Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 129103
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXXVII
Causa N° 129103; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 7 - LA PLATA
COOP. DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PEDRO BENOIT LTDA. C/ FARIAS ARIEL FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO
REG. SENT.: Sala II - FOLIO:
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 129103, caratulada: "COOP. DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO PEDRO BENOIT LTDA. C/ FARIAS ARIEL FERNANDO S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Es justa la resolución apelada de fecha 19 de octubre de 2020?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto el día 26/10/2020 por el demandado, contra la resolución de fecha 19/10/2020, el que fuera concedido mediante proveído del 29/10/2020. El embate se sustentó en el memorial del 09/11/2020, sin merecer réplica de la contraria (ver providencia de fecha 26/02/2021). El 29/10/2020 la señora Agente Fiscal tomó intervención, se notificó del trámite de la causa y planteó la nulidad de lo actuado; el día 16/03/2021 el señor Fiscal de Cámaras presentó su dictamen solicitando se decrete la nulidad de la sentencia de trance y remate y sus actos procesales consecuentes.
2. El pronunciamiento atacado no hizo lugar a lo solicitado por la parte demandada (revisión de la sentencia de trance y remate dictada a hojas 34/35 -26/02/2019-) por considerar que había adquirido firmeza dicho decisorio y ello importaba reeditar cuestiones que ya fueron resueltas y alcanzadas por la máxima preclusión, sin perjuicio de lo cual ordenó conferir vista al señor Agente Fiscal en los términos del art. 52 ley 24.240 -Ley de Defensa del Consumidor, LDC- y 27 ley 13.133 -Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios- (ver trámite electrónico de fecha 19/10/2020, sist. Augusta).
3. A. En prieta síntesis, el accionado se agravia pues si bien el pronunciamiento se encuentra cercado por la limitación temporal del derecho a impugnar -cosa juzgada-, entiende que ello no es un efecto propio de la sentencia, sino una cualidad que se agrega a ella para aumentar su estabilidad.
Argumenta respecto de la seguridad jurídica que su rango axiológico es inferior al de otros valores jurídicos tales como la justicia, que la invariabilidad de las decisiones judiciales no es un principio absoluto, que existen supuestos que justifican penetrar la valla de la cosa juzgada como la sentencia en examen.
Sostiene que la inmutabilidad de tales decisorios, o sea la vocación de eternidad que tiene toda sentencia firme, sólo puede ser quebrada en los casos en que opera: a) un cambio de las circunstancias que le dieron origen al fallo, o b) cuando se detectan ciertos vicios que lo hacen intolerablemente injusto. En este último sentido, el motivo de la revisión está dado en un error del juicio donde se omitió contemplar la legislación de orden público de manera armónica en que se enmarca la cuestión en debate, siendo esta causa siempre anterior a la sentencia.
Precisa que la sentencia resulta injusta pues no fue precedida por la investigación de si el título que se ejecutaba era de consumo, máxime teniendo en cuenta el acreedor de estos obrados -entidad financiera- por lo que debían ser girados al Agente Fiscal.
Manifiesta que de haberse cumplido con la ley consumeril, distinto hubiera sido el resultado de lo adeudado -mucho menor-, lo que perjudica gravemente al deudor y enriquece sin causa al acreedor.
Advierte que con independencia de su incomparecencia, no podía desconocerse la calidad del sujeto ejecutado -persona física destinataria final del producto o servicio- y la pluralidad de ejecuciones iniciadas por la ejecutante, por lo que debió presumirse la existencia de una relación de consumo entre las partes.
Por último, hace hincapié en que si bien la actora es una cooperativa, no todos los actos celebrados entre la misma y sus integrantes pueden considerarse como “cooperativos”, pudiendo también quedar alcanzados por la leyes comunes como en el caso la ley 24.240 -LDC-, lo que debía haber sido investigado en razón del art. 529 del Código Procesal Civil y Comercial -CPCC- (ver escrito electrónico de fecha 09/11/2020).
B. Por otro lado, tanto la señora Agente Fiscal como el señor Fiscal de Cámaras, al presentar sus dictámenes, refirieron que correspondía declarar la nulidad de la sentencia de trance y remate dictada en la causa, así como de lo actuado en su consecuencia. Ello así, en virtud de no haberse dado debida intervención en tiempo y forma al Ministerio Público Fiscal, no pudiendo ser subsanada su no participación en un proceso como el presente, en el que se encuentra comprometido el orden público (ver trámites electrónicos de fechas 29/10/2020 y 16/03/2021 respectivamente).
C. A su turno, la parte actora guardó silencio ante el traslado del memorial de agravios que le fuera concedido, razón por la cual se le dio en la instancia anterior por perdido el derecho dejado de usar (art. 246 CPCC; ver proveído de fecha 26/02/2021).
4. A. Liminarmente, ha de decirse que el escrito de expresión de agravios (de fecha 09/11/2020), que en parte resulta una transcripción literal del punto “III” de la presentación del 09/10/2020, ha superado mínimamente el examen de admisibilidad, toda vez que se analizó con un criterio amplio de apreciación en salvaguarda de derechos de mayor jerarquía (arts. 18 Constitución Nacional -CN-; 260 CPCC; MORELLO, Augusto Mario, “Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso”, v. I, pág. 175 a 180).
B. Sentado lo anterior, corresponde introducirse al tratamiento del planteo de revisión de la sentencia de trance y remate, que fuera denegado en la instancia anterior.
Si bien el instituto de la cosa juzgada -en el caso, formal- genera tal fuerza que impide volver sobre una sentencia firme, dichos principios no pueden constituirse en obstáculo definitivo que haga prevalecer un despropósito en el contenido de aquélla (doct. art. 166, 1º párrafo del C.P.C.C., esta Sala, arg. causa B-83.163, RSD 169/96; arg. causa 100635, RSI 119/2003).
La posibilidad y deber de actuar de oficio frente a tales hipótesis, responde a notas connaturales e irrenunciables que caracterizan la tarea del juez, en orden a salvaguardar la eficiencia de la administración de justicia, de modo que la función específica de los magistrados goce de las garantías y condiciones necesarias al logro de resultados efectivos, plasmados en decisiones provistas de concreta utilidad para los derechos cuya protección se les demanda (C.S.J.N., Fallos 300:1282; L.L. 1979-A-430; E.D., 81-721; esta Sala, causa B 74690, RSD 354 bis/93; causa B 83853, RSD 249/96; causa B-84260, RSD 349/96; e/o).
Conforme lo expuesto, en casos como el presente, en que podría encontrarse comprometido el orden público en el supuesto de la aplicación de la tutela consumeril, se impone que dicha temática sea revisada en esta instancia procesal, máxime que el particular se trata de los efectos de la cosa juzgada formal, circunstancia que apuntala dicha posibilidad revisora.
Es decir, partiendo de la premisa que los jueces disponen de la facultad, legalmente consagrada, de reducir aún de oficio los intereses fijados en contrario a los límites impuestos por la buena fe y la moral, en prevención de conductas antifuncionales y abusivas, inclusive en la etapa de ejecución de sentencia, es decir, al momento de examinar la liquidación respectiva, nada obsta a que también se reconozca dicha potestad de revisión a los magistrados en supuestos como el de estos obrados donde se advierte no sólo que no se han actuado los preceptos vigentes de la legislación de defensa del consumidor sino además que con posterioridad al dictado de la sentencia de trance y remate -pero con anterioridad al planteo introducido por la parte demandada- la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -SCBA- al pronunciarse en la causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" (sent. del 14/08/2019; y luego en C. 122.124 "Recupero On Line S.A." resol. del 18/09/2019, C. 122.155, "Banco Columbia", resol. del 16/10/2019 y C. 122.436, “Electrónica Megatone S.A.”, resol. del 29/7/2020) fija parámetros que es dable aplicar a este tipo de procesos (arts. 3, 9, 10, 12 Cód. Civl y Comercial de la Nación -CCyC-).
C. Superado así el valladar que importa la cosa juzgada -formal en el caso particular- (preclusión máxima conforme resolución que viene apelada de fecha 19/10/2020), cabe resaltar que la cuestión traída a debate reside en la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor cuyos preceptos, de orden público, están destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18 de la Constitución Nacional -CN-, 15 Constitución Provincial -CPBA-, 8 y 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos -CIDH-; 65, ley 24.240 -LDC-).
Debe determinarse, entonces, si existe entre las partes una relación de consumo que habilite la aplicación de la ley 24.240 -LDC- y, especialmente, el artículo 36 de dicho cuerpo legal.
Se ha dicho que el crédito o financiación para el consumo será "todo aquel que una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad u oficio, concede o se compromete a conceder a un consumidor, bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o cualquier otro medio equivalente de financiación, para satisfacer necesidades personales al margen de su actividad empresarial o profesional. Usualmente, la operación de crédito al consumo quedará configurada sin perjuicio de la técnica empleada para la financiación, siempre que los bienes o servicios estén destinados a satisfacer necesidades personales o familiares del consumidor" (Picasso, Vázquez Ferreyra, "Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada", Tomo I, página 413, Editorial La Ley, año 2009; esta Sala, causas 116.737 RSD 156/13, sent. del 1-10-13; 124.566, RSD 351/18, sent. del 4/12/18; e/o).
La citada ley 24.240 -LDC- constituye un cuerpo normativo de protección que regula lo que la propia Constitución Nacional denomina "relación de consumo". Esta norma, al prever un tipo de relación específica, incide en los requisitos extrínsecos del pagaré previstos por el decreto ley 5965/63 -Letras de Cambio y Pagaré, LCP- (arts. 101, 102, decreto ley 5965/63 -LCP-), al dictar reglas particulares aplicables a esta clase de vínculo y que rigen, aún, para el supuesto de acciones de estrecho marco cognoscitivo como la que dio inicio a estas actuaciones, puesto que la tutela ha sido dirigida en términos generales, sin excepcionar ni restringir su ámbito de aplicación (conf. esta Sala, causa 124.566, RSD 351/18, sent. del 4/12/18; e/o).
En lo atinente al alegado vínculo que la actora mantiene con la demandada, entendido en el escrito de inicio por la accionante como cooperativo y no de consumo, se ha de señalar que una adecuada hermenéutica del sistema (ley 20.337 -Ley de Cooperativas-) determina que no todos los actos de las cooperativas -incluso los que celebran con sus asociados- cumplen con la cualidad de ser “cooperativos”. En efecto, los actos y contratos de derecho civil o comercial -como la compraventa o la cuenta corriente bancaria por ejemplo- no mutan su naturaleza por el solo hecho de ser celebrados por cooperativas, que en realidad en varias ocasiones ejecutan verdaderos actos de comercio y con fines de lucro que quedan alcanzados por las leyes comunes como en el caso la ley 24.240. Cuando la Constitución Nacional en su artículo 42 consagra la protección a los consumidores, no hace distinción en cuanto al modo en que se lleva adelante la circulación de los productos ni en punto a sus destinatarios (esta Sala, causa 120.589, RSD 176/16, sent. del 25-8-16; causa 121382, RSD 59-17, sent. del 06/04/2017).
De tal manera no cabe dar un trato diferenciado entre las operaciones económicas que lleva adelante la gestión cooperativa y las que se materializan por los modos ordinarios, como tampoco corresponde fijar una tutela dispar según que el consumidor sea un asociado a una cooperativa o un cliente común. Ambos tienen a su favor la garantía de que el servicio dispensado sea correcto y que la información brindada sea fidedigna (esta Sala, causas 120.589, 121382, cits.).
Por lo expuesto, no puede ser considerado el acto cooperativo ajeno a las normas de protección de la ley 24.240 y a la cooperativa actora como consumidora final en los términos del artículo 1° del cuerpo legal señalado ya que no surge que la suma reclamada haya sido entregada “al costo”, con el sentido de solidaridad que impera en entidades como las cooperativas. Asimismo, la entidad actora no acredita ni surge de las actuaciones que la demandada haya intervenido positivamente en el proceso de formación de la voluntad del órgano cooperativo en punto a su política crediticia (conf. esta Sala, doct. causas 120.589, 121382, cits.).
La ejecutante, en cumplimiento de su deber procesal de lealtad y buena fe, por estar en mejores condiciones, es quien debe acercar los elementos necesarios para esclarecer si no se tipifica la relación de consumo (doct. arts. 34 inc. 5 "c" y "d" y 36 inc. 2 del CPCC).
En el caso, la actora se limitó a manifestar en su escrito de inicio que el ejecutado reviste el carácter de asociado, pero no aclara sobre el negocio base o relación jurídica fundamental -causa de la obligación- que motivó el libramiento del título que se pretende ejecutar, incumpliendo así con el deber de explicarse. Es que la circunstancia que el ejecutado revista, eventualmente, el carácter de socio de la cooperativa no implica per se -por sí misma- que deba obligarse cambiariamente.
