Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129305
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución del 20/2/2021, con costas al recurrente (art. 68, C.P.C.C.).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129305; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº12 - LA PLATA
CREDIL S.R.L. C/ROMERO OSVALDO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los un días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129305, caratulada: "CREDIL S.R.L. C/ROMERO OSVALDO EDUARDO S/ COBRO EJECUTIVO (EXCEPTO ALQUILERES,ARRENDAMIENTOS,EJEC.ETC)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada del 20/2/2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Llegan las actuaciones a la Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora el 12/3/2021 contra el decisorio del 20/2/2021, en cuanto la Juez a quo, en virtud de la Ley de Defensa del Consumidor, se declaró incompetente para entender en las presentes actuaciones y decidió remitir las mismas al Juzgado en lo Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes que corresponda.
El 16/3/2021 se articuló el respectivo memorial, mientras que el 21/4/2021 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
2. El recurrente se agravia –en apretada síntesis- por considerar que la juez de la instancia de origen no puede declarar de oficio su incompetencia territorial en asuntos patrimoniales. Así, entiende que la competencia ha sido prorrogada válidamente por las partes y que su rechazo de oficio no procede. Indica que las disposiciones legales sobre competencia territorial en causas patrimoniales, atienden a los presuntos intereses de las partes, por lo que no se ve afectado ningún principio de orden público.
Explica que se violentaron principios procesales como el de igualdad de las partes en el proceso, pues se suplió la actividad del ejecutado, a la vez que se elaboró una teoría que pugna con las normas del código de fondo referentes a las obligaciones civiles, la autonomía de la voluntad y los contratos.
Finalmente, critica la oportunidad en la cual la sentenciante de grado se declaró incompetente para intervenir en las presentes, pues dicho momento, a su entender, ha precluido (v. escrito de fecha 19/3/2021).
3. Esta Sala tiene dicho, en innumerables casos, que el órgano judicial es competente para conocer en un asunto determinado cuando, por ley, tiene aptitud o capacidad para ejercer la función jurisdiccional en ese conflicto, causa o asunto. Mientras la jurisdicción es el poder de administrar justicia, la competencia es la esfera dentro de la cual el órgano investido de jurisdicción puede ejercerla en determinado proceso en razón de la materia, cuantía económica, lugar y grado (causas 114.786, RSD 40/12, sent. del 27-3-12; 114.700, RSD 41/12, sent. del 27-3-12; 115.496, RSD 152/12, sent. del 25-10-12; e/o).
Es principio receptado por el primer párrafo del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC) que la competencia atribuida a los órganos provinciales es improrrogable. Sin embargo, es menester precisar los conceptos de competencia absoluta y relativa y prorrogabilidad e improrrogabilidad que se vinculan y complementan entre sí. De tal manera, mientras la competencia por la materia y el grado es absoluta, por cuanto sus disposiciones no pueden ser derogadas por la voluntad de las partes, la de orden territorial, que obedece primordialmente al interés exclusivo de los litigantes, es relativa y puede, por tanto, ser renunciada en forma expresa o implícita por aquellos a favor de quienes fue establecida. Esta facultad sólo puede ser ejercida en asuntos exclusivamente patrimoniales (art. 1, 2º párr. del C.P.C.C.; esta Sala, causas 114.786, 114.700, 115.496 citadas).
Cabe entender que, al ser una regla que en las cuestiones patrimoniales la jurisdicción territorial dentro del ámbito de la Provincia es prorrogable (arg. art. 1° del C.P.C.C.), la incompetencia no puede ser declarada de oficio por el Juez de grado que hubiese sido requerido, sino que corresponde al accionado oponer -eventualmente- la excepción.
4. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el fallo C. 109.305, "Cuevas, Eduardo Alberto c/ Salcedo, Alejandro Rene s/ Cobro Ejecutivo" (sentencia del 1/9/2010), estableció que si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución, que impiden debatir aspectos ajenos al título (cfme. art. 542 C.P.C.C.), es posible una interpretación de la regla aludida a la luz de los principios derivados de la legislación de protección de usuarios (arts. 1, 2, 36 y 37, ley 24.240). En ese orden, admitió que los jueces declaren de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y justificados) de la existencia de una relación de consumo de las mencionadas en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En la especie, si bien la acción se halla sustentada en un pagaré -en el que no resulta viable penetrar en los aspectos causales del negocio-, existen elementos que permiten inferir que podría tratarse de una operación de crédito de las normadas en el artículo 36 de la ley 24.240 que ampara al consumidor contra las prórrogas de competencia.
Cabe ponderar la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados en este Departamento Judicial, más de 50 juicios ejecutivos en los que el accionante reviste calidad de actor (cfme. Mesa Virtual de la SCBA, ver Página Web) y por el otro, la circunstancia que el demandado es persona física destinataria final del crédito, lo cual habilita la declaración oficiosa de incompetencia (arts. 36, ley 24.240; 1, 2, 163 inc. 5, C.P.C.C.).
Precisamente, la ley 24.240 -normativa de orden público (art. 65, ley citada)- introduce en su artículo 36 una disposición de competencia territorial no disponible por las partes y que conforme la cual será competente el tribunal del domicilio real del consumidor, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por dicha norma -operaciones financieras para el consumo y de créditos para el consumo-, siendo nulo cualquier pacto en contrario.
La citada ley 24.240 constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo" y sus disposiciones afectan no sólo a las normas del derecho civil, sino también del comercial, procesal, administrativo, penal, entre otras.
Así, esta disposición, al regular un tipo de relación específica, incide en el régimen de competencia establecido en el sistema jurídico, al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aun, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que nos ocupa, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación.
5. El cuerpo normativo citado impone que toda vez que se promueva una acción de cobro derivada de un título de crédito, en tanto por el domicilio del demandado el Tribunal resulte incompetente, tal incompetencia debe ser declarada de oficio.
Es que el orden público derivado de la obligación de consumo torna inaplicable la prórroga tácita en materia de competencia territorial.
Entender que la abstracción procedimental o cambiaria impida la aplicación del artículo 36 de la citada ley 24.240, burlaría su finalidad protectoria y equilibrante. Aguardar que sea el deudor (usuario o consumidor) quien por vía de excepción introduzca la cuestión, importaría no sólo eventualmente posponer o diferir su análisis, sino también, lo que es más importante, frustrar la protección que impone la ley.
Por ende, siendo posible que exista una relación de consumo, por lo que resulte aplicable la ley de defensa del consumidor a la relación existente entre las partes y, dado que el domicilio del demandado -conforme denuncia el actor en el escrito de fs. 10/12 vta., informe de fs. 35/38- se encontraría ubicado en la localidad de Goya, provincia de Corrientes, tanto el juzgado de origen como esta Alzada carecen de competencia para entender en los presentes actuados (art. 36 Ley 24.240).
El espíritu antes referido es el mismo que guía la posición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el fallo “Productos Financieros S.A. c/ Ahumada, Ana Laura s/ cobro ejecutivo”, sent. del 10 de diciembre de 2013, el cimero Tribunal federal expuso que “…no invalida la naturaleza del título base de la pretensión, ni la del juicio ejecutivo, en tanto la verificación de los presupuestos fácticos que habilitan la aplicación del art. 36 in fine de la ley 24.240, texto según ley 26361, además de limitarse a las circunstancias personales de las partes, tiene como único propósito decidir sobre la competencia del tribunal, de modo que la abstracción cambiaria y los límites cognoscitivos propios de estos procesos, a los fines de la viabilidad de la acción, no resultan afectados”.
En ese entender, el más alto Tribunal de Justicia refirió que “…un nuevo examen de la cuestión permite concluir que la declaración de incompetencia de oficio en los supuestos que resulta aplicable el art. 36 de la ley 24240, texto según ley 26361, encuentra su sustento en el carácter de orden público que reviste dicha norma…” (art. 65, ley 24240, causa cit).
Es por dicha razón que la circunstancia de que ya se hayan cumplido actuaciones anteriores a la declaración de incompetencia del día 20/2/2021, no es obstáculo para decidir como ahora se propone. Ello pues, “…la circunstancia de haber emitido el órgano jurisdiccional los actos procesales del juicio ejecutivo: intimación de pago y la citación para oponer excepciones y libramiento del correspondiente mandamiento, no impiden su ulterior declaración de incompetencia ex officio fundada en el artículo 36 de la ley de defensa del consumidor…” (S.C.B.A., Rc 119.349, Int. del 17/06/2015), la que -como se dijo- es de orden público (art. 65, ley 24.240).
Cabe concluir entonces que el juez natural para entender en el proceso debe ser aquél del domicilio real del deudor (arts. 1, 2, 3, 36 y 37 ley 24.240). Es dicho juez el único que debe considerarse atribuido de competencia para determinar si existe o no relación de consumo en los términos que consagra el artículo 36 antes citado. De lo contrario se estaría impidiendo su acceso a la justicia, al tener que presentarse en extraña jurisdicción para hacer valer el planteo de incompetencia. No cabe en supuestos como el de esta causa admitir la prórroga pactada –en forma laxa- y así habilitar a un juez de extraña jurisdicción que se atribuya una competencia que el accionado se vería impedido, por razones de distancia o económicas, de controvertir.
En definitiva, por la especial tutela de esta suerte de relación jurídica, se impone desplazar la normativa provincial que dispone el archivo de las actuaciones (art. 352 inc. 1, C.P.C.C.) y remitirlo al que es competente (art. 18, 43, párr. 2° C.N., 15 Const. Prov.; 8, 25 y conc., Convención Americana de Derechos Humanos).
6. Por último, no se vislumbran vulnerados los principios procesales que el accionante menciona en su memorial de agravios.
Los preceptos de la Ley de Defensa del Consumidor están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación, razón por el cual, la aplicación de tales normas no pueden violentar el principio de igualdad, acorde señala el accionante (arts. 14, 16, 18 de la Constitución Nacional, 15 Constitución Provincial, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos; 65, ley 24.240).
Tampoco existe violación del principio de preclusión, como alega el apelante. Es que, tratándose de un proceso ejecutivo, no existe impedimento alguno para que el Juez a quo revea la habilidad del título en esa instancia, por lo que la circunstancia de haber ordenado librar el mandamiento de intimación de pago y embargo por considerar que la documentación encuadraba en las previsiones de los artículos 521 y 529 de la ley adjetiva no es óbice para que con posterioridad se reitere el análisis de la habilidad formal del documento.
Dispone el artículo 529 del CPCC que "el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución…", a lo que cabe agregar, que este Tribunal tiene resuelto que dicha facultad se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas B-79854, RSD 386/94; B-81463, RSD 354/95; 88.875 RSD 371 bis; 114.452 RSI 7/12, cit.; 114.591, RSD 28/12, sent. del 8-3-12; 124863 RSD 26/2019 del 21/2/2019).
Por todo lo expuesto, considero que la apelada resolución se ajusta a derecho y debe ser confirmada, con costas al recurrente (art. 68, C.P.C.C.).
Voto, por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde confirmar la resolución del 20/2/2021, con costas al recurrente (art. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se confirma la resolución del 20/2/2021, con costas al recurrente (art. 68, C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia