Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 123238
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe fijan los honorarios de la mediadora Carolina Julieta Alcobendas, en la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS, modificándose en esta parte el auto de fs. 104 (art. 1255 CC y C.). Asimismo, no hallando mérito el Tribunal para modificar el mencionado auto, en cuanto fija los estipendios de los doctores Mariano Emilio Pérez Pesado (T°XXXVIII F°235) y Carlos Horacio Carbone (T°XXXI F°117), en las sumas de CATROCE MIL PESOS y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS, respectivamente, se lo confirma. Por los trabajos realizados en la Alzada, se fijan los emolumentos del doctor Carlos Horacio Carbone, en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (arts.14,16, 21, 26, 31, 34, 51 dec. ley 8904/77). Con mas aporte legal (art. 10 ley 6716 modif. por la ley 10268).
La Plata, 11 de Octubre de 2018
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Que en la especie, el Sr. Juez "a quo", mediante auto de fs. 104, procedió a cuantificar los honorarios correspondientes a los profesionales actuantes, incluyendo los de la mediadora prejudicial (Dra. Carolina Julieta Alcobendas $20.000; Dr. Mariano Emilio Perez Pesado $14.000 y Dr. Carlos Horacio Carbone $4.700).
II. Que la decisión motivó el alzamiento de la demandada, mediante recurso fundado de fs.105/106 vta. y memoria de fs. 110/111 vta.
La recurrente apela por altos los estipendios de los letrados y respecto de la mediadora, aduce una injustificada desproporción entre su retribución, la importancia de la labor y el valor de el litigio y plantea la inconstitucionalidad del artículo 27 del decreto 2530/10.
III. Que debe tenerse en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no debe recaer sobre una cuestión abstracta, configurándose tal supuesto cuando la misma no resulta de aplicación al caso concreto, desde que es requisito esencial para la admisibilidad de la pretensión ejercitada en torno a la cuestión constitucional que el dispositivo legal impugnado afecte concreta y efectivamente los derechos del interesado, por lo cual, si el caso no es alcanzado por dicha norma, el órgano judicial carece de jurisdicción para expedirse al respecto. En otras palabras, la declaración de inconstitucionalidad de la norma (o más exactamente, la inconstitucionalidad de la aplicación al caso) no se proclama en abstracto, sino en una causa abierta.
Que en la medida que el señor juez "a quo" no especificó qué normativa utilizó para fijar los estiependios de la mediadora, no resulta claro que el decreto cuya inconstitucionalidad se persigue haya sido aplicado al "sub lite", por lo que el planteo revisor ensayado se desmerece por falta de interés.
En efecto, constituye presupuesto visceral de todo planteo revisor la existencia de agravios ciertos y actuales que generen perjuicios concretos en la posición del apelante, razón por la cual deviene impropio que el órgano jurisdiccional sopese parcelas del proceso que han perdido virtualidad jurídica (arts. 163 inc. 5° y 6°, 242, 246 y 260 Código Procesal, esta Sala, causa B-58851, reg. int. 481/85; B-59.925, reg. int. 39/86; B-65.215, reg. int. 279/88; B-75288, reg. int. 19/94; B-81.519, reg. int. 226/95; 93.761, reg. int. 139/00).
IV. Sin perjuicio de todo lo expuesto y teniendo en cuenta el criterio de esta Sala sentado en anteriores precedentes, que pone de resalto los honorarios que otros profesionales liberales perciben por consultas o tratamientos de diversas problemáticas y siendo que el mediador debió promover el comparendo de las partes para lllevar adelante su tarea corresponde fijarlos teniendo presente los parámetros precedentes (esta Sala causa 123006 reg. sent.31/18; arts. 31 ley 13.951; 1255 CCCN , 68, 77 y 165 CPCC).
POR ELLO, teniendo en cuenta los argumentos vertidos, se fijan los honorarios de la mediadora Carolina Julieta Alcobendas, en la suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS, modificándose en esta parte el auto de fs. 104 (art. 1255 CC y C.). Asimismo, no hallando mérito el Tribunal para modificar el mencionado auto, en cuanto fija los estipendios de los doctores Mariano Emilio Pérez Pesado (T°XXXVIII F°235) y Carlos Horacio Carbone (T°XXXI F°117), en las sumas de CATROCE MIL PESOS y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS, respectivamente, se lo confirma. Por los trabajos realizados en la Alzada, se fijan los emolumentos del doctor Carlos Horacio Carbone, en la suma de DOS MIL SEISCIENTOS PESOS (arts.14,16, 21, 26, 31, 34, 51 dec. ley 8904/77). Con mas aporte legal (art. 10 ley 6716 modif. por la ley 10268). REG. NOT. DEV.-
Fin de la sentencia