Consecuentemente, el silencio del actor, las respuestas evasivas o meras manifestaciones sin respaldo probatorio, al igual que los casos dudosos, imponen una solución que priorice la protección del consumidor mediante la aplicación del artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto a los recaudos que debe reunir el documento traído (arts. 3, 36, 37 y 65 ley 24.240; esta Sala causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; cit.; 119.835, RSD 63/16, sent. del 31-3-16; 119.861, RSD 73/16, sent. del 7-4-16; 119.855, RSD 74/16, sent del 7-4-16; 119.858, RSD 79/16, sent. del 19-4-16; 127.296, RSD 52/20, sent. del 17/04/20; 128.715, RSD 23/21, sent. del 25/02/21; e/o).
Por ello, si bien la acción se halla sustentada en un pagaré -en el que no resulta viable penetrar en los aspectos causales del negocio- y, amén que la accionante introduce la cuestión atinente a que se trata de una cooperativa en la cual menciona que el demandado resulta asociado, existen elementos que permiten inferir que podría tratarse de una operación de crédito de las normadas en el artículo 36 de la ley 24.240.
Así, teniendo en consideración la multiplicidad de procesos de idéntico tenor iniciados en este departamento judicial -más de 50 cobros ejecutivos en los que la accionante reviste calidad de actora- (conforme surge de Mesa Virtual de la SCBA) y la circunstancia que la demandada en autos es una persona física destinataria final del crédito, puede concluirse, en base a dichas presunciones, que podría tratarse de una relación de consumo de las consignadas en el artículo 36 de la citada ley 24.240 -LDC- (art. 163 inc. 5, CPCC).
En esa directriz se señala que el documento que en formato digital luce en la página 3 del archivo “.pdf” adjunto al trámite electrónico de fecha 03/08/2018 -hoja 2 en sustento papel- cuya fecha de creación es 28 de febrero de 2018, es posterior a la reforma introducida por la ley 26.361 (B.O. 7/4/2008) al artículo 36 de la ley 24.240, por lo que -y más allá de la aplicación inmediata de las normas más favorables al consumidor establecida en el artículo 7 del CCyC (Kemelmajer de Carlucci, "La Aplicación del Código Civil y Comercial a las Relaciones y Situaciones Jurídicas Existentes", págs. 61/62, Rubinzal Culzoni)- resultaría aplicable al caso.
Cabe destacar que el referido artículo 36 de la ley 24.240 -LDC-, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
La falta de algún dato de los requeridos legalmente puede acarrear la nulidad total o parcial del instrumento probatorio de la operación, quedando la misma regida, en su totalidad o en relación a la parte ineficaz, por las disposiciones, usos y prácticas más favorables al consumidor (arts. 3 y 37 Ley 24.240 -LDC-).
La exigencia de la especificación de tales datos en este tipo de operaciones, tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquéllas que sean abusivas.
En este sentido, esta Sala tiene dicho que en caso que de la causa surjan elementos que permitan inferir que entre las partes exista una relación de consumo de las previstas en el artículo 36 de la ley 24.240, se impone que se intime al actor a que, previo a dar trámite, acredite que la causa subyacente no es de una relación de consumo o bien integre el título con la documentación respectiva (arts. 36, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, CPCC; esta Sala, doct. causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 122.449, RSD 261/17, sent. del 18/02/17; 127.064, RSI 200/20, sent. del 31/07/20; 127.794, RSI 237/20, sent. del 01/09/20; e/o).
Ello así, pues este Tribunal tiene dicho que cuando se trate de una operación de crédito para consumo o de financiación para consumo no corresponde el rechazo in límine -en el umbral, en el inicio- de la ejecución, sino que debe otorgarse oportunidad al accionante para que complete el título con la documentación en la que se consignen los datos exigidos por el citado artículo 36 de la ley 24.240 (causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 119.458, RSD 8/16, sent. del 2/2/16; 119.461, RSD 10/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD 14/16, sent. del 4/2/16; 119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16; 121.416, RSD 56/17, sent. del 4/4/17; 120.468, RSD 124/17, sent. del 26-6-17; 123.331, RSD 8/19, sent. del 7/2/19; e/o).
De allí que -una vez conferida tal posibilidad- si el instrumento probatorio de la operación traído por el ejecutante no
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