Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128124
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso articulado y se revoca el decisorio de fecha 21 de mayo de 2020, (conf. arts. 53, ley 24.240 y 25, ley 13.133; causa 126.699 cit). Las costas se imponen por su orden atento la falta de oposición de la contraria (arts. 68, 69, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 128124; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
FINANCITI S.R.L. C/ SORICILLO NOELIA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 9 de Febrero de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. El decisorio de fecha 21 de mayo de 2020 no hizo lugar a la solicitud efectuada por la ejecutada quien, invocando el beneficio de gratuidad, se opuso a que se transfieran a la cuenta de la letrada apoderada de la parte actora los honorarios regulados por su actuación profesional en estas actuaciones (v. presentación del 15/05/20).
Para así resolver, la juez de primera instancia consideró que, en el presente caso, la concesión del beneficio de gratuidad, conforme la resolución de fecha 13 de mayo de 2020, no tuvo efecto retroactivo respecto de los gastos devengados con anterioridad a su solicitud (v. auto del 21/05/20).
Contra ello, la ejecutada interpuso recurso de apelación, que fue articulado el día 22 de mayo de 2020. El embate se concedió en relación y se fundó en la presentación de fecha 29 de mayo de 2020, sin réplica de la contraria. Asimismo, el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen en fecha 19 de noviembre de 2020, encontrándose los autos en estado de resolver.
2. Esta Sala ha dicho recientemente que, a diferencia del beneficio de litigar sin gastos, en el cual se entiende que la mentada franquicia carece de operatividad para la actividad jurisdiccional desarrollada con anterioridad a la solicitud del mismo (conf. arg. art. 78 del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC), en el beneficio de gratuidad previsto en la Ley de Defensa al Consumidor (ley 24.240), así como en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios (ley 13.133), no establecen estadio temporal alguno dado que el mismo opera por estar previsto expresamente por ley (conf. arts. 53, ley 24.240 y 25, ley 13.133; causa 126.699, RSD 12/20, sent. del 13/02/20).
Así, mal puede limitarse lo dispuesto por las indicadas leyes en cuanto al alcance temporal de tal prerrogativa, motivo por el cual -se adelanta- merece favorable acogida la solicitud del recurrente.
Es que, una interpretación que pretenda restringir los alcances de lo dispuesto por los artículos 53 de la Ley 24.240 y 25 de la Ley 13.133 no solo desconocería la pauta interpretativa que desaconseja distinguir allí donde la ley no distingue, sino que conspiraría contra la efectiva concreción de la garantía constitucional establecida a favor de los consumidores, tendiente a posibilitar el acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos (conf. arg. CSJN, Fallo: 338:1344).
Ahora bien, cierto es que en la resolución de fecha 13 de mayo de 2020 se concedió a la señora Badia el beneficio de gratuidad con los alcances del beneficio de litigar si gastos, es decir, con los mismos alcances que el código de rito le adjudica a este último en los artículos 83 y 84 del CPCC, comprensivos tanto del pago de impuestos y sellados de actuación como de las costas del proceso.
Sin embargo, en modo alguno contraría lo hasta aquí expuesto, dado que el beneficio de gratuidad -como se dijera- es otorgado por imperio de la ley y no requiere una decisión expresa del juzgador.
Al respecto, se ha dicho que el beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 es de por sí una figura autónoma –pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del CPCC; del pago de la tasa de justicia; y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito –pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el CPCC con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19).
En orden a lo expuesto es que corresponde hacer lugar al recurso articulado y revocar el decisorio de fecha 21 de mayo de 2020 (conf. arts. 53, ley 24.240 y 25, ley 13.133; causa 126.699 cit). Las costas corresponde imponerlas por su orden atento la falta de oposición de la contraria (arts. 68, 69, CPCC).
POR ELLO, se hace lugar al recurso articulado y se revoca el decisorio de fecha 21 de mayo de 2020, (conf. arts. 53, ley 24.240 y 25, ley 13.133; causa 126.699 cit). Las costas se imponen por su orden atento la falta de oposición de la contraria (arts. 68, 69, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. Y vuelvan los autos para tratar el recurso contra la regulación de honorarios.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia