Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129112
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la nulidad de oficio de la sentencia de trance y remate de fecha 27 de octubre de 2020. Asimismo, atendiendo que la señora juez de grado ya emitió opinión sobre la cuestión de fondo que imbrica la contienda, oportunamente corresponde se designe Juez hábil al sólo efecto de resolver la sentencia de trance y remate (arg. art. 17, inc. 7, 30 y conc., C.P.C.C.).
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129112; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº18 - LA PLATA
FINVERT S.R.L. C/ PETRAGNANI CRISTINA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de junio de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Juez vocal de la Sala Primera del mismo Tribunal, doctor Ricardo Daniel Sosa Aubone, por integración de la misma (art. 39 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129112, caratulada: "FINVERT S.R.L. C/ PETRAGNANI CRISTINA NOEMI S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
1a. ¿Es justa la sentencia apelada de fecha 27 de octubre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efecto de tratar el recurso de apelación incoado con fecha 30 de octubre de 2020 por el letrado apoderado de Finvert SRL, contra la sentencia de trance y remate dictada el día 27 de octubre de 2020. El 30 de octubre de 2020 se presentó el memorial de agravios, el cual no mereció réplica de la contraria. Finalmente, el día 18 de marzo de 2021 el señor Adjunto del Fiscal de Cámaras presentó su dictamen.
2. En el presente caso, se promovió el reclamo de cobro ejecutivo contra la señora Cristina Noemí Petragnani por la suma de $7.000, con más intereses y capitalización, desde la fecha de mora, indicando que la misma lo fue el 10 de marzo de 2018 (v. doc. adj. en esc. eléc. del 26/2/19).
Citada que fuera la demandada (v. proveído del 22/2/19), la misma se presentó y opuso la excepción de inhabilidad de título y negó, desconoció y rechazó adeudar la suma de $7.000, manifestando que, a todo evento, considerando que la fecha de constitución en mora aducida coincidía con el vencimiento de la cuota n° 15, debía sólo la suma de $1061 (v. esc. eléc. del 25/6/19).
Contestado que fuera el traslado que se le corriera a la actora (v. proveído del 26/6/19 y esc. eléc. del 13/8/19), la jueza de grado solicitó, previo al dictado de la sentencia, se aclare en debida forma el monto reclamado, determinando, en su caso, capital puro adeudado, si la demandada efectuó pagos parciales y a cuánto ascendían los mismos (v. despacho del 2/10/20).
En ese entender, el accionante manifestó que el capital puro adeudado era de $7.000 (v. esc. eléc. del 5/10/20), no obstante lo cual, la sentenciante de grado consideró que no se dio íntegro cumplimiento con lo ordenado el día 2 de octubre de 2020, toda vez que, analizado el título traído a la presente ejecución, teniendo en cuenta el monto total del préstamo efectuado ($16.116,15), el monto y número de cuotas pactadas y la fecha de mora denunciada en el escrito de demanda, hizo saber al peticionante que debería denunciar en debida forma las cuotas y monto abonado por la ejecutada (v. prov. del 14/10/20).
Es así que se presentó nuevamente el accionante, indicando que la contraria no abonó ninguna cuota y que la fecha de mora correcta era el 10 de enero de 2017. A su vez, explicó que el capital puro adeudado era de $7.000 y el monto financiado de $16.116,15, correspondiente a 15 cuotas, de las cuales la primera de ellas era de un monto de $1.252,77 y las restantes 14 cuotas de $1.061,67. Por otro lado, adujo que el importe del crédito que se reclama era de $7.000 -capital puro adeudado- (v. esc. eléc. del 15/10/20).
Luego de ello, luce la sentencia de trance y remate, la cual rechazó la excepción de inhabilidad de título interpuesta por la demandada y mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la ejecutada haga al acreedor íntegro pago del capital reclamado de $1061,67, con más los intereses pactados en los documentos base de la acción, siempre que su cálculo no supere la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación, todo ello desde la fecha de constitución en mora, el día 10/1/17, y hasta su efectivo pago. En cuanto a los gastos del juicio, dispuso aplicar intereses a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, calculados desde la notificación del traslado de la demanda respecto de los gastos concomitantes al inicio del juicio y desde el momento en que se efectivizaron respecto de aquellos incurridos posteriormente e impuso las costas a la accionada vencida (v. sent. del 27/10/20).
Para así decidir, la jueza de la instancia de origen meritó la nueva fecha de mora denunciada por el actor en su presentación del día 15 de octubre de 2020 –posterior a la contestación del traslado por parte de la demandada- y los términos establecidos y así pactados por las partes que giran en torno al préstamo otorgado -monto total del préstamo, número y monto de las cuotas pactadas- por lo que dedujo que a esa fecha de mora, es decir al 10 de enero de 2017, la ejecutada debía la suma de $1061,67, correspondiente a la primera cuota de capital puro, por lo que se concluyó que el actor al reclamar la suma de $7000 incluyó intereses (v. sent. del 27/10/20).
3. Preliminarmente, se evidencia de la compulsa del presente que la sentencia de grado contiene vicios de suficiente magnitud como para anular el fallo en cuestión. En ese sentido, se aprecia que carece de una adecuada fundamentación, ya que se omitió el tratamiento de cuestiones esenciales planteadas por el actor, tal cual dispone nuestro ordenamiento constitucional provincial, de fondo y el procesal (arts. 168 y 171, Const. Prov.; 3, del Código Civil y Comercial -en adelante CCC-; 34, inc. 4, y 163 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC-), y resolvió con infracción al principio de congruencia, con afectación del derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.), ya que se tomó como fecha de mora la alegada por este último luego trabada la litis, extremos que merecen abordarse en el presente.
4. El art. 253 del CPCC dispone que el recurso de apelación comprende al de nulidad por defectos de la sentencia, lo cual comprende tanto los vicios de forma de ésta como de las solemnidades prescriptas para dictarla (arts. 160 a 163, CPCC) (esta Sala, causa 192.919, RSD 128/85 y demás jurisprudencia citada en Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos…”, t. III, 1988, pág. 241) y cobra operatividad cuando, tal como sucede en la especie, los agravios no son reparables mediante el recurso de apelación interpuesto.
5. Si bien en materia de nulidades priva una interpretación restrictiva, ya que, si los vicios de juzgamiento son susceptibles de ser corregidos por el recurso de apelación, la nulidad no procede. Pero, cuando está afectada la fundamentación de la sentencia y ello se proyecta a la posibilidad de impugnar la misma, la solución nulitiva surge insoslayable. El legislador ha acordado significativo énfasis al cumplimiento cabal de los deberes que ciñen al quehacer jurisdiccional, y que imponen precisamente el de fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad (art. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC). En consecuencia, frente a la carencia de fundamentación erige a lo decidido en una suerte de “no sentencia”, pese a sus formas aparentes (Morello, “Prueba, incongruencia y defensa en juicio”, pág. 53, cap. II), y como correlato ineluctable surge la nulidad del fallo, debiendo en la instancia de origen y por quien corresponda, procederse a dictar nuevo fallo. La apuntada anormalidad conduce a declarar oficiosamente la nulidad que contempla el art. 34 inc. 4, con la secuela complementaria de devolver las actuaciones para que se dicte sentencia de acuerdo a derecho (esta Cámara, Sala I, causa B. 52.732, RSD. 35/83).
En este sentido se expidió en reiteradas ocasiones la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, al establecer que mediando flagrante vulneración de la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional -en adelante CN- debe declararse de oficio la nulidad de las actuaciones cumplidas, porque aunque la facultad revisora se circunscribe, en principio, al contenido del fallo y a la concreta impugnación del recurso, no se trata de determinar el alcance de esas facultades, sino de resguardar una de las garantías básicas de nuestro sistema constitucional: la defensa en juicio y el debido proceso legal, aún en los casos en que tal nulidad en razón de los mecanismos formales propios del recurso extraordinario no haya sido articulada por el interesado (conf. SCBA, 80481, sent. del 19/2/02; 93677, sent. del 3/6/09; 104588, sent. del 19/5/10; 107130, sent. del 7/3/12; e/o).
En el caso, tal como quedó expuesto anteriormente, se inició la demanda exponiéndose cuál, a entender del accionante, era el objeto, los hechos y el derecho, refiriendo expresamente que la fecha de constitución en mora había acontecido el 10 de marzo de 2018. Asimismo, se acompañó la documentación complementaria -contrato de mutuo-, del cual se desprende que se otorgó un préstamo personal de $7.000, los cuales se deberían abonar en 15 cuotas, siendo la primera de ellas de $1252,77, cuyo vencimiento acaecería el día 10 de enero de 2017 y las restantes los días 10 de cada mes subsiguiente -14 cuotas de $1061,67-. Sobre ese presupuesto la demandada procedió a contestar la demanda, y sostuvo que si la fecha de mora era el 10/3/2018 debía $ 1061,67 (suma que vencía en dicha fecha).
En ese entender, la juez de grado llevó adelante la ejecución por la suma de $1061,67, indicando que correspondía a la primera cuota de capital puro, cuestión que no surge del contrato de mutuo, ni de los hechos que hacen a la traba de la litis. Nótese que la primer cuota era de $1252,77. No obstante ello, sólo hizo lugar a la demanda por la suma equivalente a una cuota del mutuo celebrado, no haciendo referencia alguna respecto de las restantes cuotas o en relación a porqué, a su entender, no correspondía llevar adelante la ejecución por el monto reclamado en concepto de capital puro -$7.000-, tal como requirió el ejecutante. Sólo se indicó que en merito a la nueva fecha de mora denunciada por el actor en su presentación del día 15 de octubre de 2020 -10 de enero de 2017-, la ejecutada debía la suma de $1061,67, correspondiente a la primera cuota de capital puro, concluyendo que al reclamarse la suma de $7.000 se incluyeron intereses (v. sent. del 27/10/20).
Así, se aprecia que no se dio cabal cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 163 del CPCC, toda vez que no fueron abordadas todas las cuestiones sometidas por la actora o, al menos, no se explicó razonadamente porqué se llegó a tal conclusión (conf. arts. 168 y 170, Const. Prov.; 34 y 163, CPCC; 3, CCC), lo cual afecta el derecho de defensa en juicio (arts. 18, Const. Nac.; 15, Const. Prov.).
Por otro lado, la circunstancia de receptar la modificación efectuada por el ejecutante de la fecha de constitución de mora realizada mediante el escrito de fecha 15 de octubre de 2020 -manifestándose que la correcta era el 10/1/17- esto es cuando la litis ya había sido trabada y no era posible modificar la demanda-, puesto que ya se había citado a la demandada a oponer excepciones, ésta se presentó, opuso las mismas y se corrió traslado de aquéllas al actor, violenta el debido proceso legal, el principio de congruencia y el derecho de defensa de la accionada, al modificar en perjuicio del demandado los términos en que fue planteada la demanda y por los cuales la ejecutada procedió a contestar y establecer su defensa (conf. arts. 18, Constitución Nacional -de aquí en más CN-; 15, Const. Prov.; 34 inc. 4, 163 y 172, CPCC).
Consecuentemente, atento a la gravedad de los vicios que adolece la sentencia de grado que afecta, como se dijo, garantías constitucionales que deben tutelarse, corresponde declarar la nulidad de oficio de ésta (sentencia de trance y remate de fecha 27 de octubre de 2020), motivo por el cual, el alcance de la nulidad que propicio impide considerar el acierto o desacierto de lo resuelto en la sentencia recurrida. Asimismo, atendiendo que la señora juez de grado ya emitió opinión sobre la cuestión de fondo que imbrica la contienda, oportunamente corresponde se designe Juez hábil al sólo efecto de resolver la sentencia de trance y remate (arg. art. 17, inc. 7, 30 y conc., C.P.C.C.).
Voto por la NEGATIVA
El señor juez doctor Sosa Aubone por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde declarar la nulidad de oficio de la sentencia de trance y remate de fecha 27 de octubre de 2020. Asimismo, atendiendo que la señora juez de grado ya emitió opinión sobre la cuestión de fondo que imbrica la contienda, oportunamente corresponde se designe Juez hábil al sólo efecto de resolver la sentencia de trance y remate (arg. art. 17, inc. 7, 30 y conc., C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor juez doctor Sosa Aubone, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
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POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la nulidad de oficio de la sentencia de trance y remate de fecha 27 de octubre de 2020. Asimismo, atendiendo que la señora juez de grado ya emitió opinión sobre la cuestión de fondo que imbrica la contienda, oportunamente corresponde se designe Juez hábil al sólo efecto de resolver la sentencia de trance y remate (arg. art. 17, inc. 7, 30 y conc., C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. RICARDO D. SOSA AUBONE
JUEZ JUEZ
(art. 39 ley 5827)
Fin de la sentencia