Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala I · Causa 129555
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras y demás fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la apelada resolución de fecha 08/04/2020, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada en el orden causado.
AL
REG. SENT. NRO. 147/21, LIBRO SENTENCIAS LXXVII. JUZGADO
CIVIL Y COMERCIAL NRO. 19
En la ciudad de La Plata, a los 22 días del mes de Junio de 2021 reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la
Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y
Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"CREDIL SRL C/ SOSA MARTA ANGELICA S/COBRO EJECUTIVO "
(causa: 129555), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor
Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Resulta ajustada a derecho la apelada sentencia de trance y remate de fecha 08/04/2020?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez doctor SOSA
AUBONE dijo:
Antecedentes.
En la especie, la Sra. Juez “a quo” rechazó la ejecución promovida con costas a la ejecutante. Para así decidir consideró que con el pagaré acompañado no puede comprobarse el cabal cumplimiento de los recaudos exigidos bajo pena de nulidad por el artículo 36 de la ley 24.240 -ref. por ley 26.361-.
Esa forma de decidir motivó el alzamiento del ejecutante en los términos que surgen de la presentación de fecha 12/05/2020. Aduce, en lo sustancial, que habiéndose dispuesto con fecha 30 de julio de 2012 mandar llevar adelante la ejecución en los términos de lo prescripto por los arts. 521 y 529 del CPCC, ha operado la preclusión para que el juez se expida sobre cuestiones como las vertidas en la providencia recurrida por el presente. Considera además improcedente la aplicación retroactiva de las normas contenidas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), efectuadas por la sentenciante de grado y agrega que la presunción por ella efectuada para sostener que se está en presencia de un pagaré de consumo violenta el carácter literal, autónomo, completo y abstracto de los títulos cambiarios. Considera errada la aplicación de oficio del artículo 36 de la Ley de Defensa Consumidor (LDC), por entender erróneamente que el pagaré en ejecución violenta normas de orden público, pues entiende que se deja trunca para el acreedor la posibilidad de perseguir el cobro de su acreencia, toda vez que la forma en que se resuelve impide continuar con el procedimiento, ya sea bajo el mismo u otro trámite.
Con fecha 19/05/2021 dictaminó el Sr. Fiscal de Cámaras propiciando la confirmación de la resolución recurrida.
Análisis de los agravios. Legislación. Influencia del estatuto del consumo. Introducción.
Liminarmente diré que los agravios traídos en relación a la aplicación de los arts. 36 LDC y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación merecen ser desestimados pues se encuentra firme que tal normativa debe ser aplicada al caso y que en tal sentido el recurrente debía adjuntar la documentación respectiva (fs. 39 y vta., arts. 36 inc. 1, 155, 163, 164, 260, 261 y 384, CPCC).
Así fue que a fs. 39 y vta., la Sra. Juez interviniente con fundamento en las normas citadas juzgó que el pagaré base de la ejecución fue instrumentado como consecuencia de la financiación de una operación de consumo, por lo que intimó al accionante a que integre el título con la documentación respectiva a fin de cumplir con lo previsto en el art. 36 de la ley 24.240 o bien que acredite que la causa subyacente del instrumento base de la presente acción no es una relación de consumo. Este decisorio se encuentra firme y consentido, por falta de embate oportuno (ver resol. de fecha 29/08/2019; arts. 163, 164, 155, 242 inc. 3ero., 244 y 384, CPCC).
Sobre este piso de marcha, he de recordar que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez en tanto director del proceso, tiene el deber de determinar con un criterio de "eficacia" (arts. 18 y 42 de la Constitución Nacional), la aptitud ejecutiva del título, lo cual no sólo tiene como base lo normado por el art. 529 del CPCC -lo cual no se agota con dicho examen preliminar, sino que mantiene hasta el dictado de la sentencia (art. 549, CPCC)-, sino lo establecido bajo pena de nulidad por el art. 36 de la ley de defensa del consumidor, por lo que si advierte la afectación de la válida constitución del proceso -tal como cuando se viola la prohibición de prórroga de jurisdicción- o la omisión de consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos imperativos previstos en el art. 36 premencionado -de interpretación pro consumidor-, debe actuar de oficio.
No veo impedimento alguno -tal como lo he señalado en innumerables ocasiones- para que dicha facultad sea ejercida por el Juez hasta el dictado de la sentencia (arts. 34 inc. 4to., 529 y 549 CPCC; 36 y 53 ley 24.240; esta
Sala, causas 104.598, RSD. 56/08; 119.710, RSD. 45/16; 119.454, RSD. 48/16; 117.307, RSD. 268/16, e.o.), lo que impide invocar preclusión al respecto.
Tal como procediera el sentenciante de origen y ser criterio de esta Sala, cuando existen elementos que hagan presumir la existencia de una operación de crédito para consumo no corresponde el rechazo "in limine" de la ejecución, sino que debe otorgarse una oportunidad al accionante para que acredite que no se trata de una relación de ese tipo o bien, para que complete el título con la documentación en la que se consignen los datos exigidos por el citado artículo 36 de la el 24.240 (causas citadas).
De allí entonces que conferida esa ocasión, si el instrumento probatorio de la operación traído por el ejecutante no reúne los recaudos esenciales referidos en el art. 36 LDC, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y el consecuente rechazo de la ejecución (arts. 34 inc. 5to. ap. b, 384, 521, 529 y 549 del CPCC; esta Sala, causas 121.150, RSD. 39/17; 121.194, RSD. 44/17, e.o.).
II.2. En la especie, se intimó a la actora a que en el plazo de cinco días integre el título con la documentación respectiva en los términos del art.
36 LDC, habiendo manifestado la ejecutante que carece de la documentación complementaria requerida (ver presentación de fecha 02/10/20219).
Ahora bien, el art. 36 LDC impone bajo pena de nulidad que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: descripción del bien o servicio contratado; precio de al contado del mismo; pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; tasa de interés efectiva anual; costo financiero total; sistema de amortización del capital y de los intereses; cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y; gastos extras que hubiere.
Luego, analizando el instrumento base de la presente ejecución se aprecia que el mismo no satisface los requisitos imperativos exigidos en el art. 36 de la ley 24.240 ya que no especifica el sistema de amortización de capital y la cancelación de los intereses que tal como prescribe el artículo en cuestión deben ser consignados bajo pena de nulidad.
Ello se corresponde con el derecho que tiene el consumidor de ser informado (art. 4 LDC), siendo el proveedor quien está obligado a suministrar la información de la operación en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización.
El artículo citado agrega que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión.
Ello así, el consumidor que pide un préstamo no debe en el mismo acto de contratar realizar ningún tipo de operación matemática para conocer el capital que devuelve en cada cuota, su tasa de interés y/o el importe total a devolver (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240).
No debe olvidarse que precisamente la ley pone en cabeza del que reviste la noción de "proveedor" (art. 2, ley 24.240) el cumplimiento de los requisitos en análisis por ser precisamente quien está en mejores condiciones de acercar los elementos necesarios, imponiéndose en caso contrario la sanción de la nulidad.
Por todo lo expuesto, no satisfaciendo el documento en ejecución los requisitos establecidos en el citado art. 36 LDC, no cabe más que concluir que dicho instrumento no resulta hábil para la vía ejecutiva por lo que el rechazo de la ejecución ha sido bien decidida en la instancia de origen (arts. 36 y 53 ley 24.240; 34 inc. 5to. "b" y "c", 36 inc. 2do., 529 y 549 CPCC) desde que -tal lo anticipado- la omisión de integrar debidamente el título con la documentación respectiva acarrea su inhabilidad para proceder por la vía ejecutiva (esta Sala, causa 120.323, RSD. 25/17, e.o.).
Consecuentemente, voto por la AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López
Muro dijo:
Que por idénticos fundamentos vota en igual sentido.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone
dijo:
Atendiendo al Acuerdo logrado, corresponde y así lo propongo, confirmar la apelada resolución de fs. 08/04/2020 en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. Postulo que las costas de Alzada sean soportadas en el orden causado al tratarse de agravios generados de oficio y no mediar oposición al planteo revisor ensayado (arts. 68, 69 del CPCC).
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. López Muro dijo:
Que por idénticos fundamentos vota en igual sentido.
Con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el
Tribunal la siguiente:
POR ELLO, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal de Cámaras y demás fundamentos del Acuerdo que antecede, se confirma la apelada resolución de fecha 08/04/2020, en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Costas de Alzada en el orden causado. REGISTRESE.
NOTIFIQUESE en los términos del art. 1° de la Ac. 3991 SCBA del 21/10/20. DEVUELVASE.
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2021 09:59:15 - SOSA AUBONE Ricardo Daniel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/06/2021 12:00:14 - LÓPEZ MURO Jaime Oscar - JUEZ
Fin de la sentencia