Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 124597
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara mal concedido, con fecha 17 de octubre de 2018, el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto con fecha 10 de septiembre de 2018, contra el auto de fecha 3 de septiembre de 2018. A su vez, se confirma la resolución de fs. 228 y vta., imponiéndose las costas de Alzada a la recurrente por resultar perdidosa en la presente incidencia (conf. arts. 68, 69, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXV
Causa N° 124597; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 16 de abril de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación subsidiariamente incoado por la demandada con fecha 10 de septiembre de 2018, contra el auto de fecha 3 de septiembre de 2018, por cuanto declara desierto el recurso de apelación interpuesto a fs. 224 –el que fuera concedido en relación y con efecto diferido a fs. 226-. El 17 de octubre se desestimó la revocatoria intentada, concediéndose en relación la apelación articulada. Por otro lado, el 29 de agosto de 2018 la accionada apeló la resolución de fecha 14 de agosto de ese mismo año -recurso que fue concedido el 30 de agosto de 2018-, obrando su respectiva fundamentación a fs. 231/232 vta., la cual mereció réplica de la contraria el 19 de septiembre de 2018. Finalmente, el 20 de diciembre de 2018 el Fiscal de Cámaras presentó su dictamen, refiriendo que no correspondía su intervención, por cuanto el negocio jurídico que diera origen al crédito cuya ejecución se pretende no puede ser enmarcada en una relación de consumo.
II. En el presente caso, contra la resolución que resolvió reformular la sentencia de trance y remate dictada a fs. 55 -la cual dejó sin efecto la capitalización sobre intereses e impuso las costas de la incidencia en el orden causado- (v. fs. 213/214), la demandada apeló la misma (fs. 224), recurso que fuera concedido en relación y con efecto diferido (fs. 226)
Por otro lado, el 3 de septiembre de 2018, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 246 del Código Procesal Civil y Comercial y a solicitud de la parte actora (v. escrito y archivo adjunto del 31/8/18), el juez a quo, atendiendo que no fue fundado en tiempo y forma el recurso de apelación concedido a fs. 226, dio a la demandada por perdido su derecho y declaró desierto el mismo, lo que motivó que la aquí recurrente interpusiera el recurso de revocatoria con apelación subsidiaria (v. escrito del 10 de septiembre de 2018), reposición que fuera desestimada, mas se concedió en relación la apelación articulada (v. resolución del 17/10/18).
En prieta síntesis, la quejosa explica que se declaró desierto el recurso por aplicación del artículo 246 del Código de rito, cuando en rigor de verdad dicho articulado reza expresamente que sólo es aplicable ante apelaciones sin efecto diferido, lo que marca una clara contradicción que violenta su derecho a recurrir. Sostiene que la actora yerra al requerir que se declare desierto el recurso, invocando para ello el artículo 247 del Código Procesal Civil y Comercial, pues de aquél se colige que no se venció el plazo para expresar el fundamento del recurso. Es acorde a ello que, a su entender, de ningún modo puede atentarse contra el derecho a recurrir, violándose así, su derecho de defensa en juicio (v. escrito de fecha 10/9/18).
III. Sabido es que el Tribunal de Alzada, es el juez del recurso y entre sus innegables facultades está la de constatar, entre otras, si fue interpuesto en término, si la resolución es apelable, la legitimación o el interés de quien recurra, sin estar atado a lo resuelto por el juez a quo ni por lo acordado por las partes (esta Sala, causas 114.562, sent. int. del 09-02-12, RSI 14/12; 124.812, sent. int. del 12/3/19, RSI 40/19).
Más allá de lo actuado en autos y las argumentaciones que en torno a ella formula el quejoso, cabe indicar que contra la providencia que declara la deserción del recurso de apelación, al igual que la que rechaza el recurso, la única vía revisora idónea es la del recurso de queja por ante la Alzada por aplicación analógica del artículo 292 del Código Procesal en lo Civil y Comercial. Ello pues, en estos supuestos, la revisibilidad por el Tribunal Superior es la regla que señala nuestra legislación procesal, evitándose de esta forma la configuración de un círculo vicioso, en caso de ordenarse nuevas devoluciones de la fundamentación recursiva (art. 275 del C.P.C.C.; cfme. Podetti "Tratado de los recursos", n° 65, pág. 143; esta Sala, causa B-67410, RSI 122/89; causa B-70829, RSI 33/91; causa 91776, RSI 165/2000; causa 120279/2, RSI 298/18, e/o).
Conforme lo expuesto, no siendo la apelación subsidiaria la vía correspondiente para cuestionar la declaración de deserción de un recurso, corresponde declarar mal concedido, con fecha 17 de octubre de 2018, el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto con fecha 10 de septiembre de 2018, contra el auto de fecha 3 de septiembre de 2018.
IV. Ahora bien, resta tratar el recurso de apelación incoado el 29 de agosto de 2018 por la accionada, quien apeló la resolución de fecha 14 de agosto de ese mismo año.
La decisión puesta en crisis dispuso desestimar la impugnación a la liquidación formulada por la señora Alicia Norma Albagli y aprobar la liquidación practicada por la parte actora, por la suma de $1.472.926,12, comprensiva de los siguientes conceptos: $104.863,53 por capital y $1.367.371,71 por intereses. Finalmente, impuso las costas de la presente incidencia a la parte ejecutada en su calidad de vencida (v. resolución de fecha 14/8/18).
Contra esta forma de resolver se alza la recurrente, entendiendo que a raíz de una multiplicación exorbitante de la deuda original -$104.863,53- la misma se transformó en impagable. A su vez, esgrime que la resolución atacada no se ajusta a los parámetros legales vigentes, en tanto transgrede el artículo 771 y concordantes del Código Civil y Comercial, el cual dispone la facultad de los jueces para morigerar los intereses (v. escrito de fs. 231/232 vta.).
Por último, se muestra disconforme en relación a la imposición de las costas, implicando, a su entender, un tratamiento desigual respecto a la entidad bancaria. Explica que se violenta el derecho de igualdad, puesto que la última de las nombradas efectuó una grosera e insólita liquidación, debiendo exigírsele mayor diligencia en la confección de este tipo de cálculos (v. escrito de fs.231/232 vta.).
V. Al respecto, hemos de recordar que los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los intereses, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que aquellos estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas. Tales facultades se hallan presentes en el Código Civil (arts. 953 y 1071) y en el actual (arts. 7, 9, 10, 771, 779 y conc. del C.C.C.N.).
El artículo 771 del Código Civil y Comercial, al cual hace mención la recurrente, prescribe que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses exceda, sin justificación y desproporcionalmente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación (conf. art. 771, C.C.C.N.).
Incluso, el ejercicio de dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivarse el resultado de la cuenta.
En el caso, el 19 de septiembre del año 2000, el juez de grado mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto Alicia Norma Albagli de Botalon Nautica, haga a su acreedor, Banco de la Provincia de Buenos Aires, íntegro pago del capital reclamado, el que asciende a la suma de $104.863,53, provenientes del saldo deudor en cuenta corriente n° 61.229 con más intereses compensatorios a la tasa que percibe el banco ejecutante para las operaciones de descubierto en cuenta corriente bancaria y punitorios al 50% de aquéllos, los que a, a su vez, se dispuso que serían capitalizados trimestralmente desde la mora -que en la especie operó el día 18 de marzo del 2000- y hasta el efectivo pago. Finalmente, se condenó en costas a los ejecutados vencidos (v. fs. 55).
Llevada a cabo por la actora la respectiva liquidación, la que arrojó el resultado total de $4.932.376.427,79 –comprensivo de: $104.863,53 de capital, $4.932.271.529,26 de intereses y $35 de gastos- (fs. 163) e impugnada que fuera la misma (fs. 178/177), el juez de grado dispuso reformular la sentencia de trance y remate dictada a fs. 55, dejando sin efecto la capitalización sobre intereses allí prevista y, finalmente, impuso las costas de la incidencia en el orden causado (v. fs. 213/214).
Ello así, pues si bien advirtió que la liquidación efectuada por la entidad bancaria se ajustaba a las pautas señaladas en la sentencia de trance y remate dictada, la aplicación de mecanismos de actualización hacía que el resultado final evidencie lo excesivo de las cuentas, resultando contrario a lo normado por los artículos 2, 7, 9, 10, 11, 279, 958, 1004 del Código Civil y Comercial.
En tal entendimiento, el iudicante expuso que “avizorando que la incidencia de la capitalización de los intereses en el sub judice impacta de sobremanera en la cuenta de capital de condena, resultando un guarismo verdaderamente sorpresivo, intempestivo, descontextualizado, desorbitado, extraordinario e irrazonable, en tanto la liquidación realizada patentiza una magnífica desproporción entre el capital reclamado y su actualización, es que propicio reformular la sentencia de trance y remate dictada a fs,. 55, procediendo a dejar sin efecto la capitalización sobre intereses allí prevista” (v. resolución de fs. 213/214, esp. fs. 214).
Ya con fecha 14 de agosto de 2018, el sentenciante de grado refirió que analizó el cálculo aritmético practicado por la ejecutante de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de trance y remate de fecha 19 de septiembre del 2000 y en la sentencia interlocutoria de fecha 6 de diciembre de 2017 (fs. 213/214), observando que el mismo se ajustaba a las pautas allí dispuestas (fs. 228).
Es en ese entender que, las críticas referidas a que la resolución atacada no se ajusta a los parámetros legales vigentes, en tanto transgrede el artículo 771 y concordantes del Código Civil y Comercial, el cual dispone la facultad de los jueces para morigerar los intereses, no merece favorable acogida pues en la decisión de fs. 213/214, con criterio de actualidad, se decidió dejar sin efecto la capitalización sobre los intereses prevista en la sentencia de fs. 55.
De esta manera, al evidenciar el monto desproporcionado entre el capital reclamado y su actualización, el juez a quo dispuso realizar la morigeración aludida –la cual no fue cuestionada- no pudiendo esgrimirse con posterioridad a ello que aquélla no se ajusta a los parámetros vigentes, cuando precisamente se reformuló la sentencia de trance y remate a fs. 213/214, a raíz de apreciarse que la incidencia de la capitalización de los intereses impacta de sobremanera en la cuenta de capital de condena.
Cabe destacar que la apelación articulada contra la decisión de fs. 213/214 -si bien con posterioridad se declarara desierto el recurso incoado-, lo fue contra el pronunciamiento referido a la imposición de las costas, no esgrimiéndose otra consideración respecto de la morigeración efectuada por el iudex a quo. Ello también puede observarse en el memorial de agravios que luce a fs. 231/232, en donde se indicó que se apeló la falta de imposición de costas a la perdidosa en la sentencia del 6/12/2017.
Consecuentemente, cabe confirmar la resolución de fs. 228 y vta, en cuanto desestima la impugnación a la liquidación formulada por Alicia Norma Albagli y aprueba la practicada por la parte actora por la suma de $1.472.926,12.
VI. Por otro lado, se adelanta que tampoco cabe acoger favorablemente los agravios formulados por la aquí recurrente, en cuanto cuestiona la imposición de las costas dispuesta en el resolutorio de fs. 228.
Deviene menester señalar que la norma del artículo 68 del ordenamiento procesal dispone que la parte vencida en el pleito habrá de afrontar el pago de los gastos de la contraparte. El fundamento de la imposición de costas reside en hacer efectiva la responsabilidad de quien, litigando sin derecho, ha ocasionado a su adversario injustificadas erogaciones para el reconocimiento o defensa de sus intereses (conf. esta Sala, causa 118656, sent. int. del 28/2/19, RSI 33/19; art. 68, CPCC).
De tal modo, la preceptiva indicada consagra el principio de imposición, basado en el mero hecho del vencimiento, que sólo debe ceder si el sentenciante halla mérito suficiente para establecer la excepción y funda adecuadamente sus razones en el pronunciamiento respectivo, bajo pena de nulidad (art. citado, segunda regla; esta Sala Causas 93.111, sent. del 25/4/2.000, RSD 86/2.000; 120688, sent. del 4/10/16, RSD 205/16; 118656, sent. int. del 28/2/19, RSI 33/19, e/o).
Para verificar si la parte que ha sido gravada con la obligación de afrontar los gastos causídicos, se debe verificar si la misma, efectivamente, ha sucumbido en sus pretensiones -actorales o defensivas- ante la contraria, siendo imprescindible efectuar un cotejo entre la postura que uno de los litigantes ha delineado en los planteos sometidos a la jurisdicción, y la tesis que la contraria ha opuesto a su progreso y, todo ello, de frente a las conclusiones contenidas en el fallo.
Así, meritando que la pretensión del accionante fue que se apruebe la nueva liquidación practicada por la suma de $1.472.926,12, conforme las pautas de la sentencia de trance y remate y de la resolución modificatoria, mientras que al impugnarla, la recurrente indicó que dicha suma resultaba exorbitante, debiéndose rechazar la misma, es que corresponde que se le impongan las costas de ambas instancias a la demandada, puesto que resultó perdidosa en la incidencia planteada (conf. arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se declara mal concedido, con fecha 17 de octubre de 2018, el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto con fecha 10 de septiembre de 2018, contra el auto de fecha 3 de septiembre de 2018. A su vez, se confirma la resolución de fs. 228 y vta., imponiéndose las costas de Alzada a la recurrente por resultar perdidosa en la presente incidencia (conf. arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en el domicilio electrónico constituido a las partes (arg. art. 143, CPCC. según ley 14.142; art. 1 del Anexo I del Reglamento para la notificación por medios electrónicos). REMITANSE los autos al Sr. Fiscal de Cámaras. DEVUELVASE.
Fin de la sentencia