Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 125061
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la sentencia en cuanto ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $2.400.000 e impone una multa de 10% del importe de la deuda a cargo de la ejecutada, y se hace lugar parcialmente a la excepción de falsedad de título, modificando el capital por el cual procede la ejecución al de $200.000. Costas de la alzada al apelado vencido (art. 68 CPCC). Firme la presente, devuélvase al Juzgado de origen haciéndole recomendación de devolver la causa penal y adecuar el embargo trabado en autos conforme los términos de la presente sentencia (art 34 inc. 5, 36 y 272, C.P.C.C.).
MP
REG. SENT. NRO. 28 /19, LIBRO SENTENCIAS LXXV. Jdo. 23
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de Febrero de 2019 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados: "DE BRITO AFONSO PABLO DAMIAN C/ MARCHESCHI JORGE GUSTAVO BAUTISTA S/COBRO EJECUTIVO " (causa: 125061), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia de fs. 306/312?
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
I. El juez a quo a fs. 306/312 desestimó las excepciones de inhabilidad y de falsedad de título y mandó a llevar adelante la ejecución, hasta tanto el ejecutado Jorge Gustavo Bautista Marcheschi haga al acreedor Pablo Damián De Brito Afonso íntegro pago del capital $2.400.000 -sumatoria de los tres pagarés por sus respectivos importes de $ 967.000, $667.000 y $ 766.000- con más los intereses tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde el vencimiento de los títulos, 15-12-2014, hasta el efectivo pago, e imponiéndole una multa de 10% del importe de la deuda a cargo de la ejecutada conf. art. 549 CPCC
II. Impugna esta decisión el ejecutado a fs. 313 mediante recurso de de apelación y nulidad que fue concedido a fs. 319, fundado a fs. 316/343 y contestado a fs. 351/358.
III. Ingresaré por una cuestión de orden lógico primero en el recurso de nulidad impetrado (fs. 338/343) con base en omisiones del juez en el relato de los considerandos y la falta de aplicación de la normativa de derecho del consumidor.
El recurso de nulidad opera contra las resoluciones por: a) defectos de forma, que hacen al lugar y al tiempo en que fueron dictadas, a la forma propiamente dicha y los que afectan el decisorio en cuanto a la resolución judicial considerada como instrumento público; b) defectos de estructura, son los que se refieren a la ausencia en el fallo de los elementos que le son particulares y exclusivos, que le dan su apariencia exterior de acto jurisdiccional, tal la ausencia de fundamentos en la sentencia o plazo para su cumplimiento; y c) defectos de calidad, son aquellos que anulan la resolución porque carece de fundamentos para configurar un acto jurisdiccional, es el caso de una sentencia dictada por Juez incompetente, en que el vicio no es compurgable o no se encuentra consentido (Rivas, Adolfo A., "Tratado de los recursos ordinarios", Tº 2, pág. 689, ed. Abaco, Buenos Aires, 1991).
Se aprecia entonces que no resultan muchos los casos en los que puede declararse procedente el recurso de nulidad; lo será en situaciones residuales y siempre que no haya podido jugar con eficiencia el recurso de apelación.
Sobre la base de lo expuesto cabe desestimar la pretensión nulitiva requerida en la medida que los agravios traídos bien pueden encontrar tratamiento con la apelación.
IV. Despejado del modo expuesto la suerte del planteo nulitivo, y yendo a tratar el primer agravio, se queja el apelante porque el a quo no aplicó las normas de derecho del consumidor, ni las normas de prueba dinámica del CCC, que a su entender serían de aplicación porque el mismo ejecutante ha señalado que la causa es un préstamo o crédito comercial en dinero efectivo.
Por un lado no es cierto que el actor haya mencionado que la causa de los pagarés sea un préstamo de dinero. De todas formas, aun si fuera un mutuo comercial, no sólo por ello sería una relación de consumo. Los testigos señalan que ejecutante y ejecutado eran amigos; que el primero era el gerente comercial de una de las empresas del ejecutado, que el Sr. Bitos en alguna ocasión lo asistió financieramente y que además le compró unas cocheras. No surgen elementos en la causa que permitan tener por acreditado que el Sr. De Britos sea proveedor de servicios financieros, ni que el Sr. Marcheschi haya requerido un mutuo para aplicarlo a bienes o servicios como destinatario final (art. 1 L. 24240). En consecuencia, no es una relación de consumo.
V. En segundo lugar, el ejecutado se agravia porque se ha rechazado la excepción de falsedad del título ejecutivo cuando según la pericia caligráfica se adulteró el monto del pagaré, ya que la primera cifra del monto de cada pagaré fue efectuada con distinto medio escritor, y el juez omitió valorar esta circunstancia en su sentencia.
Es trascendente señalar que la perito establece que " el primer guarismo que se visualiza en las tres cantidades en números, presenta la misma tonalidad tintorea que se ha utilizado para el resto del llenado, siendo esta otra distinta a la que se usó para las cantidades "66.000" y "67.000" (fs. 200 vta.). Y también " se advierte que esos primeros números denotan haber sido estampados con una tinta de tonalidad distinta al resto del llenado, pudiendo verificar entonces que esas cifras en números fueron plasmadas en dos tiempos ejecutivos diferentes " (fs. 182 vta.).
Además todo lo escrito en el pagaré, salvo la firma, pertenece a De Brito (reconocimiento de fs.167).
Si existen dos tintas y dos momentos distintos de escritura, conforme las reglas de la lógica y de la experiencia es altamente probable que los pagarés hayan sido firmados dos por la suma de $67.000 y uno por la suma de $66000, dejando en blanco el cuerpo del título, y que luego se agregó un número adelante de cada cifra y el monto en letras en forma coincidente con la nueva cifra resultante (ver fs. 176/178).
Si bien la perito no puede establecer cual de las dos tintas se ha utilizado primero, no es lógico pensar que primero se escribió sólo el primer número "6" "7" y "9" - dejando un espacio en blanco detrás- y el resto del llenado del pagaré (lugar y fecha, monto en letras, etc.), y luego se llenó el "66.000" y los dos "67.000". Lo lógico es lo contrario, que primero se escribieron esos números, junto con la firma del ejecutado, y luego se llenó todo el resto.
La suscripción de los pagarés por los montos sin la primera cifra, es coherente con los dichos del testigo Dr. Hernández quien señaló que el Sr. Marcheschi le dijo que " por ese monto no le había entregado nada al Señor De Brito" (fs. 279 vta.). ( el énfasis es mío).
Si bien no existen pruebas que corroboren la versión que de los hechos trajo el excepcionante -esto es que los pagarés fueron entregados en garantía del pago de un convenio laboral - lo cierto es que ante la claridad de la pericia no puedo dejar de valorar la existencia de un número escrito con otra tinta adelante de las cifras de cada pagaré. Es de toda evidencia que si el Sr. De Brito se hubiera quedado sin tinta al escribir el pagaré, no serían de distinta letra sólo el número inicial de cada cifra.
Analizando esa información infiero que se ha alterado el monto el números, cambiando la obligación cartular suscripta. Existió una voluntad tendiente a modificar la literalidad que es propia del título de crédito.
Considero que en este caso la prueba caligráfica es decisiva y suficiente para acreditar la falsedad del título, pues el perito se pronunció sobre hechos que el mismo aprecia desde su propia experiencia y aplicando principios científicos que como experto conoce debidamente, de los cuales se han extraído las consecuencias, utilizando pare ello el juez las reglas de la lógica y la experiencia.
VI. Atento que, si mi colega acuerda con este voto, por el que se hace lugar parcialmente a la falsedad de título, correspondería también revocar la multa de 10% del importe de la deuda a cargo de la ejecutada, pues fue impuesta en los términos del art. 549 CPCC, es decir por considerar a la excepción, que ahora se acoge, como una articulación manifiestamente improcedente.
VII. Como consecuencia de considerar adulterados los pagarés, debo ahora analizar si la falsedad material los invalida como objeto del proceso ejecutivo, ya que se puede llevar adelante "parcialmente" la ejecución (art. 549 CPCC).
Ya expliqué que considero acreditado que el deudor suscribió el título ejecutivo por los montos "originales" de $66.000, $67.000 y $67.000.
Concluyo que los pagarés son válidos para la ejecución por esas sumas "originales", que totalizan $200.000, con más los intereses que llegan firmes a esta instancia. Ello sin perjuicio de lo que pudiera determinarse en el juicio ordinario posterior donde se podrá investigar otros elementos que hacen a la causa de la obligación.
VIII. Atento la forma en que se resuelve no es necesario ingresar en los demás agravios.
Consecuentemente, voto POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante adhería a la solución propuesta y en consecuencia también votaba por la NEGATIVA .
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, revocar la sentencia en cuanto ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $2.400.000 e impone una multa de 10% del importe de la deuda a cargo de la ejecutada, y hacer lugar parcialmente a la excepción de falsedad de título, modificando el capital por el cual procede la ejecución al de $200.000.
Propongo que las costas de la alzada se impongan al apelado vencido (art. 68 CPCC) y las costas de la instancia de origen se mantiene a cargo del ejecutado que es vencido en lo esencial (art. 68 y 274 CPCC)
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: que por idénticos motivos votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la sentencia en cuanto ordena llevar adelante la ejecución por la suma de $2.400.000 e impone una multa de 10% del importe de la deuda a cargo de la ejecutada, y se hace lugar parcialmente a la excepción de falsedad de título, modificando el capital por el cual procede la ejecución al de $200.000. Costas de la alzada al apelado vencido (art. 68 CPCC). Firme la presente, devuélvase al Juzgado de origen haciéndole recomendación de devolver la causa penal y adecuar el embargo trabado en autos conforme los términos de la presente sentencia (art 34 inc. 5, 36 y 272, C.P.C.C.). REG. NOT.
Fin de la sentencia