Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 119839
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, por el exclusivo motivo expuesto en el considerando 6. del presente se revoca el decisorio 2/11/2020 y se imponen las costas de Alzada por su orden (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.).
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 119839; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº17 - LA PLATA
SUCESORES DE DAVILA GUILLERMO RAMON C/ JUAREZ NESTOR MARCELO S/COBRO EJECUTIVO
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 29 de Abril de 2021.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. La resolución del día 2/11/2020 que decreta la caducidad de instancia en las presentes actuaciones viene apelada por la actora el día 9/11/2020, recurso que fue concedido el día 13/11/2020 y fundado el 25/11/2020, sin réplica de la contraria.
2. La señora Juez de grado declaró oficiosamente la caducidad de instancia previa intimación a la actora a activar el procedimiento.
Concretamente dijo: “…Entrando al examen de estas actuaciones cabe expresar que la última diligencia útil anterior a la intimación de caducidad cursada de oficio el día 4 de mayo del corriente año, fue la audiencia de cuerpo de escritura con fecha 17 de octubre de 2019. Como consecuencia de ello, ante el cumplimiento del plazo previsto por el artículo 310 inc. 3 del CPCC., la intimación efectuada por la Infrascripta (arts. 315 y 316 del C.P.C.C.), y la falta de contestación de la intimada, corresponde decretar operada la caducidad de la instancia (arts. 310; 315 y 316 del CPCC)…”.
3. La caducidad de la instancia es un instituto procesal cuyo fundamento objetivo es la inactividad de los contendientes por un tiempo determinado y su finalidad tiende a propender la agilización del servicio de justicia, evitando la duración indefinida de los juicios, cuando las partes abandonan presumiblemente el ejercicio de sus pretensiones (esta Sala, Causa B-75788, RSD 166/93, sent. del 30/6/93).
La perención no es un acto, sino un hecho: se trata del transcurso del tiempo sin realizar actos procesales, dentro de un proceso pendiente (esta Sala, Causa B-80.415, RSD 71/95, sent. del 4-4-95; Causa B-82.453 RSD 22/96, e/o).
La interpretación y análisis de la caducidad de instancia debe ser estricta y orientada a mantener la vitalidad del juicio, en atención a las consecuencias que de aquélla se derivan (esta Sala, Causa 105011, RSI 172/05, sent. int. del 28/6/2005). Es que su aplicación aniquila un derecho de jerarquía constitucional, cual es el de propiedad, unida a la defensa en juicio, por lo que la interpretación del texto legal debe hacerse, como se dijo, restrictivamente, y por ello sigue que en caso de duda sobre si ha operado la caducidad de instancia, debe considerarse no operada (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos…”, T° IV A, p. 95/96, 1989).
El artículo 315 (T.O. Ley 13.986) del Código Procesal Civil y Comercial (en adelante C.P.C.C.) indica que la declaración de caducidad podrá ser solicitada por única vez en primera instancia, por el demandado y la petición se sustanciará previa intimación por única vez a las partes para que en el término de cinco (5) días manifiesten su intención de continuar con la acción y produzcan la actividad procesal útil para la prosecución del trámite, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de decretarse la caducidad de instancia. En el supuesto de que la parte intimada activare el proceso ante solicitud de caducidad y posteriormente a ello transcurra igual plazo sin actividad procesal útil de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio se tendrá por decretada la caducidad de instancia.
Por último, el artículo 316 del mismo Código prescribe que la caducidad podrá ser declarada de modo oficioso, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310°, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento.
4. En este caso resulta relevante destacar que la parte actora fue debidamente intimada a activar el procedimiento en los términos del artículo 315 del C.P.C.C. mediante la cédula dirigida al letrado apoderado de la parte actora notificada el día 5/5/2020, sin que el mismo hubiese realizado acto de impulso alguno ni efectuado contestación alguna.
Conforme ello, no es cierto -como se afirma en el recurso en tratamiento (punto 2)- que no haya existido la intimación válida, pues evidentemente en el resolutorio se deslizó un error al indicar que la notificación se había efectuado en igual fecha al despacho que la ordenaba (4/5/2020), cuando en realidad la cédula de notificó al día siguiente (5/5/2020), lo que no fue controvertido.
5. En cuanto a la suspensión de los plazos procesales, afirma el apelante que se declaró asueto con suspensión de plazos judiciales en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires desde el 16 de marzo al 11 de octubre de 2020.
Al respecto, ha de indicarse que la Resolución 386/2020 de la S.C.B.A. (16/3/2020), dispone en el artículo 1° asueto en todo el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, con suspensión de los términos procesales, desde el día 16 y hasta el 31 de marzo próximo inclusive, sin perjuicio de la validez de los actos que se cumplan.
El artículo 11° de la Resolución citada delega en la Presidencia del Tribunal el dictado de las normas que contemplen medidas excepcionales para regular los procesos, procedimientos y formas de trabajo -incorporando la modalidad de teletrabajo en tanto sea pertinente- a fin de habilitar la ampliación de las medidas dispuestas, siempre y cuando no impliquen riesgos para la salud.
A su vez, la Res. de la Presidencia de la S.C.B.A. 10/2020, del 18/3/2020 dictada en el uso de las atribuciones que le otorgó la Res. 386/2020, prescribe en su artículo 1 punto 2.a) que, sin perjuicio de la suspensión de los términos procesales dictada por el Tribunal, también se suspenden la ejecución de los actos procesales ordenados, salvo las relativas a movimientos bancarios y los actos que los jueces consideren urgentes. El punto 3. b.1.) del mismo artículo prescribe que los letrados solo debían presentar escritos de carácter urgente.
Posteriormente la S.C.B.A. dictó la resolución 480/2020 (27/4/2020), la que definió en sus artículos 3 y 4, entre otras adecuaciones, el reinicio de plazos a partir del 29 de abril para el dictado por medios digitales de toda clase de resoluciones y sentencias y de su notificación electrónica en los fueros Civil y Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, de Familia y de Paz; los dos últimos destinados prioritariamente a las causas urgentes. El mismo temperamento se adoptó, a partir del 6 de mayo, para las partes para realizar presentaciones electrónicas y actos procesales, incluyendo todo acto o diligencia procesal posterior a cada presentación, en tanto sean compatibles con las restricciones vigentes en razón de la pandemia, cuyos despachos se realizarán en la medida que los medios tecnológicos lo permitan y siempre que no impliquen afluencia o traslado de personas a sedes judiciales.
Sentado lo expuesto, cabe concluir que habiéndose dictado por parte del Juzgado oficiosamente la providencia del día 4/5/2020, cuando ya se había dispuesto el reinicio de los plazos procesales (art. 3 de la Res. 480/2020) y notificado la misma a la parte actora al día siguiente, no existía ya en el trámite suspensión de término alguno y la interesada quedó debidamente impuesta e intimada para efectuar las consideraciones que estimara oportunas, y no lo hizo (art. 150, 155 y conc. del C.P.C.C.).
No le asiste razón entonces al recurrente en cuanto alega que no pudo impulsar el proceso en virtud de la pandemia de público conocimiento, pues habiendo sido intimado pudo efectuar presentaciones electrónicas (art. 4 de la Res. 480/2020), declinó por elección esa posibilidad. Tampoco alegó en tiempo oportuno imposibilidad de realizar actos procesales.
6. No obstante lo expuesto es acertado el argumento efectuado por la actora en cuanto aduce que más allá de lo actuado, previo a decretarse la caducidad de instancia en modo oficioso, se activó el procedimiento al librar el Juzgado las cédulas de notificación de la pericia caligráfica, presentadas por la perito, el día 12/10/2020 y libradas y notificadas electrónicamente por el propio Juzgado a las partes el día 13/10/2020, lo que obstaba a la declaración de la perención dictada el 2/11/2020.
Así, el artículo 316 del mismo Código Procesal Civil y Comercial prescribe que la caducidad podrá ser declarada de modo oficioso, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 310°, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento. En este caso fue la perito y el Juzgado (que es lo relevante) quienes impulsaron el procedimiento al notificar a las partes la pericia realizada a través de las cédulas ya referidas, sin que ninguna de éstas efectuara reparo alguno a ese trámite realizado, por lo que la caducidad de instancia quedó compurgada, pues no fue dispuesta con anterioridad sino con posterioridad al nuevo acto impulsorio del procedimiento.
Es decir, ya el Juez carecía de facultades para dictar de modo oficioso el resolutorio apelado porque el trámite ya había sido impulsado antes del decreto de caducidad.
Por este exclusivo motivo es que el decisorio apelado debe ser revocado, no obstante, las costas del proceso recursivo deben ser impuestas por su orden, al no haber dado motivo alguno la demandada al dictado del decisorio atacado (art. 68 segunda parte del C.P.C.C.).
POR ELLO, por el exclusivo motivo expuesto en el considerando 6. del presente se revoca el decisorio 2/11/2020 y se imponen las costas de Alzada por su orden (art. 68, segunda parte del C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia