Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe modifica la resolución de fs. 66, debiendo ordenarse el libramiento del mandamiento de intimación de pago conforme el monto reclamado y presupuestándose, provisoriamente, una suma para responder a los intereses y costas (conf. art. 529, C.P.C.C.). Ello claro está, sin perjuicio de la facultad del sentenciante de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24240. Por último, se imponen las costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, C.P.C.C.).
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO
I. Vienen las presentes actuaciones a la Alzada a los fines de resolver la apelación contra el pronunciamiento de fs. 66, mediante el cual la sentenciante de origen requirió se aclare la suma ejecutada en concepto de capital que emerge de la sumatoria de los instrumentos por cuanto la misma no coincide con el monto consignado por el mismo rubro en la documentación de fs. 59/60.
El apelante en su crítica de fs. 67/69, requirió la revocación de la resolución y que se mantenga lo dispuesto a fs. 25 (arts. 248 CCPC, dictamen Fiscal de Cámaras fs. 78).
II. Abordando la cuestión sometida a revisión se observa que en el presente se reclama el cobro ejecutivo de dos pagarés (v. fs. 14 y 16) adjuntando el accionante un documento titulado contrato de mutuo a fs. 60/61.
En la demanda expuso que la accionada suscribió dos pagarés el día 24 de junio de 2013, de pesos 3636. Agregó que incurrió en mora el día 10 de agosto de 2013, por no haber sido abonados.
Dado el trámite y ordenada la ejecución a fs. 25, agregado el mandamiento de intimación de pago a fs. 55/56 al solicitar el dictado de sentencia de trance y remate, la sentenciante de la instancia anterior advirtiendo que el título que se pretende ejecutar se trataría de una relación de consumo, previo a todo trámite intimó a que la actora adjunte documentación a los fines de complementar el título en los términos del artículo 36 de la ley 24.240, agregándose a fs. 59/60 contrato de mutuo.
El documento citado indica el monto entregado de pesos 3000, la cantidad de cuotas (18) y el importe de las mismas ($ 404), su periodicidad, intereses punitorios y su tasa, y la suscripción de dos pagarés por la suma de $ 3636, entre otras cláusulas.
Pasadas las actuaciones al Sr. Agente Fiscal, en su dictamen la funcionaria señaló que debían aplicarse el plexo normativo referido a las normas de consumo puesto que el pagaré acompañado resultarían representativos de una relación de consumo financiero o de crédito para el consumo. Agregó que la suma ejecutada en concepto de capital no se condice con el monto consignado por el mismo rubro en la documentación agregada en autos, coligiendo que se han incorporado intereses compensatorios, debiendo la actora readecuar la demanda al capital puro debido (fs. 65 y vta.).
En la decisión recurrida, como medida previa a dar curso al pedido de sentencia, la sentenciante de primera instancia ordenó que la actora aclare la suma de capital que reclama en virtud de lo advertido por la Sra. Agente Fiscal.
III. En los juicios ejecutivos, a diferencia de lo que ocurre con la demanda articulada en un proceso de conocimiento, de la cual el magistrado debe controlar los presupuestos formales y sustanciales del acto, la ley impone, además, el examen del título con que se inicia o prepara la vía ejecutiva (esta Cámara, Sala, causa 122.746, RSI 362/17, sent. del 18-12-17).
Así, la facultad que se otorga al juez de examinar el título con que se deduce la ejecución se extiende solamente a controlar los aspectos del mismo en cuanto a su viabilidad formal, por ejemplo, si se han reunido los recaudos procesales (suma líquida y exigible, no sujeta a condición; determinación clara del sujeto activo y pasivo, etc.); reunidos los cuales la ejecución debe ser despachada, no pudiendo ese examen, por el contrario, ir más allá de considerar cuestiones que hacen al fondo del asunto; así, verificar si la acción prescribió o no, si hay compensación, etc., puesto que los mismos deben quedar supeditados a que el ejecutado los plantee en la instancia procesal correspondiente y ser resueltos por sentencia so pena de lesionar el principio de bilateralidad, caer en prejuzgamiento y distorsionar la naturaleza jurídica del proceso ejecutivo, si se los resuelve por el juez de oficio antes de trabarse la litis (conf. Morello, Sosa; Berizonce, “Códigos…” edit. Abeledo Perrot, Tomo VI, cuarta edición ampliada y actualizada, pag. 828, jurisp. allí cit.).
En ese entender, una vez despachada favorablemente la ejecución, el juez ordenará librar mandamiento de intimación de pago y embargo. Cabe destacar que en el mandamiento debe constar el monto que se reclama, más otra suma que fijará el juez provisoriamente para responder a intereses y costas, para lo cual el juez debe atenerse al título.
Ahora bien, esta Sala tiene dicho que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación de crédito para consumo –cuestión consentida por el ejecutante al presentar el escrito electrónico de fs. 63- deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria (doct. esta Cámara, Sala II causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, e/o).
Precisamente, la norma en cuestión (art. 36 de la ley 24.240), con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo, el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total, el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y los gastos extras que hubiere. La exigencia de esa especificación en este tipo de operaciones tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
Es por ello que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 CN) la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el art. 36, ley 24.240 -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (esta Cámara, Sala, causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 119.461, RSD 10/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD14/16, sent. del 4/2/16; 119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16, e/o).
En la hipótesis, la ejecutante ha consentido que se trata de una operación de crédito para consumo y que cabe aplicar el artículo 36 de la ley 24.240, en cuanto a los recaudos que deben reunir los pagarés cuya ejecución se solicita (v. fs. 38/41; doct. arts. 155, 242 inc. 3, 246, 260, C.P.C.C.).
Nótese que en el escrito presentado a fs. 63 indicó: “… vengo por el presente a cumplir con la intimación cursada ... en el caso de autos mi mandante ha dado cumplimiento con lo normado en el art. 36 de la ley 24.240…”.
Por ello, siendo que los títulos por los cuales se inicia la ejecución son pagarés el juez debe atenerse al mismo y a si la documentación anexa cumple con los requisitos exigidos por el artículo 36 de la ley 24.240, ello con la finalidad de posibilitar el control de las cláusulas contractuales –de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la mentada ley-.
Por ende, en verdad, habrá que estarse, a los fines del mandamiento, a la suma establecida en tales títulos valores cartulares (esta Cámara, Sala II, causa 122.014, RSD 311/17, sent. del 9-11-17).
Cabe aclarar que ello no obstaculizará el análisis de la suma que en ellos conste en ocasión de dictar la sentencia decisión en la cual el Juez podrá aplicar sus facultades morigeradoras.
La congruencia que debe existir entre la suma pedida y el mandamiento se impone, en tanto será este monto al cual el ejecutado podrá oponerse, estableciéndose un coto a lo debatido en la ejecución. La sentencia podrá prosperar por lo pedido o por menos o por nada –si se rechazara- pero no por más. De ser esta última opción, se violaría el derecho de defensa en juicio del ejecutado (art. 18, CN).
Así, atento lo establecido, se aprecia que la decisión recurrida, en cuanto dispone que el mandamiento de intimación de pago y citación de remate ascenderá a la suma de $ 7272 en concepto de capital puro, no se ajusta a derecho, debiendo ordenarse el libramiento del sindicado mandamiento conforme el monto reclamado más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, C.P.C.C.; esta Sala, causa 122.014, cit.).
Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24240.
POR ELLO, se modifica la resolución de fs. 66, debiendo ordenarse el libramiento del mandamiento de intimación de pago conforme el monto reclamado y presupuestándose, provisoriamente, una suma para responder a los intereses y costas (conf. art. 529, C.P.C.C.). Ello claro está, sin perjuicio de la facultad del sentenciante de analizar nuevamente los títulos base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24240. Por último, se imponen las costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituído a la parte actora (arg.art. 143, CPCC, según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia