Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130419
Lo que resolvió el tribunal
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la inhabilidad del título de hojas 5 para proceder ejecutivamente y se rechaza la ejecución, con costas de ambas instancias a la actora (arts. 36, 53, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, 68, 529, 541, C.P.C.C.).
Sentencia Definitiva
Causa N° 130419; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 2 - LA PLATA
ASOCIACION MUTUAL EMPL. BIENESTAR SOCIAL PCIA. BS.AS. C/ PALAVECINO ANA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO
En la ciudad de La Plata, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827) para dictar sentencia en la Causa 130419, caratulada: "ASOCIACION MUTUAL EMPL. BIENESTAR SOCIAL PCIA. BS.AS. C/ PALAVECINO ANA BEATRIZ S/ COBRO EJECUTIVO", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor BANEGAS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1a. ¿Corresponde declarar de oficio la inhabilidad del título con el que se ha promovido la ejecución por incumplimiento de lo normado en el artículo 36 de la ley 24.240?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
I.Vienen las presentes actuaciones a fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora con fecha 17 de mayo de 2021, contra la sentencia de trance y remate de fecha 7 de mayo de 2021. El memorial se presentó el día 31 de mayo de 2021, mientras que el Fiscal de Cámaras presentó su dictamen el 1 de octubre de 2021.
II.A. El decisorio apelado mandó a llevar adelante la ejecución hasta tanto la demandada, Ana Beatriz Palavecino, haga al acreedor íntegro pago del capital reclamado de $4.276,15 -monto que surge de la suma otorgada en préstamo conforme lo denuncia la actora en la demanda ($7.405,15) menos los pagos denunciados por la suma de $3.129- con más los intereses a la tasa del Banco Central en pesos pasiva promedio, desde la fecha de mora, 13 de enero de 2018, y hasta el efectivo pago. Asimismo, no hizo lugar al pedido de la aplicación del IVA sobre los intereses adeudados; hizo lugar al pedido de intereses sobre los gastos causídicos en los términos dispuestos en el considerando VII; hizo efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 41 del Código Procesal Civil y Comercial -en adelante CPCC-, teniendo a la ejecutada por constituido su domicilio procesal en los estrados del juzgado; difirió la regulación de honorarios hasta la oportunidad prevista por el art. 51, párrafo 2do., del decreto ley 8904/77 y el art. 51 ley 14.967 y, finalmente, impuso las costas a la parte vencida, quien, se indicó, se encuentra amparada por el beneficio de gratuidad (v. res. del 7/5/21).
B. En prieta síntesis, se agravia el recurrente por cuanto entiende que se atentó contra el principio de preclusión. Aduce que mediante el despacho del 18 de julio de 2019 y previo control de la documentación adjuntada, el juez de la instancia de origen ordenó librar mandamiento por el total del capital reclamado, es decir por la suma de $7.405,15. Luego decidió reducir el monto en la sentencia de trance y remate, considerando abusiva la conducta del accionante y mandó a llevar adelante la ejecución por la suma de $ 4.276,15 (v. esc. eléc. del 31/5/21).
Refiere que no resulta ajustada a derecho la adecuación que realiza el sentenciante de grado acerca de los montos, dado que en el pagaré que se ejecuta se incorporaron todos los gastos e intereses inherentes a la ayuda económica recibida por la demandada, sin incurrir en absoluto en una conducta abusiva, tal como se afirma. De lo contrario, aduce, su derecho se vería burlado si la ejecución sólo prosperara por el monto percibido por la señora Palavecino, menos las cuotas abonadas, tal como se detalló en la demanda (v. esc. eléc. del 31/5/21).
En ese entender, advierte que los intereses compensatorios que se omitieron considerar son aquellos que se adeudan como contraprestación por la utilización de un capital ajeno, motivo por el cual, solicita se revoque la sentencia apelada y se ordene mandar llevar adelante la ejecución por el monto solicitado en la demanda y conforme se resolvió el 18 de julio de 1019 (v. esc. eléc. del 31/5/21).
III.Liminamente cabe señalar que en las actuaciones nos encontramos frente a una operación de crédito para consumo, lo cual se halla consentido por el ejecutante.
En efecto el día 18 de julio de 2019, el sentenciante de grado intimó al accionante para que en el plazo de cinco días acompañe la documental obrante en su poder, que acredite haber cumplido con las prescripciones del artículo 36 de la Ley de Defensa al Consumidor -en adelante LDC-, bajo apercibimiento de valorar su conducta conforme las reglas del derecho del consumidor. Ello así, atento que a primera vista el título traído a ejecución derivaba de una relación de consumo (v. prov. del 18/7/19).
En ese entender, luego de que la Agente Fiscal de la Fiscalía de Ejecución y Transición entendiera que la documentación acompañada no abastecía la totalidad de los requisitos exigidos por el artículo 36 de la LDC, señalando cuáles, a su entender, no estaban cumplidos (v. archivo adjunto acompañado a despacho del 8/8/19), la actora manifestó que al momento de la interposición de la demanda acompañó toda la documentación ofrecida, de la cual, según lo explicado en la demanda, se cumplieron, a su entender, con las prescripciones del artículo 36 de la LDC (v. esc. eléc. del 3/3/20).
Por ello, habida cuenta que en autos no viene discutida la existencia entre las partes de una operación de crédito para consumo, cabe analizar de oficio el cumplimiento de las normas tuitivas contenidas en la LDC, haciendo así efectiva una de las garantías establecidas por la Constitución Nacional -en adelante CN- en el capítulo segundo de su primera parte (art. 42, CN).
Siendo el régimen de protección al consumidor de orden público (art. 65, LDC, en consonancia con el art. 42, CN), el juez debe aplicarlo aún de oficio, por lo que en los cobros ejecutivos debe controlar el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 36 de la LDC (esta Sala, causa 122.554, RSD 239/17, sent. del 28-11-17; doct. causa 125.658, RSD 164, sent. del 27-6-19).
Es que, la protección del consumidor constituye un mandato constitucional que –como se puntualizara- debe realizarse de oficio (arts. 42, CN; 65, LDC).
No existen dudas en nuestros días, sobre que la tutela del consumidor o usuario se alza como una directriz central de todo el ordenamiento jurídico, reconociendo no solamente su especial protección, sino también exigiendo que los procedimientos la efectivicen. La LDC implicó no sólo la existencia de una nueva ley, sino que cambió la forma de interpretar todo el sistema normativo, pues implica una modificación de los paradigmas (Rodríguez Junyent, Santiago, “¿La muerte del juicio ejecutivo en manos del derecho de consumo?”, LL, 5-9-13, Cita online: AR/DOC/2969/2013).
En virtud de los lineamientos citados esta Sala tuvo oportunidad de establecer que en las ejecuciones cuyo título tiene como base una relación de consumo, el Juez, como director del proceso, tiene la facultad de determinar con un criterio de eficacia (art. 42 Const. Nac.), la aptitud ejecutiva del título y, en consecuencia, el proceso que garantice el derecho de defensa en juicio, si advierte que se han omitido consignar en la operación que vincula a las partes alguno de los requisitos previstos en el art. 36, LDC -de interpretación pro consumidor- pues otra solución implicaría cercenar las garantías contenidas en la Carta Fundamental (causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 118.884, RSD 11/16, sent. del 2/2/16; 119.515, RSD 13/16, sent. del 4/2/16; 119.560, RSD 14/16, sent. del 4/2/16; 119.536, RSD 17/16, sent. del 4/2/16, 125.658, RSD 164, sent. del 27-6-19, e/o).
Cumplir los requisitos establecidos por el mentado artículo 36 de la ley 24.240 deviene de suma importancia, pues dicho precepto legal, con el objetivo de proteger a los consumidores, impone que en los instrumentos en los que se formalicen operaciones de crédito para consumo, se consignen expresa y claramente los siguientes datos: la descripción del bien o servicio contratado; el precio al contado del mismo; el pago inicial, en caso de que el precio se hubiera desdoblado en un pago a cuenta y el saldo financiado; la tasa de interés efectiva anual; el costo financiero total; el sistema de amortización del capital y de los intereses; la cantidad, periodicidad y montos de los pagos a realizar; y los gastos extras que hubiere.
Precisamente, esta Sala tiene dicho que cuando se trata de una operación de crédito para consumo o de financiación para consumo no corresponde el rechazo de la ejecución, sino que debe otorgarse oportunidad al accionante para que complete el título con la documentación en la que se consignen los datos exigidos por el citado artículo 36 de la ley 24.240 o bien acredite que no se trata de una relación de crédito para consumo (causas 119.381, RSD 2/16, sent. del 2/2/16; 119.411, RSD 3/16, sent. del 2/2/16; 119.412, RSD 4/16, sent. del 2/2/16; 119.453, RSD 7/16, sent. del 2/2/16; 121.416, RSD 56/17, sent. del 4/4/17; 120.468, RSD 124/17, sent. del 26-6-17; 124.824, RSD 7/19, sent. del 7-2-19, e/o).
De allí que -una vez conferida tal posibilidad- si el instrumento probatorio de la operación traído por el ejecutante no reúne los recaudos referidos (art. 36, ley 24.240) o bien la presunción acerca de la existencia de una relación de crédito o financiación para consumo no es desvirtuada por prueba en contrario, no cabe más que declarar la inhabilidad del documento y rechazar la ejecución (arts. 34 inc. 5, ap. “b”; 529, C.P.C.C.; esta Sala, causas 120.459, RSD 180/16, sent. del 6-9-16; 120.461, RSD 195/16, sent. del 20-9-16; 124.824, RSD 7/19, sent. del 7-2-19).
El artículo 529 del Código Procesal Civil y Comercial dispone que “el juez examinará cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución…”, a lo que cabe agregar, que este Tribunal tiene resuelto que dicha facultad se extiende hasta la oportunidad del artículo 549 del código de rito; examen que puede y debe hacerse de oficio (esta Sala, causas 114.452 RSI 7/12, cit.; 114.591, RSD 28/12, sent. del 8-3-12, 121.463, RSD 70/17, sent. del 11-4-17, 121.352, RSD 115/17, sent. del 8-6-17, 124.824, RSD 7/19, sent. del 7-2-19 cit.).
La omisión de integrar debidamente el título con la documentación respectiva que cumplimente lo normado por el artículo 36 de la ley 24.240 acarrea su inhabilidad para proceder por la vía ejecutiva (esta Sala, causa 124.912, RSD 164, sent. del 27-6-19).
En la hipótesis, se aprecia que la documental presentada con el escrito de inicio no satisface los recaudos previstos en el mentado artículo 36 de la LDC. Ello así, pues no sólo se omitió informar la tasa efectiva anual (TEA), sino que no se advierte del título que se pretende ejecutar, ni de la documentación acompañada, cuánto efectivamente se le entregó a la señora Palavecino en concepto de ayuda económica. Nótese que ello sólo surge de lo indicado por el aquí recurrente en su escrito de inicio, mas no de la documentación acompañada, cuyos espacios no fueron completados (v. esc. de inicio de hojas 18/21 vta.; pagaré de hojas 5 y solicitud de ayuda económica de hojas 4; conf. art. 36 LDC).
Siendo ello así, no podría determinarse los intereses compensatorios que aquí requiere el quejoso, pues de las sumas abonadas por la demandada o del monto de las cuotas debidas no se aprecia una discriminación que permita conocer cuánto se debe abonar en concepto de capital y cuánto de interés. La mera manifestación de que en la demanda se indique ello, sin suministrar al usuario o consumidor dicha información, implica que no puedan considerarse abastecidos los requisitos exigidos por el artículo 36 de la LDC (conf. art. 36, LDC).
Nótese que del compromiso de pago acompañado surge que el monto total a devolver es de $10.728, pagaderos en 24 cuotas de $447, suma a la cual se habrían adicionado intereses, pues en la demanda se adujo haber dado en concepto de ayuda económica la suma de $7.405,15; que se abonaron 7 cuotas, por lo que sólo se adeuda en concepto de capital la suma de $7.599. Así, si bien se refiere en el memorial de agravios que se omitió consignar los intereses compensatorios debidos por la utilización del capital solicitado, como se explicara anteriormente, no surge cuánto es éste o que exista una discriminación respecto del mismo y de los intereses (v. hojas 4, 5, 18/21 vta.; conf. art. 36, LDC)
Por ello, y más allá de lo dispuesto por el sentenciante en la resolución atacada, es lo cierto que en el caso no se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el citado artículo 36 de la LDC, de manera que el título de hojas 5 no resulta hábil para la vía ejecutiva, lo que así debe declararse (arts. 36, 53, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, 68, 529, 541, C.P.C.C.).
Tal forma de decidir no vulnera el principio de reformar en perjuicio del único apelante, pues el análisis del cumplimiento de las normas referentes al derecho del consumidor es de orden público, tal como se expresara en los párrafos anteriores (art. 65, LDC) y la habilidad de título con el que se deduce la ejecución puede y debe ser analizada de oficio por los jueces (esta Sala, causas 121.629, RSD 178/17, sent. del 21-9-17; 123.323, RSD 85/18, sent. del 10-4-18; 124.824, RSD 7/19, sent. del 7-2-19).
Voto, por la AFIRMATIVA.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR BANEGAS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior corresponde declarar la inhabilidad del título de hojas 5 para proceder ejecutivamente y rechazar la ejecución, con costas de ambas instancias a la actora (arts. 36, 53, LDC; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, 68, 529, 541, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Presidente doctor HANKOVITS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - -
POR ELLO, y demás fundamentos del acuerdo que antecede se declara la inhabilidad del título de hojas 5 para proceder ejecutivamente y se rechaza la ejecución, con costas de ambas instancias a la actora (arts. 36, 53, ley 24.240; 34 inc. 5 "b", "c", 36 inc. 2, 68, 529, 541, C.P.C.C.). REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA. DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS
JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia