Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129142
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución dictada el día 28 de febrero de 2020, debiendo ordenarse el libramiento del mandamiento conforme el monto reclamado en la demanda (el que incluye la deducción de los pagos parciales, ver copia de la demanda del 3/9/18, sistema Augusta) con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, C.P.C.C.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129142; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - LA PLATA
CREDIL SRL C/ VERA MARIELA VIVIANA S/ COBRO EJECUTIVO
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 29 de abril de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
I. Vienen las presentes actuaciones a efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto el 5 de mayo de 2020 por la parte actora, contra la resolución del día 28 de febrero de 2020, en cuanto dispone librar mandamiento de ejecución y embargo contra el ejecutado, por la suma de capital contemplada en los contratos de mutuo ($ 37.102). El memorial se presentó el día 6 de mayo de 2020 y el 25 de marzo de 2021 dictaminó el señor Fiscal de Cámaras.
II. Esta Sala tiene dicho que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación de crédito para consumo, deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria (doct. esta Sala, causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20; 127.616, RSI 182/20, sent. del 14/07/20; 127.853, RSI 233/20, sent. int. del 27/08/20, e/o).
En la especie, se observa que en el escrito de fecha 1 de noviembre de 2018 se acompañaron los contratos de mutuo cuya suscripción se atribuye a la demandada. En dicha oportunidad, ante la intimación cursada al efecto con fecha 9 de octubre de 2018, la aquí recurrente reconoció la existencia de la mentada relación de crédito para consumo, manifestando expresamente: “… Que vengo por el presente a acompañar documentación adicional que se encuentra en poder de esta parte y que complementa el título que pretende ejecutarse, la cual cumple en debida forma con el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor…”, por lo que deben desestimarse los agravios tendientes a desvirtuar la presunción acerca de la existencia de la mentada relación (art. 260, CPCC).
Sentado ello, se impone señalar que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 CN) la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el art. 36, ley 24.240 -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (esta Sala, causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 119.461, RSD 10/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD14/16, sent. del 4/2/16; 119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 127.369, RSI 127/20, sent. int del 28/5/20; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20; 127.616, RSI 182/20, sent. del 14/07/20; 127.853, RSI 233/20, sent. int. del 27/08/20, e/o).
En autos se dedujo la acción cambiaria (v. copia digital del 3/9/18, sistema Augusta) ya que los títulos por los cuales se inició la ejecución son los pagarés, por lo que -a efectos de librar el mandamiento de intimación de pago y embargo- el juez debe atenerse a dichos instrumentos, siempre que se hayan satisfecho los requisitos exigidos por el artículo 36 de la ley 24.240.
Por ende, en verdad, habrá que estarse, a los fines del mandamiento, a la suma establecida en tales títulos (esta Sala, causas 122.014, RSD 311/17, sent. del 9/11/17; 124.937, RSI 24/19, sent. int. del 14/2/19; 125.932, RSI 12/20, sent. int. del 11/2/20; 125.934, RSI 22/20, sent. int. del 11/2/20; 127.131, RSI 66/20, sent. int. del 17/3/20; 127.369, RSI 127/20, sent. int del 28/5/20; 127.351, RSI 159/20, sent. int. del 24/6/20; 127.341, RSI 160/20, sent. int. del 24/6/20; 127.616, RSI 182/20, sent. del 14/07/20; 127.853, RSI 233/20, sent. int. del 27/08/20, e/o).
Finalmente, corresponde aclarar que lo aquí establecido no obstaculizará el análisis de la suma que conste en el título en ocasión de dictar la sentencia, decisión en la cual el Juez podrá aplicar sus facultades morigeradoras (conf. SCBA c. 121.684, sent. del 14/8/2019).
La congruencia que debe existir entre la suma pedida y el mandamiento se impone, en tanto será este monto al cual el ejecutado podrá oponerse, estableciéndose un coto a lo debatido en la ejecución. La sentencia podrá prosperar por lo pedido o por menos o por nada –si se rechazara- pero no por más. De ser esta última opción, se violaría el derecho de defensa en juicio del ejecutado (art. 18, CN).
Así, atento lo establecido, se aprecia que la decisión recurrida, en cuanto reajusta el monto del presente cobro ejecutivo al capital contemplado en los contratos de mutuo no se ajusta a derecho por lo que debe ser revocada, debiendo ordenarse el libramiento del mandamiento conforme el monto reclamado en la demanda (el que incluye la deducción de los pagos parciales, ver copia de la demanda del 3/9/18, sistema Augusta) con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, C.P.C.C.; esta Sala, causas 122.014, 124.937, 125.932, 125.934, 127.131, 127.369, 127.351, 127.341, 127.616, 127.853 cit.).
Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240.
POR ELLO, se revoca la resolución dictada el día 28 de febrero de 2020, debiendo ordenarse el libramiento del mandamiento conforme el monto reclamado en la demanda (el que incluye la deducción de los pagos parciales, ver copia de la demanda del 3/9/18, sistema Augusta) con más una suma presupuestada para responder a intereses y costas (conf. art. 529, CPCC). Ello claro está, como se dijo, sin perjuicio de la facultad del juez de analizar nuevamente el título base de la acción en oportunidad de dictar sentencia en virtud de lo normado por el artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial y teniendo en consideración lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240. Costas de Alzada por su orden al tratarse de agravios generados de oficio (doct. arts. 68, 69, C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia