Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129104
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, con costas al recurrente (arts. 68, 69, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129104; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ JOSE CLAUDIO DAVID S/COBRO EJECUTIVO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de abril de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129104, caratulada: "CREDIL SRL C/ JOSE CLAUDIO DAVID S/COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 3 de septiembre de 2019?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la ejecutante con fecha 18 de octubre de 2019 contra la resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, en cuanto el juez se inhibe de oficio para seguir entendiendo en las presentes. El memorial se presentó el día 23 de octubre de 2019. Con fecha 18 de marzo de 2021 se presentó dictamen del señor Fiscal de Cámaras.
2. Sostiene el apelante que el juez se ha extralimitado porque aplicó una normativa que no se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda, que se han soslayado los principios de literalidad, completividad y abstracción que rigen en el derecho cambiario y que no puede decretarse oficiosamente la incompetencia territorial mediando conformidad de partes, pues la competencia territorial es de carácter relativo y renunciable, y puede ser prorrogada, máxime cuando –reitera- la norma aplicada por el juez para declararse incompetente no existía al momento del inicio de las presentes. Agrega que el silencio del demandado en la instancia judicial importa una tácita aceptación de la prórroga de la jurisdicción y que además el juez ha consentido su propia competencia en los despachos de fs. 44, 52, 58, 66, 70 y 77 al ordenar un nuevo mandamiento con el cual se intimó a la accionada lo que motivó el pedido de sentencia.
3. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de expedirse al respecto con relación a juicios similares iniciados por la misma entidad actora (cfme. causas 123.736, RSD 198/18, del 14-8-18; 124.863, RSD 147/19, del 21-2-19; 125.227, RSD 81/19, del 11-4-19; entre muchas otras).
Sentado ello, cabe recordar que el órgano judicial es competente para conocer en un asunto determinado cuando por ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional en ese conflicto, causa o asunto. Mientras la jurisdicción es el poder de administrar justicia, la competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso en razón de la materia, cuantía económica, lugar y grado (esta Sala, causas 114.786, RSD 40/12, sent. del 27-3-12; 114.700, RSD 41/12, sent. del 27-3-12; 115.496, RSD 152/12, sent. del 25-10-12; 123.736, RSD 198/18, del 14-8-18 cit.; 124.863, RSD 147/19, del 21-2-19).
Es principio receptado por el primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial –en adelante CPCC- que la competencia atribuida a los órganos provinciales es improrrogable. Sin embargo, es menester precisar los conceptos de competencia absoluta y relativa y prorrogabilidad e improrrogabilidad que se vinculan y complementan entre sí. De tal manera, mientras la competencia por la materia y el grado es absoluta, por cuanto sus disposiciones no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes, la de orden territorial, que obedece primordialmente al interés exclusivo de los litigantes, es relativa y puede, por tanto, ser renunciada en forma expresa o implícita por aquellos a favor de quienes fue establecida. Esta facultad sólo puede ser ejercida en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 1, 2º párr. del CPCC; esta Sala, causas 114.786, 114.700, 115.496 citadas).
Dicha prórroga es expresa cuando al formarse la relación jurídica o antes de ejercitarse la pretensión, ambas partes la convienen por escrito, determinando explícitamente su sometimiento al Juez ante el que acude el demandante, (art. 2 del CPCC). Su fundamento radica en las ventajas que para los contratantes pueda reportar que sea un juez próximo a su domicilio o al lugar de sus negocios, quien conozca en un eventual litigio y esté autorizado por el Código Civil y Comercial (art. 78, Código Civil y Comercial de la Nación –ley 26.994-; esta Sala, causas 114.786, 114.700, 115.496 citadas).
La tácita se configura cuando el demandado se somete a la competencia del juez elegido por el actor sin articular incidencia.
Cabe entender que, al ser una regla que en las cuestiones patrimoniales la jurisdicción territorial dentro del ámbito de la Provincia es prorrogable (arg. art. 1° del CPCC), la incompetencia no puede ser declarada de oficio por el Juez de grado que hubiese sido requerido, sino que corresponde al accionado oponer -eventualmente- la excepción.
Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo C. 109.305, "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro Rene s/ Cobro Ejecutivo" (sentencia del 1° de septiembre de 2010), estableció que si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (cfme. art. 542 CPCC), es posible una interpretación de la regla aludida a la luz de los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240).
En ese orden, admitió que los jueces declaren de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y justificados) de la existencia de una relación de consumo de las mencionadas en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Cabe indicar que esta forma de resolver se presenta como una excepción al principio general que establece que la competencia territorial es prorrogable en asuntos patrimoniales, en virtud del cual -como se dijo- el Juez ante quien ha sido articulada la demanda no puede inhibirse de oficio (arts. 1 y 2 del CPCC; SCBA, Ac. 107607, Res. del 24/VI/09; C 108875, sent. del 30/III/2010; C 113588, sent. del 22/XII/2010, e/o).
En la especie, las actuaciones se iniciaron con fecha 25 de junio de 2014, por lo tanto lo normado por el artículo 36 parte final -aplicado por el juez en el decisorio atacado- sí se hallaba vigente a ese momento, por lo que el agravio plasmado al respecto no es de recibo.
Asimismo, si bien la acción se halla sustentada en un pagaré -en el que no resulta viable penetrar en los aspectos causales del negocio-, existen elementos que permiten inferir que podría tratarse de una operación de crédito de las normadas en el artículo 36 de la ley 24.240 que ampara al consumidor contra las prórrogas de competencia.
Cabe ponderar la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados en este Departamento Judicial, más de 50 juicios ejecutivos en los que el accionante reviste calidad de actor (cfme. Mesa Virtual de la SCBA, ver Página Web) y la circunstancia de que el demandado en autos es persona física destinataria final del crédito, lo cual habilita la declaración oficiosa de incompetencia (arts. 36, ley 24.240; 1, 2, 163 inc. 5, C.P.C.C.).
Precisamente, la ley 24.240 -normativa de orden público (art. 65, ley citada)- introduce en su artículo 36 una disposición de competencia territorial no disponible por las partes y que conforme la cual será competente el tribunal del domicilio real del consumidor, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por dicha norma -operaciones financieras para el consumo y de créditos para el consumo-, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
La citada ley 24.240 constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras.
Así, esta norma, al reglar un tipo de relación específica, incide en el régimen de competencia establecido en el sistema jurídico, al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aún, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que nos ocupa, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación.
Este plexo normativo impone, que toda vez que se promueva una acción de cobro derivada de un título de crédito, en tanto por el domicilio del demandado el tribunal resulte incompetente, tal incompetencia debe ser declarada de oficio.
Es que el orden público derivado de la obligación de consumo torna inaplicable la prórroga tácita en materia de competencia territorial.
Entender que la abstracción procedimental o cambiaria impida la aplicación del artículo 36 de la citada ley 24.240, burlaría su finalidad protectoria y equilibrante. Aguardar que sea el deudor (usuario o consumidor) quien por vía de excepción introduzca la cuestión, importaría no sólo eventualmente posponer o diferir su análisis, sino también, lo que es más importante, frustrar la protección que impone la ley.
En el caso adviértase que acorde manifestara la empleadora del demandado (v. fs. 41), el ejecutado se domiciliaría en la localidad de Villa Tesei, Partido de Hurlingham (Pcia. de Bs. As.), por lo que, el juzgado de origen carece de competencia para entender en los presentes actuados (art. 36 Ley 24.240). Es que ello podría generarle impedimentos de orden económico al verse obligado a trasladarse a larga distancia de su domicilio para la defensa de sus derechos en este departamento judicial, "... puesto que una administración de justicia que quedare inhibida de escuchar a quienes no tienen recursos económicos para litigar, contraría lo dispuesto por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre” (S.C.B.A., Ac. 33.302, sent. del 23-7-85).
Atribuir al lugar de pago establecido en el documento base de la acción la aptitud de determinar la competencia judicial, vulneraría la garantía de la defensa en juicio, al crear obstáculos defensivos en función de la distancia (art. 18, Constitución Nacional).
No empece lo expuesto, la circunstancia de que ya se hayan cumplido actuaciones anteriores (v. fs. 44, 52, 58, 66, 70 y 77) a la declaración de incompetencia cuestionada, puesto que acorde resolvió nuestra Suprema Corte “…la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales que dictó: primer despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto libramiento del correspondiente mandamiento, no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio fundada en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor… en tanto la misma viene fundada en el art. 36 de la ley de defensa del consumidor y se practica invocando la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C.109.305 "Cuevas" ", (SCBA, resol. del 1-IX-2010; Rc 119.349, Int. del 17/06/2015), la que –como se dijo- es de orden público (art. 65, ley 24.240).
Por ello, siendo posible que exista una relación de consumo y que corresponda la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240, como acontece en la especie, debe tenerse en cuenta el principio rector conforme el cual, en los supuestos que exista duda ya sea en el carácter de consumidor o usuario del ejecutado, en la condición de proveedor del ejecutante o en la calificación de la relación, deberá estarse por la interpretación más favorable al consumidor, considerando aplicable al caso el plexo normativo del conjunto de las normas que protegen a los consumidores.
Cabe concluir entonces que el Juez natural para entender en el proceso debe ser aquél del domicilio real del deudor (arts. 1, 2, 3, 36 y 37, ley 24.240). Es dicho Juez el único que debe considerarse atribuido de competencia para determinar si existe o no relación de consumo en los términos que consagra el artículo 36 antes citado. De lo contrario se estaría impidiendo su acceso a la justicia, al tener que presentarse en extraña jurisdicción para hacer valer el planteo de incompetencia. No cabe, en supuestos como el de autos, admitir la prórroga frente a la incomparecencia de la accionada ni habilitar a un Juez de extraña jurisdicción que se atribuya una competencia que la demandada se vería impedida, por razones de distancia o económicas, de controvertir.
Por todo lo expuesto considero que la apelada resolución se ajusta a derecho y debe ser confirmada, con costas al recurrente (arts. 68, 69, CPCC).
Voto por la, AFIRMATIVA
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, con costas al recurrente (arts. 68, 69, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución de fecha 3 de septiembre de 2019, con costas al recurrente (arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia