Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129418
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPOR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden y por los exclusivos argumentos vertidos en el punto 5. del presente, frente a la denuncia del domicilio real del demandado en esta ciudad de La Plata, se estima prematura la declaración de incompetencia efectuada por el señor Juez de grado en el resolutorio del día 29/3/2021, debiendo seguir interviniendo en las presentes actuaciones, ello sin perjuicio de lo indicado en el punto 6. en cuanto a la necesidad de la efectiva notificación, pudiendo eventualmente realizarse un nuevo análisis de la competencia atribuida al Juez de grado bajo las normas de la ley consumeril. Sin costas, al no haberse trabado la litis ni dado motivo alguno el demandado para disponer de otro modo (art. 68 segunda parte del CPCC)..
L. de Sentencias INTERLOCUTORIAS N° LXXVII
Causa N° 129418; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº25 - LA PLATA
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ GONZALEZ RUBEN VICTOR S/ COBRO EJECUTIVO (DIGITAL)
REG. INT.: Sala II - FOLIO:
La Plata, 13 de julio de 2021.
VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Vienen las presentes actuaciones a efectos de tratar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el día 5/4/2021 contra el proveído del día 29/3/2021 en cuanto declara en modo oficioso la incompetencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 25 del departamento Judicial de La Plata para intervenir en las presentes actuaciones.
El recurso se concedió el 6/4/2021 y se fundó el 14/4/2021, sin que mereciera réplica de la demandada en tanto aún no se encuentra trabada la litis. Obra dictamen del señor Fiscal de Cámaras (v. escrito del 26/4/2021).
2. Luego de haber efectuado una investigación de modo oficioso consultando los padrones del Registro de las Personas, indica el Juez de grado que el último domicilio conocido del accionado es en calle Vidal y Etcheverría de la localidad de Alejandro Korn, partido de San Vicente.
Por ello sostuvo, que al tratarse de una acción ejecutiva en la que debe aplicarse la ley 24.240 de defensa del consumidor y en virtud de lo que emana de la doctrina del caso “Cuevas” de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (Ac. C. 109.305 del 1/9/2010), la declaración de su incompetencia y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Paz Letrado de San Vicente (arts. 1, 4 y 544 del Código Procesal Civil y Comercial, en adelante CPCC; arts. 1, 37, 38, 39, 65 y concs. Ley 24.240).
3. Indica el apelante que se trata de una acción por cobro ejecutivo, de naturaleza estrictamente patrimonial, no pudiendo declararse en este tipo de procesos la incompetencia de oficio en razón del territorio, es decir, sin que exista planteada excepción alguna al respecto (arts. 1 y 2 del CPCC). Cita Jurisprudencia en apoyo.
Considera errónea la aplicación de la doctrina del caso “Cuevas”, en tanto el Tribunal Supremo Provincial habilitó la declaración oficiosa de incompetencia únicamente en los casos en los que el Juez advirtiere por "elementos serios y adecuadamente justificados" la existencia de una relación de consumo. Indica que tal situación no tiene lugar en la especie, dado que en el caso el Juez se limitó a presumir que las partes podían ser encuadradas en las figuras de consumidor y proveedor de servicios respectivamente, sin analizar cabalmente las restantes circunstancias que permitieran aseverar que la relación subyacente sea un crédito para el consumo y -en consecuencia- tornar aplicable la ley de defensa del consumidor. Es decir, no se advierte, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, la existencia de una relación de consumo en los términos a los que refiere el art. 36 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Alega que tampoco el Juzgador meritó que la actora, al momento de interponer la acción, denunció que el accionado actualmente se domicilia en la Ciudad de La Plata, más específicamente en calle 34 Nº 965, información que recabó a través de la consulta de informes comerciales del ejecutado. Sostiene que en ese contexto deviene prematuro inhibirse de oficio, siendo improcedente entonces declinar el tratamiento de las presentes actuaciones.
4. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió, en el citado precedente "Cuevas", que los jueces se encuentran autorizados a declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación (mediante elementos serios y adecuadamente justificados) de la existencia de una relación de consumo a las que se refiere el art. 36 de la ley 24.240, ello no obstante la prohibición legal de debatir aspectos ajenos al título en los procesos ejecutivos (conf. art. 542 inc. 4°, C.P.C.C.).La obligatoriedad dimanada de la mencionada doctrina legal vino a imponer a los jueces el deber de indagar la faz causal del reclamo, en orden a determinar la competencia por razón del territorio (SCBA. C. 120.220 "Banco Patagonia S.A. contra Rodríguez, Juan Carlos. Cobro ejecutivo", del 4/11/2015).
En primer término, el apelante destaca que el Juez de grado no analizó adecuadamente las circunstancias que permitan aseverar que la relación subyacente del caso es un crédito para el consumo y por ende aplicable la ley de defensa del consumidor.
Más allá del desarrollo efectuado en el resolutorio apelado, con citas jurisprudenciales, es lo cierto que el Juez concluyó: “…Asimismo, es de público y notorio la profesionalidad que la parte actora posee en cuánto a la provisión de crédito, por encontrarse dentro del sistema bancario. Por tanto, la accionante resulta encuadrable en la noción de “proveedor” (art. 2° de LDC). A su turno, el demandado -persona física, se ubicaría en el rol de destinatario del servicio y, por ende “consumidor”, ello en conjunción con el indicio que proporciona el monto del documento ejecutado…y la certeza que otorga la multiplicidad de procesos del tipo en esta jurisdicción…”
La entidad bancaria actora se desentiende de atacar adecuadamente esta afirmación, sin efectuar ningún mérito de la misma para rebatir esa conclusión fundante del decisorio, deviniendo entonces infundado el agravio expuesto en este aspecto (art. 260 del CPCC).
5. No obstante ello, le asiste razón al quejoso en cuanto sostiene que la declaración de incompetencia en el presente caso deviene prematura, no ya por la prohibición de declararla de modo oficioso en cuestiones de índole patrimonial, sino porque al iniciarse el juicio se denunció como domicilio real del actor en la ciudad de La Plata.
Dado el carácter mudadizo del domicilio real (arts. 73, 77, 78 primer párrafo del CPCC) y aún en aplicación de la normativa tuitiva consumeril (arts. 1, 36, 37, 38, 39, 65 y concs. Ley 24.240), es competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados en el artículo 36 de la ley de la materia (según art. 58 de la Ley N° 26.993 B.O. 19/09/2014), en los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario (último párrafo artículo precitado).
Las constancias que existan en los registros oficiales que arrojen datos del domicilio en otra jurisdicción o partido, no importan por sí para descartar el cambio efectivo del mismo, pues en algunas ocasiones no se verifican realizadas por el interesado las diligencias para denunciar tal hecho.
6. Conforme ello, en el caso la declaración de incompetencia por parte del Juez de grado deviene prematura (arg. art. 36 última parte de la ley 24.240), debiendo seguir interviniendo en las presentes actuaciones ello en tanto se notifique al accionado de la presente acción en forma fehaciente en un domicilio real sito en esta ciudad, ya que de no verificarse efectuado ese anoticiamiento en modo efectivo, podrá realizarse por parte del Juzgador un nuevo análisis acerca de la competencia territorial atribuida, con aplicación de las normas reseñadas.
Ello, en tanto que las diligencias que pudiese establecer el Juez de grado (aún ordenando la preparación de la vía ejecutiva y/o despacho disponiendo la intimación de pago y la citación para oponer excepciones, ordenando a tal efecto libramiento del correspondiente mandamiento) no impiden su ulterior declaración de incompetencia de oficio, en tanto no se verifique que el domicilio real del accionado se encuentre sito en esta ciudad y resulte de aplicación -entonces- la efectivización protectoria del art. 36 de la ley de defensa del consumidor, llevando de un modo práctico la habilitación que emerge de la doctrina de la causa C.109.305 "Cuevas", resol. del 1-IX-2010.
POR ELLO, en virtud de las consideraciones que anteceden y por los exclusivos argumentos vertidos en el punto 5. del presente, frente a la denuncia del domicilio real del demandado en esta ciudad de La Plata, se estima prematura la declaración de incompetencia efectuada por el señor Juez de grado en el resolutorio del día 29/3/2021, debiendo seguir interviniendo en las presentes actuaciones, ello sin perjuicio de lo indicado en el punto 6. en cuanto a la necesidad de la efectiva notificación, pudiendo eventualmente realizarse un nuevo análisis de la competencia atribuida al Juez de grado bajo las normas de la ley consumeril. Sin costas, al no haberse trabado la litis ni dado motivo alguno el demandado para disponer de otro modo (art. 68 segunda parte del CPCC).. REGISTRESE. NOTIFIQUESE en los términos del art. 1 de la Ac. 3991 del 21/10/20. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia