Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129348
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca el proveído de fecha 30 de diciembre de 2020 dejándose establecido que el beneficio de gratuidad establecido por las leyes de defensa de los derechos de los consumidores abarca el pago de las costas judiciales al igual que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el ordenamiento procesal (art. 53, ley 24.240; 25, ley 13.133; arg. arts. 78 y sgtes. del CPCC). Costas a la ejecutante (art. 68, CPCC).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129348; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº18 - LA PLATA
FINANPRO S.R.L. C/ MERLO HAYDEE BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata,11 de mayo de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada con fecha 3 de febrero de 2021 contra el auto del día 30 de diciembre de 2020, en cuanto le hace saber que el “beneficio de justicia gratuita” previsto en el art. 53 de la Ley 24.240 y el "beneficio de litigar sin gastos" tienen alcances diferentes y, siendo que solicita en subsidio que se le conceda el "beneficio de litigar sin gastos", dispone que el mismo tramitará por vía incidental. El memorial se presentó el 4 de marzo de 2021 y recibió réplica el 29 de marzo de 2021. Con fecha 14 de abril de 2021 se presentó el dictamen del señor Fiscal de Cámaras.
2. Refiere el apelante que se ha concedido al beneficio de justicia gratuita de la ley de defensa del consumidor un alcance restringido, contrariando la ley, la doctrina y la jurisprudencia. Sostiene que para su concesión no se requiere estado de pobreza, ni otra prueba más que la de la calidad de consumidor de quien se ampara en ella, bastando que el derecho aplicable al conflicto tenga su fuente en la normativa que regula la defensa del consumidor. Agrega que es un adulto mayor por lo que recibe reconocimiento y protección especial tanto en la Constitución de la Nación (artículo 75 inc. 23, C.N.) como en la de nuestra Provincia (artículo 36 inc. 6, Const. Prov.), al igual que en documentos internacionales (v. gr. en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - Protocolo de San Salvador, artículo 17, “Protección a los ancianos”), por lo que solicita que se le conceda el beneficio de justicia gratuita con idénticos alcances al beneficio de litigar sin gastos normado en el orden procesal local.
3. El beneficio de justicia gratuita que regula la ley 24.240 –Ley Nacional de Defensa del Consumidor- es de por sí una figura autónoma –pues ni el artículo 53, ni el 55 remiten a las reglas del beneficio de litigar sin gastos contempladas en el ordenamiento procesal aplicable, sino que se limitan a conferir gratuidad sin otro aditamento-, el cual opera de automáticamente por ministerio de la ley, aun cuando es igual en sus alcances al beneficio de litigar sin gastos en cuanto exime al beneficiario de los mismos gastos -así del depósito del artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial –CPCC-, del pago de la tasa de justicia y de las costas del proceso- pero que no se confunde con aquél, desde que el primero no depende de instancia o pedido de parte, es definitivo y no provisional, no se acuerda a las resultas del pleito –pues la ley lo contempla para todas las acciones iniciadas, aprehende necesariamente la gratuidad de todos los gastos de justicia y no está sujeto a la condición resolutoria de que el beneficiario mejore de fortuna, a diferencia de lo que en tal sentido se establece en el CPCC con relación al beneficio de litigar sin gastos (conf. Kielmanovich, “Beneficio de litigar sin gastos y beneficio de justicia gratuita”, publicado en “La Ley” el 23/8/19, cit. on line AR/DOC/2535/19).
Al preverse en la Ley de Defensa del Consumidor –en adelante LDC- el beneficio de justicia gratuita, el legislador pretendió establecer un mecanismo eficaz para la protección de los consumidores, evitando que obstáculos de índole económica puedan comprometer su acceso a la justicia y, en consecuencia, privarlos de la efectiva tutela de los derechos consagrados en el texto constitucional (C.S.J.N., doct. Fallos: 338:1344) .Y ello ha sido replicado en el ámbito provincial en la ley 13.133 -Ley Provincial de Defensa del Consumidor- (art. 25).
En ese orden, no es posible soslayar que, en el marco de las relaciones de consumo, el consumidor se encuentra en una situación de debilidad estructural, por ello, y en orden a preservar la equidad y el equilibrio, resulta admisible que la legislación contemple previsiones tuitivas en su favor.
En este sentido, la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo (CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Nación Seguros S.A. s/ Ordinario”, sent. del 24/11/2015; considerando 6°).
Sobre ese sendero, se advierte que el mentado beneficio de gratuidad se refiere a toda “imposición económica”, por lo que cabe concederlo con efectos análogos al del beneficio de litigar sin gastos (art. 53, ley 24.240; 25, ley 13.133; arg. arts. 78 y sgtes. del CPCC; esta Sala, causas 120.738, sent. del 9/2/2017; 126.699, RSD 12/20, sent. del 13-2-20).
POR ELLO, se revoca el proveído de fecha 30 de diciembre de 2020 dejándose establecido que el beneficio de gratuidad establecido por las leyes de defensa de los derechos de los consumidores abarca el pago de las costas judiciales al igual que el beneficio de litigar sin gastos previsto en el ordenamiento procesal (art. 53, ley 24.240; 25, ley 13.133; arg. arts. 78 y sgtes. del CPCC). Costas a la ejecutante (art. 68, CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia