada de la parte actora el 4/8/18, contra la decisión de fecha 3/8/18, en cuanto desestima el embargo sobre los haberes que percibe el ejecutado en su condición de empleado del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. El 4/8/18 se presentó el respectivo memorial de agravios, mientras que el 5/11/18 el Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
II. Si bien es cierto que, según lo establece el artículo 11 inciso “a” del decreto ley 6754/43, la inembargabilidad de los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de los obreros y empleados de la Administración nacional, provincial, municipal y de las entidades autárquicas, queda limitada al supuesto de préstamos en dinero y de compra de mercaderías, de modo que las obligaciones que no tengan los señalados orígenes quedan sujetas a la escala de embargabilidad general establecida en la ley 14.443, no puede soslayarse que en la hipótesis se trata de un juicio ejecutivo.
Aun cuando en el texto del pagaré, base de la ejecución, se encuentre especificado que la deuda obedece a prestación de servicios -causal que se dijo que no está alcanzada por la inembargabilidad, consagrada por el artículo 11 inciso "a" del decreto ley 6754/43-, tal circunstancia no puede ser debatida en el reducido marco de cognición que ofrece el juicio ejecutivo, por cuanto se tropieza con la prohibición de discutir la causa de la obligación (conf. artículo 542 inciso 4, del Código Procesal Civil y Comercial, su doctrina y jurisprudencia; esta Sala, causa 103846, sent. int. del 23-9-04, RSI 332/04; causa 106781, sent. int. del 18-7-06, RSI 164/06; causa 106728, sent. int. del 18-7-06, RSI 165/06; causa 114.614, sent. int. del 3-2-12, RSI 4/12, causa 115477, sent. del 19-10-2012, RSD 220/12, e/o).
La abstracción causal del título base de la acción, no puede tornar procedente el embargo, porque ello podría no sólo desvirtuar el propósito tutelar del decreto citado (doctrina artículo 1º, decreto ley citado), sino también menoscabar el legítimo derecho de defensa de la ejecutada, quien se vería impedida, eventualmente, de intentar demostrar que su deuda responde a un origen por el cual el embargo no sería procedente (arts. 18 Const. Nac.; 34 inc. 4, 542 inc. 4 del C.P.C.C.).
Es que el principio general de inembargabilidad de sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones de empleados y obreros de la Administración pública nacional, provincial y municipal, tratándose de obligaciones emergentes de préstamos en dinero o compras de mercaderías que recepta el decreto ley 6754, ratificado por la ley 13.894 (art. 1º), admite ciertas excepciones, entre las que se encuentra la existencia de una sentencia firme, dictada en un proceso ordinario o plenario abreviado, circunstancia que no se verifica en la especie, claro está, por tratarse de un juicio ejecutivo (arts. 11 inc. "b"; 12, dec. ley 6754/43; esta Sala, causa 116.002, RSI 95/13, sent. int. del 21-5-13).
Por otro lado, no resulta acertado argumentar que los recaudos consignados en el artículo 2 del decreto ley 6.754 citado son aplicables únicamente a los supuestos de créditos con afectación de haberes en los términos del mismo –compra de mercaderías o préstamo de dinero en cuotas, de pago por deducción mensual directamente de las liquidaciones de los salarios y por recibo de sueldos-, pues no tiene en consideración la norma la forma de percepción sino que su espíritu es la protección del salario, por lo que no se delimitan ni excluyen otros supuestos como el presente (arg. art. 4 del mismo decreto; esta Sala, conf. causa 117.568, RSI 150/14, sent. int. del 8-7-14; 119.036, RSI 175/15, sent. int. del 16-7-15; 121.455, RSI 55/17, sent. int. del 21-3-17; e/o).
III. Ahora bien, en el juicio ejecutivo se ha analizado si corresponde aplicar la Ley de Defensa del Consumidor –ley 24.240-, normativa de orden público que impone acreditar el cumplimiento de los recaudos previstos en su artículo 36 con la documentación respaldatoria (arts. 36, 65, ley 24.240).
Así, esta Sala ha establecido en innumerables precedentes que cuando existen elementos para presumir que entre las partes hay una relación de consumo, corresponde intimar al actor a que acompañe la documentación que hace a la causa de la obligación a fin de integrar el título y satisfacer lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 (doct. causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, entre otras).
Si bien se propone entonces un análisis de los elementos que permitan definir algunos alcances de la obligación, ello lo es al solo efecto de controlar en el marco de una ejecución las particularidades de la relación jurídica sostenida entre las partes, sin ingresar a un estudio de la causa del título. La exigencia referida no habilita a una discusión amplia de relaciones extracartulares que importen adentrarse en cuestiones causales que, como se estableció, resulta vedada dentro del estrecho marco cognoscitivo del proceso ejecutivo (art. 542, inc. 4, del C.P.C.C.).
En la hipótesis, el accionante pretende demostrar en base al título de la presente ejecución, a los fines de la medida cautelar solicitada, que el origen del crédito responde a la prestación de servicios, que habilitaría, a su criterio, el dictado del embargo peticionado, surgiendo del instrumento de fs. 3, que el cobro que se persigue devendría de un contrato de mutuo (v. fs. 3).
No obstante ello, como se refiriera anteriormente, el requerimiento de completar cierto aspecto de la relación jurídica no implica el conocimiento amplio de la relación que habilitaría a trabar el embargo que se pide.
Por consiguiente, deviene ajustado a derecho el resolutorio de fecha 3/8/18 y, consecuentemente, corresponde confirmarlo (arts. 1, 11 dec. ley 6754/43, ratificado por ley 13.894; 219, inc. 3, C.P.C.C.). Con costas (art. 68, CPCC).
POR ELLO, se confirma el decisorio apelado de fecha 3/8/18. Con costas (art. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituido a la parte actora (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). DEVUELVASE.
Fin de la sentencia