Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala III · Causa 127885
L. de sentencias DEFINITIVAS N° LXVII
Causa N° 127885; Juz. N° 20
CREDIL SRL C/ FERRARIO MARIA JULIA S/COBRO EJECUTIVO
REG SENT: Sala III
En la ciudad de La Plata, a los 26 días del mes de Agosto de dos mil veinte reunidos en acuerdo ordinario la señora juez de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctora Laura Marta Larumbe, el doctor Leandro Adrián Banegas, por integración de la Sala Tercera, y, por disidencia, el señor Presidente Francisco Agustín Hankovits, de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, para pronunciar sentencia en los autos caratulados: "CREDIL SRL C/ FERRARIO MARIA JULIA S/COBRO EJECUTIVO" , (causa nº 127885) , se procedió a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando de ella que debía votar en primer término la doctora Larumbe.
LA EXCMA. CAMARA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿Es justo el apelado decisorio dictado el 30 de abril de 2021?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, LA DOCTORA LARUMBE DIJO:
1. Mediante la decisión citada, la Sra. Juez de la primera instancia rechazó la ampliación del embargo sobre los haberes que percibe la demandada como empleada de la Honorable Cámara de Senadores de la Pcia Bs As, sustentada en la inembargabilidad dispuesta por el artículo 1 del decreto ley 6754/43.
Contra tal forma de resolver el ejecutante apeló sosteniendo sus agravios en la memoria presentada el día 14 de mayo de 2021 (art. 246 CPCC, dictamen Fiscal de Cámaras del 26/07/2021).
2. La cuestión planteada se circunscribe a determinar la procedencia del embargo requerido sobre los haberes que percibe la ejecutada
La apoderada del actor ejecutante se opuso a la interpretación conferida a la norma. Requirió, en síntesis, que se revise su aplicación para los supuestos de embargos ejecutorios y se considere similar la sentencia de trance y remate dictada a aquella propia del juicio de conocimiento.
3. Adelanto mi opinión desfavorable a la asimilación pretendida por el quejoso, en primer lugar porque, tal como lo señala el Sr. Fiscal de Cámaras, del documento que sirve de base a la ejecución, se desprende que la causa de la obligación es un contrato de mutuo, por lo que los servicios a los que se comprometió pagar el demandado, resultan ser servicios financieros (arts. 4 y 36 de la LCD); con lo cual, en autos y revistiendo el demandado la calidad de empleado público, es de aplicación el art.1 del dec. ley 6745/43, que declara inembargables los sueldos de los empleados de la Administración nacional, provincial y municipal y de las entidades autárquicas, salvo que el documento base de la ejecución se encuentre certificado de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 inc. a) y b) de dicho decreto (ratificado por ley 13.894); circunstancia que no acontece en el particular.
Con lo cual y, si bien es cierto, "el patrimonio es prenda común de los acreedores"; al ser el régimen legal aludido, una excepción a dicha regla, su interpretación es restrictiva, compartiendo con el Dr. Vogliolo su opinión en el sentido que, las normas del decreto 6754/43 no dejan margen como para eximir su cumplimiento en los juicios ejecutivos.
Proceder como pretende el quejoso importaría tanto como, no sólo desvirtuar el propósito tutelar del decreto citado (doc. art. 1, decreto ley cit.), sino también menoscabar el legítimo derecho de defensa del ejecutado quien se vería impedido, eventualmente, de intentar demostrar que su deuda corresponde a un origen por el cual el embargo no sería procedente (artículos 18 Constitución Nacional; 34 inciso 4 y 542 inciso 4 del Código Procesal Civil y Comercial).
Y, ello es así, pues aún cuando el proceso ejecutivo se encuentre atravesado por las normas del régimen consumeril, y que dicha normativa flexibiliza, en palabras de nuestro Mas Alto Tribunal, el andamiaje por el que discurre la pretensión (Conf SCBA , causa C-121.864, punto IV.5.d), dicha flexibilización no puede ser tan amplia como para asimilar la sentencia de trance y remate a aquella que pudiera ser dictada en un juicio de conocimiento o en un sumario abreviado; pues la causa de la obligación no ha mutado y al ejecutarse un pagaré de consumo por servicios financieros, aún cuando se hubiere cumplido con el deber de información previsto en los arts. 4 y 36 de la LCD, el limitado margen cognositivo del proceso ejecutivo impide el necesario y amplio debate que exigen estas cuestiones, las que claro está, sí pueden ser abordadas y resueltas en aquellos procesos de conocimiento pleno, cuya sentencia autoriza el embargo de haberes que el juez de la instancia denegara (art.11 inc. "b"; 12, dec. Ley 6754/43).
Esta restricción, aclaro, no afecta el derecho de propiedad del accionante ya que no se ve privado de obtener lo que le es debido, la norma establece los requisitos para la procedencia de los embargos sobre la remuneración, manteniéndose a salvo las opciones para ejecutar la obligación, conforme las disposiciones legales vigentes, sobre otros bienes o recursos que pueda ser titular el ejecutado.
En consecuencia, si mi opinión es compartida, los agravios bajo análisis no han de merecer tutela jurisdiccional, confirmándose la decisión recurrida (arts. 1, 11 dec. ley 6754/43, ratificado por ley 13.894; 219, inc. 3, C.P.C.C.; esta Sala, causa 126.273 reg. int. 876/19).
Voto por la AFIRMATIVA.
A LA MISMA PRIMERA CUESTION PROPUESTA, EL DOCTOR BANEGAS DIJO:
1. Disiento con el voto que antecede.
Un nuevo análisis de la cuestión debatida a la luz de la interpretación del plexo normativo aplicable -efectuado por quien suscribe en la causa 128660 RSD 238/20 e.o. tramitada en la Sala II de esta Cámara- me ha llevado a novedosas y trascendentes consideraciones que impusieron sentar un cambio de postura, con el alcance que seguidamente se explicita.
2. El derecho de defensa en juicio, que se materializa mediante el principio de bilateralidad o contradicción (arts. 15, Constitución Provincial, CP; 18, 75 inc. 22, CN; 8, Convención Americana de Derechos Humanos, CADH; 14 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, PIDCyP), admite postergaciones de su ejercicio para un útil y efectivo servicio de justicia. Tal es el caso del proceso ejecutivo, caracterizado por un estrecho marco cognoscitivo donde se obtiene una verdad meramente formal, habida cuenta el acotado margen defensivo para el legitimado pasivo, resguardado en la posibilidad de entablar un juicio de conocimiento posterior, oportunidad en la que se podrá acudir a todas aquellas defensas que se le privó de ejercer en esta expedita vía judicial, como son aquéllas que se relacionan con la causa de la obligación (arg. art. 551, CPCC).
Mediante este tipo de procesos, el legislador ha privilegiado conceder al acreedor una vía rápida y efectiva para la satisfacción del crédito desalentando -en principio- un amplio debate que permita discutir la causa de la obligación. Sin embargo, y aunque el artículo 542 del Código Procesal Civil y Comercial prescriba que "las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo" son las que allí se enumeran, en reiteradas oportunidades se han acogido -por vía de jurisprudencia- otras defensas, destinadas sustancialmente a resguardar el derecho de defensa del ejecutado y evitando excesos de rigor formal.
Precisamente, en este esquema se enmarcan los procesos incoados en base a títulos valores emitidos en virtud de relaciones de crédito para consumo, pues la constatación del cumplimiento de los recaudos que exige el artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor (ley 24.240, LDC) se erige actualmente como integrante de la tutela judicial efectiva.
Sobre tal normativa, se ha dicho está compuesta por preceptos de orden público, destinados a resguardar el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio de la parte que el legislador ha considerado débil en la contratación que se hubo celebrado (arts. 14, 18, CN; 15, CP; 8, 25, CADH; 65, ley 24.240; esta Cám. Sala II, causas 127.599, RSD 126/20, sent. del 19/08/20; 127.794, RSI 237/20, sent. int. del 1/09/20; 127.724, RSD 147/20, sent. del 9/9/20, e/o).
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) señaló que: ".En el marco de una situación objetiva de desigualdad, se hace necesario fortalecer la posición del más débil, para de ese modo restablecer la igualdad, que es garantía constitucional. Ese fortalecimiento del más débil en la relación de consumo se exhibe con nitidez desde la perspectiva procesal.
En ese terreno, la normativa que nos ocupa contiene fecundas alteraciones al régimen común. Y esas alteraciones tienen su explicación a la luz del principio de igualdad procesal, natural exteriorización en el campo procesal del principio general de igualdad ante la ley consagrado por el art. 16 de la Constitución nacional." (Voto del Dr. de Lázzari, causa C 117245, "Crédito para todos S.A. c/ Estanga Pablo Marcelo s/ ejecutivo", sent. del 3/9/14).Sobre este piso de marcha, corresponde subrayar que esta Sala reiteradamente afirmó que de presumirse que el documento que se pretende ejecutar instrumenta una relación de crédito para consumo, deviene aplicable lo prescripto por el artículo 36 de la ley 24.240 en cuanto establece los requisitos que deben contener los instrumentos probatorios de la operatoria (doct. esta Cám. Sala II, causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16, 123.915, RSI 199/18, sent. int. del 18/8/18; 124.937 127.616, RSI 182/20, sent. del 14/07/20; 127.853, RSI 233/20, sent. int. del 27/08/20, e/o).
Dicho precepto impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo, el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total, el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar y los gastos extras que hubiere.
La exigencia de esa especificación en este tipo de operaciones tiene por finalidad posibilitar el control de las cláusulas contractuales, de acuerdo a las pautas brindadas por el artículo 37 de la ley 24.240, norma en virtud de la cual puede declararse la ineficacia de aquellas que sean abusivas.
Concordantemente, se ha establecido que en caso que de la causa surjan elementos que permitan inferir que entre las partes exista una relación de consumo de las previstas en el artículo 36 de la ley 24.240, se impone que se intime al actor a que, previo a dar trámite, acredite que la causa subyacente no es de una relación de consumo o bien integre el título con la documentación respectiva (arts. 36, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, CPCC; esta Cámara Sala II, doct. causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, 127.064, RSI 200/20, sent. del 31/07/20, e/o).
En este contexto, al abocarme a un nuevo análisis de la cuestión planteada, encuentro que lo expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires al pronunciarse en la causa C. 121.684 "Asociación Mutual Asís contra Cubilla, María Ester. Cobro ejecutivo" (sent. del 14-VIII-2019; y posteriormente en C. 122.124 "Recupero On Line S.A." resol. de 18-IX-2019, C. 122.155, "Banco Columbia", resol. de 16-X-2019 y C. 122.436, "Electrónica Megatone S.A.", resol. del 29-VII-2020) fija parámetros que es dable aplicar a este tipo de procesos.
Allí estableció que: ". en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el ordenamiento procesal (arg. arts. 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC), el juez puede encuadrar el asunto como una relación de consumo a fin de subsumirlo en el art. 36 de la LDC. Para expedirse sobre la viabilidad de la demanda ejecutiva le es dable examinar los instrumentos complementarios al pagaré que oportunamente hubiese acompañado el ejecutante.
Si el título en cuestión, integrado de tal modo o bien autónomamente, satisface las exigencias legales prescriptas en el estatuto del consumidor, podrá dar curso a la ejecución. Ello, claro está, sin desmedro del derecho del ejecutado de articular defensas, incluso centradas en el mencionado art. 36, tendientes a neutralizar la procedencia de la acción" (v. punto IV.5.d, fallo cit.).
Consecuencia de ello, la habilitación en el marco del juicio ejecutivo de una indagación causal -que flexibiliza el alcance del art. 542 inc. 4 del código adjetivo- afirma y delinea nuevos contornos en el proceso ejecutivo: sea para declarar la habilidad del título, sea para considerarlo inhábil, en tanto se acredite o no la observancia del art. 36 de la LDC.
En conclusión, las atribuciones que tienen los jueces y magistrados cuando llega a su conocimiento una pretensión ejecutiva que enmascara una relación de crédito para consumo o financiación para consumo han quedado ampliadas, y las defensas que en carácter de excepción podrá oponer el consumidor ejecutado ante la notificación del pertinente mandamiento de intimación de pago y embargo se adecuan a lo establecido por la LDC, que también es mayor a las limitadas excepciones dispuestas por el artículo 542 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 36, norma citada).
De allí que, tal como surge del precedente bajo análisis ".la aplicabilidad de la LDC flexibiliza el andamiaje por el que discurre la pretensión ejecutiva, con respeto de los principios de bilateralidad y defensa en juicio (arts. 18, Cons. Nac.; 15, Const. Prov.; 34 inc. 5 apdo. "c" y 36 inc. 2 y concs., CPCC) ." (v. punto IV.5.d, fallo cit.).
Aplicaciones prácticas de estos parámetros son las relativas a la procedencia de la ejecución por el capital puro efectivamente otorgado al consumidor, de acuerdo a lo que surge del análisis del título valor integrado con el negocio causal o bien autónomamente (causas 124.902, sent. del 11/2/2020, RSD 8/20, e/o) y la morigeración de los intereses pactados por las partes, si se advierte que se encuentra comprometido el orden público o contrarían los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (causas 125126, RSD 74/20, sent. del 28/05/20; 127.480, RSD 105/20, sent. del 20/07/20).
4. Lo hasta aquí expuesto resulta trascendental a los fines de sustentar el cambio de postura que ahora propongo en dirección de receptar el embargo ejecutorio para los casos que exista sentencia de trance y remate firme, adecuando lo establecido en el artículo 11 del decreto ley 6754/43 para los casos de procesos de conocimiento.
Es que resulta ostensible que la normativa, al contemplar como excepción a la inembargabilidad de los salarios de los empleados públicos la existencia de una sentencia firme dictada en un proceso de conocimiento, admitió su procedencia a los supuestos en los que haya existido -como en el presente- un proceso que permitiera al accionado entablar defensas atinentes a la causa de la obligación -vedadas en los juicios ejecutivos (art. 542 inc. 4, CPCC)- y que haya culminado con una sentencia firme respaldatoria del crédito reclamado, robusteciéndose con ello el amplio y efectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Asimismo, el principio de flexibilidad de las formas ha cobrado especial magnitud en el juicio ejecutivo, que se adecuó a fin de dar respuesta a los casos en que se pretenda ejercitar la acción cambiaria de un título en donde se instrumenta una relación de crédito para consumo -con mayor fuerza a partir del precedente "Asociación Mutual Asís"- producto de las atribuciones que poseen los jueces en la materia, quienes deben garantizar los postulados de orden público que establece la ley 24.240 (conf. art. 65), por lo que cabe afirmar que en la actual y adaptada vía ejecutiva se encuentra ampliamente garantizado el derecho de defensa en juicio del ejecutado consumidor en cuanto al origen del crédito y a las consecuencias que del mismo surgen, en exceso de lo dispuesto por el art. 542 del CPCC.De ello colijo sin duda alguna que los recaudos establecidos por el art. 11 del decreto ley 6754/43 se encuentran debidamente cumplimentados en este tipo de procesos y en particular en las presentes actuaciones.
Consecuentemente, ha de concluirse que en los supuestos como el de autos, donde se examinó la viabilidad del título ejecutivo a la luz del art. 36 de la Ley de Defensa al Consumidor, los postulados constitucionales a los que responde (art. 42, CN) y se analizó el negocio jurídico que constituye la causa fin de la obligación meritando la incidencia de los intereses compensatorios, moratorios y punitorios pactados -y morigerándolos en su caso-, garantizando el derecho de defensa del consumidor cuidadoso de la tutela judicial efectiva e interviniendo en resguardo de sus derechos y como contralor del orden público el Ministerio Público (conf. arts. 52, LDC; 29 inc. 4º, Ley de Ministerio Público, ley 14.442), corresponde tener por cumplido el recaudo previsto en el art. 11 del decreto ley 6754/43 en tanto exige la existencia de una sentencia firme dictada en el marco de un procedo de conocimiento, asimilándose en estos casos -por los motivos antes expuestos- a la sentencia de trance y remate firme. Ello, claro está, es al solo efecto de tonar viable la procedencia del embargo ejecutorio, pudiendo entablarse el juicio de conocimiento posterior, con el alcance que establece el artículo 551 del CPCC.
En definitiva, se trata de una interpretación armónica de todo el plexo normativo aplicable en la especie, respetuosa del principio de legalidad, por cuanto es dable tener por cumplida la previsión aludida sin incurrir en un exceso de rigor formal.
5. En el presente caso, se advierte que al inicio del proceso se dio intervención al Agente Fiscal (v. auto del 26/12/2019, sist. Augusta), quien presumió la relación de consumo y en consecuencia asumió su intervención, efectuando una serie de consideraciones en resguardo de los derechos de la señora Ferrario.
Asimismo, la ejecutante acompañó la documentación complementaria tendiente a cumplimentar los recaudos del artículo 36 de la LDC, circunstancia expresamente contemplada en la sentencia de trance y remate -que se encuentra firme- donde además se meritó la incidencia de los intereses pactados -los que fueron morigerados- (v. sent. del 21/02/2020, sist. Augusta), por lo que encuentro configurados los presupuestos necesarios para hacer lugar a la medida peticionada, apartándome -por las consideraciones que anteceden- del dictamen emitido por el señor Fiscal de Cámaras.
6. Sentado lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales (art. 869, Código Civil y Comercial de la Nación; en adelante CCCN), en el caso -habiendo optado cobrar su crédito con el producido del embargo de haberes- razones de justicia y equidad, a fin de evitar gravámenes innecesarios y teniendo en consideración que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos y que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo (art. 10, CCCN), cabe disponer que el ejecutante no podrá ampararse en aquélla previsión (art. 869, CCCN), por lo que deberá peticionar la extracción de los fondos y hacer todas las gestiones conducentes para ello en el plazo de 10 días de transferidos a la cuenta de autos bajo apercibimiento de imputarse los pagos al vencimiento de dicho plazo.
Ello así pues debe mediar un necesario equilibrio entre el derecho de cobro que merece el acreedor y el hecho de que la medida dispuesta no perjudique al deudor innecesariamente (arg. art. 10, CCCN; art. 533 y arg. art. 204, CPCC; esta Sala, causa 117.533, RSI 378/20, sent. int. del 3/12/20).
Consiguientemente, si lo que aquí propongo es compartido por mi distinguido colega, corresponde revocar la decisión apelada y h
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