Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 125003
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 46/48 aclarado a fs. 50, no es justo (arts. 16, 18, 43 y cc. de la Constitución Nacional; 15, 38 y cc. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 771 del C. Civil y Comercial; 36, y cc. ley 24.240; 246, 556, 557, 589 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Modificar la decisión recurrida de fs. 46/48 aclarada a fs. 50 y disponer que, al capital adeudado de $ 5000 se le adicionen los intereses compensatorios devengados desde la última cuota impaga del mutuo denunciado y ello a las tasas pactadas en el mutuo de fs. 4 y vta., hasta la fecha de la mora, fecha a partir de la cual y hasta el efectivo pago se devengarán los moratorios a la tasa legal, en tanto no superen en su conjunto en una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus operaciones normales de descuento a 30 días. II) Confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravio. III) Las costas de Alzada se distribuyen por su orden atento la ausencia de contradicción y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 69 CPCC). Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad.
En la ciudad de La Plata, a los 18 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve reunidos en acuerdo ordinario los señores jueces de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, Sala Tercera, doctores Andrés Antonio Soto y Laura Marta Larumbe, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: “ILLARIETTI HECTOR LUIS C/ PARRA NICOLAS SEBASTIAN S/ COBRO EJECUTIVO", (causa nº 125003), se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio de fs. 46/48 aclarado a fs. 50?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
I. Mediante la sentencia de trance y remate referida la Sra. Juez de la instancia anterior mandó llevar adelante la ejecución promovida por la suma de capital de $ 5000 con más los intereses a la tasa pasiva anual promedio del mercado difundida por el Banco Central de la República Argentina vigente a la fecha de la celebración del contrato desde la constitución en mora el día 10 de mayo de 2015 hasta su efectivo pago imponiendo las costas a la ejecutada.
Para así decidir analizó los instrumentos de fs. 5/10 y la documentación complementaria de fs. 4 y 11, armonizando las normas relativas a los títulos cambiarios con los recaudos exigidos por el artículo 36 de la ley de Defensa del Consumidor, estableció el monto adeudado, la fecha de mora y morigeró los intereses pactados teniendo en cuenta las facultades que emanan de dichos preceptos con cita del artículo 771 del Código Civil y Comercial.
Se disgusta el recurrente del monto por el cual se ordenó llevar adelante la ejecución. Sostiene que el juez carece de facultades para analizar la composición del título, ya que aunque el mismo título discrimine entre capital e intereses devengados, en definitiva el importe final del pagaré es por el cual se reclama la vía ejecutiva. Agrega que se vulneró el principio de congruencia pues el monto sentenciado no concuerda con el inserto en la demanda. Refiere que el juez, por la mera aplicación de inferencias presuntivas de manera oficiosa, violenta principios elementales del derecho cambiario y del ordenamiento procesal. Manifiesta que cuenta con documental adicional que complementa el título que pretende ejecutarse, la cual cumple en debida forma con los requisitos enumerados en los incisos pertinentes del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y que debe ordenarse la ejecución por los montos ejecutados que arriban a un total de $ 9273, con más los intereses del artículo 52 del decreto ley 5968/63 (fs. 53/55, Fiscal de Cámaras, fs. 61 y vta.).
III. Liminarmente cabe señalar que en autos llega firme a esta Alzada que se trata de una operación de crédito para consumo o financiación para consumo, regulada en al artículo 36 de la ley 24.240.
Precisamente, ello ha sido reconocido expresamente por el apelante en su memorial, quien expresa que la documentación acompañada oportunamente por él cumple en debida forma con los requisitos enumerados en los incisos pertinentes del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Sentado lo anterior cabe destacar que el artículo 36 de la ley 24.240, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones, tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
En las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Const Nac.) la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el art. 36, ley 24240 -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (esta Cámara Sala II, causas 119.381 RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; e/o). Por dicho fundamento, es que el juez goza de facultades para analizar la composición del pagaré traído.
El artículo 529 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que "el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución…", a lo que cabe agregar, que este Tribunal tiene resuelto que dicha facultad se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio (esta Cámara Sala II, causas B-79854, RSD 386/94; B-81463, RSD 354/95; 88.875 RSD 371 bis; 114.452 RSI 7/12, cit.; 114.591, RSD 28/12, sent. del 8-3-12).
Por tal motivo, la sentenciante tiene la facultad de analizar de oficio la habilidad del documento con el que se deduce la ejecución y esa facultad se extiende hasta el dictado de la sentencia.
Es que, la citada ley 24.240 es de orden público. La misma habilita al juez a analizar la composición de los títulos ejecutivos traídos, pues de lo contrario se verían seriamente conculcados los derechos que dicha ley tuitiva reconoce (doct. y art. 65, ley 24.240).
Despejado lo anterior, se aprecia que en autos se han cumplimentado los requisitos previstos en el mentado artículo 36 del a ley 24.240 respecto de los pagarés traídos (fs. 5/10, 4 y 11).
Ahora bien, se observa que los pagarés de fs. 5/10 con fecha de creación el día 23-02-15, por la suma de $ 4044 y dos de $ 3036, con vencimiento "a día fijo" el 10-5-15, se suscribieron en virtud de un contrato de mutuo (fs. 4 y vta.) por la suma de $ 5000 -más intereses compensatorios a la tasa que allí se consigna-, pagadero en 12 cuotas de $ 843 (comprensivas de capital e intereses compensatorios, total financiado de $ 10.116).
Se concluye así, que la sentencia cuestionada, en cuanto determina que la condena debe ser por la suma de pesos 5000 en concepto de capital, cuyo monto resulta del mutuo de fs. 4 y vta., se ajusta a derecho y en ese aspecto debe ser confirmada.
En orden a ello, teniendo en consideración los pagos parciales denunciados (v. fs. 23vta.) y el sistema de amortización de capital e intereses convenido, se colige que, respecto de los pagarés habiendo el demandado abonado la suma de $ 843 -correspondiente a 1 cuota de $ 843- el importe de pesos $ 416,66 corresponde a capital y el de pesos $ 426,33 a intereses compensatorios. Ello pues, si se divide el capital de $ 5000 en 12 -cantidad de cuotas- arroja que se cancela, por cuota, las sumas referidas, lo cual da la suma de $ 843, que es el importe del pago parcial denunciado
De este discurrir se desprende que, si bien -como se dijera- el monto del capital por el que ha de prosperar la ejecución es de $ 5000, más los intereses dispuestos en la sentencia atacada, se aprecia que no se ha reconocido el cómputo de los intereses compensatorios convenidos respecto de las cuotas del mutuo devengadas hasta el vencimiento de las obligaciones respectivas., como ya se puntualizara.
Cabe recordar que los intereses compensatorios son los que se pagan por el uso del capital ajeno y resultan independientes de la culpa o dolo del deudor, siendo su pacto autorizado por el artículo 767 del Código Civil y Comercial. Corren, en general, desde que el deudor recibe el capital y hasta el vencimiento del plazo establecido para su restitución (esta Cámara, Sala, doct. causa 114.624, RSD 1/12, sent. del 3-2-12).
El artículo 767 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que la obligación puede llevar intereses compensatorios y son válidos los que se hubieren convenido entre el deudor o acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. También, dicho cuerpo legal preve que, a partir de la mora, el deudor debe los intereses correspondientes, pudiendo las partes acordar la tasa en forma previa (art. 768 inc. a C.C.C.N.). Por último, respecto de los intereses punitorios convencionales, los mismos se rigen por las normas que regulan la cláusula penal (arts. 769 del C.C.C.N.).
Es entonces que, existiendo pacto de intereses compensatorios, cabe que los mismos sean computados a las tasas convenidas, ello, claro está, sin perjuicio de la morigeración que cabe establecer en la especie.
Sentado lo anterior hemos de recordar que los jueces conservan las facultades de atenuar la incidencia de los intereses, si advierten que se encuentra comprometido el orden público en el supuesto que los estipulados contraríen los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres, pudiendo disponer su reducción en prevención de conductas antifuncionales y abusivas (conf. arts. 7, 9, 10, 771, 779 y conc. del C.C.C.N.). Dable es mencionar que dicha prerrogativa puede ser efectuada aún en el momento de examinar la liquidación respectiva, toda vez que es allí que se evidencia, nítidamente, si existe desproporción en las prestaciones, al objetivizarse el resultado de la cuenta.
Así, el artículo 771 del Código Civil y Comercial prescribe que los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada excede, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar que se contrajo la obligación.
A su vez, cabe tener presente en el análisis, que las tasas de interés se fijan computando, no sólo la ganancia que espera percibir el acreedor por haberse privado del uso del dinero que genera el bien, sino que también se contempla la potencial depreciación monetaria, los gastos que para el acreedor irroga la operatoria y el riesgo crediticio que estará dado por la mayor o menor seguridad de cobro que tenga aquél (esta Cámara, Sala II, causa 118.545, RSD 20/2015, sent. del 17/03/2015, e/o).
Por consiguiente, analizando la documentación acompañada por el accionante (fs. 4 y vta.), cabe modificar la sentencia apelada y disponer que al capital adeudado -$ 5000 se le adicionarán los intereses compensatorios devengados desde la última cuota impaga del mutuo denunciado, y ello a la tasa pactada en el contrato de fs. 4 y vta., hasta la fecha de la mora, en la que se devengarán los moratorios hasta su efectivo pago (esta Sala causa 123.340 reg. sent. 62/18).
Pasando al agravio traído referido a la tasa de intereses, requerida en la memoria la tasa legal del artículo 52 del decreto 5963/65, a pesar de la pretensión inicial efectuada en la demanda reclamo expreso de los intereses pactados, atendiendo a la propuesta antes formulada, se adicionará la tasa legal solicitada en tanto no supere junto con los compensatorios antes reconocidos, en una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones normales de descuento a 30 días vigente en los distintos períodos de aplicación.
Asimismo, cabe confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravio e imponer las costas de Alzada por su orden, atento la ausencia de contradicción al respecto y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 2° párr., 69, C.P.C.C.).
Por lo demás, la Cámara no está obligada a examinar todos los temas sometidos a su consideración si, dada la solución que se propone, ello se torna innecesario (SCBA, "Ac. y Sent." 1956-IV-28; 1959-I-346 y 1966-II-65; esta Sala, causas B-79.059, reg.sent. 195/94; B-79.453, reg.sent. 237/94; A-43.391, reg.sent. 282/94; B-80.266, reg.int. 51/95, 92.189 reg. sent. 291/00, 97624 reg. 27/02, 100948 reg. sent. 151/03, 102.650 reg. int. 157/04, 102.106 reg. sent. 306/04, 104.536 reg. sent. 181/05, e.o.).
Voto por la NEGATIVA.
Por los mismos fundamentos el doctor SOTO votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
Obtenido el necesario acuerdo de opiniones al tratar y decidir la cuestión anterior, corresponde modificar la decisión recurrida de fs. 46/48 aclarada a fs. 50 y disponer que al capital adeudado de $ 5000 se le adicionen los intereses compensatorios devengados desde la última cuota impaga del mutuo denunciado y ello a las tasa pactada de fs. 4 y vta., hasta la fecha de la mora, fecha a partir de la cual y hasta el efectivo pago se devengarán los moratorios a la tasa legal en tanto no superen en su conjunto en una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus operaciones normales de descuento a 30 días; confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravio. Las costas de Alzada se distribuyen por su orden atento la ausencia de contradicción y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 69 CPCC).
ASÍ LO VOTO.
El doctor SOTO adhirió en un todo al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
La Plata, 18 de marzo de 2019.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
Que en el precedente acuerdo ha quedado establecido que el decisorio dictado a fs. 46/48 aclarado a fs. 50, no es justo (arts. 16, 18, 43 y cc. de la Constitución Nacional; 15, 38 y cc. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 771 del C. Civil y Comercial; 36, y cc. ley 24.240; 246, 556, 557, 589 y cc. del C.P.C.C.; jurisprudencia citada).
POR ELLO: corresponde: I) Modificar la decisión recurrida de fs. 46/48 aclarada a fs. 50 y disponer que, al capital adeudado de $ 5000 se le adicionen los intereses compensatorios devengados desde la última cuota impaga del mutuo denunciado y ello a las tasas pactadas en el mutuo de fs. 4 y vta., hasta la fecha de la mora, fecha a partir de la cual y hasta el efectivo pago se devengarán los moratorios a la tasa legal, en tanto no superen en su conjunto en una vez y media la tasa que cobra el Banco de la Pcia. de Bs. As. en sus operaciones normales de descuento a 30 días. II) Confirmarla en todo lo demás que decide y fuera motivo de recurso y agravio. III) Las costas de Alzada se distribuyen por su orden atento la ausencia de contradicción y la manera en la que se resuelve (conf. arts. 68, 69 CPCC). Postérgase la regulación de honorarios para su oportunidad. Regístrese. Notífquese. Devuélvase.
Fin de la sentencia