Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 128627
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio apelado de fecha 19 de febrero de 2020 (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; causas 111.863, 102.948, 98.494 cit.) Las costas se imponen por su orden (arts. 68, 69 CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 128627; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº27 - LA PLATA
CACCIAGIU JOSE LUIS C/ BADIA NELIDA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los cuatro días del mes de Febrero de Dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 128627, caratulada: "CACCIAGIU JOSE LUIS C/ BADIA NELIDA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justo el decisorio apelado de fecha 19 de febrero de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Contra la decisión de fecha 19 de febrero de 2020, por cuanto el juez de primera instancia denegó el embargo ejecutorio peticionado sobre los haberes que la demandada percibe como beneficiaria de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la letrada apoderada de la ejecutante interpone revocatoria con apelación en subsidio el día 2 de marzo de 2020. El primero de los embates fue denegado, mientras que la apelación fue concedida (v. proveído del 5/3/20), encontrándose fundado el mismo en la referida pieza recursiva.
2. Inicialmente, corresponde tratar el agravio que invoca la quejosa, relativo a que su petición de fecha 13 de febrero de 2020 -que previno a la decisión recurrida- no importó un nuevo pedido de embargo, sino simplemente redirigir el anteriormente ordenado en fecha 6 de septiembre de 2019, esta vez, a la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (anteriormente autorizado al Ministerio de Seguridad bonaerense, v. resol. del 6/09/19).
Al respecto, es pertinente puntualizar que, habiéndose denunciado una variación en la situación laboral y previsional de la ejecutada, tal modificación fáctica habilita al juzgador a efectuar un nuevo análisis de la medida peticionada (arg. arts. 34, inc. 4, 195, 219 inc. 3, 220, 533 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, CPCC), por lo que el agravio no es de recibo (art. 242, 260, CPCC).
3. Abordando la tarea revisora, adelanto que el recurso no prospera, pues no puede soslayarse que la medida compulsiva pretende recaer sobre los haberes que la señora Nélida Beatriz Badia percibe como beneficiaria de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Al respecto, cabe señalar que la normativa que regula dicho ente estatal (ley 13.236) si bien no contiene expresa previsión sobre la embargabilidad o inembargabilidad del haber jubilatorio, es lo cierto que el artículo 54 indica que “Si un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de esta Ley, se aplicará supletoriamente el régimen previsional vigente en la provincia en cuanto fuera compatible con la esencia y naturaleza de la institución policial. En caso de duda sobre la aplicación de esta Ley, se estará por la norma legal que resulte más beneficiosa para el afiliado.”
Consecuentemente, en el caso devienen aplicables las normativas que emergen del decreto ley provincial 9650/80, es decir, el régimen de las prestaciones previsionales que otorgue el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (conf. art. 54, ley 13.236).
En ese entender, es dable destacar que el citado decreto ley provincial, en su artículo 57 establece que: “Las prestaciones que esta Ley establece revisten los siguientes caracteres: a) Son personalísimas y sólo corresponden a los propios beneficiarios. b) No pueden ser enajenadas ni afectadas a terceros por derecho alguno, salvo en los casos previstos en los incisos “c” y “d” de éste artículo e inciso “h” del artículo 4° de la presente Ley. c) Podrán reducirse en el monto necesario para atender el servicio de los préstamos personales y/o hipotecarios que acuerda el Estado, o por Mandato Judicial. d) Podrán ser afectadas, previa conformidad formal y expresa de los beneficiarios, a favor de Obras Sociales, Cooperativas y Mutualidades con las cuales convengan los descuentos pertinentes. e) Sólo se extinguen o suspenden por las causas previstas en la Ley. Todo acto o hecho jurídico que tienda a desvirtuar lo dispuesto en los incisos precedentes serán nulos y sin valor alguno” (art. 57, dec. ley prov. 9650/80).
Resulta claro que, salvo las disposiciones expresamente contempladas por el articulado en cuestión, el haber pensionario no puede ser afectado al pago de ninguna deuda, razón por la cual puede colegirse que la norma tiende a asegurar, primordialmente, la intangibilidad de las prestaciones.
Además, se impone recordar que la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (en adelante, ley 24.241) establece que las prestaciones que se acuerden por el SIJP resultan inembargables, con la salvedad de las cuotas por alimentos y litisexpensas (v. art. 14, inc. “c”, ley 24241).
En este sentido, esta Sala ha dicho que el alcance de los casos expresamente enumerados por la normativa provincial (art. 57, dec. ley prov. 9650/80) tiende a ser más restrictivo que lo dispuesto por la ley 24.241 -de fecha posterior al decreto ley 9650/80-, lo que repercute con los derechos tutelados por la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y por la propia Constitución Nacional (CN). En tal sentido, cuando la Nación concede mayores beneficios a las personas que perciben sus jubilaciones o pensiones sobre quienes, estando en iguales situaciones, perciben sus emolumentos de una Caja provincial, habrá que estar a la norma que brinda más protección para todo ese grupo de personas (causas 111.863, RSI 25/17, sent. int. del 21/2/17; 102.948, RSI 94/20, sent. int. del 6/5/2020; 98.494. RSD 212/20, sent. del 24/11/20)
Si bien esta Sala ha establecido que, siendo el patrimonio la prenda común de los acreedores, los bienes del deudor quedan afectados al cumplimiento de sus obligaciones, no menos cierto es que la ley puede establecer determinadas limitaciones a los derechos de los habitantes, con fundamento en el interés social (art. 21, CADH).
De allí que, por las consideraciones hasta aquí explicitadas y la naturaleza previsional de la suma que pretende afectársele, cabe excepcionar la posibilidad de retención para responder a las deudas ante terceros.
Es ante estos casos excepcionales que el derecho patrimonial de los acreedores debe ceder frente a derechos básicos tutelados por la Constitución Nacional, la Carta Magna provincial y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como lo son los llamados derechos sociales, (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH).
Consiguientemente, el auto que denegó el embargo ejecutorio sobre los haberes que la señora Nélida Beatriz Badia percibe como dependiente de la beneficiaria de la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se ajusta a derecho y corresponde confirmarlo (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; causas 111.863, 102.948, 98.494 cit.). En atención a la forma en que se resuelve, propongo que las costas se impongan por su orden (art. 68, 69, C.P.C.C.).
Voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar el decisorio apelado de fecha 19 de febrero de 2020 (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; causas 111.863, 102.948, 98.494 cit.). En atención a la forma en que se resuelve, las costas corresponden que se impongan por su orden (arts. 68, 69, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma el decisorio apelado de fecha 19 de febrero de 2020 (conf. arts. 14 bis, 28 y 75, inc. 23 CN; 36 CPBA; 21, 26, 28, 29 CADH; causas 111.863, 102.948, 98.494 cit.) Las costas se imponen por su orden (arts. 68, 69 CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827
Fin de la sentencia