Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129483
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de 2021 en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas de Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129483; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
CREDIL S.R.L. C/SALAZAN JUAN GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los once días del mes de mayo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129483, caratulada: "CREDIL S.R.L. C/SALAZAN JUAN GUILLERMO S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de 2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Contra el resolutorio de fecha 22 de marzo de 2021, en cuanto decidió -en lo que aquí interesa conforme el alcance del recurso- la inhabilidad de los títulos al no encontrarse cumplidos los recaudos del artículo 36 de la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor, en adelante LDC) y el rechazo de la vía ejecutiva intentada, interpone la parte actora -mediante su letrado apoderado- recurso de apelación (ver escrito electrónico del 13/04/2021). Concedido en fecha 15/04/2021, el embate se sustenta en el memorial del 19/04/2021. Finalmente, el día 03/05/2021 dictaminó el señor Fiscal de Cámaras, encontrándose los autos en estado de resolver (ver constancias obrantes en el sistema Augusta).
2. En prieta síntesis, sostiene el recurrente en la fundamentación de su embate que el día 11/12/2001 se mandó a llevar adelante la ejecución, razón por la cual, a su entender, operó la preclusión. Agrega que es improcedente la aplicación retroactiva del Código Civil y Comercial de la Nación y que, a la fecha en que se promovió la ejecución, la norma no exigía el deber de información tal y como lo impone, en su actual regulación, el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor. Asimismo, sostiene que la presunción de que se está en presencia de un pagaré de consumo violenta el carácter literal, autónomo, completo y abstracto de los títulos cambiarios. Finalmente, adunó que la juez erróneamente aplicó de oficio el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor y que también, erradamente, entendió que el pagaré violenta normas de orden público (ver memorial del 19/04/2021, sist. Augusta).
3. A. Si bien arriba discutida la relación de consumo que une a las partes de autos (ver memorial citado), lo cierto es que, ante el proveído de la juez de la instancia anterior en el que presumió la relación de consumo y previo a continuar con el trámite hizo saber que debía cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 36 de la Ley 24.240 -LDC- (ver 23/9/2019, sistema Augusta -hoja 65-), la aquí recurrente manifestó carecer de documentación complementaria respecto de los documentos en ejecución sin negar ni discutir la presumida relación consumeril, por lo que debe desestimarse el agravio vertido sobre este punto, al encontrarse alcanzado por los efectos de la preclusión (arts. 150, 155, 238, 242 y concs. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, en adelante CPCC).
Cabe señalar que esta Sala ya se ha expedido en casos análogos al presente (esta Sala, causas 127.415, RSD 77/20, sent. del 10/6/20, 127.416, RSD 78/20, sent. del 10/6/20; 127.330, RSD 80/20, sent. del 10/6/20, 127.426, RSD 88/10, sent. del 16/6/20; 119.990, RSD 156/20, sent. del 17/9/20, e/o), motivo por el cual, se adelanta, no corresponde acoger los agravios formulados por el recurrente.
Ello así, toda vez que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Constitución Nacional) la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el artículo 36, ley 24240 (LDC) -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (esta Sala, causas 127.415, 127.416, 127.330, 127.426, 119.990 cit; SCBA, causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís”, sent. del 14/VIII/19). Asimismo, la facultad del juzgador de examinar cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución, acorde establece el artículo 529 del Código Procesal, se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio, razón por la cual, no merece favorable acogida la crítica formulada en torno a que en autos operó la preclusión (esta Sala, causas 127.415, 127.416, 127.330, 127.426, 119.990 cit), máxime siendo el régimen de protección al consumidor de orden público (art. 65 ley 24.240, en consonancia con el art. 42 CN cit.; esta Sala, causas 122.750, RSD 281/17, sent. del 28/12/17; 124.566, RSD 351/18, sent. del 4/12/18, 126.259, RSD 258/19, sent. del 26/9/19; 126.854, RSD 14/20, sent. del 18/2/20, e/o).
Cuadra también aclarar que en el proveído del 11/12/2001 -hojas 15- el por entonces juez de la instancia anterior dispuso el libramiento de mandamiento de intimación, ejecución y embargo, pero no mandó a llevar adelante la ejecución, como se pretende en el memorial de agravios del 19/4/2021 (conf. arts. 521 y 529, CPCC).
B. En esa directriz, si bien los documentos de hojas 1 y 2 (que en copias digitales lucen respectivamente en las páginas 3 y 1 del segundo archivo “.pdf” adjunto al trámite del 6/3/2020 -hojas 67-) fueron creados ambos el día 4 de enero de 1999 con vencimiento a día fijo el 5 de agosto de 1999 y 4 de abril de 1999, es decir, con anterioridad a la reforma introducida por la ley 26.361 al artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-, es lo cierto que el artículo 7 del Código Civil y Comercial vigente -CCyC- establece la aplicación inmediata de las normas más favorables al consumidor a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, como es incluso, las previas a las modificaciones del artículo 36 de la ley 24.240 -texto según ley 26.631- (LDC), por lo que deviene aplicable al caso dado que ha quedado establecido que entre las partes existe una relación de consumo regulada en el artículo 36 de dicho cuerpo legal (esta Sala, causa 129171, RSD 81/21, sent. del 13/4/2021).
Como refiere Aída Kemelmajer de Carlucci, las leyes de protección a los consumidores, sean supletorias o imperativas, son de aplicación inmediata. El sustento se encuentra en la misma Constitución Nacional y en el carácter protectorio innato del derecho de Consumo. Como la distinguida doctrinaria destaca, ello se receptó en el nuevo ordenamiento no sólo en los artículos 1096 a 1122 del Código Civil y Comercial de la Nación -CCyC-, sino también se extendió a otros ámbitos específicos, como por ejemplo, a los contratos bancarios (arts. 1384 a 1389), al cementerio privado (art. 2111) y al tiempo compartido (art. 2100). Empero, como señala, no puede hablarse de la aplicación retroactiva, sino de la aplicación inmediata (autora citada, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, págs. 59 a 61).
C. De consuno con todo lo precedentemente meritado, es dable indicar que los pagarés de hojas 1 y 2 que se intentan ejecutar (ver copias digitales citadas del 6/3/2020, sist. Augusta) son inhábiles por no cumplimentarse los requisitos previstos en el artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-, sin que la recurrente se haga cargo de este extremo, lo que exime a esta Alzada de efectuar mayores consideraciones.
4. Por último, se advierte que al fundar su recurso (ver memorial del 19/04/2021, sistema Augusta), el recurrente no solicitó en manera alguna la reconducción del juicio ejecutivo en un cobro sumario.
Ello así, si bien en casos análogos al presente esta Sala ha modificado la resolución de archivo de las actuaciones ante la expresa petición de reconducción de las mismas (ver, por ejemplo, causa 121255, RSD 46/21, sent. del 9/3/2021), es lo cierto que no se verifica en estos obrados solicitud en dicho sentido, razón por la cual, atento el especial marco y alcance del recurso, se impide su tratamiento oficioso (doct. y art. 272, CPCC).
Consecuentemente, entiendo que la sentencia recurrida se ajusta a derecho y corresponde confirmarla (arts. 36, 53, ley 24.240 -LDC-; 34 inc. 5 aps. "b", "c", 36 inc. 2, 529, CPCC; causas 127.415, 127.416, 127.330, 127.426, 119.990 cit). A su vez, propongo que las costas de Alzada se impongan a la actora apelante, en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de 2021 en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas de Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68, CPCC).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la sentencia apelada de fecha 22 de marzo de 2021 en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas de Alzada a la legitimada activa en su condición de vencida (art. 68, CPCC). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 1 del Ac. 3991 SCBA. del 21/10/20. DEVUÉLVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia